El Referéndum sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, fue una votación realizada en 1989 en Uruguay, que pretendía revocar la Ley N° 15 848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado (popularmente conocida como «Ley de impunidad» o «Ley de caducidad»), aprobada por el Parlamento uruguayo en diciembre de 1986. Se creó la Comisión Nacional Pro Referéndum para impulsar el referéndum. El nombre oficial de la comisión era «Comisión Nacional pro Referéndum contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado» y también se la conoció con el nombre de «Comisión del Voto Verde».
La Comisión fue presidida conjuntamente por Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, Elisa Dellepiane, viuda de Zelmar Michelini y María Ester Gatti, abuela de Mariana Zaffaroni, que era entonces una niña desaparecida. Estuvo compuesta por 65 personas, que eligieron de entre ellas un Comité Ejecutivo de 17 integrantes. Algunos de ellos asumieron secretarías, cada una de las cuales tuvo el apoyo de una comisión compuesta por adherentes. Las principales comisiones fueron las siguientes:
También formaron parte de la Comisión personalidades de muy diversos ámbitos, entre ellas las siguientes que se mencionan por orden alfabético:
La Comisión inició sus actividades el 5 de enero de 1987. Fue secundada por una enorme red de comisiones locales y de coordinación departamental que se constituyeron espontáneamente en todo el país.
De acuerdo a la Constitución hacía falta, dentro del año siguiente a la promulgación de la ley, la firma de un 25% de los ciudadanos habilitados para votar. Ello se cumplió presentando a la Corte Electoral 604 721 firmas, sobre un total aproximado de 2 millones de habiitados para votar.
Los procedimientos de control de las firmas por la Corte Electoral fueron dilatados y originaron encendidas polémicas en que la Comisión y las organizaciones sociales y políticas que la respaldaban denunciaron métodos fraudulentos tendientes a anular firmas. El Gobierno de Julio María Sanguinetti, las corrientes políticas que habían apoyado la ley y la gran mayoría de los medios de prensa (incluidos todos los de televisión) se opusieron al referéndum. y respaldaron a la Corte Electoral. En definitiva se declaró que las firmas eran suficientes y la votación se llevó a cabo el 16 de abril de 1989.
El "voto verde» fue derrotado por el "voto amarillo» (que se oponía a revocar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado) por un margen de 57% contra 43%. Obtuvo mayoría en la capital (Montevideo) pero quedó en situación fuertemente minoritaria en el interior del país.
La ratificación de la ley implicó que los militares y policías autores de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) no pudieran ser juzgados por los delitos cometidos en territorio uruguayo. No obstante, la Suprema Corte de Justicia (que en 1988 declaró que la Ley no era contraria a la Constitución) la declaró inconstitucional en 2009, habilitando el juzgamiento de los criminales.
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