Una zona de empleo y desarrollo económico (ZEDE) es el nombre oficial de una nueva división administrativa de Honduras (que coloquialmente se llama ciudad modelo) sujeta al gobierno nacional y provista de un alto nivel de autonomía con un sistema político propio, tanto a nivel judicial, económico y administrativo, en teoría basados en el capitalismo de libre mercado. Está en proyecto la creación de varias de estas ciudades con la intención de atraer inversión y generar empleo, en zonas deshabitadas del país o en municipios que soliciten su conversión a ZEDE mediante referendum. Cada zona de empleo y desarrollo tendrá un Secretario Técnico que gobernará de facto, elegido por un Comité para la Adopción de las Mejores Prácticas, a su vez escogido por el presidente de la nación, de acuerdo con la ley orgánica que regula estas zonas. Sus habitantes podrán ingresar voluntariamente en ellas.
Estas regiones especiales tienen como referente la experiencia de las regiones administrativas especiales de China (principalmente el caso de Hong Kong y como éste sirvió de ciudad modelo a las zonas económicas especiales como Shenzhen) y de otros países del oriente asiático y el sudeste asiático como Corea del Sur (Songdo) y Singapur, aunque están abiertas a experimentar con otros modelos, especialmente si evitan la interferencia de otros estados en las mismas.
Las ZEDE son una reformulación de las antiguas RED (Regiones Especiales de Desarrollo). Las disposiciones constitucionales que establecían las RED fueron planteadas entre finales de 2010 e inicios de 2011 durante el gobierno del presidente hondureño Porfirio Lobo, que dio respaldo oficial a las propuestas de desarrollo económico del economista estadounidense Paul Romer, quien promueve los beneficios de crear ciudades charter o ciudades modelo en territorios deshabitados de países en desarrollo, con reglas claras y estables (seguridad jurídica) y con las puertas abiertas al capital y a la inmigración. El Congreso Nacional de Honduras aprobó en 2011 las reformas constitucionales necesarias para la implementación de las mismas. La Ley de Regiones Especiales de Desarrollo que se aprobó en 2011 para implementar las ciudades autónomas articulaba la relación entre el estatuto constitucional de cada zona y la soberanía de Honduras.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en octubre de 2012, declararon inconstitucional el proyecto de las regiones especiales de desarrollo. En el proceso Paul Romer salió del proyecto, y su liderazgo fue reemplazado por el de Michael Strong quien marcó diferencias entre su proyecto de zonas autónomas y el de Romer, siendo la propuesta de Strong más inclinada a la experimentación a pequeña escala para encontrar el mejor modelo posible. En enero de 2013 una segunda ronda de reformas constitucionales aprobó enmiendas que permiten legalizar estas regiones especiales que en adelante se denominan zonas de empleo y desarrollo económico, bajo una ley nueva amoldada al efecto. El congreso hondureño aprobó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en junio de 2013, y dos zonas se preparan para una consulta ciudadana sobre la creación de estos distritos autónomos.
Recientemente, los economistas de la Universidad Francisco Marroquín realizaron un análisis de impacto económico analizando cómo las ZEDEs podrían impactar la economía hondureña. Descubrieron que una ZEDE que se asemeja a las tasas de crecimiento de las Zonas Económicas Especiales de China alcanzaría un PIB per cápita de $ 36,000 para el año 2050.
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