El laboralista es el especialista en Derecho laboral, graduado social, abogado de lo social, estudioso del Derecho y de las ciencias laborales, juez de lo social, profesor en las materias propias del Derecho laboral, la Seguridad Social, las relaciones laborales y las ciencias del trabajo.
Viene de la palabra iuslaboralista-iurista, que viene de ius (Derecho): "Que ejerce una profesión jurídico-laboral".
En Latinoamérica dícese de los abogados que ejercen el Derecho del Trabajo tanto en defensa de los trabajadores y empleadores en los tribunales como los profesores e investigadores en la materia.
Existen diversas organizaciones de abogados laboralistas en diversos países, por ejemplo, la Asociación Venezolana de Abogados Laboralistas (AVAL) en Venezuela [1] o la Asociación de Abogados Laboralistas de Buenos Aires (AAL). A nivel latinoamericano se agrupan en la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL).
Si bien no suponen requisito para el ejercicio de las profesiones laboralistas (graduado social y abogado de lo social) si hay que decir que existen titulaciones universitarias de grado superior que vienen a dar una mayor madurez al laboralista. En mayor medida, debido a que hasta la actualidad los graduados sociales carecían de un segundo ciclo de formación que les condujera a la obtención del grado superior, más que a la madurez propia de su especialización que ya poseen de base, fueron estos los profesionales que se formaron en las mismas, pero también muchos abogados, economistas, titulados mercantiles, etc., han adquirido estas titulaciones aunque estos por razones bien distintas, quizá buscando la verdadera especialización en la materia que no les dio su formación de base.
La próxima implantación de los títulos de grado, que conducirán en esta materia a la obtención seguramente del título de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos con acceso a los títulos de postgrado que se establezcan; pudiera suponer el culmen de las aspiraciones de los laboralistas -graduados sociales, ante la posibilidad de adquirir su master y doctorado dentro de las múltiples materias a desarrollar en su propia especialidad.
Téngase en cuenta que actualmente y desde su implantación, los estudios de graduado social, hoy relaciones laborales, suponen un título académico especializado, el de mayor carga lectiva en materia laboral, empleo, relaciones laborales y de derecho del trabajo Derecho Laboral y de la Seguridad social que se estudian en España, tal especialización y tratándose de un título terminal en sí mismo, sin acceso lógicamente al máximo grado académico, quizá impuesto desde fuera por razones de intereses corporativos y miedos (quizá terror) a un especialista de alto nivel, trajo consigo que los propios titulados y luego ya como profesionales se formaran concienzudamente en las materias que le son propias con títulos adicionales y que adquirieran titulaciones de grado superior, de carácter esencialmente académico que han forjado en la mayoría de los casos, a personas con una muy considerable madurez académica y profesional que sobrepasa la apariencia humilde que presenta con su apelativo básico de graduado social.
Ahora bien, lo que he calificado de humilde apelativo de graduado social se merece una aclaración para quienes desconocen que, mucho antes de que los aspirantes a licenciados en derecho estudiaran la disciplina de Derecho del Trabajo, esta asignatura ya era parte esencial de la formación de los aspirantes a graduados sociales así, en la Licenciatura en Derecho se inicia formalmente a impartir formación de Derecho del Trabajo por decreto de 07.07.1944, implantándose en cuarto curso dos asignaturas de Derecho del Trabajo, una de dos semanas en el séptimo cuatrimestre de carrera, y una de tres horas en el octavo cuatrimestre (la carrera se componía de 10 cuatrimestres lectivos en cinco años académicos). En la Titulación de Graduado Social se impartía, entre otras, Legislación del Trabajo, Legislación Industrial, Derecho Cooperativo, Derecho Sindical, Previsión Social y Seguros Sociales, desde 1925 Real Decreto Ley de 17 de agosto, por el que se crea la 1ª Escuela Social donde se impartirán estudios regulares de tres años, conducentes al título de Graduado de Escuela Social, será en 1926 cuando se implante un curso más de perfeccionamiento que conduce a la obtención del título de Graduado Superior de Escuela Social con un total de cuatro años de estudios, en 1941 se introduce la asignatura de Derecho Procesal del Trabajo Derecho procesal laboral y en 1943 la de Teoría del Derecho del Trabajo. Como puede verse la materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social es propia de los graduados sociales con anterioridad a ningún otro titulado o profesional en España.
El concepto de laboralista del siglo XXI, ha sido uno de los temas tratados en el VI Congreso de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas y Graduados Sociales celebrado en Barcelona en el mes de noviembre de 2005. Para Martín Rodino Reyes, Doctor en Derecho, socio de Sagardoy Abogados cito textualmente: “El último siglo es sin duda el de consolidación del Derecho del Trabajo, que pasa a ser pieza esencial del modelo europeo de Estado de Bienestar. El laboralista no tiene dificultad en situarse a sí mismo en una labor relevante de definición de modelos de regulación del contrato de trabajo, de salvaguarda del equilibrio entre las partes del mismo pero de protección sin ambages de la parte más débil del contrato, el trabajador, de regulación del conflicto laboral y de protagonismo en la solución del mismo a través de cauces negociales o mediante la intervención de una justicia laboral que también en el siglo pasado se hace profesional y altamente especializada. Incluso en el ámbito académico la extracción del laboralista es bastante uniforme, a través del doble cauce de la Licenciatura en Derecho con especialización posterior, muchas veces por vía de práctica profesional, en la rama social o, por el camino de los estudios para Graduados Sociales” (Revista El Laboralista nº 10/2005).
El graduado social es el laboralista por antonomasia, y son muchos los que además han adquirido, como queda dicho títulos académicos complementarios (salud y riesgos laborales, recursos humanos, cursos superiores y master en relaciones laborales, sociales e industriales, etcétera. no incluimos aquí las especializaciones en materia fiscal, tributaria, sociedades, financiera, etc. propias de quienes asesoran empresas, por estar aquí tratando de los compañeros meramente laboralistas), pero silenciosamente un gran número de graduados sociales, se han formado académicamente en los propios contenidos laboralistas dentro del grado superior universitario, tales como Técnico en Relaciones Industriales, Experto Europeo en Relaciones Sociolaborales o Licenciado en Ciencias del Trabajo. Muestro el análisis a título de ejemplo del contenido y los objetivos de dos de ellos:
Duración: 2 años, 142 créditos
Titulación. 2º Ciclo Universitario Propio. Alcalá de Henares
La titulación de Experto Europeo en Relaciones Sociolaborales, es de Estudios propios de Segundo Ciclo Universitario de la Universidad de Alcalá de Henares. Amparándose para dicha titulación en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Universitaria. Los requisitos de acceso a esta titulación son idénticos a los exigidos para la obtención de una Licenciatura, constando por lo tanto de 142 créditos (1420 horas) distribuidas en dos años académicos.
Áreas de conocimiento.
Las áreas de conocimiento ante las que se elige el profesorado son las correspondientes a cada materia, combinando siempre la experiencia teórica y la práctica.
- Economía. - Psicología.
- Empresa. - Sociología.
- Derecho. - etc.
Los estudios de Experto Europeo en Relaciones Sociolaborales tienen por objetivo preparar especialistas en áreas sociolaborales para la empresa desde la perspectiva del ámbito europeo común. Están dirigidos a titulados universitarios, de derecho, psicología, sociología, etc. y muy especialmente a graduados sociales.
La creación de estos estudios responde a los objetivos de la Comisión de la Unión Europea de crear un espacio común europeo para la educación y la formación, asumiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y las propuestas del Consejo de Europa de adecuar los procesos de formación a fin de hacer frente a las nuevas exigencias del mercado de trabajo y la Seguridad Social.
Se persigue por tanto, en consonancia con los planes y objetivos de la Comisión de las Comunidades Europeas:
a) Preparar expertos en la resolución de problemas sociolaborales de la empresa que puedan facilitar la colaboración eficaz entre trabajadores y empresarios, en consonancia con los objetivos de la Administración Comunitaria.
b) Orientar los caminos de la cooperación en un espacio europeo sin fronteras.
c) Elaborar programas de trabajo que sirvan de factor de integración social.
d) Armonizar las exigencias de la economía: competitividad y creación de empleo.
Duración: 2 años. Mínimo 120 créditos.
Titulación. 2º Ciclo Universitario con validez en todo el territorio nacional
Objetivos formativos:
La Licenciatura en Ciencias del Trabajo se configura como una titulación de sólo segundo ciclo cuyo objeto es el de dar respuesta a las nuevas demandas profesionales en el ámbito de la Dirección y Gestión de Recursos Humanos, crear especialistas en la rama social del Derecho -Trabajo y Seguridad Social-, mediante la adquisición de conocimientos jurídicos, pero también económicos y de sociología laboral. Esto es, especialistas que puedan dedicarse a una actividad laboral propia de sus conocimientos, tanto en el sector privado como público. Su finalidad es la de proporcionar una formación adecuada, de carácter interdisciplinar, en lo que se refiere a la organización del trabajo, no de forma aislada como actividad económica, sino en relación directa con las demás actividades y realidades sociales.
Contenidos básicos:
Se aborda su estudio desde una triple perspectiva: jurídica, económica y sociológica. Se estudian materias tales como: Auditoría Socio-laboral, Dirección Estratégica de la Empresa, Economía del Trabajo, Políticas Socio-laborales, Teoría de las Relaciones Laborales y Teoría y Técnicas de la Negociación.
La licenciatura en Ciencias del Trabajo dota a los estudiantes de un perfil laboral que les permitirá desarrollar su trabajo en diferentes puestos: Área de Recursos Humanos, Servicios de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos, Políticas Activas de Empleo, Yacimientos de Empleo, Asesoramiento Autoempleo, Intermediación en el Mercado de Trabajo, Auditorías Laborales, Programas de Cooperación y Desarrollo Comunitario, Planificación y Gestión de Recursos.
A nadie se le escapa que, aquellos graduados sociales que han obtenido cualquiera de estas titulaciones, incluida la de Técnico Superior en Relaciones Industriales o cualquier otro master o curso superior, está sumando conocimiento especializado a la propia especialización, está sustituyendo la carencia de una opción natural hacia la alta especialización, doctorado, no facilitada por las autoridades gubernativas y académicas y, silenciosamente va encontrando a contragolpe una formación de alto nivel y un prestigio profesional muy bien considerado, no importa que se les haya dejado solos, “el vacío es todopoderoso porque lo puede contener todo” (Okakura Kakuzo - escritor japonés).
Partiendo de la base de que para la obtención de la actual titulación de Relaciones Laborales se exige una carga lectiva entre 180 a 207 créditos todos ellos centrados en una formación con un fuerte componente de Derecho del Trabajo, de la Seguridad Social y Procesal Laboral, más todas las restantes asignaturas centradas básicamente en las relaciones laborales, de empleo, salud laboral y prevención de riesgos, negociación colectiva, sociología y psicología laboral; hacen de esos 180 a 207 créditos una carga de especialización laboral muy alta, frente a (a título solo de ejemplo) los escasos créditos en materia de Derecho del Trabajo que se imparte en la Licenciatura en Derecho con tan solo una asignatura en cuarto curso, repárese en que la Licenciatura en Derecho viene teniendo un total de 300 a 345 créditos, de los cuales en el mejor de los casos, salvo alguna Facultad excepcional, no llega a emplear en la disciplina más de 12 créditos. Así, a título de ejemplo un graduado social que haya obtenido su título con 180 créditos y obtuvo el título de Experto Europeo en Relaciones Sociolaborales con 142 créditos dispone de un total de 322 créditos o, que haya obtenido su título con 207 créditos más los 142 serían 349 créditos o, que en ambas situaciones haya obtenido el título de Licenciado en Ciencias del Trabajo con 120 créditos, tendría un total de 300 o 327 créditos totales respectivamente y, todos ellos en materias sociales y laborales, frente a los 300 a 345 que tiene un Licenciado en Derecho de todas las materias que componen la titulación (civil, administrativo, financiero, penal, familia…), resultando ser para Derecho del Trabajo del orden de tan solo 12.
Lo que antecede no quiere decir que un titulado licenciado en Derecho carezca de la preparación suficiente en las ciencias jurídicas, que la tiene sin duda alguna al ser la titulación especifica y concreta en la materia; pero, sí insistir en que el titulado graduado social-relaciones laborales es el ius-laboralista nato con preparación en las ciencias del trabajo y, jurídico laborales y de la Seguridad Social y ello sin formación adicional alguna.
El graduado social es el técnico en materias sociales, laborales y fiscales que, en posesión del título oficial correspondiente obtenido al finalizar sus estudios universitarios de la carrera de graduado social, graduado social diplomado o diplomado en relaciones laborales, se dedica de forma habitual y mediante retribución: Al estudio, asesoramiento, representación y gestión, sin necesidad de apoderamiento especial, en todos cuantos asuntos laborales, sociales y fiscales les sean encomendados por o ante la Unión Europea, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones provinciales o locales, la Seguridad Social, las entidades y las empresas públicas o privadas y los particulares. La representación en los procedimientos laborales y de Seguridad Social. A cuantas otras funciones le atribuyan las leyes o disposiciones de carácter general. Los graduados sociales podrán ser designados árbitros en materia de reclamaciones electorales, en las elecciones a delegados de personal y miembros de los Comités de Empresa. El laudo a dictar por el graduado social en calidad de árbitro habrá de resolverse en derecho (artículo 76 del ET).
El graduado social en el ámbito de la docencia pública puede acceder a los cuerpos y escalas docentes como Profesor Técnico de Formación Profesional del grupo B y como Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad de Formación y Orientación Laboral del grupo A. Asimismo, puede impartir docencia en la Universidad tanto práctica como teórica en diplomaturas y licenciaturas dentro de las enseñanzas de primer ciclo universitario y pueden también acceder a la condición de Profesores Asociados bajo el requisito de ser especialistas de reconocida competencia, acreditada a través del ejercicio profesional fuera de la Universidad. En el ámbito de la docencia privada, las mismas especialidades y categorías por analogía con las que se imparten en la enseñanza pública y además en academias que se dedican a la preparación de ayuda al estudio o para la preparación del acceso a la función pública en aquellas materias propias del derecho del trabajo y de la Seguridad Social, la negociación colectiva, migraciones, autónomos, organización y derecho administrativo, salud laboral, etc. Ni que decir tiene, la buena acogida que puede tener un graduado social en los sindicatos, asociaciones profesionales y empresariales y, cooperativas; en materia tanto para impartir cursos como para la programación y organización de los mismos en todas las materias aludidas así como en materia de derecho sindical, de sociedades o de cooperativismo.
Son principios fundamentales que deben presidir el ejercicio profesional del graduado social los siguientes: Independencia, honestidad, dignidad, interés del cliente, secreto profesional, incompatibilidades, función social, inmunidad. La independencia del graduado social en el ejercicio de su profesión, que debe realizarla sin estar sometido a ninguna presión, principalmente de aquella que pudiera proceder de sus propios intereses o influencias exteriores, constituye la garantía de que los intereses del cliente serán defendidos con objetividad.
La honestidad, el graduado debe ser moralmente íntegro, veraz, leal y diligente en el desempeño de su función. La Dignidad, el graduado debe actuar conforme a las normas de honor y dignidad de la profesión. El interés del cliente, el graduado social debe defender con diligencia los intereses de su cliente, incluso cuando éstos resulten contrapuestos a los suyos propios, a los de un colega o aquellos de la profesión en general.
El secreto profesional, el graduado social tiene el derecho y el deber de guardar secreto profesional de todos los hechos y noticias que conozca por razón de su actuación profesional. Incompatibilidades, el graduado debe respetar el régimen de incompatibilidades vigente en cada momento para el ejercicio de la profesión. Función social, el graduado social debe tener presente en todo momento el carácter de su cometido como servicio a la sociedad. La Inmunidad, del graduado social en sus actuaciones ante la Administración de Justicia ampara su libertad de expresión y el derecho a la defensa, que deberán ser ejercidos de forma responsable.
El graduado social podrá ejercer las funciones que le corresponden y que le son propias en régimen de profesión libre, de relación laboral al servicio de una sola empresa, entidad u organismo, o bien de relación administrativa. Corresponde la denominación y función de graduado social, a los titulados que de acuerdo con los estatutos colegiales, se hayan incorporado a su Colegio y que ejerzan, de acuerdo con su ordenamiento jurídico profesional, el asesoramiento, consejo técnico jurídico y la representación en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, de las partes que les confíen el patrocinio de sus derechos y obligaciones. Debería entenderse que existe ejercicio profesional como graduado social cuando concurran algunas de las circunstancias siguientes:
-Aceptación, firma o desempeño de actos propios de la profesión.
-Anuncio u ofrecimiento público de servicios profesionales, como informes, estudios, asesoramiento, representación y gestiones propias de la actividad de graduado social.
-Percepción de retribuciones u honorarios por los trabajos enunciados en el apartado anterior.
-Cualquier manifestación o hecho que permita atribuir el propósito de ejercer la profesión de graduado social.
El graduado social deberá realizar las funciones propias de la profesión con dedicación y responsabilidad directa. Los graduados sociales no podrán prestar su título ni contratarse como tales para figurar al frente de servicios propios de la competencia en despacho o empresas dedicadas a la prestación de servicios a terceros, salvo que exista una asociación de profesionales, conservando cada uno su título y su nombre.
El artículo séptimo del Real Decreto de 16 de diciembre de 1977 (BOE del 3 de febrero de 1978- rectificado en el del 25) por el que se aprobaron los Estatutos de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, dice textualmente: Los graduados sociales en ejercicio deberán realizar las funciones propias de la profesión bajo su sólo nombre y apellidos y con dedicación y responsabilidad directa del Graduado. Se podrá permitir la asociación con otros Graduados Sociales para la mejor organización y especialización de las actividades. Los Graduados Sociales no podrán prestar su título ni contratarse para figurar al frente de los servicios propios de su competencia en despachos o empresas dedicadas a la prestación de actividades a terceros, entre las que se encuentran las propias del Graduado Social, salvo que exista asociación de profesionales, conservando cada uno su título y nombre. El graduado social ejercerá su profesión en régimen de libre competencia y, sin perjuicio de la legislación general y específica aplicable en la ordenación sustantiva propia de la profesión, estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal. En el ejercicio libre de su profesión el graduado social, deberá causar alta en el régimen especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (D. 2551/1971, O.M. 10.04.72 efectos de 1.10.71) También los graduados sociales en el ejercicio libre de la profesión podrán auxiliarse por empleados contratados por los mismos, que estarán sujetos a los derechos y obligaciones señalados por la normativa vigente. La publicidad que realicen los graduados sociales, según su propio código deontológico (BOE de 15 de enero de 2001), deberá someterse a lo dispuesto en la normativa aplicable, en especial en la Ley General de Publicidad y, en todo caso, deberá respetar las siguientes normas: La publicidad habrá de ser de carácter informativo y no persuasiva. No contendrá comparaciones con otros profesionales, sean o no graduados sociales. No contendrá referencias a ventaja en el coste de los servicios. Deberá indicar su carácter de publicidad. Cualquier mensaje publicitario deberá ser sometido a previa autorización de la Junta de Gobierno del Colegio o Consejo correspondiente en función del ámbito territorial al que vaya dirigido.
Es ejerciente de empresa, el graduado social al servicio de una sola empresa mediante relación laboral con la misma, y siempre que tal contratación sea precisamente en su calidad de graduado social y no incluya el asesoramiento a terceros. Se asimilan a los ejercientes de empresa aquellos graduados sociales que presten sus servicios en calidad de funcionarios de organismos oficiales del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio o cualquier otro en que hayan ingresado por razón del título de graduado social o diplomado en relaciones laborales y les haya sido exigido el mismo para obtener el cargo, y siempre que la función a realizar sea la especifica de graduado social. Los graduados sociales, podrán asesorar a gremios, entidades, sindicatos, asociaciones, corporaciones, federaciones y agrupaciones tanto de trabajadores como empresarios, siempre y cuando sus servicios no los presten a los miembros de la entidad, sino a la junta directiva de la misma para su mejor actuación colegiada en defensa de los intereses propios de toda asociación como tales miembros. Los ejercientes de empresa tendrán la categoría de titulados de grado medio, cotizando por el número 2 (Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados) de la tarifa de bases de cotización a la Seguridad Social. La Orden de 25 de septiembre de 1971 (BOE de 2 de octubre), regula la situación de los graduados sociales por cuenta ajena y dice textualmente en sus artículos 1, 2, 3 y 4: Artículo 1º.- Los Graduados Sociales que, a tenor del correspondiente contrato de trabajo desempeñen en las Empresas actividades profesionales correspondientes a su título, expedido por el Ministerio de Trabajo (hoy Universidades), tendrán la calificación laboral de técnicos de Grado Medio, y disfrutarán de los niveles y beneficios económicos que las disposiciones vigentes reconozcan a los mismos en las actividades propias de la Empresa en la que se hallen encuadrados como tales titulados. Artículo 2º.- A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, se consideran funciones propias de los Graduados Sociales, las señaladas en el artículo primero del Reglamento de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 28 de agosto de 1970, y en la Orden de 13 de marzo de 1961. Artículo 3º.- A efectos de la correspondiente base de cotización por Seguridad Social y Formación profesional, los Graduados Sociales a que afecta la presente Orden se considerarán incluidos en la tarifa número 2, Peritos y Ayudantes titulados. Artículo 4º.- El incumplimiento de la presente Orden dará lugar a la aplicación de las medidas previstas en las disposiciones vigentes y, concretamente a las establecidas como sanción por infracción de las normas laborales. Los graduados sociales ejercientes de empresa, deberán estar colegiados en tal modalidad en el Colegio Oficial correspondiente. (Orden del Ministerio de Trabajo de 13 de marzo de 1961 BOE del 27)
Las funciones representativas de los graduados sociales no han estado exentas de discrepancias, desde la equiparación ambigua regulada por la anterior Ley Orgánica de Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio, en la que se vino a establecer la representación por graduado social en su artículo 440.3 “en los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representación podrá ser ostentada por graduado social colegiado” (…no cabe desoír las voces que se levantan contra la existencia de la Procuraduría o contra, al menos, su monopolio representativo y, en todo caso, contra el arcaico bastanteo del poder. La nueva Ley, en línea de simplificar las cosas al respecto, permite generalizadamente el apoderamiento apud-acta; y en el proceso laboral, la representación por graduado social colegiado ya prevista en la LPL.-citado en “Ley Orgánica del Poder Judicial - documentación legislativa y jurisprudencial" –comentarios- Siro Francisco García Pérez y Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, Magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional). Son de destacar como muestra de tal discrepancia, dos resoluciones una, es la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de febrero de 1992 otra, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 3 de octubre de 1991, que no coinciden en su examen de la función de los graduados sociales en el proceso laboral.
Así para el TSJ de Madrid el que la parte acuda a juicio personalmente no impide que otorgue su representación a graduado social. Entiende que a pesar de que el artículo 9 del Estatuto General de la Abogacía establezca –corresponde a la Abogacía de forma exclusiva y excluyente la protección de todos los intereses que sean susceptibles de defensa jurídica” tal precepto estatutario “cede” ante lo preceptuado en los artículos 18 y 21.1 LPL en los procesos de trabajo, no siendo obstáculo para que el graduado social sirva de “portavoz a su asistido en el acto del juicio, actuación para la que no es necesaria la asistencia de letrado”.
Para el TSJ del País Vasco, existían dudas sobre la posibilidad de que concurran conjuntamente el representante y el representado, sosteniendo que la representación que puede concederse al graduado social “no implica una defensa ni asistencia” ni es posible “una defensa estricta en términos distintos de los de su propia profesión de graduado social, ya que la asistencia en los Juzgados y Tribunales es privativa de los Abogados”, “la asistencia en un juicio no puede ser otra que la jurídica y de ellas están excluidos los graduados sociales, y no solo por la exclusividad de los Abogados, sino porque el propio Estatuto de los graduados sociales no lo contempla”; el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la representación por graduado social es un acompañamiento similar a la del artículo 730 de la LEC en los juicios verbales para hablar en nombre de la parte “no tiene otra virtualidad que hablar en nombre del compareciente en el acto del juicio y tomar parte en los demás actos procesales” Asimismo, por Auto del Juzgado de lo Social núm. 25 de Barcelona de 11 de febrero de 1992 (R.º 139/91) se analiza la intervención de graduado social en el recurso de suplicación y se examina la posibilidad de admitir el escrito de impugnación que lleva su firma, por ello se transcriben aquí íntegramente los Fundamentos de Derecho: Único.- El recurrente cita como preceptos legales infringidos los artículos 18.1 y 187 y ss. LPL, en relación con el artículo 440.1 y 3, y 238.1 LOPJ, así como los artículos 9.2, 14 y 24.1 y 2 CE, aduciendo que el artículo 158 LPL de 1980 (RDLeg. 521/1990 de 27 de abril). A la vista de las alegaciones del actor y teniendo en cuenta que el artículo 191.1 LPL vigente permite que el recurso sea anunciado por la parte, el Abogado o su representante, y que si bien el artículo 192.1 se refiere al Letrado designado, el artículo 193 en cambio no incluye expresamente dentro de los requisitos formales la firma de Letrado tal como establecía expresamente la Ley procesal anterior, cabe interpretar las normas aludidas en el sentido de permitir la firma de Graduado Social, realizando una interpretación amplia y flexible del precepto y en tanto no exista jurisprudencia que interprete de forma distinta la materia referida, habida cuenta de que el artículo 11 LOPJ obliga a resolver las pretensiones, salvo que los requisitos sean insubsanables y teniendo en cuenta también el carácter no formalista que expresamente el Legislador ha querido otorgar al procedimiento laboral, plasmado en la Exposición de Motivos de la Ley de Bases que dice: “…Desde el momento en que el proceso laboral sirve intereses vitales para un elevado número de ciudadanos, su regulación ha de prescindir de formalismos innecesarios, asegurando así la mayor accesibilidad a la justicia. Tales son los criterios que informan la Ley y que informan las bases 10.1 (subsanación y convalidación de actos procesales), 17.3 (deber del Juez de admitir a las partes los defectos u omisiones de la demanda), 19.2 (medios de prueba), y 31.1 (tramitación de los recursos de suplicación y casación, con subsanación de los defectos corregibles)”. La base trigésimo primera no hace referencia expresa a la firma de Letrado. A mayor abundamiento hay que tener en cuenta que los Graduados Sociales de acuerdo con el artículo 440.3 LOPJ y 18.1 LPL, pueden asumir la representación del actor, pero es práctica usual y consentida por los Juzgados que asuman asimismo la labor de asistencia y defensa técnica de las partes, correspondiendo a la Sala de lo Social del TSJ apreciar los defectos insubsanables del recurso de acuerdo con el artículo 196 LPL, si sosteniendo mejor criterio fueran apreciadas.
Acuerdo: Estimar el recurso de reposición interpuesto por Doña…, parte actora, frente a providencia de fecha 14 de noviembre de 1991, y reponer la resolución referida en el sentido de tener por impugnado el recurso de suplicación, elévese a la Sala de lo Social del TSJ Catalunya la presente pieza separada para su unión al procedimiento principal.
Lo manda y firma Doña…, Magistrada-Jueza titular del Juzgado de lo Social núm. 25 de los de esta ciudad y su provincia, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
La reforma de la LOPJ 6/1985, de 1 de julio que operó la Ley Orgánica 16/1994, de 9 de noviembre, da una nueva redacción al artículo 440.3, quizás en un intento de clarificar la posición de los graduados sociales, clarificación que diría yo tímida; así la nueva redacción decía: “En los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representación podrá ser ostentada por graduado social colegiado, al que serán de aplicación las obligaciones inherentes a su función, de acuerdo con lo dispuesto en su ordenamiento jurídico profesional, en el presente título y especialmente en los artículos 187, 437.2 y 442 de esta Ley” Se hace necesario aquí un análisis del contenido de los artículos que expresamente son de aplicación al graduado social, ello pese a que le es de aplicación todo el título II; así, el artículo 187 alude a que los Graduados Sociales usarán toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su rango. Asimismo, en estrados, se sentarán a la misma altura que los demás profesionales y autoridades intervinientes en el pleito; el artículo 437.2 establece el deber de guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser los graduados obligados a declarar sobre los mismos y; el artículo 442 alude a la responsabilidad civil, penal y disciplinaria; si bien se hace necesario destacar que la LO 16/1994 no consideró de aplicación a los graduados el artículo 441 que establecía la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa y asistencia de abogados, en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes.
El artículo 545.3 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial incorpora un nuevo concepto a las funciones del graduado, así al sustantivo representación añade un calificativo “técnica” lo que para algunos especialistas no puede ser otra cosa que un reconocimiento definitivo de la especialización profesional que el graduado desempeña en todo proceso laboral y de Seguridad Social, pero en el sentido de que mantiene sus competencias del sustantivo representación procesal, por cuanto le es de aplicación al graduado social todo el título II del libro VI (De los Abogados y Procuradores… “y de los graduados sociales”) y especialmente los artículos 187, 542.3 y 546 y al lado de tal representación sustantivo, se añade la especialización con un calificativo “técnica”, lo que sin lugar a dudas confirma definitivamente la función que vienen realizando ante los juzgados y tribunales, la representación de la parte y la prestación de ayuda técnica el patrocinio. A diferencia de la regulación anterior, Ley Orgánica 16/1994, de 9 de noviembre, que no incluía entre los artículos aplicables a los graduados el 441 el cual hacía mención a la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa y asistencia de abogados, en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes, ahora si se incluye íntegro el artículo 546, entre los que especialmente son de aplicación a los graduados sociales, el cual en su punto 1, hace mención a las obligaciones del artículo 441 del anterior texto citado.
No obstante la defensa propia de los abogados y la representación de los procuradores, son los graduados sociales, en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, quienes ostentan la asistencia técnica, entendida esta como la dirección, defensa técnica y auxilio profesional, con respeto pleno a las funciones de los demás profesionales. Es esta facultad de los graduados sociales, una función de defensa técnica asumiendo la representación cualificada en su calidad de asesores técnicos jurídicos en materia laboral, social, migraciones, empleo y Seguridad Social.
Para el Consejo General de Graduados Sociales, máximo órgano institucional de los graduados sociales, la representación técnica es la facultad que ostentan los graduados sociales colegiados, en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, representando y dirigiendo técnicamente el proceso laboral, ratificando la demanda y contestando a la misma, proponiendo, practicando y resumiendo la prueba y, en definitiva, ejercitando plenamente ante los Juzgados y Tribunales que conocen de la materia laboral y Seguridad Social los derechos y obligaciones de quien les ha confiado su defensa , definición que ha sido avalada por juristas de reconocido prestigio que apoyaron esta definición y que se transcriben: Don Juan Francisco García Sánchez, magistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo, Don Manuel Iglesias Cabero, magistrado emérito de la Sala IV del T.S., Don Mariano Sampedro Corral, magistrado de la Sala IV del T.S., Don Luis Gil Suárez, presidente de la Sala IV del T.S., Don Enrique López López, vocal portavoz del CGPJ, Don Enrique Míguez Alvarellos, vocal del CGPJ, Don Germán Barreiro González director de la Escuela de RR.LL de la Universidad de León, Don Miguel Rodríguez-Piñero Royo, director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva, Don Antonio V. Sempere Navarro, director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos, Don Rafael Alcázar Crevillén, asesor jurídico del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España (CGCOGE), Don Enrique Arnaldo Alcubilla, asesor jurídico del CGCOGSE y Don Ramón Entrena Cuesta, asesor jurídico del CGCOGSE
Se hace necesario desmenuzar cada una de las palabras del conjunto “representación técnica” para poder llegar a un concepto más concreto del mismo.
Así analizando la expresión “representación” encontramos su definición por la Real Academia Española como acción y efecto de representar.
ACCIÓN de "actio" que viene del agere (actuar) en el proceso. Derecho a acudir a un juez o tribunal recabando de él la tutela de un derecho o interés.
EFECTO = fin para que se hace algo.
REPRESENTAR = sustituir a alguien... informar, declarar o referir (dar a conocer un hecho)
Analizando la expresión “técnica”, la define la Real Academia como perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes.
Otras acepciones de la propia Real Academia son: 2.- adj. Dicho de una palabra o de una expresión: Empleada exclusivamente, y con sentido distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc.
3.- m.y f. Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte.
5.- f. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.
6.- f. Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos
TECHNE = (para Alicia Olabuenaga García) Este concepto significa tanto la actividad especializada como el conjunto de reglas para triunfar en el terreno de la acción, solo puede concebirse en el marco de la "POLITEIA". La división del trabajo y la especialización técnica funda la Politeia griega.
Para Aristóteles, la techne aparece con todos los rasgos de un saber ligado a las formas de conocimiento racional y emparentada con la ciencia, ligadas a la inteligencia (médico, ingeniero...) diferenciada de la productiva que tendría más que ver con la "poiesis", con la repetición rutinaria instalada en la tradición.
Es aquí por tanto, técnica lo relativo a la aplicación de la ciencia social y del trabajo, conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve la ciencia del trabajo y, referido al graduado social, este sería el profesional que posee los conocimientos especiales de tal ciencia y del conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve la misma, haciendo uso de la pericia o habilidad para usar esos procedimientos y recursos. Ningún otro titulado universitario recibe tanta carga lectiva en materia laboral y de derecho del trabajo y de la Seguridad Social como los graduados sociales diplomados y los diplomados en relaciones laborales, titulaciones que facultan para el acceso a la profesión de graduado social.
Concretando, "representación técnica" como actuación profesional en los procedimientos laborales y de Seguridad Social de los graduados sociales (informar, declarar o referir -dar a conocer un hecho-, con especialización técnica y al mismo tiempo, también poder sustituir, en su caso, a la parte, haciendo sus veces, -funciones también propias del "cognitor" y del "procurator", juntas-), esto es el graduado "praesentis"
El debate no se ha dejado esperar y así han surgido de inmediato numerosas manifestaciones a favor y en contra de la idoneidad de la nueva calificación, de si el cambio es a mejor o a peor, de si es más conveniente la asistencia junto a la representación.
Bien es cierto y hay que decirlo, que la expresión representación técnica, no resulta del todo suficiente para ninguno de los intervinientes en el debate abierto pues, incluso los precursores de tal calificativo expresan en su informe: “…en relación a la enmiendas que el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España tenía intención de formular al texto del artículo 545 del Proyecto de Modificación de la LOPJ (correspondiente al contenido del artículo 440 de vigente LO), he manifestado con anterioridad que resultaba muy difícil conseguir la aquiescencia del Consejo General de la Abogacía Española a la pretensión de que la función reconocida a los graduados sociales en los procesos laborales y de la Seguridad Social no fuera sólo la de ostentar la representación de la parte sino también la “defensa”. La función de defensa, en sentido estricto, y en relación con el artículo 24.2 de la Constitución Española, está vinculada al ejercicio de la abogacía, por lo que resultaría muy difícil se reconociera al graduado social, aunque fuera en esos procesos laborales y de la Seguridad Social. Ante esta situación, (entiendo, por tanto, por –defensa-, en sentido estricto, el conjunto de actividades profesionales realizadas por el abogado en ejercicio, en el ámbito de un proceso, para hacer valer las pretensiones de la parte a la que asiste), y dado que la simple facultad de representar procesalmente a la parte en los procesos laborales y de Seguridad Social no describía eficazmente la función realizada por el graduado social ante los Tribunales del Orden Social, puesto que no sólo consiste en actuar en nombre del representado, (máxime en una Jurisdicción en la que la Ley de Procedimiento Laboral permite que la representación se confiera a cualquier persona), sino asistirle en Derecho, propuse tratar de que no sólo se hablara en el artículo 545 del Proyecto de que -en los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representación podrá ser ostentada por graduado social colegiado-, sino que se añadiera a la representación la expresión de –y asesoramiento técnico-, o, abreviadamente, se sustituyera la expresión –representación- por la de –representación técnica-. En definitiva, tanto se utilice la expresión –representación y asesoramiento técnico- o –representación y asistencia técnica-, como la abreviada –representación técnica-, se trata de indicar que la profesión del graduado social no se limita a actuar en nombre y representación de la parte en un proceso laboral o de Seguridad Social, sino también brindarle sus conocimientos en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social para, en ese ámbito procesal, ayudarle a que sus pretensiones se vean satisfechas” ; en otro informe: “¿Por qué definir la representación técnica? ¿Por qué adjetivar la función de representación de los graduados sociales? ¿Por qué no definir como asistencia técnica su función? En adelante, expondremos las razones que aconsejan mantener el concepto de representación de los graduados sociales en la Jurisdicción Social, pero calificándola como técnica. Primero.- La reserva constitucional de la defensa y asistencia a los letrados excluye que se confiera alguna de estas funciones, y, en concreto, la de asistencia a otros profesionales. Aun cuando es facultativa para determinados procesos y, así, para los laborales, la Ley de Procedimiento Laboral excluye definir como defensa o asistencia la intervención de otros profesionales. Es decir, aunque los graduados sociales asuman la función de asistencia técnica en los procesos laborales, la Ley de Procedimiento Laboral la define como representación, que no excluye, por supuesto, la asistencia. (… …) Cuarto.- …la adjetivación de la representación en los procesos laborales y de Seguridad Social como técnica supone el reconocimiento de la realidad de las cosas. Los graduados sociales asumen una función de representación cualificada no sólo como mandatarios sino como asesores técnicos, no únicamente en el plano técnico-jurídico, pero también en este. Por ello, la adición de la palabra –técnica- para calificar su función de representación resulta un cualitativo progreso para esta profesión en el ámbito de los procesos laborales y de Seguridad Social, y ello, lógicamente, sin perjuicio de otras reformas sustantivas que han de acometerse, y, entre ellas, en el ámbito del recurso de suplicación.” . Ambos informe consideran positiva la calificación de técnica para la representación que ostentan los graduados sociales, si bien hacen hincapié en que aunque no se diga se trata realmente de la asistencia y del asesoramiento en calidad de técnicos; en definitiva, el verdadero problema ha sido sin duda la negativa del Consejo General de la Abogacía a admitir plasmado en texto legal que la función de los graduados sociales, verdaderos especialistas en Derecho laboral, es la de asistencia y defensa de la parte.
Otro autor, con motivo de la Sentencia de 29 de enero de 2004 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, por el que se declaró la nulidad de los artículos 3.3, 17.3 y 4, e inciso final del artículo 24.1b) del Estatuto General de los Procuradores de España; alude a que tal sentencia en lo que a la anulación del artículo 3.3 del Estatuto se refiere, resulta oportuna, tan solo a dos semanas de la aprobación de la modificación de la LOPJ, para ser tenida en cuenta por los graduados sociales, toda vez que con la redacción de la anterior LOPJ, 16/1994, de 9 de noviembre, en su artículo 438 referido a los procuradores y 440 a los graduados sociales, se confería a ambas profesiones exclusivamente la pura representación procesal, como exactamente lo hace el actual artículo 543.1 de la nueva LOPJ, 19/2003, de 23 de diciembre, respecto de los procuradores pero, no así con los graduados sociales cuyas facultades vienen reguladas en el artículo 545.3 con la denominación de representación técnica en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, no se trata de la representación, pura y llanamente procesal propia de los procuradores, se trata de una representación procesal técnica, el autor dice que dicha representación técnica no se encuentra definida en la ley, lo que permite afirmar que la representación técnica de los graduados sociales abarca todas aquellas funciones de defensa que expresamente no estén reservadas por la ley al abogado. Entiende asimismo el autor que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que de haber sido anterior a la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, mucho debería haber preocupado a los graduados sociales. “Pero ahora la representación técnica, que va más allá de la mera postulación, está protegida por la ley, por lo que nada puede recurrir quien vea en ella una merma de las facultades del abogado de lo social o de lo laboral” .
Hay quien realiza un análisis de la representación técnica, afirmando que lleva implícita la asistencia técnica, sobre la base de las propias formulaciones de los grupos parlamentarios, cita el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado) núm. 146, de fecha 14.10.2003 donde dice, empieza la formación jurídica del significado y alcance de la denominada “representación técnica”, los grupos parlamentarios Convergencia i Unió Democràtica de Catalunya en el Senado, grupo Parlamentario Socialista; grupo Entesa Catalana de Progres, coinciden todos en la sugerencia dada por el Consejo General del Poder Judicial, en el sentido de que se precise en dicho precepto que “en los procedimientos laborales y de Seguridad Social los graduados sociales no sólo podrán ostentar la representación, sino también asumir la asistencia técnica de las partes”
En el procedimiento el Estado, a través del juez, da satisfacción mediante el proceso a las pretensiones de protección jurídica que ante él se formulan. En los procedimientos laborales y de Seguridad Social, la parte si así lo quiere, puede otorgar la representación técnica procesal a un graduado social que le patrocine (le ayude con especialización además de representarle); la parte que le ha designado, es para el graduado su representado y su patrocinado. Los graduados sociales, son los titulados que más derecho del trabajo y de la Seguridad Social estudian en la universidad española y, en consecuencia son profesionales que posee los conocimientos especiales de la técnica y de la ciencia jurídica laboral; son ius-laboralistas, pues se dedican al ejercicio de la profesión jurídica laboral y al estudio de tal ciencia. La representación procesal del graduado social, puede suponer el acompañamiento o no de la parte que le ha confiado el patrocinio de sus derechos y obligaciones al objeto de satisfacer sus pretensiones.
El graduado en juicio, aplica sus conocimientos técnicos en la ciencia del derecho laboral y social, responde a los ataques o dictámenes ajenos, situándose a favor de los derechos de su representado patrocinándolo, argumentando, alegando, protegiéndolo, mediando, haciendo uso del derecho, pidiendo y postulando en la controversia ante el Juez o Tribunal, realiza en definitiva la auténtica dirección técnica del pleito.
En su despacho o asesoría, el graduado aconseja a sus clientes, es un consultor especialista. Como técnico laboralista su función ante la justicia es procesal en todos los trámites del procedimiento. Es un representante técnico de la parte, a quién también de manera fáctica, protege, patrocina y representa aplicando sus conocimientos especiales de la ciencia jurídica laboral, la técnica.
En lo referente a la representación y defensa previstos en la Ley Concursal. Los graduados sociales podrán ejercer, ante los juzgados de lo Mercantil, sus facultades a favor de los trabajadores que les confíen el patrocinio y representación técnica de sus derechos y obligaciones .
En audiencia pública, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales, los graduados sociales.... junto con, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores usarán toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su rango. Asimismo, todos ellos, en estrados, se sentarán a la misma altura .
Los graduados sociales…, igual que abogados y procuradores deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos .
En relación con el artículo 545.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, le es de aplicación a los graduados sociales el artículo 546 de dicha Ley en sus tres puntos:
1: Es obligación de los poderes públicos garantizar la defensa y la asistencia de abogado, en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes.
2: Los graduados sociales…, abogados y procuradores están sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda.
3: Las correcciones disciplinarias por su actuación ante los Juzgados y Tribunales se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las leyes procesales. La responsabilidad disciplinaria por su conducta profesional compete declararla a los correspondientes Colegios y Consejos conforme a sus estatutos, que deberán respetar en todo caso las garantías de la defensa de todo el procedimiento sancionador. Al respecto, se observará lo dispuesto en el título V del libro VII de la citada LOPJ (De las sanciones que pueden imponerse a los que intervienen en los pleitos y causas), artículos del 552 al 557, por lo que en aquellos artículos donde expresamente cita “abogados y procuradores” debe entenderse graduados sociales, abogados y procuradores.
Asimismo, los artículos 33 y 34 del Reglamento nº 2/2005 de honores, tratamientos y protocolo en los actos judiciales solemnes (Acuerdo de 23 de noviembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial –corrección de errores BOE nº 309 de 27.12.2005) viene a reconocer definitivamente a los graduados sociales como profesión jurídica. Ambos artículos dicen textualmente:
Artículo 33. Del uso de toga e insignias del cargo en actos judiciales solemnes y actos jurisdiccionales.
Las normas de este Título se aplicarán al uso de la toga e insignias del cargo en los actos protocolarios y en las actuaciones jurisdiccionales que se celebren en los estrados de cada Juzgado o Tribunal. Fuera de estos casos, Jueces y Magistrados no usarán la toga e insignias, salvo para cumplimentar al Rey.
En los actos solemnes judiciales y actos jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados, Jueces y Magistrados usarán toga con los atributos que se regulan en el Reglamento de acuerdo con su rango. En todo acto jurisdiccional llevarán traje o vestimenta acorde con la dignidad de la función judicial y la solemnidad del acto.
Fiscales, Secretarios, Abogados del Estado, Abogados, Procuradores y Graduados Sociales en actos solemnes judiciales y actos jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados, usarán toga y, en su caso, placa y medalla. En todo acto jurisdiccional llevarán traje o vestimenta acorde con la solemnidad del acto.
Artículo 34. Del uso de toga, insignias y condecoraciones por los miembros de la Carrera Judicial.
1. Los miembros de la Carrera Judicial, como distintivo del cargo, llevarán sobre la toga una placa situada en el lado izquierdo y, en su caso, usarán medalla. Ambos atributos del cargo serán dorados si se trata de Magistrados del Tribunal Supremo y Magistrados y plateadas si son Jueces.
2. Los miembros de la Carrera Judicial que pertenezcan a la primera y segunda categorías, llevarán en las mangas de la toga vuelillos blancos sobre fondo negro.
3. El diseño de la medalla y placa será el que figura en la Orden Ministerial de 16 de octubre de 1939, a la que se remite en el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 29 de mayo de 1985, con las modificaciones en él previstas, y que figura en el Anexo I de este Reglamento.
4. Los/las Vocales del Consejo General del Poder Judicial, en actos protocolarios solemnes que se celebren en estrados, usarán toga con vuelillos sobre fondo negro, con la medalla e insignias del Consejo General del Poder Judicial y condecoraciones. El diseño de la placa y medalla será el aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en Acuerdo de 15 de diciembre de 1982 y que se describe en el Anexo II. En la placa figurará el diseño del escudo aprobado por el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 10 de diciembre de 2002.
5. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo usará de ordinario el collar pequeño y, en los actos protocolarios solemnes, el gran collar de la Justicia.
6. Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogado, Procuradores y Graduados Sociales podrán usar condecoraciones en los actos protocolarios; de llevarlas en la toga, se colocarán en su lado derecho.
7. Forma parte de las potestades de ordenación de estrados de Jueces y Tribunales velar por la observancia de las normas hasta aquí expuestas.
El graduado social, al estar en posesión del título universitario puede acceder a todas las oposiciones de las Administraciones Públicas según el nivel académico exigido, en la actualidad puede acceder a todos los niveles hasta el grupo A inclusive como docente, mencionado más arriba, y hasta el grupo B inclusive, tales como Técnicos de Hacienda; de Auditoría y Contabilidad; de Gestión de las Comunidades Autónomas; de Gestión de la Seguridad Social; de Gestión de la Administración Civil del Estado; Subinspectores de Empleo y Seguridad Social; de Gestión Procesal y Administrativa; etc.
De cara al futuro habrá de estarse a la implantación de los nuevos títulos de grado a efectos de acceso a los grupos de la Administración.
Los abogados laboralistas tienen la función principal de acompañar, asesorar y defender a empresas y/o trabajadores ante litigios relacionados con asuntos laborales. Concretamente, las funciones que principalmente pueden atender son:
Asesoramiento en asuntos de derecho laboral individual y colectivo; Asesoramiento en Seguridad Social, como incapacidades, invalidez, pensiones o jubilaciones; Representación en procedimientos judiciales de carácter laboral; Representación y asesoramiento en negociación de convenios laborales; Asesoramiento y representación ante despidos y sanciones laborales e inspecciones de trabajo; Asesoramiento en la negociación de contratos de trabajo; Asesoramiento y representación ante reclamaciones de cantidad, acoso laboral, mobbing y accidentes laborales.
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