Las rutas nacionales de Argentina son los caminos de jurisdicción nacional y conforman la red troncal de carreteras. Al año 2006 la cantidad de rutas nacionales es de 118, a lo que hay que sumar algunas rutas complementarias. Al 30 de diciembre de 2005 la red estaba compuesta por 33.235 km de rutas pavimentadas, 3.577 km de ripio y 1500 de tierra.
Desde la época colonial existió una red de caminos, siendo los más importantes el Camino Real del Oeste, de Buenos Aires a Santiago de Chile pasando por las ciudades de San Luis y Mendoza y el Camino al Alto Perú, de Buenos Aires a Potosí, pasando por Córdoba, San Miguel de Tucumán y Salta, entre otras ciudades importantes.
Estos caminos tenían postas cada 50-100 km para que los caballos pudieran descansar. En caso de lluvias se volvían intransitables. En el siglo XVII un viaje desde Mendoza a Santiago demandaba ocho días promedio, a Córdoba 20 días y a Buenos Aires, 45.
A mediados del siglo XIX apareció el ferrocarril en el país y para fin de siglo las principales ciudades estaban conectadas mediante un abanico de rieles a partir de la Capital Federal, con lo que los tiempos para trasladar pasajeros y mercancías por la Argentina disminuyeron considerablemente. De esta manera se dejaron de utilizar los caminos que existían anteriormente.
Entre los años 1858 y 1903 se destinó el equivalente a 160.000 pesos moneda nacional anuales a la vialidad argentina. Esta suma se destinó principalmente a la construcción de puentes.
El 30 de septiembre de 1907 el Congreso Nacional aprobó la Ley 5.315 a partir del proyecto del Ing. Emilio Mitre (hijo del Presidente Bartolomé Mitre) más conocida como Ley Mitre. En uno de sus artículos indica que el 3% del producto líquido de los ramales ferroviarios se debe destinar a la construcción de caminos, para el uso de los automotores que aparecieron en esa época en el país. Con esta ley se logró recaudar 4.400.000 pesos por año.
En 1932 se sancionó la Ley 11.658, por la cual se creaba un Sistema Troncal de Caminos Nacionales, la Dirección Nacional de Vialidad que debía construir y mantener los caminos nacionales y un fondo específico (un monto fijo sobre el precio del combustible) para el mantenimiento de este organismo. En los años subsiguientes, a partir de un consumo anual de alrededor de mil millones de litros por año de combustible, la nueva repartición pública podía disponer de 40 millones de pesos.
Una vez asegurados los fondos, el organismo público se abocó a trazar el mapa de la red nacional de carreteras, compuesta por la red troncal de caminos en las diferentes provincias, y la totalidad de los caminos en las gobernaciones, ya que estos territorios eran controlados directamente por el Gobierno Nacional. Para diferenciar las rutas troncales de las secundarias en las diferentes gobernaciones se acuñó la expresión ruta complementaria.
El trazado de esta red se realizó con ayuda de los gobiernos de las diferentes provincias y gobernaciones, junto con otros interesados: ferrocarriles, puertos, ministerios de agricultura, guerra, marina, etc.
En 3 de septiembre de 1935 el directorio del nuevo organismo público aprobó su esquema de numeración de rutas nacionales.
De esta manera se definieron 119 rutas regionales, dejando 131 números más para futuras expansiones de la red de rutas nacionales.
Se puede observar el recorrido de estas rutas en Anexo:Primeras rutas nacionales argentinas. Esta numeración se modificó parcialmente en 1943. A las rutas complementarias se le asignaron letras.
La política caminera de esta época se basaba en las siguientes expresiones del primer administrador de la Dirección Nacional de Vialidad:
En el gráfico de la derecha se puede observar la evolución de las rutas nacionales en kilómetros de extensión según el tipo de calzada: pavimento, ripio o tierra. La mayor parte de las rutas construidas inicialmente por la Dirección Nacional de Vialidad fueron transferidas a las provincias. A fines de la década de 1950 las nuevas provincias de la región patagónica recibieron la mayoría de los caminos que cruzaban sus territorios, que anteriormente eran de jurisdicción nacional.
Las primeras autopistas se construyeron en la década de 1940: la Avenida General Paz y la Autopista Riccheri. En 1979 existían las siguientes autopistas:
En 1990 se concesionaron los accesos a Buenos Aires y Córdoba y los corredores viales con mayor caudal de tránsito. El dinero para que los concesionarios puedan realizar obras de mantenimiento y mejoras proviene de peajes que cobran a los conductores de los vehículos que circulan por las rutas. Desde el 25 de enero de 2001 el organismo encargado del control de los concesionarios es el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). Previamente el Órgano de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires (OCRABA) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se encargaban de estas tareas. En diciembre de 2004 se ampliaron las facultades del OCCOVI para realizar obras en las rutas concesionadas.
Las rutas nacionales argentinas tienen diferentes modos de gestión dependiendo principalmente del caudal de tránsito sobre ellas. Las rutas se dividen en tramos y cada uno de éstos tiene su propio sistema de gestión.
Las rutas más transitadas se subdividieron en tres grupos: Corredores Viales cuya longitud es de 8.877 km, la Red de Acceso a Buenos Aires con una longitud de 236 km y la Red de Acceso a Córdoba cuya longitud es de 270 km, totalizando 9.383 km.
Según el Decreto Nacional 2039/90 la duración de las concesiones era de 12 años, a partir de 1990. Luego de una renegociación el Poder Ejecutivo Nacional firmó el Decreto 1817/92 que lo extendió a 13, con vencimiento el 31 de octubre de 2003. La concesión del Corredor Vial número 18 (tramo Zárate a Paso de los Libres de las rutas nacionales 12 y 14) fue extendido a 28 años (venciendo el 31 de octubre de 2028), mientras que el Corredor Vial número 29 (tramo Cipolletti a Neuquén de la Ruta Nacional 22) fue adjudicado en 1995 por un plazo de 18 años (venciendo el 30 de abril de 2013).
Los 17 corredores viales fueron adjudicados a 12 empresas de capital nacional que instalaron 49 cabinas de peaje.
Con lo recaudado los concesionarios deben conservar, remodelar, realizar ampliaciones pedidas por la DNV, mejorar, explotar y administrar los tramos de rutas incluyendo la señalización, además de ofrecer servicios a los usuarios.
Para el control de estas concesiones viales se creó dentro de la DNV el Órgano de Control de las Concesiones Viales. En 1993 se creó el Órgano de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires (OCRABA) para poder controlar las concesiones de la Autopista Buenos Aires - La Plata, la Autopista Ricchieri, el Acceso Oeste y el Acceso Norte, concesionado este último junto con la Avenida General Paz. En 1998 se creó el Órgano de Control la Concesión de Obra de la conexión física entre las ciudades de Rosario y Victoria, para controlar la concesión de la Ruta Nacional 174.
El Decreto Nacional 87 del año 2001 fusionó todos los organismos de control mencionados en el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).
El Decreto Nacional 1915 del año 2004 le delegó al Órgano de Control de Concesiones Viales, la facultad de realizar obras en los diferentes corredores viales. La Dirección Nacional de Vialidad recuperó esta facultad mediante el Decreto Nacional 1020 del año 2009.
Esta modalidad fue implantada a partir de 1995 y consiste en contratos por 10 años pagados por la Dirección Nacional de Vialidad, es decir, sin peaje. Las rutas deben cumplir una serie de mejoras en el tercer año de contrato. Estas mejoras deben mantenerse hasta el octavo año. Luego se pide una nueva mejora que debe concretarse antes del principio del décimo año.
Existen dos corredores con este sistema: el tramo Resistencia al límite con Paraguay de la Ruta Nacional 11 y el tramo Bahía Blanca al empalme con la Ruta Nacional 5 de la Ruta Nacional 33.
Estos contratos se realizan por cinco años, en los que la empresa que gana la licitación tiene un plazo de un año para mejorar la transitabilidad (esta es la etapa de recuperación), mientras que en los cuatro años siguientes debe realizar las obras necesarias para mantener la ruta en el mismo estado que estaba al final del primer año (etapa de mantenimiento). Estos contratos no prevén servicios para los usuarios de los caminos.
En 1997 y 1998 se licitó la primera etapa que consiste en 11.813 km de rutas divididas en 61 mallas. En 2004 se licitaron 36 mallas por una longitud de 5.424 km, en el 2005 se licitaron 6 mallas y durante 2006 se prevé licitar otras 36 por una longitud total de 5.500 km.
Este método de gestión reemplaza al viejo sistema de km/mes y entró en operación en el año 2005. En este sistema se prevé no sólo el mantenimiento como en el viejo esquema sino también el mejoramiento del tramo concesionado. Los contratos duran 24 meses.
Consiste en que la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia en la que se encuentre la ruta ejecute las obras de mantenimiento. Como el ente provincial actúa como un contratista de la DNV, esta le debe pagar por los servicios realizados. La provincia a su vez puede optar por el mantenimiento por administración, a través de su Dirección Provincial de Vialidad, transferir el mantenimiento a uno o varios municipios, o celebrar contratos con empresas privadas.
Algunos tramos cercanos a la frontera son mantenidos por la Gendarmería Nacional Argentina, bajo este mismo esquema.
Con esta modalidad, el personal propio de la repartición es la que realiza las tareas de conservación de la ruta. Varios de los tramos atendidos con este esquema se licitan para que sean atendidos por los contratos de recuperación y mantenimiento (C.Re.Ma.)
De acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que tiene vigencia en todo el país excepto en las provincias de Córdoba y Mendoza las velocidades máximas para automóviles y motocicletas son de 130 km/h en autopistas, 120 km/h en tramos de autovía y 110 km/h en los tramos de mano y contramano, fuera de zonas urbanas. Estos valores son válidos en tramos rectos. En la zona de montaña la máxima es de 80 o 60 km/h dependiendo la traza del camino. En túneles la máxima es de 40 km/h. En caminos de ripio o tierra la velocidad máxima aconsejable es de 40 km/h.
Las velocidades máximas para ómnibus es de 90 km/h o la máxima para automóviles, la que sea menor. En el caso de camiones es de 80 km/h o la máxima para automóviles, la que sea menor.
Para poder fijar prioridades para mejorar rutas o diseñar cruces con otros caminos, Vialidad Nacional ha dividido la red caminera nacional en 1.200 tramos con tránsito uniforme, es decir, sin cruces de mucho ingreso o egreso de vehículos.
En cada tramo se calcula el tránsito medio diario anual, que resulta de dividir la cantidad de vehículos que circulan por año por la cantidad de días que tenga dicho año (365 o 366).
Los tres tramos con mayor cantidad de tráfico en el año 2001 fueron:
Los tres tramos con menor cantidad de tráfico en el año 2001, todos con 10 vehículos por día, fueron:
Estas son carreteras que parten desde la Ciudad de Buenos Aires o sus cercanías y se extienden por varias provincias en forma radial.
1 Los kilometrajes aumentan de oeste a este.
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