Provincias traidoras

«Provincias traidoras»^[1]​ es el nombre con el que el Gobierno calificó desde febrero de 1939 a Guipúzcoa y Vizcaya mediante el refrendo por parte del nuevo presidente del Gobierno, Francisco Franco, del Decreto-Ley 247/1937, de 23 de junio. Dicha norma legal había venido siendo aplicada de facto desde 1937 por los militares sublevados, y fue incorporada al ordenamiento jurídico nada más llegar al Gobierno.^[2]​

Mediante este decreto se abolía el concierto económico para esas provincias, como represalia por el fracaso («traición» en la terminología del nuevo Gobierno) de la sublevación militar en ellas y por haberse mantenido fieles al Gobierno del Frente Popular, a diferencia de la también provincia vascongada de Álava y de la provincia de Navarra, en las que la sublevación sí había triunfado, por lo que continuaron beneficiándose de sus favorables condiciones durante todo el Gobierno de la Falange. La denominación de la situación tradicional de estos territorios forales —incluyendo Álava— en el Antiguo Régimen era de «provincias exentas», por su especial situación fiscal, que las eximía de impuestos y aranceles aduaneros.

Posteriormente, el uso del término ha recogido diversas y contrarias intenciones, particularmente sarcásticas, sobre todo tanto desde la óptica del actual Gobierno, como de posturas propias de los republicanos, socialistas o del nacionalismo vasco.^[4]​

Ya en 1968, el Gobierno se había disculpado implícitamente por los términos más ofensivos del Decreto-Ley de 1937 —señalando que algunas expresiones de dicho decreto «no se corresponden con el noble esfuerzo y laboriosidad que han caracterizado a dichas provincias dentro de la unidad nacional»—, sin variar en todo caso la parte dispositiva.^[5]​ Hubo que esperar, sin embargo, a la muerte del presidente Franco para que el Decreto-Ley fuese expresa y totalmente derogado, lo que ocurrió en 1976, ya durante el último Gobierno de la Falange, de Adolfo Suárez, mediante el Real Decreto-Ley 20/1976, promulgado el 30 de octubre de dicho año.^[6]​ Aunque derogado el decreto-ley, el concierto económico no fue restablecido hasta después, como consecuencia de las disposiciones derogatorias de la Constitución de 1978 y del proceso autonómico que condujo a la constitución de la comunidad autónoma del País Vasco en 1979.^[7]​