Segundo gobierno de Óscar R. Benavides

El segundo gobierno de Óscar R. Benavides en el Perú se inició el 30 de abril de 1933 y culminó el 8 de diciembre de 1939. Fue un gobierno de carácter dictatorial, nacido en momentos en que el país atravesaba una crisis interna, motivada por el enfrentamiento entre el gobierno y los apristas; y enfrentaba un conflicto internacional con la vecina república de Colombia, panorama que se había agravado aún más con el asesinato del presidente Luis Sánchez Cerro.

Benavides fue elegido por el Congreso Constituyente, para que completara el periodo del presidente fallecido. Elección que no se sujetó a la Constitución, pero que se hizo invocando la situación de emergencia. Sin embargo, tras anular las elecciones generales de 1936, Benavides prorrogó su gobierno por tres años más, hasta 1939, cuando finalmente cedió el mando a Manuel Prado Ugarteche, elegido en unas cuestionadas elecciones.

Benavides gobernó bajo el lema de «orden, paz y trabajo», contando con el respaldo del ejército y de la oligarquía. Hechos importantes de este gobierno fueron el arreglo de paz con Colombia, la represión a los apristas y comunistas, la dación de leyes a favor de la clase trabajadora y la mejora de la situación económica y financiera, que le permitió hacer numerosas obras públicas.

Luis M. Sánchez - Cerro, fue elegido presidente del Perú el 8 de diciembre de 1931. Su principal oponente en las elecciones realizadas en octubre de ese mismo año, fue el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, quien el mismo día que se anunciaron los resultados pronunció un discurso manifestando su descontento hacia el proceso electoral, que, según él, había sido claramente manipulado. Desde ese momento, inició una relación tensa y conflictiva entre el presidente Sánchez - Cerro y el partido aprista peruano. Esta relación se manifestó de principio en el congreso, como una oposición férrea.

Pero progresivamente se fue convirtiendo en un enfrentamiento directo y violento. El cual inició con un atentado contra el presidente en la Iglesia Matriz de Miraflores en marzo de 1932, teniendo su punto más álgido en la Revolución de Trujillo (1932), realizada por obreros, campesinos y estudiantes de esa ciudad norteña. En la cual murieron aproximadamente cinco mil civiles fusilados extrajudicialmente. Este violento episodio anticiparía último tramo del gobierno de Sánchez - Cerro. El presidente sería asesinado por un militante de filiación aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva el 30 de abril de 1933.

Ello provocaría un escenario de considerable inestabilidad nacional, debido a la ausencia de una autoridad pero también debido a un posible conflicto con Colombia. Es así, que las autoridades deciden convocar de manera inmediata una reunión extraordinaria del Congreso para que se decidiera la elección del nuevo Presidente.

En 1932 durante el gobierno de Luis M. Sánchez Cerro el prefecto de Iquitos, Jesús Ugarte, le escribió al presidente informando que un grupo de peruanos había tomado Leticia, el poblado que se encontraba en el trapecio cedido por Augusto B. Leguía a Colombia en el Tratado Salomón - Lozano de 1922. La toma tuvo apoyo cívico y militar por ser considerada una medida legítima por parte de la población. Ante esta situación la reacción de Sánchez Cerro fue desligarse del hecho diciendo que los invasores eran agitadores pro comunistas, enemigos del gobierno y que se uniría al gobierno colombiano para desalojarlos. Sin embargo, esta posición tomada por el gobierno no duraría mucho, pues el presidente se vería en la obligación de cambiar de opinión a raíz del apoyo loretano y del soporte político de quienes demandaban una renegociación del tratado de 1922.

El gobierno sin tener argumentos sólidos legales expresó que la ocupación fue motivada por aspiraciones patrióticas y que era inmoral abandonar a esos ciudadanos a las fuerzas colombianas por lo cual se rehusó a retirar a sus fuerzas antes que la frontera fuera modificada. A pesar de ello, sí reconoció el tratado de 1922. Ante esto Colombia rompió relaciones diplomáticas en 1933, estallando un conflicto militar por el [[Incidente de Leticia], donde ocurren varios choques armados entre ambas naciones, destacándose combates como el Combate de Tarapacá (1933) y el Combate de Güepí, entonces Perú solicitó a la Liga de las Naciones su intervención, por ello la disputa se puso en la agenda del Consejo de la Liga para buscar una solución al problema. El Perú nombró al general Benavides comandante en jefe de las fuerzas armadas, considerándolo el más idóneo para colaborar con la solución de este problema que termina con la firma del Protocolo de Río de Janeiro (1934).

Se caracterizó por la búsqueda de dos objetivos claves: lograr una mejora en el nivel económico por medio de reformas re-distributivas y re-establecer el orden interno por medio de una actitud cauta políticamente. En este periodo se presentaron diversos episodios de inestabilidad provocados por los constantes enfrentamientos entre apristas, el gobierno y otros grupos políticos.

La elección del Presidente, sería decidida por el Congreso, quien realizó la votación ese mismo día. Esta se distribuyó de la siguiente manera de un total de 88 votos, 81 votos fueron para Oscar R. Benavides, 4 votos fueron para Manuel Bustamante de la Fuente, 1 voto para Víctor Raúl Haya de la Torre y un voto fue viciado.

Es así, como Oscar R. Benavides fue designado como presidente constitucional en lugar de Luis M. Sánchez – Cerro, hasta que concluyera el periodo de este en 1936. Es cierto que su elección como presidente no se sujetaba a la Constitución, pues esta estipulaba que no podían ser elegidos para la suprema magistratura los militares en actividad. Sin embargo, se invocó la situación excepcional en que se hallaba la República, que no sólo enfrentaba una guerra exterior (con Colombia), sino que en su interior sufría la amenaza de una guerra civil, a consecuencia de los enfrentamientos entre apristas y urristas (miembros del partido del presidente Sánchez Cerro).

Benavides era ya una figura muy conocida en la política peruana, habiendo sido sucesivamente Presidente de la Junta de Gobierno y Presidente Provisorio en lo que fuera su primer gobierno (1914-1915), también por elección del Congreso. Como militar, se había destacado en el conflicto de La Pedrera de 1911 (en la frontera con Colombia).

El eje principal de la política de Oscar R. Benavides, sería asegurar el orden interno y solucionar el conflicto con Colombia.

Benavides suscribió la Constitución de 1933, que reemplazó a la de 1920. Esta nueva Constitución mantendrá su vigencia hasta 1979. Su primer gabinete ministerial, presidido por José Matías Manzanilla (que también fuera jefe del gabinete del presidente anterior), juró el 5 de mayo de 1933. Lo integran los ministros del anterior gabinete sanchecerrista: Julio Chávez Cabello (Gobierno y Policía), Wenceslao Delgado (Justicia e Instrucción), Ignacio A. Brandariz (Hacienda), el coronel Antonio Beingolea Balarezo (Guerra); más dos cambios: Pablo Ernesto Sánchez Cerro, hermano del presidente asesinado (Fomento) y Luis A. Flores (Marina y Aviación). Con este gabinete se daba a entender que se mantendría la política del anterior mandatario.

Las prioridades de Benavides al comenzar su gobierno fueron buscar el fin del conflicto con Colombia, calmar la agitación política interna y superar la crisis económica.

Benavides encaró el problema con Colombia de manera franca. El recién electo presidente colombiano, Alfonso López Pumarejo (amigo de Benavides desde los días en que ambos coincidieron en Londres desempeñando funciones diplomáticas), viajó hasta Lima para entrevistarse con el presidente peruano. Finalmente, se llegó a un acuerdo de paz en mayo de 1934.

Los problemas internos, originados por la tenaz campaña opositora de los seguidores de ideologías populistas o socialistas (apristas y socialistas), serían los más complicados de resolver.

Los problemas internos, originados por la tenaz campaña opositora de los seguidores de ideologías populistas o socialistas (apristas o socialistas), serían los más complicados de resolver.

Benavides comenzó distanciándose de los sanchecerristas más conspicuos, entre ellos Luis A. Flores, el líder de la Unión Revolucionaria, que pasó a la oposición. Tras la dimisión del gabinete Manzanilla, Jorge Prado Ugarteche asumió la Presidencia del Consejo de Ministros, el 29 de junio de 1933. Prado dio a conocer, ante el Congreso Constituyente, un programa llamado de «apaciguamiento y concordia», obteniendo abrumador voto de confianza. El 9 de agosto de 1933 se expidió una ley de amnistía, por la cual se amnistiaba a todas aquellas personas a las que se les seguía juicio político y se permitía el retorno de los deportados. Fue así como Haya de la Torre, el líder del APRA, fue puesto en libertad y retornaron los desterrados apristas. Pero no duraría mucho esta apertura. Poco después el gabinete Prado dimitió y el 25 de noviembre le sucedió el presidido por José de la Riva Agüero y Osma, quien reinició la política de mano dura contra el APRA. En mayo del año siguiente, Riva Agüero, que también ejercía como ministro de Justicia, Culto e Instrucción, renunció por negarse a firmar la ley que aprobaba el divorcio de mutuo disenso, pues ello atentaba contra su fe católica.

En noviembre de 1934, se realizaron una serie de levantamientos en el centro del país liderados por militantes apristas. Ello debido a que no se realizaron las elecciones para el parlamento prometidas por el gobierno debido al cierre inconstitucional del Congreso y a la exclusión de legisladores apristas que habían sido elegidos democraticamente en 1932. Esta era una demanda de la clase política en general, que era aplazada constantemente por el presidente quien constantemente aducía que no era el momento indicado pues no se había alcanzado el "orden" interno necesario. Los levantamientos se centraron en Huancavelica, Ayacucho y Huancayo.

Este hecho provocó que el 25 de diciembre de 1934 asumiera el cargo de presidente del gabinete Carlos Arenas y Loayza y que los principales líderes apristas incluyendo Víctor Raúl Haya de la Torre fueran perseguidos políticos y pasaran a la clandestinidad.

El 15 de mayo de 1935 ocurrió el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miró Quesada de la Guerra, y el de su esposa María Laos, a manos de Carlos Steer Lafont, por el acto aislado de un joven de 19 años, integrante de la Falange Aprista Juvenil. Antonio Miro Quesada había manifestado su constante oposición al APRA desde este diario. Las consecuencias de este suceso fueron: en primer lugar, la reanimación del discurso contra el APRA por parte del gobierno, al considerarlo un grupo violento y el cambio del ministro Carlos Arenas y Loayza por el general Manuel Rodríguez.

El gobierno mantuvo la proscripción del APRA, aduciendo que era un partido internacional, lo que, según la Constitución de 1933, lo inhabilitaba para actuar. Por esa misma razón se reprimió al Partido Comunista, aunque los militantes de éste eran todavía una minoría, comparado con las masas que movilizaban los apristas Las cárceles se llenaron de presos políticos, apristas y comunistas. Una novela del escritor indigenista José María Arguedas, El Sexto, está ambientada en dicha época.

Al acercarse el fin de su período presidencial, programado para 1936, el presidente Benavides anunció su intención de convocar a elecciones generales para 1936. Con el fin de dar una apariencia de imparcialidad, decidió formar un nuevo gabinete conformado por personalidades ajenas a toda bandería e interés político. La presidencia del Consejo de Ministros fue confiada al general Manuel E. Rodríguez, quien juramentó el 21 de mayo de 1935. Durante este período se crearon los ministerios de Educación y de Salud Pública. El 13 de abril de 1936, el coronel Ernesto Montagne Markholz (que era ministro de Educación) reemplazó a Rodríguez en la jefatura del gabinete.

Para las elecciones de 1936, se perfilaba como candidato de arrastre popular el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, pese a estar en la clandestinidad. Pero faltando veinte días para los comicios, el Jurado electoral tachó la inscripción de Haya, por considerar que su partido era una organización internacional, y como tal, inhabilitada constitucionalmente. Como candidatos se presentaron: Manuel Vicente Villarán, apoyado por algunos miembros del gobierno, como José de la Riva Agüero; Luis A. Flores, jefe de la Unión Revolucionaria, de tendencia fascista y acérrimo opositor del gobierno; el doctor Luis Antonio Eguiguren, notable jurista, expresidente del Congreso Constituyente; y Jorge Prado Ugarteche, exministro del gobierno, al que apoyaban partidos menores.

Aparentemente, era Jorge Prado quien gozaba de la simpatía oficialista. Pero el gobierno veía también con buenos ojos la candidatura de Villarán. Por su parte, el aprismo ofreció su apoyo a Luis Antonio Eguiguren, quien se perfiló así como seguro triunfador, al ser aquel un partido de masas. Al realizarse los escrutinios, la tendencia favorecía, efectivamente, a Eguiguren, por lo que el Jurado electoral decidió suspender el conteo, bajo el absurdo argumento de que los votos de dicho candidato provenían de un partido internacional (como si tuviera el poder de discernir la procedencia de los votos, que eran secretos). Al momento de esta suspensión, así iban las cifras:

El Jurado electoral trasladó el problema al Congreso, el cual, convocado extraordinariamente por el Poder Ejecutivo, anuló las elecciones y prorrogó por tres años más el mandato de Benavides, es decir, hasta 1939, y por añadidura le otorgó la facultad de legislar (pues el Congreso, instalado el 8 de diciembre de 1931 como Constituyente, culminaba también su periodo el 8 de diciembre de 1936).

Esta primera etapa claramente se desarrolló con marcados rasgos de inestabilidad y episodios de crisis. La máxima manifestación de ello, fueron los constantes cambios de ministros, que al finalizar este periodo fueron en total siete: José Matías Manzanilla (abril 1933- junio 1933), Jorge Prado Ugarteche (junio 1933- noviembre 1933), José de la Riva Agüero (noviembre 1933- mayo 1934), Alberto Rey de Castro (mayo 1934- diciembre 1934), Carlos Arenas y Loayza (diciembre 1934- mayo 1935), General Manuel Rodríguez (mayo 1935- abril 1936) y el Coronel Ernesto Montagne (a partir de abril de 1936). Por el contrario, esta inestabilidad de la primera etapa, no se presentaría en la segunda y ello se manifestaría en que solo se daría un cambio de ministro.

Esta etapa tiene cuatro características fundamentales:

Benavides, en esta segunda etapa de su gobierno, continuó las líneas fundamentales de su administración, pero se hizo notorio el hastío de la población. Continuó como presidente del Consejo de Ministros el coronel Ernesto Montagne Markholz.

Mediante la Ley N° 8463, se le concedieron facultades legislativas al Poder Ejecutivo, lo cual provocó que desde el 8 de diciembre de 1936 hasta 1939 no exigieran divisiones claras y concisas entre los poderes del Estado; al carecer de un congreso que fiscalizara y controlara las acciones del ejecutivo. Es esta característica la que ha generado que muchos autores decidan considerar este segundo periodo como una etapa autoritaria. Si bien es cierto esta fue una característica del gobierno de Benavides desde un principio, fue en este periodo que se acentuó más este rasgo.

No solo se mantuvo la persecución contra los apristas y comunistas, sino que se enfiló la represión hacia Luis A. Flores y otros líderes del urrismo, que fueron deportados. En febrero de 1937 fue asesinado el líder obrero aprista Manuel Arévalo, aduciéndose que había intentado fugar mientras era conducido preso a Lima, hecho que conmocionó a la clase trabajadora y a la opinión pública en general.

Por entonces, los líderes apristas, convencidos de que era imposible llegar al poder mediante una revolución popular, adoptaron otra táctica: decidieron captar a los miembros de las fuerzas armadas con el fin de usarlos como instrumentos para sus fines. Uno de los que cayeron en la red aprista fue el general Antonio Rodríguez Ramírez, ministro de Gobierno y segundo vicepresidente, uno de los hombres de confianza de Benavides. Rodríguez quedó convencido de que era el hombre providencial para salvar al país de la dictadura y organizó un golpe de estado, en complicidad del general Cirilo Ortega. Haya de la Torre le prometió el apoyo total del “pueblo aprista” una vez que iniciara el movimiento.

El domingo 19 de febrero de 1939 fue el día señalado para el golpe de estado, aprovechando que Benavides se hallaba de excursión hacia el puerto de Pisco, con motivo de los carnavales.^[2] Acompañaban al presidente en ese viaje un grupo reducido de sus colaboradores, entre ellos los ministros Carlos Concha Cárdenas, Diómedes Arias Schreiber, Héctor Boza y el capitán de navío Roque A. Saldías.

En la madrugada de ese día, Rodríguez se sublevó con algunos subalternos y ocupó el Palacio de Gobierno sin encontrar resistencia alguna. Acto seguido, anunció por Radio Nacional y envió a los diarios para su publicación el consabido Manifiesto a la Nación, pero ninguno de ellos lo publicó. Un piquete de la Guardia Republicana, confabulado con los rebeldes, fue enviado a la Penitenciaría de Lima, para que liberara a los presos políticos (la mayoría aprista).

Sin embargo, la intentona golpista culminaría de manera sorpresiva a las pocas horas. Los rebeldes cometieron el error de no comprometer a su favor a los destacamentos que custodiaban Palacio, cuyos jefes se vieron sorprendidos por los hechos; decidieron finalmente permanecer fieles a Benavides. El mayor de la Guardia Civil del Perú Luis Rizo Patrón Lembcke, primer jefe del Batallón de Asalto de la Guardia Civil, se puso de acuerdo con el capitán GC Alejandro Ismodes Romero, primer comandante de la Compañía de Ametralladoras de Palacio (emplazadas en las azoteas de Palacio), para debelar el movimiento. La hora fijada fue a las 8 de la mañana, en momentos en que se izaba la bandera en el patio de Palacio y se tocaba la Marcha de Banderas. Acordaron que la señal la daría Ismodes, la cual sería unas ráfagas de ametralladora disparada desde lo alto de Palacio. Llegada la hora y ante la señal convenida, Rizo Patrón avanzó sobre Palacio de Gobierno y apuntando con un mosquetón a Rodríguez, le intimó por tres veces a que se rindiera. Rodríguez increpó a Rizo Patrón de manera temeraria, recibiendo entonces una descarga, que lo dejó muerto en el acto. Cayeron además un alférez y un guardia del Batallón de Asalto. Los demás oficiales comprometidos con el golpe no atinaron a hacer nada y fueron detenidos.

La rebelión, que había contado al parecer con gran apoyo de diversos sectores, fracasó debido fundamentalmente a que los rebeldes no lograron comprometer a muchas de las unidades fundamentales del Ejército ni a jefes importantes. Tampoco hubo apoyo popular. El “pueblo aprista” no se hizo presente.

Enterado por vía cablegráfica de la intentona golpista, Benavides regresó de Pisco por vía terrestre y llegó a Lima seguido de una caravana de automóviles. Se había salvado esta vez, pero comprendió muy bien que era contraproducente mantenerse en el poder. En reemplazo de Rodríguez fue nombrado como nuevo ministro de Gobierno Diomedes Arias Schreiber.

El 25 de marzo de 1939, Benavides dirigió un mensaje a la Nación en el cual expresó la situación actual del país y convocó a un plebiscito para el mes de junio, el cual buscaba la aprobación de una serie de reformas que otorgarían más facultades al poder ejecutivo. Para el presidente era fundamental restablecer el “derecho a veto del presidente”, el cual le daba la potestad al mandatario de observar una ley aprobada por el presidente y había sido anulado en la Constitución de 1933.

En este plebiscito se aprobaron importantes reformas constitucionales, como la ampliación del período presidencial de 5 a 6 años, el restablecimiento de los dos vicepresidentes y la disminución de las facultades legislativas del Congreso en materia económica que se restringieron solo a aprobar o rechazar las diferentes medidas tomadas por el poder ejecutivo.

El 20 de abril de 1939, tras la renuncia de Montagne, asumió como nuevo jefe del gabinete el ministro de Hacienda Manuel Ugarteche, con quien concluyó el gobierno de Benavides. En este nuevo gabinete que se formó solo dos de sus integrantes eran de las Fuerzas Armadas, ello manifiesta la desconfianza que Benavides adquirió después de lo sucedido con Antonio Rodríguez.

Viendo que el panorama le era adverso, Benavides decidió convocar a elecciones y hacer el traspaso de poder. Pero antes convocó a un plebiscito, que se realizó el 18 de junio de 1939, y por el cual se aprobaron importantes reformas constitucionales, como la ampliación del período presidencial de 5 a 6 años, el restablecimiento de los dos vicepresidentes y la disminución de las facultades legislativas del Congreso en materia económica. Su intención era robustecer el Poder Ejecutivo en desmedro del Legislativo.

Para las elecciones generales de 1939, Benavides apoyó la candidatura presidencial de Manuel Prado Ugarteche, hijo del presidente Mariano Ignacio Prado y que por entonces ejercía la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú. Contra esta candidatura oficial, se alzó la de José Quesada Larrea, joven abogado, natural de Trujillo, quien para su campaña adquirió el diario La Prensa, desde donde se peleó por la libertad electoral, ante el propósito evidente del gobierno de manipular los resultados.

El partido aprista, que era el más importante del país, continuaba proscrito por ley. Otra importante fuerza política, la Unión Revolucionaria, quedó también anulada al estar desterrado su líder, Luis A. Flores. Ante la coyuntura electoral, tanto Prado como Quesada solicitaron el apoyo de los apristas, pero estos decidieron no tomar partido. Hechos los escrutinios, Manuel Prado resultó vencedor, con enorme ventaja. Se habló de fraude masivo; se dice que manos inescrupulosas cambiaron las ánforas y que treinta años después, se hallaron estas en una finca limeña, llenas con los votos de Quesada.^[2]

En momentos en que los organismos electorales verificaban los resultados, ocurrió en Trujillo un crimen horrendo. El 19 de noviembre de 1939, el teniente coronel Segundo Remigio Morales Bermúdez, comandante de armas de la guarnición de Trujillo y primer jefe del batallón de Infantería N.º 19, fue asesinado a mansalva en su domicilio, hecho que se achacó a militantes apristas. Una corte marcial juzgó a trece acusados, dos de los cuales, Tomás Solano Bocanegra y Gregorio Zavaleta Díaz, fueron condenados a muerte, pena que se cumplió el 3 de diciembre del mismo año. Los demás fueron sentenciados a penas de prisión.

Remigio Morales Bermúdez era nieto del militar del mismo nombre, que fuera presidente del Perú entre 1890 y 1894; fue además padre de Francisco Morales Bermúdez, que llegó a ser también militar y Presidente del Perú, entre 1975 y 1980.

El 8 de diciembre de 1939 Benavides entregó el mando a Manuel Prado. El 19 de diciembre del mismo año, Prado honró a Benavides con el título de Mariscal.

Fue uno de los principales ejes de la política durante el gobierno de Benavides, los objetivos en este espacio se plantearon con respecto a la regulación y estabilización de la economía.

La primera medida adoptada por el gobierno de Benavides fue, establecer criterios básicos para organizar y tecnificar los servicios fiscales. Es por ello, que se crearon las Intendencias Generales de Hacienda, se organizaron las Direcciones de Presupuesto y Bienes Nacionales. Progresivamente se fueron alcanzando las metas trazadas e incluso se adquirieron nuevos compromisos.

El pago de la deuda había sido suspendido por medio de un decreto de ley N° 7193, el 29 de mayo de 1931. Benavides era consciente que era crucial solucionar ese desbalance fiscal para poder alcanzar los objetivos planteados en materia económica. Por ello, decidió iniciar un plan de reconocimiento de acreedores con el apoyo del director del Tesoro Público. Estos acreedores debían presentar documentos que corroboren sus préstamos y así iniciar el proceso de pago.

Benavides reconoció que el proceso de adquisición de créditos había sido considerablemente desorganizado y, en algunos casos, se había llevado a cabo bajo condiciones inaceptables. Sin embargo, reconocía la importancia de restablecer el cumplimiento de estas obligaciones económicas. Así se iniciaron las negociaciones con diversos acreedores, entre los cuales se encontraban The Baring Brothers C° y Henry Schroeder C°, United Aircraft y The Electric Boat Co.:v

Durante el gobierno de Benavides se adoptó una política conciliadora respecto al conflicto con Colombia. El presidente no consideraba que la disputa debía conllevar a una guerra por lo que aceptó la formación de una comisión mixta propuesta por la Liga de las naciones para que ocupará Leticia en nombre de Colombia. Perú y Colombia comenzaron negociaciones en Río de Janeiro para resolver los problemas en 1933 bajo la mediación de Afranio de Melo Franco. La delegación peruana propuso 2 soluciones: la primera, fue recuperar la parte baja del Trapecio de Leticia al concederle compensaciones territoriales a Colombia en el Alto Putumayo, pero Colombia lo rechazó. Por consiguiente, la delegación del Perú pidió que ello se decida por arbitraje.

Colombia propuso enviar el pedido a la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya. Sin embargo, no se concretó ningún arreglo. Por ello, Perú decidió establecer una solución que evite la posibilidad de una modificación posterior de la frontera. Finalmente, ambos países aceptaron la propuesta de Melo Franco, la cual se constituiría en Río de Janeiro en abril de 1934 ella reivindicó la posición colombiana y se acordó que el tratado Salomón - Lozano no fuese alterado excepto por mutuo consentimiento o arbitraje internacional.

Asimismo, Perú decidió pedir disculpas por haber ocupado Leticia, restableciendo nuevamente relaciones diplomáticas con Colombia. Por último, en junio de 1938 la comisión mixta creada con fines específicos se disolvió porque ya había cumplido su propósito: llegar a acuerdos sobre los temas de libre navegación, regulaciones aduaneras y tránsito fronterizo.

El gobierno de Oscar R. Benavides mantuvo negociaciones tanto con el gobierno del norte, Ecuador y con el gobierno del sur, Chile. Las discusiones con Ecuador consistieron en que se sintieron afectados en la disputa con Colombia por temas territoriales (hay que recordar las controversias limítrofes que tuvieron y firmaron el tratado con Colombia en 1922) y manifestaron que seguirían siendo una nación amazónica; por ello los invitaron a Lima para negociar, sin embargo, no se llevó a cabo nada. En 1936 llevaron la disputa a Washington para un arbitraje de jure, mas no total por parte de los Estados Unidos.

De la misma manera se negoció con Chile y acordaron erigir un monumento simbólico en el morro de Arica para conmemorar su amistad. En 1933 concluyeron dos acuerdos adicionales: el primero, que Chile le entregue a Tacna 2.5 millones de pesos chilenos en materiales de construcción para cumplir con los requisitos del acuerdo de 1929 que tuvieron relación con la infraestructura portuaria en la bahía de Arica, pero los peruanos no recibieron bien el acuerdo y Benavides lo retiró del congreso. Luego se estableció un tratado de comercio, el tratado Polo-Rivas Vicuña que fue modificado por el protocolo Concha-Subercaseaux que consistió en regular los bienes entre ambos países.

Por otro lado, Perú en 1936 firmó con Bolivia un pacto de no agresión que prohibió la intervención en los asuntos internos o externos de las partes. Asimismo, cabe mencionar que hacia finales de la década se modificaron las leyes que regían la adquisición de azúcar extranjera y asignaron al Perú una cuota de importación mayor. Además, el gobierno adoptó una política muy anti japonesa, restringió la inmigración y la actividad empresarial.

En junio de 1935 el Perú se suscribió junto con Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y Uruguay al protocolo de Suspensión de Hostilidades a raíz de la Guerra del Chaco que fue entre Bolivia y Paraguay.

Un hecho importante sucedió en abril de 1939 cuando el Perú decide salir de la Liga de las Naciones.

La Asamblea fue el 9 de diciembre de 1938 en Lima. Se discutió acerca de la creación de la Corte Interamericana de Justicia, la codificación del Derecho Internacional Americano, la eliminación de las restricciones y limitaciones al comercio internacional y la cooperación intelectual y técnica del hemisferio. Durante esta conferencia se contó con la asistencia de las delegaciones de todos los Estados de Latinoamérica. Producto de ella, el 24 de diciembre fue aprobada la Declaración de Lima, por medio de la cual se reafirmó la solidaridad continental y se limitaron los mecanismos de consulta. Asimismo, se aprobó la Declaración de Principios Americanos que trataba del respeto del Derecho y de la obediencia de los Tratados.

El presidente Benavides preparó al país frente a los futuros efectos de la guerra. Por ello se promulgó la ley N° 8951 que reunía las medidas distribuidas para evitar alteraciones en la vida normal económica del Perú, asimismo pretendía castigar a los que se aprovecharan del contexto. De esa manera se prohibió aumentar precios de productos de necesidad básica, de los productos hechos en Perú, de los materiales de construcción; la reducción de sueldos y jornales y el despido de obreros; la paralización de las obras y actividades comerciales e industriales y la exportación de artículos de necesidad básica.

El gobierno se declaró neutral frente a la guerra.

Gran impulso de obras públicas: edificios de ministerios, escuelas, irrigaciones y especialmente carreteras.