La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es una de las secretarías de estado que integran el denominado gabinete legal del Presidente de México. Es el despacho del poder ejecutivo federal encargado de evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.
Es la responsable de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas gubernamentales en materia de seguridad pública. Lo anterior incluye, comandar la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia; colaborar con la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial en los procesos de investigación y persecución de los delitos, siendo los elementos que usen para dicho fin, comandados por el ministerio público; auxiliar a los distintos niveles e instancias de gobierno para el desarrollo y ejecución del sistema de seguridad pública, la profesionalización de los cuerpos policiales y la formación de estos en sus centros de capacitación y adiestramiento; proponer dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la estrategia gubernamental para la prevención del delito; auxiliar, bajo solicitud de cualquier nivel de gobierno o instancia, en la protección de bienes y personas ante amenazas inminentes, tanto por causas humanas como naturales; salvaguardar las vías generales de comunicación; recopilar información cuantitativa vinculada a los delitos de alto impacto; administrar el sistema penitenciario federal; autorizar y vigilar la prestación de servicios privados de seguridad; colaborar en el ámbito de sus facultades, con la secretaría de Gobernación, en la administración del Sistema Nacional de Protección Civil.
A la nueva dependencia corresponderá formular las políticas, programas y acciones en materia de combate al crimen con el fin de garantizar la seguridad de los mexicanos.
Asimismo, tendrá a su cargo la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de Seguridad Nacional, en ausencia del presidente.
Bajo su mando, también estarán las fuerzas de seguridad que "protegerán a los mexicanos ante amenazas y riesgos, con apego al respeto de los derechos humanos y a las libertades individuales".
Dentro de este rubro, también le corresponderá la elaboración de reportes y registros de datos en materia criminal que permita el intercambio de información entre dependencias, que establezca medidas de prevención de delitos.
Además de la coordinación con estados y municipios en materia de seguridad, la dependencia podrá reforzar la atención en aquellos municipios que presenten “situaciones de violencia y riesgo inminente”, según lo aprobado.
El diseño de lineamientos y la puesta en marcha de academias e instituciones para lograr el desarrollo y profesionalización de los policías será otra de las facultades que tendrá la dependencia.
Asimismo, le corresponderá supervisar el "desempeño honesto" de la Policía Federal a fin de garantizar la integridad de las personas, así como la prevención de la comisión de delitos federales.
La administración del sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes también recaerá sobre la nueva dependencia. También tendrá a su cargo la dirección de actividades de reinserción social y la supervisión de la libertad condicional, entre otros beneficios.
Otro aspecto en el que tendrá participación será el traslado de personas sentenciadas en términos de los tratados de extradición vigentes.
La ejecución de las acciones de recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre se pasó a la nueva dependencia (antes esto le correspondía a la Secretaría de Gobernación).
Para llevar a cabo estas tareas, que deberán enmarcarse dentro de un Sistema Nacional de Protección Civil, deberá colaborar con instituciones y organismos de los sectores privado y social.
El Centro Nacional de Inteligencia buscará preservar la cohesión social y fortalecer a las instituciones de gobierno.
Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría cuenta con las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados siguientes:
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