El terrorismo tardofranquista estuvo constituido por una serie de grupúsculos y acciones de violencia política y terrorismo de extrema derecha neofascista y de Estado que se desarrollaron en España entre la muerte del dictador Franco (1975) y principios de los años 80. Operaron bajo diversos nombres como Batallón Vasco Español (BVE), Alianza Apostólica Anticomunista o Triple A, Antiterrorismo ETA (ATE), Acción Nacional Española (ANE), Grupos Armados Españoles (GAE), Guerrilleros de Cristo Rey, esencialmente dedicados a la violencia callejera contra personas de ideas contrarias. En palabras de un antiguo militar que formó parte de estos grupos, «eso sólo son siglas, nombres que van saliendo y que se van utilizando conforme se necesita». La tutela de los atentados la tenían agentes del servicio secreto SECED (Servicio Central de Documentación), con dinero y manos libres para actuar al margen de la ley. La actividad de estos grupos sería utilizada, al mismo tiempo, para ejercer presión sobre el gobierno francés ante la negativa del mismo, en aquellos años, a extraditar a activistas vascos.
A consecuencia de sus actos, dejaron 66 víctimas mortales desde militantes de ETA hasta abogados laboralistas de izquierdas (la "matanza de Atocha") o sindicalistas de la CNT (Caso Scala), pasando por los simpatizantes del Partido Carlista asesinados en 1976 durante los denominados sucesos de Montejurra, y ciudadanos que no tenían ninguna relación con la política. Estaban constituidos por elementos civiles, policías y militares, todos ellos afectos al régimen anterior. Los grupos tuvieron vínculos más o menos estrechos con organizaciones terroristas neofascistas europeas y americanas y también con grupos derechistas legales como Fuerza Nueva. Su objetivo era eliminar a quienes consideraban "enemigos de la Patria" y contribuir a la desestabilización de la naciente democracia. Conforme ésta fue consolidándose, y tras el fallido golpe de Estado del 23-F, fueron debilitándose. En 1982 se pueden considerar desaparecidos.
Es posible que algunos de los antiguos militantes del terrorismo tardofranquista fueron utilizados para constituir los primeros Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
En paralelo con la declaración del estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa en abril de 1975, comenzaron a producirse los primeros ataques por parte de grupos desconocidos contra bienes y personas relacionadas con ETA y sus redes de apoyo, principalmente en el País Vasco Francés, pero también en territorio español. Se suele considerar el atentado con bomba contra la Librería Mugalde de Hendaya del 7 de abril de 1975 como la primera acción armada del denominado terrorismo tardofranquista. El 12 de julio de 1975 estos grupos se presentaron públicamente con su primer nombre: ATE (Anti Terrorismo ETA) al reivindicar ante la prensa las acciones realizadas en los meses anteriores. Por aquel entonces estos grupos no cometían todavía atentados mortales, pero darían un salto cualitativo en los años siguientes.
En su primera carta a los medios de comunicación ATE negaba estar vinculado a la policía o a grupos de extrema derecha y se autodenominaba compuesto por patriotas españoles que pretendían acabar con la impunidad de ETA en suelo francés. A pesar de esas afirmaciones desde la izquierda abertzale se acusó siempre a estos grupos de estar asociados con las fuerzas de seguridad. En ese sentido, un informe de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco de 2010 decía del Batallón Vasco Español, la Triple A y los Grupos Armados Españoles, así como los posteriores GAL, que eran grupos bien organizados de extrema derecha «que actuaban con un importante nivel de tolerancia, cuando no de complicidad con importantes sectores de los aparatos policiales de la época», aunque reconoce que «la escasa y deficiente investigación policial de una parte muy importante de estas acciones violentas impide el esclarecimiento de un dato de especial relevancia, cual es el grado de complicidad, colaboración o inhibición que pudo existir por parte de determinadas instancias policiales con dichos actos criminales». El informe añade a continuación que «los antes citados sectores políticos de extrema derecha y elementos vinculados a los aparatos de unas fuerzas de seguridad del Estado aún pendientes de democratizar y con una incuestionable motivación política sembraron el terror en determinados sectores sociopolíticos vascos, normalmente vinculados a la izquierda, y sobre todo al nacionalismo vasco, mediante actuaciones violentas que provocaron importantes daños materiales y personales, llegando al asesinato». Por último, el informe advierte que de los 74 actos terroristas atribuidos a estos grupos —que causaron 66 víctimas mortales— sólo en 33 se abrieron diligencias judiciales, de los que sólo 17 acabaron con una sentencia firme.
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