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Servicio de Impuestos Internos de Chile



El Servicio de Impuestos Internos (conocido también por su sigla SII) es el servicio público que tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos de Chile (es decir, quedan excluidos los impuestos externos, como por ejemplo típicamente los aranceles) fiscales, o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado a un organismo distinto. El ámbito de su competencia delimita, a su vez, el ámbito de aplicación de la normativa tributaria chilena.

Este servicio depende del Ministerio de Hacienda. Posee una dirección regional en cada región del país y cinco en la Región Metropolitana de Santiago, una Dirección de Grandes Contribuyentes y la respectiva Dirección Nacional. Posee 51 Unidades dependientes de las Dirección Regionales. Actualmente cuenta con dos asociaciones Gremiales: ANEIICH (Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile) y AFIICH (Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile).

Actualmente cuenta con 4.880 funcionarios.[2]

Sus orígenes están en la Ley N.º 1.515 del 18 de enero de 1902, promulgado por Germán Riesco. Dicha ley establece el impuesto a la producción de alcoholes y la institución para su recolección y fiscalización: la Administración de los Impuestos sobre Alcoholes con su primer director el ingeniero Julio Cousin Daumiere.[3]

Posteriormente se van agregando nuevos impuestos (al tabaco y las barajas) y otros tributos lo cual hace que se amplíen sus atribuciones y cambia el nombre a Dirección General de Impuestos (1912-1916) y luego a Dirección General de Impuestos Internos (1916).

A mediados de los años 60 toma su actual nombre: Servicio de Impuestos Internos.

Durante el período del director Etcheberry (1990-2002), comenzó un proceso de modernización del servicio. Una de las iniciativas más notorias fue la oficina virtual por Internet, que incluía la posibilidad de hacer declaración de impuesto a la renta, siendo uno de los primeros del mundo[cita requerida] y por varios años el sitio web del Estado chileno con más visitas.[4]

De hecho, en 1999, se registraron declaraciones de renta por internet, lo que representaba el 5,2% del total. Esta modalidad ganó importancia y al 2005, eran el 96,3% del total.[5]

En términos muy generales, se puede señalar que posee facultades administrativas y judiciales:

La crítica más común por académicos y empresariales que se hacía contra la normativa que regulaba al SII, es que le otorga al mismo tiempo facultades administrativas y judiciales, y la facultad de aplicar los impuestos. Es decir, el Servicio actuaría como juez y parte, ya que primero aplicaba el impuesto contra el contribuyente (parte) y después resolvía las reclamaciones que el contribuyente hacía (juez).[6]

Esto se considera una flagrante violación al principio de la imparcialidad de los tribunales de justicia, y por lo tanto, se estima que esta normativa atenta contra el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, que garantiza a todas las personas el derecho a un debido proceso.

La respuesta a esta crítica se dio por la ley N°20.322, que creó los Tribunales Tributarios y Aduaneros.[7]

El año 2012 el organismo condonó 125 millones de dólares a la empresa de retail Johnson's por concepto de multas e intereses.

El año 2013 Julio Pereira entonces Director del SII declaró ante la Contraloría General de la República, que investigó su posible intervención en la condonación de intereses y multas a Johnson's. Fue cuestionado -por conflicto de interés- en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Un desconocido vínculo comercial entre el director del SII y Cencosud (empresa dueña de Johnson's) originó su desvinculación con el Servicio junto a la de Mario Vila, subdirector jurídico de la institución.

En el año 2014 la Fiscalía presentó acusación contra contadores y funcionarios del SII por fraude, dónde se investigó a 8 personas imputadas por el desfalco afectó al Servicio de Impuestos Internos y cuyo monto supera los $2.700 millones a quienes se les atribuye su responsabilidad en los delitos de soborno y fraude tributario por supuestamente contactar a contribuyentes y realizar operaciones que simulaban pérdidas tributarias para obtener devoluciones de manera ilícita.

El año 2015 el entonces nuevo director del SII Michel Jorrat, nombrado por Michelle Bachelet, se fue increpado por demoras injustificadas en la presentación de querellas penales en contra de los políticos involucrados de los casos Penta y SQM. Este hecho repercutió en la renuncia de Jorrat aln cargo, así como también la desvinculación de Cristián Vargas, subdirector jurídico del SII ese mismo año.

El año 2017 el Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Iván Eduardo Álvarez Díaz, exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), a la pena única de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva. La condena sindica a Álvarez como autor de los delitos reiterados y consumados de cohecho pasivo, lavado de dinero y devoluciones de impuestos improcedentes. Los ilícitos se cometieron en Santiago entre junio de 2007 y diciembre de 2012 relacionados con el caso FUT.

En marzo de 2017 Michel Jorratt, exdirector del SII, develó presiones para obstaculizar el caso SQM provenientes desde el Gobierno de Michelle Bachelet. Una de las declaraciones de Michel Jorratt causó mucha controversia, debido a que este acusó al Gobierno de haberlo presionado para “enterrar” el caso SQM, en particular al exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo: “Me estaban pidiendo desde el Ministerio del Interior que el caso SQM se enterrara, que no nos siguiéramos metiendo con ellos, que ojalá nosotros nos lleváramos la documentación antes que el Ministerio Público", sostuvo en Informe Especial programa de televisión de TVN.

En el año 2018 se produjo una polémica por el proyecto de Modernización Tributaria impulsado por el Ministerio de Hacienda donde el nuevo director del SII Fernando Barraza defendió una supuesta recaudación de US$1000 millones por la emisión de boletas electrónicas, cuyo monto fue cuestionado por los gremios de fiscalizadores del SII, quienes la estimaron en apenas US$162 millones.

En mayo de 2019 un reportaje de televisión de Informe Especial de TVN, develó que muchas propiedades millonarias, evitaban pagar las contribuciones que les corresponden, haciendo pasar los sitios construidos por “sitios eriazos” o “agrícolas”. En mayo del mismo año se reveló que el presidente Sebastián Piñera Sebastián Piñera hace 30 años que no pagaba las contribuciones de su casa de descanso en Caburgua, en la región de la Araucanía, que posee un terreno de 20 hectáreas. La lujosa propiedad del Presidente estaba valorizada fiscalmente en cerca de $12 millones, cifra que generó una serie de críticas debido a que era evidente que no correspondía a la realidad. Debido a lo anterior, el Servicio de Impuestos Internos (SII) realizó un reavalúo de la propiedad, y de este modo, se pasó a casi $400 millones, y de ellos, $362 millones se consideraron como afectos a impuestos. La Tesorería General de la República afirmó que sólo pudo cobrar tres años de contribuciones de forma retroactiva al presidente Sebastián Piñera, de los casi 30 años que el mandatario no pagó como impuesto por su casa en el lago Caburgua, en Pucón.

En septiembre de 2019 se develó un informe tributario de los súper ricos que el SII hizo desaparecer. En 2005, Michel Jorratt realizó un estudio inédito para establecer quiénes eran los beneficiados del esquema tributario del país. La respuesta fue clara: las personas de mayor patrimonio. Pero ese estudio fue eliminado por las actuales autoridades del Servicio de Impuestos Internos, justo después de que funcionarios del organismo solicitaran actualizarlo para la discusión de la reforma tributaria que hoy impulsa Sebastián Piñera. El documento fue publicado pero con una versión cercenada, con 73 páginas menos.

En diciembre del año 2019 se supo de 13.558 millones de pesos que fueron restituidos por el Servicio de Impuestos Internos a La Polar, luego de una larga pugna iniciada tras reportes de utilidades falsas entregados por la empresa cuyo conflicto judicial comenzó en 2013, cuando el retailer interpuso un recurso ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros solicitando la devolución de los impuestos pagados entre 2006 y 2010.

En diciembre de 2019 la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora que se encargará de indagar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y cualquier otro organismo relacionado con la fiscalización de operaciones financieras. Esta instancia buscará dilucidar lo que estos organismos hicieron o dejaron de hacer en relación con las empresas como Bancard Inversiones Ltda. y Bancard Investment, ligadas al Presidente Sebastián Piñera, o cualquier otra sociedad con domicilio en paraísos fiscales entre los años 2015 y 2019. Esta comisión se solicitó luego que el 6 de diciembre pasado, una investigación periodística publicada por El Desconcierto informara una transferencia realizada en 2015 por Bancard Inversiones Limitada por 96 millones de dólares a una empresa relacionada con sede en las Islas Vírgenes Británicas, territorio incluido en la lista de países consideraros como paraísos fiscales. Al respecto, el SII determinó la existencia de una transgresión a las normas de la Ley de Impuestos a la Renta, que implicó el no pago de impuestos entre 2016 y 2017 y, tras un proceso fiscalizador del organismo estatal, se concluyó con una reliquidación de impuestos que incluyó la condonación de intereses y multas, cuyos alcances se desconocen. Posteriormente, la citada empresa habría hecho nuevas transferencias por 400 millones de dólares a compañías relacionadas en las Islas Vírgenes y a Luxemburgo, respecto de las cuales no existiría constancia del pago de impuestos o de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos.

A principios del año 2020 los trabajadores del SII hicieron público el rechazo al nombramiento del nuevo Director de Grandes Contribuyentes Harry Ibaceta, debido a los conflictos de interés que posee el nuevo director de la DGC, quién proviene del mundo de la asesoría tributaria a grandes empresas como gerente de Impuestos en Deloitte, SMU y Telefónica Chile.

Los directores del Servicio de Impuestos Internos han sido:[8]

El servicio ha ganado varios premios nacionales e internacionales. Dentro de los más importantes están:[9]



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