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Servicio Nacional del Adulto Mayor



El Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) es un servicio público chileno, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio con domicilio en Santiago, que se relaciona con el presidente de la República por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuya misión es velar por la plena integración del adulto mayor a la sociedad, su protección ante el abandono e indigencia, y el ejercicio de los derechos que la Constitución de la República y las leyes le reconocen. Fue creado mediante la ley 19828, de 27 de septiembre de 2002.[2]​ A partir del 31 de julio de 2006 el Senama se encuentra afiliado a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.[3]

La administración y dirección superior del Servicio corresponden al Director Nacional, quien es el Jefe del Servicio y tiene su representación judicial y extrajudicial. Es un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República.

El Director Nacional cuenta con la asesoría del Comité Consultivo del Adulto Mayor, presidido por el Director, que tiene por objeto asesorarlo en todo lo relativo a las acciones, planes y programas del Servicio sometidos a su consideración, realizar las sugerencias que estime convenientes, formular las observaciones y proposiciones que considere necesarias y, en general, dar su opinión acerca de las materias en que se solicite su colaboración.[4]

Existe un fondo concursable de financiamiento de iniciativas de apoyo directo al adulto mayor, administrado por el Servicio, que es provisto con las donaciones y legados en dinero que para él acepte el Servicio y con los recursos que anualmente le asigne la Ley de presupuestos. El Servicio debe poner dichos recursos a disposición de cada una de las regiones a través de sus comités regionales, a los cuales se les transfiere directamente estos fondos, los que se asignan a organizaciones de adultos mayores o a aquellas que trabajen con éstos y que postulen proyectos. La transferencia de fondos a cada región se sujeta a criterios de objetividad, tales como concentración de población adulta mayor, índices de pobreza y carencia de la población total, así como del grupo etario adulto mayor y/o nivel de asociatividad de adultos mayores a nivel regional.



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