Roberto Manuel Carlés (Morón, 17 de septiembre de 1981) es un abogado y diplomático argentino.
Roberto Manuel Carlés nació el 17 de septiembre de 1981 en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es hijo de Roberto Manuel Carlés y Ofelia Isabel Rodríguez.
En el año 2005obtuvo el título de abogado, con diploma de honor, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la cual fue posteriormente docente. Es especialista en Derecho penal y Criminología.
En 2012 obtuvo el título de Doctor en Derecho por la Università degli Studi di Ferrara, de Ferrara, Italia. Su tesis trató sobre: “La responsabilidad penal de las jerarquías militares y políticas por crímenes contra la humanidad”. Su director de tesis fue el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, de quien fue discípulo. Es también Doctor en Ciencias Penales por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Fue becario de la Università degli Studi di Ferrara y realizó estancias de investigación en el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht de Friburgo de Brisgovia, Alemania.
Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja de la Facultad de Derecho y del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.[cita requerida]
Es miembro fundador y Secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC) y fue Presidente del Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal (2014-2019). Desde 2019 es miembro del Comité de la Révue (Comité Editorial) de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Desde 2020 integra el Consejo de Dirección de la Société Internationale de Défense Sociale pour une Politique Criminelle Humaniste, con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas.
Fue Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Estudios Críticos del Derecho del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO (2016-2019).
Es autor de numerosos trabajos académicos, publicados en América Latina, Europa y en los Estados Unidos, y participó en carácter de expositor en eventos académicos de su especialidad, en todo el mundo. Ninguno de estos trabajos fue publicado en revistas con revisión por pares, que aseguran estándares de calidad y proporcionan credibilidad a la investigación jurídica de calidad.
Fue asesor de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Airesdesde 2006 hasta 2008. Se desempeñó además como asesor, entre otras instituciones, del Honorable Senado de la Nación (desde 2012 hasta 2015).
Fue el Coordinador de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación (Decreto 678/2012).
En octubre de 2014 organizó el primer encuentro de todas las asociaciones científicas dedicadas al estudio de la cuestión penal: la Asociación Internacional de Derecho Penal, la Sociedad Internacional de Defensa Social (por una política criminal humanista), la Sociedad Internacional de Criminología, la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria y la Sociedad Mundial de Victimología, junto con la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología.[cita requerida]
Desde entonces ha colaborado con el Papa en temas de justicia y derechos humanos, entre otros, la cuestión de la pena de muerte. Su trabajo en esta causa condujo a la reforma del Catecismo de la Iglesia Católica.[cita requerida]
Integra desde 2011 el Consejo Editorial de la Revista de Derecho penal y Criminología de la Editorial La Ley.
Desde 2015 asesora a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.
Desde 2016 se desempeña como Secretario Letrado de la Procuración General de la Nación (actualmente, en licencia).
Desde 2019 es miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), en el Grupo de Puebla.
Es miembro fundador de la Global Interfaith Commission on LGBT+ Lives (GIC+), una coalición para el diálogo interreligioso que tiene por objeto la defensa de los derechos de las minorías sexuales. En particular, esta organización trabaja por la despenalización de la homosexualidad, la prohibición de las terapias de conversión y contra toda forma de discriminación y violencia.
Desde 2020, preside la Fundación Laudato Si', a iniciativa del Papa Francisco.
En agosto de 2020, el Presidente Alberto Fernández lo propuso para el cargo de Embajador argentino ante la República Italiana. El 1º de octubre obtuvo el plácet por parte del Presidente de la República Italiana. El 29 de octubre el Senado de la Nación dio acuerdo a su designación (65 votos afirmativos, 1 negativo, 0 abstenciones). El 24 de noviembre fue designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Italiana por el Presidente Alberto Fernández (Decreto 904/2020, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 25 de noviembre de 2020).
El 28 de enero de 2015 la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo propuso para el cargo de juez de la Corte Suprema de Justiciaen reemplazo de Eugenio Raúl Zaffaroni, quien había renunciado cuando alcanzó el límite de edad para el ejercicio del cargo, previsto en la Constitución Nacional. Para que su designación fuera aprobada debía ser votada positivamente por dos tercios de los senadores presentes, en una sesión pública convocada al efecto. Sin embargo, veintiocho miembros del Senado, pertenecientes a los partidos de la oposición, ya habían firmado un compromiso para no otorgar la aprobación a ningún candidato, fuera este de cualquier tendencia política, hasta la finalización del mandato de la presidenta, por lo que mostraron su rechazo. Por este motivo, se especuló con que su nominación, especialmente teniendo en cuenta su corta edad y su falta de antecedentes de relevancia, no fuera más que una maniobra de distracción política.
En cambio, su candidatura recibió el apoyo de organismos de derechos humanos, universidades nacionales y extranjeras, organizaciones científicas y académicas argentinas e internacionales, así como por parte de otros juristas.
El 31 de marzo la Comisión de Acuerdos del Senado, luego de cinco horas y media de audiencia pública, emitió un dictamen de mayoría favorable a la postulación de Roberto Manuel Carlés para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia. El debate se dio en el Salón Azul del Senado sin sobresaltos; en su exposición, Carlés sostuvo que “los jueces, como cualquier ciudadano, deben pagar impuesto a las ganancias”. Al cierre de la exposición de Carlés, luego de que durante más de seis horas respondiera a las preguntas de los senadores y senadoras presentes, el entonces senador Gerardo Morales sostuvo que Carlés "tiene una buena carrera y es un buen jurista" pero que su partido había decidido no acompañar su postulación. Por su parte, el entonces senador Miguel Ángel Pichetto destacó "la solvencia demostrada por el Doctor Carlés" y afirmó que el candidato había demostrado "calle y vivencias" y que compartía su visión crítica sobre la forma en que se había establecido el comienzo de la existencia de la persona humana en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
De todos modos, su postulación no estuvo exenta de polémica. Carlés recibió una gran cantidad de críticas por parte del sector académico, espacios políticos distintos al oficialismo y la sociedad civil. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, organismo que nuclea a los profesionales del derecho de la Ciudad de Buenos Aires, impugnó a Carlés afirmando que éste había mentido en su CV, consignando una asesoría jurídica al Colegio que Carlés nunca había ejercido. Carlés se defendió afirmando que si bien es cierto que había realizado una pasantía, se las solía llamar asesorías. Entre los académicos, el reconocido jurista Roberto Gargarella destacó que, para alguien cuyo principal activo era su carrera académica, Carlés sólo tenía para ofrecer "el cargo más bajo" de la carrera docente de la Universidad de Buenos Aires (apuntando a que Carlés sólo había obtenido el cargo de auxiliar docente). También destacó que el hecho de que tuviera dos doctorados el mismo año resultaba sospechoso ("un genio o un trucho"), especialmente a la luz de que no contaba con ni siquiera un artículo en revistas con referato. Por último, observó su cercanía con el gobierno, su cargo en el Senado obtenido por el entonces vicepresidente Amado Boudou (al que, según otras denuncias, no concurría nunca) y su "oportunismo" en relación a su repentino cambio de opinión sobre el Papa Francisco. Marcelo Alegre y Julio Montero resaltaron que su "corta carrera profesional y su escasa producción escrita nos proveen muy poca información para prever su actuación futura", volviéndolo un candidato inaceptable por su imprevisiblidad.
Carlés también recibió críticas por sus expresas simpatías con el gobierno de Fernández de Kirchner, a punto que, por ejemplo, en entonces líder opositor Sergio Massa afirmó que era "inconcebible que alguien que trata de cabeza de termo a un periodista pueda ser ministro de la Corte, eligen a un militante partidario para ocupar un lugar en la Corte". El senador Gerardo Morales realizó una declaración similar por Twitter: "Sin experiencia y con militancia activa en La Cámpora, @CFKArgentina ofende y agravia con la propuesta de Carlés @robertinocarles p/la CSJ". . Además, recibió críticas por estar recibiendo un sueldo full-time del Senado, al que no concurría con asiduidad, especialmente durante el periodo en el que trabajó en la redacción del Anteproyecto de Código Penal impulsado por Cristina Fernández de Kirchner. Ante esta acusación, Carlés respondió que escribió dicho proyecto "los fines de semana".
En octubre de 2015, poco después de las elecciones presidenciales en primera vuelta, el gobierno retiró la postulación de Carlés y anunció que propondría para integrar el tribunal a Eugenio Carlos Sarrabayrouse y Domingo Juan Sesin (la otra vacante se produciría a partir del 10 de diciembre de 2015, ya que el juez Carlos Fayt había presentado su renuncia con efectos a partir de esa fecha).
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