La transparencia política es una cualidad de la actividad pública que consiste en la apertura del sector público a la divulgación de información acerca de su gestión. Una de las características de un Estado democrático es la obligación de todos los poderes públicos (la Jefatura del Estado, el Gobierno, el Parlamento, el sistema judicial y las administraciones, empresas y fundaciones públicas) de dar cuenta a la ciudadanía de todos sus actos, especialmente del origen y el destino de los recursos públicos, y así prevenir, detectar y sancionar los casos de incompetencia y de corrupción política.
En sentido figurado, el término "transparencia" es utilizado para describir una tendencia hacia la accesibilidad a toda la información vinculada a la gestión pública y que concierne e interese a toda la opinión pública, a un sector de la misma o incluso a un solo individuo. O sea, es la preocupación por explicar, por hacer comprender, por reconocer errores o mala praxis, por abrir archivos y documentos, por describir fielmente hechos y circunstancias.
El objetivo primordial de la transparencia política es el de establecer y mantener una relación de confianza entre la ciudadanía y los poderes públicos. Los estándares mundiales de buen gobierno consideran fundamental la transparencia para el progreso social y económico.
La transparencia pública se opone a la opacidad pública y la ilusión financiera, y es un antídoto del fenómeno de la corrupción política.
En materia política o económica, la transparencia es el conocimiento profundo y detallado de las decisiones y resoluciones y reglamentaciones tomadas por las administraciones y por los poderes del Estado, así como de sus motivaciones y justificaciones, e incluye la manera en la que se ha hecho la colecta de datos y la manera de luego usar los mismos, además de proporcionar información sobre los costos reales de los proyectos y de las actividades, sobre el manejo de los fondos, y también sobre los peligros y las implicaciones que puedan darse, sobre los aspectos de seguridad, sobre los mecanismos instituidos de acceso a la información, y sobre todo otro aspecto relevante. En el marco de la administración pública, la transparencia es un mecanismo que previene actos de corrupción y que permite a la ciudadanía conocer el funcionamiento interno de las instituciones y cómo se manejan los fondos que éstas reciben.
La transparencia hoy día es una de las principales exigencias de la ciudadanía en relación a los responsables políticos, a los actores y gestores económicos, y a los jerarcas y funcionarios administrativos. El gran desafío para todo esto, es de encontrar un equilibrio entre lo que debe ser informado, lo que puede ser informado y que no vale la pena hacerlo porque no es relevante, y lo que no debe ser informado por razones propias a los procedimientos, o incluso por eventuales razones de interés general.
Para un ciudadano cualquiera, la dificultad radica en saber si la información que le han proporcionado es realmente sincera, clara, objetiva y si se corresponde con la realidad.
En Derecho tributario, la expresión transparencia fiscal es utilizada para designar a las sociedades que no son sujetos pasivos de una determinada obligación, pero que sí lo son sus accionistas o sus miembros, y que por tanto y en caso que se solicite información por parte de autoridad competente, la brinden en tiempo y forma, sin dilaciones innecesarias, y sin cortapisas.
En un Sector público transparente o informativamente abierto, la divulgación de información sobre la actividad pública debe estar reglada: debe establecerse en una norma de obligado cumplimiento, no debe depender de la voluntad de quienes se encuentren en los poderes públicos en cada momento y debe contar con sanciones disuasorias exigibles judicialmente para quien incumpla esa obligación de transparencia.
Además, la información divulgada debe ser o estar:
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Transparencia política (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)