La Secretaría de la Función Pública es una de las secretarías de estado que integran el denominado gabinete legal del Presidente de México. Es el despacho del poder ejecutivo federal con funciones de Contraloría.
Es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental. Lo anterior incluye inspeccionar el uso del gasto público; expedir las normas y procesos para el control y vigilancia del desempeño de los funcionarios públicos; colaborar en todo momento con la Auditoría Superior de la Federación y el Comité del Sistema Nacional Anticorrupción para el cumplimiento de sus respectivos trabajos; vigilar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos gubernamentales de todas las áreas de la Administración Pública Federal; organizar el desarrollo administrativo íntegro del personal de gobierno; entre otras.
Para llevar a cabo dichas funciones la Secretaría de la Función Pública cuenta con las siguientes unidades:
Desde su creación en 1983 con la denominación de Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la secretaría ha tenido los siguientes cambios de denominación:
La Secretaría de la Función Pública inició en 2012 un proceso de desaparición impulsado por las propuestas de campaña y primeros actos de gobierno del presidente Peña Nieto. Ello de conformidad con el segundo artículo transitorio del Decreto por el que se modifican los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Como resultado, la SFP fue disuelta en 2013, siendo derogada (artículo 37) en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el 2 de enero de 2013.
No obstante, el Congreso de la Unión decidió no aprobar las propuestas del Ejecutivo, de tal suerte que la propuesta quedó en vilo y, durante más de dos años, las funciones de la SFP fueron desenvueltas a título de despacho y sin el rigor de una Secretaría de Estado.
El 3 de febrero de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció el nombramiento de Virgilio Andrade como nuevo secretario de la SFP, lo cual inmediatamente rehabilitó la secretaría en sus funciones originales. Tal decisión responde a una serie de escándalos sobre corrupción enfocados, lo cual originó la creación del nuevo Sistema Nacional Anti-corrupción.
El Servicio Profesional de carrera, que significó la apertura de las convocatorias a la ciudadanía, fue establecido mediante decreto presidencial del día 11 de julio de 2005; así, se establecieron perfiles, requisitos, funciones, deberes, obligaciones, tabuladores de percepción económica, prestaciones, etcétera, para los aspirantes a trabajar para el gobierno.
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