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Regulacionismo de la prostitución



El regulacionismo de la prostitución es un modelo teórico jurídico que considera que la prostitución es un trabajo y por eso defiende su reconocimiento en el mundo jurídico.[1]

El regulacionismo sostiene que la industria del sexo no es sinónimo de misoginia ni de desigualdad sexual y que las mujeres ingresan voluntariamente en la prostitución. Defiende el concepto de trabajadora sexual. Considera que la ausencia de regulación es lo que, en realidad, genera clandestinidad y que es esta la que expone a las llamadas trabajadoras sexuales a encontrarse más vulnerables frente a las diversas formas de violencia y opresión. El regulacionismo quiere que la prostitución sea considerado un trabajo como cualquier otro y que las prostitutas gocen de derechos como cobertura médica y jubilación, como cualquier trabajador.[2]​ Para la noción de prostitución en términos de trabajo sexual, el varón consumidor de prostitución se presenta como un sujeto desexualizado y desprovisto de género, igual que cualquier otro servicio.[3]​ Organizaciones como AMMAR, Colectivo Hetaira y OTRAS sostienen esta postura.

El regulacionismo considera que el trabajo sexual está mal visto por un tema moral, de puritanismo y que negarle a la actividad su condición y dignidad de trabajo es una violencia simbólica contra las mujeres que eligen vivir libremente su sexualidad.[4]​ Los que apoyan el regulacionismo insisten en la capacidad de las mujeres de decidir libremente sobre lo que quieren hacer con su cuerpo y sobre su sexualidad, que el trabajo sexual es voluntario y la mujer decide en total libertad del uso que quiere hacer de su cuerpo, que no todo trabajo sexual es trabajo forzado.[5]​ El regulacionismo busca la despenalización del trabajo sexual.

En la antigua Roma la prostitución fue legalizada por Rómulo solo para las mujeres extranjeras.[6]

En el siglo XIX apareció la corriente higienista. Se trataba de médicos que sostenían que reglamentar la prostitución con el uso de cartillas de control de enfermedades beneficiaría a la sociedad al evitar los contagios de enfermedades venéreas.[7]​ En España, el primer reglamento fue, en 1847, el Reglamento para la represión de los excesos de la prostitución.[8]​ Juan Magaz de Jaime solicitaba un registro de las prostitutas y el uso de cartillas sanitarias. Estos médicos consideraban que la prostitución debía regularse y controlar. En este contexto, las prostitutas eran controladas por los médicos y vigiladas por los policías, en defensa de la salud del resto de la población, es decir, de la salubridad pública.[7]



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