Sistema Integrado Previsional Argentino nació en SIPA.
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es un el sistema estatal que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores públicos y privados del país. Pertenece a la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Fue creado mediante la Ley 26.425 de 2008, que dio fin a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y traspasó al Estado los activos que administraban.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Amado Boudou, el entonces titular de ANSES el 21 de octubre de 2008 anuncian que enviaba un proyecto al Congreso para poner fin al sistema de AFJP y organizar un nuevo sistema de reparto estatal de jubilaciones y pensiones. Esta decisión se fundamentaba en el hecho de que la Constitución Argentina (Artículo 14 bis) ordena que la seguridad social sea otorgada por el Estado y en la poca eficiencia del sistema privado, una vez que era el mismo Estado quien ya pagaba, en ese momento y en la práctica, la mayor parte de las jubilaciones.
Un día después del envío al Congreso del proyecto de reestatización de los fondos, el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), el fiscal Guillermo Marijuán, presentó una denuncia ante el juez federal Claudio Bonadío en la que acusaba a diez entidades AFJP de «administración fraudulenta a raíz de la presunta liquidación de bonos del Estado». La supuesta maniobra de las AFJP consistía en desprenderse de los títulos de deuda pública y obtener dólares, ante la inminente estatización de los fondos que administraban. La operación habría consistido en la venta a bajo precio de bonos públicos, por un total de 140 millones de dólares. Esto habría producido, según la sospecha del fiscal, una dilapidación de los fondos de los jubilados, la obtención de dinero en efectivo por parte de las AFJP y el alza de la moneda estadounidense. A raíz de esta presentación, el juez Claudio Bonadío prohibió a las AFJP operar por siete días, dictando orden de «no innovar» hasta que se aclarara esta situación, ordenando varias investigaciones en relación con el posible ilícito. Las AFJP se apropiaron de unos 10.000 millones de dólares en comisiones, mientras otros 35.000 millones se repartieron en concepto de utilidades de empresas beneficiadas con las rebajas de aportes patronales.
El proyecto de ley fue enviado para su apreciación en Diputados, siendo aprobado por esta cámara el 7 de noviembre de 2008, con 162 votos afirmativos y 75 negativos, se aprobó en Diputados la UCR, el PRO y la Coalición Cívica a la cabeza, se opusieron a la iniciativa aduciendo "violar el derecho de propiedad", "generar inseguridad jurídica" y "utilizar la reforma para apropiarse la caja de los jubilados".
Tras su aprobación en Diputados, el proyecto pasó al Senado, donde se sometió a votación el 19 de noviembre, siendo sancionado por una amplia mayoría de 46 votos afirmativos, 18 negativos y una abstención. Con esta sanción por parte de Senado, el proyecto se convertía entonces en la Ley 26.425, que estatizaba el sistema previsional y ponía fin a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Esta Ley entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina el 9 de diciembre de 2008.
A respecto de la estatización de los fondos jubilatorios, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que «Cuando los recursos de los trabajadores estaban en manos de los privados, se pagaron 12.200 millones de dólares en comisiones, más de 50.000 millones de pesos». Por su parte, el titular de la ANSES, Diego Bossio, aseguró que «si las AFJP existieran [al día de hoy], serían usureras» Amado Boudou jefe de la Anses hasta 2011 afirmó qué «si siguieran las AFJP sería un drama […] para las personas que se hubieran jubilado en este tiempo, ya que sus fondos no valdrían nada».Paralelamente el Estado se hizo cargo de 125.000 juicios de jubilados contra las AFJP por incumplimiento en el pago de haberes.
El embajador español en Buenos Aires, Rafael Estrella consideró el traspaso de las AFJP al Estado nacional «una decisión soberana del gobierno argentino» y sostuvo en la ocasión que ese traspaso «no afecta para nada al gobierno español, ni a las relaciones con la Argentina».
Hubo posteriores excepciones puntuales que se tramitaron en la justicia. Hubo posteriores investigaciones judiciales contra varias empresas y AFJP por desvío de los fondos. entre ellas investigaciones acerca de delitos de índole económica, como la distorsión de precios de las acciones que habrían sido compradas por las AFJP, por parte de un multimedios acusado de haber fraguado una salida a la Bolsa con un precio inflado, lo que ocasionó que cuando las administradoras de fondos jubilatorios las incorporaron a sus carteras, el precio de desplomó, ocasionando un perjuicio a sus tenedores.
La Corte avaló en fallo unánime la estatización, frente al reclamo de un privado de Arauca Bit, según el fallo "esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal", aclararon en la resolución los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda.
En 2019, la Argentina fue demandada por dos compañías Met Life y NN Group ante el CIADI por la estatización, sin embargo la demanda fue rechazada por el tribunal de New York.
La nacionalización del sistema previsional y la estatización de los fondos de las AFJP permitiría ahorrar en el pago de comisiones a las AFJP y ampliar de forma discrecional el número de beneficiarios en el sistema previsional. La medida implicó en los primeros cinco años un ahorro de 58.500 millones ARS (6.866 millones USD), en el mismo lapso el fondo creció hasta más de 482.000 millones de pesos administrados por el Estado, permitió un ahorro de 58.500 millones de pesos en comisiones. Medido en dólares el fondo pasó 25.000 millones de dólares a más de 56 mil millones de dólares. Tras la estatización de los fondos hubo una ampliación del alcance de la Seguridad Social, entre ellos la Ley de Movilidad Jubilatoria, PROG.R.ES.AR., PRO.CRE.AR, Conectar Igualdad, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social, ARGENTA y el récord de pago de sentencias.
A mediados de 2011, el capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se había duplicado desde la estatización de las AFJP, y el fondo para resguardar el pago de jubilaciones superó los 200 000 millones de pesos. La cifra es más del doble de lo que habían acumulado las AFJP cuando dejaron de operar en diciembre de 2008. Catorce años de administración privada de los aportes previsionales concluyeron con un saldo de 98 224 millones de pesos, mientras que, en menos de dos años, el Estado logró más que duplicar ese monto, que en aquel momento llegó a 201 027 millones de pesos.Hasta enero de 2011, la ANSeS tenía recursos corrientes y de capital por un total de 180.600 millones de pesos. El valor de los Fondos de Garantía de Sustentabilidad alcanzaba, hasta el 2013, $ 206.377 millones de pesos. Desde que ANSES estatizó las ex AFJP, el valor de dichos fondos aumentó 157 %.
El monto del FGS se triplicó desde la estatización de los fondos que antes estaban en poder de las AFJP hasta el año 2012. Se dio un crecimiento de las inversiones del dicho fondo, que pasó de 98.083 millones ARS (28.353 millones USD) en 2008 (último año privado) a 482.660 millones ARS (56.790 millones USD) al 31 de octubre de 2014, significando un crecimiento del 392,1% (100% en USD). Asimismo, el capital del FGS se había duplicado desde la estatización de las AFJP, y el fondo para resguardar el pago de jubilaciones superó los 200.000 millones ARS. La cifra es más del doble de lo que habían acumulado las AFJP cuando dejaron de operar en diciembre de 2008. Catorce años de administración privada de los aportes previsionales concluyeron con un saldo de 98.224 millones ARS, mientras que, en menos de dos años, el Estado logró más que duplicar ese monto, que en aquel momento llegó a 201.027 millones ARS.
Junto a la estatización de las AFJP, se aprobó en octubre de 2008, la ley de Movilidad Jubilatoria que actualiza los valores de las prestaciones teniendo en cuenta la variación en la recaudación fiscal y en los salarios formales. Esta ley sería luego modificada por el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2017 y nuevamente en 2019 por el de Alberto Fernández, en ambos casos para modificar la fórmula que determinaría los aumentos (véase Reforma previsional en Argentina de 2017).
En cuanto al número de afiliados, gracias a la ley 25.994, promulgada por la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, se incorporaron al sistema previsional más de dos millones y medio de personas que hasta entonces estaban excluidas de la cobertura. En 2003, durante el régimen privado había tres millones y medio de jubilados y pensionados, y se destinaba un 4,5 % del PBI a jubilaciones. En los últimos cinco años, el universo de jubilados pasó de 3,2 millones a 5,6 millones bajo el sistema estatal Argentina alcanzó en 2015 los niveles de cobertura jubilatoria más altos de América Latina. Un informe del Banco Mundial destacó la política de protección social al señalar que el haber jubilatorio mínimo es equivalente a 442 USD, es el más alto de toda América Latina.
En 2013, la cantidad de trabajadores con cobertura social ascendió a 5,89 millones (86 % más que los 3,16 millones de 2003). A través de la Anses que administra los fondos estatales se incrementó del 30 % al 90 % la cantidad de jubilados con cobertura 100 % en medicamentos se incrementó de 9 000 a 1 400 000 jubilados. Las pensiones no contributivas pasaron de 0,18 millones de beneficiarios (en 2003) a 1,3 millones (en 2012).
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