El proceso constituyente en Chile se refiere a las diferentes iniciativas para reemplazar la Constitución Política de la República de Chile que fue promulgada en 1980 durante la dictadura militar dirigida por Augusto Pinochet.
Desde sus inicios, la Constitución de 1980 fue criticada por varios sectores opositores a la dictadura de Pinochet, al considerarla un elemento antidemocrático, redactada por la Comisión Ortúzar sin participación ciudadana, y que fue aprobada en un plebiscito que sus detractores consideran como "plagado de irregularidades". Si bien algunos sectores de la oposición decidieron aceptar la validez de la Constitución como parte de la realidad jurídica vigente necesaria para la Transición a la democracia, otros mantuvieron la necesidad de la redacción de una Nueva Constitución en democracia.
En 2005, el gobierno de Ricardo Lagos logró aprobar una serie de reformas constitucionales que eliminaron la mayoría de los llamados «enclaves antidemocráticos» o «autoritarios» que mantenía la carta magna. Las reformas, sin embargo, no acabaron con las demandas de un sector político de construir una nueva Constitución; por el contrario, durante la década de 2010 éstos aumentaron. Campañas como Marca AC levantaron el debate dentro de la opinión pública. En la elección presidencial de 2013, Michelle Bachelet planteó la necesidad de crear una nueva Constitución y, durante su segundo gobierno, inició un «proceso constituyente» que consistió en campañas de educación cívica y constitucional, seguido luego por diálogos ciudadanos y luego la entrega de unas bases ciudadanas para la nueva constitución. A pocos días de finalizar su mandato, en 2018, Bachelet envió al Congreso Nacional un proyecto para una Nueva Constitución. Sin embargo, el recién asumido gobierno de Sebastián Piñera rechazó continuar con el proyecto.
Producto de las protestas iniciadas en octubre de 2019 a lo largo de todo el país, la mayoría de los partidos políticos firmaron un acuerdo para la redacción de una Nueva Constitución Política. El 25 de octubre de 2020 se realizó un plebiscito nacional por el que la ciudadanía debía pronunciarse a favor o en contra de iniciar el proceso de elaboración de una nueva Constitución y, el mecanismo por el cual se redactaría, en este caso, Convención Mixta Constitucional (50% de legisladores y 50% de ciudadanos electos) o una Convención Constitucional (100% de ciudadanos electos). En este plebiscito, la ciudadanía decidió por una amplia mayoría (78%) elaborar una nueva Constitución. El órgano elegido para su redacción (79%) fue una Convención Constitucional, la primera con paridad de género del mundo, y cuyos miembros serán electos exclusivamente para este fin en abril de 2021.
Una vez redactado el nuevo texto, un nuevo plebiscito ratificatorio (probablemente en 2022) definirá si la Constitución de 1980 es reemplazada por la nueva carta fundamental.
El 1 de diciembre de 2014, durante la reunión realizada entre miembros del poder ejecutivo y dirigentes de la Nueva Mayoría para definir la «hoja de ruta» correspondiente a la labor del gobierno para el año siguiente, se definió entre sus prioridades el desarrollar un mecanismo para elaborar una nueva Constitución Política. El 28 de abril de 2015 la presidenta Michelle Bachelet anunció que en septiembre del mismo año se iniciaría un proceso constituyente para la redacción y aprobación de una nueva Constitución Política para el país, en remplazo de la Constitución de 1980. El anuncio finalmente fue realizado mediante cadena nacional de radio y televisión el 13 de octubre de 2015.
El proceso consistió de tres instancias de participación ciudadana. Los ciudadanos aportaron sus ideas y valores a través de 4 formas distintas:
Estos procesos dieron origen a un documento denominado Bases ciudadanas para la nueva Constitución, el cual sería el sustento de la nueva constitución. Luego se planeaba reformar la Constitución de 1980 para permitir un mecanismo de remplazo de la misma, la cual podrá ser una comisión bicameral, una comisión mixta entre congresistas y ciudadanos, o una asamblea constituyente, la cual redactaría la nueva Constitución y la someterá a referéndum.
Finalmente, la presidenta Bachelet presentó ante el Congreso Nacional, el 6 de marzo de 2018, es decir, a cinco días antes del término de su mandato, un proyecto de reforma constitucional para modificar la Constitución Política de la República. Tras terminar su periodo presidencial, Bachelet reconoció que «no logramos concluir a cabalidad el proceso constituyente».
En noviembre de 2019, como consecuencia de las masivas manifestaciones ciudadanas iniciadas en octubre, se anunció un acuerdo político para generar una nueva constitución que reemplace a la de 1980, el cual implica un plebiscito de entrada, a desarrollarse en octubre de 2020, y, en caso de ganar la opción de Apruebo, la creación de una convención constitucional encargada de la redacción de una nueva Constitución para posteriormente realizar un plebiscito ratificatorio.
El 24 de diciembre de 2019 fue publicada la reforma constitucional que habilita el inicio del proceso constituyente, mientras que el 27 de diciembre fue convocado oficialmente el plebiscito para el 26 de abril de 2020. En marzo de 2020, y como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que afecta al país, el plebiscito fue postergado para el 25 de octubre del mismo año.
En el plebiscito participó la mayor cantidad de electores (7,56 millones) de la historia de Chile y se obtuvo la mayor participación electoral (50,9%) desde la instauración del voto voluntario. Los resultados muestran que la opción «Apruebo» se impuso con un 78,3% de los votos válidos y la opción «Convención Constitucional» (compuesta en su totalidad por miembros electos) con un 79% de los votos por sobre la «Convención Mixta Constitucional» (compuesta en un 50% por legisladores en ejercicio y un 50% de miembros electos) que obtuvo un 21%.
Con el triunfo de la opción «Apruebo» en el plebiscito de octubre de 2020, se inició el proceso para elegir en mayo de 2021 una Convención Constitucional, compuesta por 155 integrantes elegidos bajo las normas de las elecciones de la Cámara de Diputados, de los cuales 17 escaños están reservados para los pueblos originarios.
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