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Secretaría General de Infraestructuras



La Secretaría General de Infraestructuras (SGI) de España es el órgano directivo dependiente de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana encargada de impulsar la realización de las inversiones en infraestructuras del transporte por carretera, así como de la planificación y evaluación de la red ferroviaria, priorizando las inversiones en seguridad, mantenimiento, mejora de la movilidad cotidiana, tecnificación e intermodalidad.[1]

Directamente, ejerce las funciones de dirección y coordinación del ejercicio de las competencias de las Direcciones Generales dependientes de la Secretaría General, y la propuesta y formulación de sus objetivos y planes de actuación; controla la ejecución de los proyectos de inversión de las Direcciones Generales y Unidades dependientes de la Secretaría General en orden a la consecución de los objetivos fijados; asiste a la Secretaría de Estado en la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de la actividad de los organismos y entidades adscritos a la misma, así como la supervisión de los programas de actuación plurianual y de la gestión y se encarga del impulso y la coordinación de las actuaciones que acuerde la Administración en relación con las autopistas de peaje sujetas a contrato concesional, así como de otro tipo de concesiones de carreteras, y la vigilancia, inspección y control técnico y económico-financiero de las sociedades concesionarias, sin perjuicio de las competencias de otros órganos directivos del Departamento.[1]

Asimismo, es responsable del diseño, planificación, instrumentación y seguimiento de los mecanismos que habilite la Administración General del Estado en relación a la gestión de las autopistas de peaje que no se incluyan en el ámbito de competencias de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje; del impulso y la elevación de la propuesta de los sistemas para la financiación de la construcción, gestión y conservación de infraestructuras terrestres, en particular de las carreteras, y la coordinación de las iniciativas para su implantación; del impulso de los procedimientos de contratación y gestión, así como de los proyectos normativos en el ámbito de sus competencias en materia de carreteras y ferrocarriles; del impulso y seguimiento de los planes y programas de infraestructuras de transporte viario y ferroviario del Departamento; del impulso de medidas dirigidas a la lucha contra el cambio climático, el ahorro energético y la mejora de la eficiencia de las infraestructuras de transporte viario y ferroviario, así como de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desarrolladas en el ámbito de sus Direcciones Generales dependientes; y del impulso del desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en materia de infraestructuras de transporte viario y ferroviario de sus direcciones generales dependientes, fomentando la aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos y las actividades de innovación.[1]

La Secretaría General de Infraestructuras fue creada el 19 de abril de 2004[2]​ como un órgano intermedio entre la secretaría de Estado y los órganos de gestión. Esta secretaría general asumía las competencias sobre la administración y gestión de las infraestructuras de carreteras y ferrocarriles.[3]

Las competencias apenas han variado desde entonces, con la salvedad de que en 2012, debido a la crisis económica y a la necesidad de reducir el gasto público, la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias fue suprimida asumiendo la secretaría general sus funciones.[4]

En 2017, la secretaría general amplió su tamaño al crearse en su interior una División de Expropiaciones Ferroviarias y una Subdirección General de Planificación Ferroviaria.[5]​ Asimismo, desde 2014 se ascribe la secretaría la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

En 2020, se crea un su seno una nueva Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, que asume todas las competencias y órganos que tenía directamente la Secretaría General relativos a la Red Ferroviaria de Interés General.[1]

De la Secretaría General dependen los órganos directivos siguientes:[1]

La Secretaría General de Infraestructuras tiene un presupuesto asignado de 4 026 740 630 para el año 2021. De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado para 2021, la SGI participa en cuatro programas:

El Secretario General de Infraestructuras es el Delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje y ejerce las funciones que a este órgano atribuye el ordenamiento vigente, sin perjuicio de las competencias que en el ámbito de control económico-financiero corresponden a la Subsecretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Depende directamente del Delegado del Gobierno la Subdelegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo.[1]

Asimismo, el Secretario General es ex officio presidente de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Los secretarios generales han sido:



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