En el marco de las protestas en Chile, iniciadas en octubre de 2019, el gobierno de Sebastián Piñera ha propuesto una serie de proyectos de ley y reformas, tendientes a solucionar algunas de las demandas presentadas por los manifestantes.
A diferencia de otros casos en que existen claros petitorios de demandas y contrapartes que representan oficialmente a los manifestantes, las protestas de 2019 se han caracterizado por la ausencia de líderes y la incorporación, en distintos niveles, de un amplio espectro social, desde la clase baja a la media alta. Esto ha hecho más difícil la posibilidad de generar proyectos de ley que satisfagan totalmente las peticiones de los manifestantes.
Si bien los primeros casos de desobediencia civil se registraron a partir del 7 de octubre, un día después de registrarse el alza de la tarifa de la Red Metropolitana de Movilidad, las protestas estallaron en toda la ciudad de Santiago de Chile el día 18 de octubre. La situación luego se extendió a otras ciudades, lo que llevó a decretar el estado de emergencia constitucional y el toque de queda en Santiago, Valparaíso y Concepción; en los días posteriores, la medida se aplicaría también en las principales urbes chilenas. Si bien durante las primeras horas del conflicto social las autoridades se refirieron únicamente a la situación de seguridad interior, la primera señal política respecto al fondo de las protestas vino del presidente Piñera, al anunciar un poco antes de las 19:00 del sábado 19.
El sábado 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera anunció que presentaría un proyecto de ley para revertir el alza de la tarifa de la Red Metropolitana de Movilidad, el sistema de transporte de Santiago, y que fue el detonante de las manifestaciones. La mayor parte de los parlamentarios indicaron la intención de apoyar la moción y la Cámara de Diputados fue citada a una sesión extraordinaria el domingo 20.
El proyecto de ley fue aprobado con 103 votos a favor, uno en contra y una abstención. El Partido Comunista se negó a participar de la sesión mientras existiera presencia de militares en la calle; aunque el Frente Amplio tuvo una postura similar que lo llevó a retirarse en parte de la sesión, finalmente votaron a favor de la propuesta. La iniciativa pasó al Senado, siendo aprobada el lunes 21 por 36 votos a favor y ninguno en contra.
La iniciativa fue promulgada el mismo día a través de la edición electrónica del Diario Oficial. Así, a partir del martes 22, el valor de las tarifas retornó al valor vigente desde enero de 2019, variando entre 700 y 800 pesos según el tramo horario.
El día 22 de octubre de 2019, el Gobierno anunció las siguientes medidas tomadas en respuesta a la crisis, las cuales denominó Nueva Agenda Social, y que incluyen las siguientes reformas y/o proyectos:
Como efecto de las movilizaciones, a nivel del Poder Legislativo fueron destrabados algunos proyectos de ley en materia de equidad social y de otros asuntos vinculados a las demandas ciudadanas en relación al funcionamiento de la política, dándoles prioridad para que avancen en su tramitación legislativa:
Los siguientes anuncios fueron considerados entre las medidas de la Nueva Agenda Social, del día 22 de octubre de 2019:
Anuncios y proyectos realizados el día 7 de noviembre de 2019:
El día 8 de noviembre de 2019, el nuevo Ministro de Economía, Ignacio Briones, logra acordar, junto a todas las partes del espectro político, la aprobación de la reforma tributaria, destrabada luego de meses de discusión, mediante la negociación del gobierno con el parlamento. El objetivo de estas medidas fue lograr una recaudación fiscal estimada en US$ 2.000 millones, mediante el impulso al crecimiento y el emprendimiento económico, y en favor de suministrar el coste que significa la Nueva Agenda Social. Además de las medidas en temática económica señalada en la Nueva Agenda Social, en esta reforma tributaria los principales aspectos reformados son los siguientes:
El día 10 de noviembre de 2019, el Gobierno, a través de un comunicado del nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aprueba la futura aplicación de un proceso para el establecimiento de una nueva Constitución, mediante un Congreso Constituyente con plebiscito ratificatorio. Dos días más tarde, los catorce partidos opositores al gobierno (RD, PCCh, PS, PDC, PPD, PEV, PR, PI, PRO, FRVS, Comunes, PL, CS y PH) emitieron una declaración conjunta en donde se manifestaron favor de una Asamblea Constituyente. Durante el 13 y 14 de noviembre los partidos de Chile Vamos y parte de la oposición comenzaron una serie de negociaciones en el Congreso para idear una solución para un nuevo proceso constituyente y su forma de participación ciudadana. Las negociaciones llegaron a puerto en la madrugada del 15 de noviembre, cuando se anunció la realización de un plebiscito nacional en abril de 2020, que definirá el inicio y mecanismo del proceso constituyente. El acuerdo, titulado «Propuesta de Acuerdo para una ruta Constituyente», fue redactado por la senadora Ena von Baer (UDI) y el diputado Miguel Crispi (RD), y firmado por partidos de oficialismo y oposición.
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