El proceso de destitución de Fernando Collor se desarrolló alrededor del proceso de juicio político contra el entonces presidente brasileño Fernando Collor de Mello. El empresario Paulo César Farias fue tesorero de la campaña de Fernando Collor de Mello e Itamar Franco en las elecciones presidenciales brasileñas de 1989. Fue la personalidad clave que causó el segundo proceso de impeachment de América Latina, en 1992. El proceso, antes de ser aprobado, hizo que el presidente renunciara al cargo en 29 de diciembre de 1992, pasando a su vice Itamar Franco. Aun así, los parlamentarios reunidos en plenario para la votación del impeachment, decidieron que el presidente no podría evitar el proceso de casación, por la presentación tardía de la carta de renuncia.' Collor quedó inelegible durante 8 años. Acusado por Pedro Collor de Mello, hermano del presidente, según tapa de la revista Veja, en 1992, Paulo César Farías sería el prueba de hierro en diversos esquemas de corrupción divulgados de 1992 en delante.
En 1989, tras 29 años de las elección directa que llevó Jânio Quadros a la presidencia de la república, el carioca Fernando Collor de Mello (PRN-AL) fue elegido por pequeño margen de votos (42,75% a 37,86%) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP), en campaña que opuso dos plantillas de actuación estatal: un pautado en la reducción del papel del Estado (Collor) y otro de fuerte presencia del Estado en la economía (Lula).
La campaña fue marcada por el tono emocional adoptado por los candidatos y por las críticas al gobierno de José Sarney. Collor se autodenominó "cazador de marajás", que combatiría la inflación y la corrupción, y "defensor de los descamisados". Lula, por su parte, se presentaba a la población como entendedor de los problemas de los trabajadores, principalmente por su historia en el movimiento sindical.
En reportaje publicado por la revista Veja, en su edición de 13 de mayo de 1992, Pedro Collor de Mello acusaba el tesorero de la campaña presidencial de su hermano, el empresario PC Farías, de articular un esquema de corrupción de tráfico de influencia, loteamento de cargos públicos y cobro de coimas dentro del gobierno.
El llamado "esquema PC" tendría, como beneficiarios, integrantes del alto escalón del gobierno y el propio presidente. El mes siguiente, el Congreso Nacional instaló una Comisión Parlamentaria de Investigación para investigar el caso. Durante el proceso investigativo, personajes como Ana Acioli, secretaria de Collor, y Francisco Eriberto, su exconductor, dieron testimonio a la comisión, confirmando las acusaciones y dando detalles del esquema.
Aprobado por 16 votos a 5, el informe final de la comisión constató, también, que las cuentas de Collor y PC no habían sido incluidas en el confisco de 1990. Fue pedido, entonces, el impeachment del presidente.
En agosto, durante los trabajos de la comisión, la población brasileña comenzó a salir a las calles para pedir el impeachment. Con cada vez más adeptos, las protestas tuvieron, como protagonista, la juventud, que pintó en el rostro la frase "Fuera Collor" (con una "l" verde y el otro amarillo) y el "Juicio Político Ya": era el movimiento de los "caras-pintadas".
Fernando Collor ingresó en el Superior Tribunal de Justicia visando rever sus derechos políticos, preservados, conforme dijo, por el hecho de que su renuncia ocurrió antes de abierta la sesión que decidió por la condena, pero, en diciembre de 1993, ese tribunal lo mantuvo inelegible e inepto al ejercicio de cargos y funciones públicas por entender que la renuncia presentada a la undécima hora no ha pasado de un "ardid jurídico". Sin embargo, en juicio realizado un año después, el Supremo Tribunal Federal archuivó el proceso contra Collor y PC Farías, acusados del crimen de corrupción pasiva (resultado de 5 a 3). Sin embargo, Collor se mantuvo inelegible, teniendo su pedido para concursar en las elecciones de 1998 rechazado por el STF.
En la acción penal 307, en 1994, Collor fue juzgado con ocho personas más (entre los cuales PC Farías, su entonces tesorero) por los crímenes de corrupción pasiva, corrupción activa, supressão de documentos y falsedad ideológica.
Collor respondió por el crimen de corrupción pasiva (cuando el operador público recibe un ventaja indebida) por haber supuestamente beneficiado del cargo de presidente de la república. En la acusación, la PGR afirmaba que el expresidente utilizó cuentas fantasmas para recibir directamente de empresas conectadas a PC Farías, US$ 4 724 593,99. Collor argumentó que el dinero era fruto de restos de gastos de campaña. Después dijo que los recursos fueron obtenidos junto a un préstamo en Uruguay.
El Supremo Tribunal Federal absolvió Collor de las acusaciones de corrupción basándose en una tecnicalidad, citando falta de pruebas que lo conectaran al esquema de PC Farías. Una evidencia considerada como crucial fue desconsiderada por el tribunal después de haber sido clasificada como obtenida ilegalmente, durante una búsqueda y apreensão policial sin mandado o pedido judicial de interceptación telefónica): una grabación de conversación telefónica y disquetes de ordenador personales de PC. Otras evidencias recolectadas a partir de las informaciones extraídas de los archivos almacenados en el ordenador de PC también fueron anuladas, después del equipo jurídico de Collor invocar, con éxito, la doctrina de los frutos del árbol envenenado.
En 2007, Collor lanza el libro "Rescate de la Historia— La verdad sobre el proceso del impeachment" , juntando cuestionamientos de la legalidad de los criterios políticos y de la judicialización sobre el proceso y apuntando que el mecanismo jurídico ha sido construido con imperfecciones y (o) arrogos tanto de políticos como de anónimos en búsqueda de notoriedad: "Pedidos de impeachment contra los presidentes de la República se transformaron en una actividad rutinaria en nuestro presidencialismo. Todos los jefes de Gobierno bajo la Constitución de 1946, a la excepción del mariscal Dutra y del presidente Jânio Quadros, y todos los demás, tras el fin del régimen militar (Sarney, Itamar Franco, FHC, Lula y Dilma), fueron objeto de ese procedimiento, algunos suscritos por parlamentarios, otros por anónimos en búsqueda de notoriedad".
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