El reasentamiento involuntario se da cuando, a causa de la construcción de obras de ingeniería, convenientes para una gran parte de la población, algunas familias se ven perjudicadas, pues sus viviendas son afectadas por las obras y deben trasladarse a otro sitio.
Puede tener consecuencias traumáticas para la vida de aquellos que viven en la zona de influencia de proyectos de infraestructuras a gran escala. Constituye una ruptura repentina de la continuidad del tejido social y puede tener como resultado el empobrecimiento de la población reubicada. Los cambios que causa se pueden distinguir de los procesos de desarrollo normales ya que desbarata los patrones de asentamiento y las formas de producción, desorganiza las redes sociales y reduce la sensación de control sobre su vida que tiene la gente. Puede constituir una amenaza para su identidad cultural y causar graves problemas de salud. A las dificultades que entraña el desplazamiento de grupos sociales, se suman las que conlleva su reasentamiento en nuevos lugares y el restablecimiento de sistemas económicos y sociales sostenibles.
El reasentamiento, cuando está mal planificado o no se ejecuta adecuadamente, constituye siempre un importante costo adicional para el proyecto principal y puede tener efectos a largo plazo para la población afectada y para la región aledaña. Puede causar resistencia local y tensión política, así como importantes demoras en la ejecución del proyecto, cuyos resultados son sobrecostos, menores beneficios del proyecto y, en casos extremos, incluso la suspensión de éste. Este costo adicional casi siempre es mayor que la inversión que habría sido necesaria para planificar y ejecutar un programa de reasentamiento aceptable.
Los organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, considera el reasentamiento involuntario de personas afectadas por proyectos de desarrollo, como una situación a ser evitada en lo posible y minimizada en todos los casos, y cuando es inevitable, que ese reasentamiento involuntario se transforme en una oportunidad para el desarrollo de las personas afectadas.
Por otro lado, el reasentamiento involuntario se lo debe considerar como parte integrante de los estudios de impacto ambiental, visto que afecta profundamente las variables ambientales de carácter social.
El empobrecimiento es el riesgo más grave a que hacen frente las poblaciones desplazadas. El empobrecimiento puede obedecer a diversos factores, entre ellos:
Entre otros riesgos que hay que tener en cuenta se incluyen:
En algunos casos, sobre todo cuando el desplazamiento obedece a un proyecto planificado por el Estado, el proyecto toma en cuenta la infraestructura de las zonas del reasentamiento y, en general, el nivel de vida de la población desplazada puede subir. La construcción de una represa, por ejemplo, puede determinar la desaparición de un pueblo y la construcción de uno nuevo, más moderno y con una infraestructura más completa que la del original. El caso de Tous y el de Federación (Argentina) podrían citarse como ejemplos. Los programas de reasentamiento de refugiados se ofrecen a aquellos con necesidades especiales o que deben ser trasladados a países distintos de aquellos en los que inicialmente buscaron protección. Actualmente, 28 países ofrecen estos programas, que tienen como uno de sus objetivos la integración económica de los refugiados, mediante capacitaciones, educación y servicios de salud mental. Sin embargo, los refugiados reasentados a menudo suelen experimentar altos niveles de desempleo y pobreza.
Una revisión de 23 estudios que examinan los resultados de los refugiados que han sido parte de un programa de reasentamiento, encontró que ninguno de los estudios cumplía con los criterios de inclusión para la revisión. Por ende, no se sabe con certeza como ayudar a que los refugiados mejoren su integración económica. Esto no implica que estos programas no tengan efectos, solo que no se sabe cuáles son. Resulta sorprendente esta falta de conocimiento, dada la importancia política de tales programas, los niveles de inversión y el número de personas afectadas. Esta brecha de conocimiento debe ser superada con investigaciones más rigurosas.
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