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Reserva campesina



Zonas de reserva campesina (ZRC) es un figura de ordenamiento territorial protegido en Colombia que busca entregarle a los campesinos las tierras que son del Estado pero que no están siendo aprovechados, con el único fin de beneficiar las comunidades campesinas, la economía campesina y los ecosistemas, con objetivos sociales, económicos, culturales y ecológicos.

El objetivo de las zonas de reserva campesina es generar las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos en las zonas rurales, con el fin de superar las causas de los conflictos sociales que las afectan, y en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas.

Estas fueron establecidas por la ley 160 de 1994,[1]​ según la cual “son zonas de reserva campesina las áreas geográficas seleccionadas por la junta directiva del organismo competente de tierras, teniendo en cuenta las características agroecológicas y económicas regionales” (artículo 80) y también todas “las zonas de colonización y aquellas donde predomine la existencia de tierras baldías”, excepto las que se declaren de desarrollo empresarial (artículo 81).

Cada reserva campesina cuenta con su plan de vida o desarrollo y manejo ecológico, así como con reglamentos sobre propiedad, unidad agrícola familiar, funcionamiento, requisitos y obligaciones de los ocupantes. En las reservas campesinas solamente puede realizarse compraventa de tierras entre campesinos sin sobrepasar un límite de tamaño en propiedad de una persona o familia.

En Colombia hay reservas campesinas que buscan proteger a cerca de 5 millones de campesinos. Divididas en seis departamentos, se están analizando más hectáreas para así poder ampliar el área de campesinos protegidos:

Hasta 2013 existía por lo menos 17 solicitudes comunitarias para la constitución de zonas de reserva campesina, 7 de las cuales ya estaban en trámite para su aprobación:

En Brasil, a partir de la ley 9.985 de 18 de julio de 2000,[4]​ existen las reservas extrativistas, que son áreas aprovechadas por poblaciones tradicionales cuya supervivencia se basa en extraer recursos naturales renovables garantizando su conservación o su reproducción y, como complemento, en la agricultura de subsistencia y la cría de especies menores de animales. Dichas reservas pretenden proteger los medios de vida y la cultura de esas poblaciones, y asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos. Las áreas particulares incluidas en sus límites deben ser expropiadas con indemnización. Hasta 2016 habían sido conformadas 72 de estas reservas: 5 en Acre, una en Amapá, 10 en Amazonas, 20 en Pará, 5 en Rondonia, una en Tocantins, una en Alagoas, 4 en Bahia, 2 en Ceará, 5 en Maranhão, una en Paraiba, una en Piauí, 3 en Goiás, una en el estado de Río de Janeiro, otra en el estado de São Paulo y una más en Santa Catarina.[5]



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