El acuerdo del Lago Meech (en inglés Meech Lake Accord y en francés Accord du lac Meech) fue un pacto de 1987 asociado a una serie de enmiendas a la Constitución de Canadá propuestas por el primer ministro Brian Mulroney y los primeros ministros de las diez provincias. Pretendía persuadir a Quebec para que apoyara la enmienda constitucional de 1982 (que no había firmado) y aumentar el apoyo a un federalismo en el que Quebec siguiese dentro de Canadá. Fue precisamente el rechazo al acuerdo lo que provocó un mayor apoyo al movimiento soberanista quebequense.
En 1981 el primer ministro Pierre Trudeau logró llegar, tras una larga ronda de negociaciones, a un acuerdo para “repatriar” la Constitución. Este acuerdo constituyó la base de la Ley sobre la Constitución de 1982.
A pesar de que el acuerdo se convirtió en una ley que modificó a su vez a la Ley sobre la Norteamérica Británica, no contó con el apoyo de Quebec, donde el primer ministro provincial René Lévesque y la Asamblea Nacional de Quebec rechazaron ratificar la enmienda. La Corte Suprema de Canadá había dictaminado anteriormente, en la Sentencia sobre el Veto de Quebec, que ni esta ni ninguna otra provincia había tenido jamás derecho al veto constitucional. Se determinó asimismo que la Constitución se aplicaría a todas las provincias por igual, la ratificasen o no. Al final se dio la situación de que Quebec fue la única provincia que no apoyo el proceso de “repatriación”, por contraste al resto de premiers de las otras provincias.
La elección del conservador Brian Mulroney como primer ministro de Canadá durante el mandato del liberal Robert Bourassa en Quebec creó un nuevo clima más favorable al diálogo, hasta entonces imposible por las ideas irreconciliables de Trudeau y Lévesque. De este modo, Bourassa estableció cinco demandas clave para que Quebec “entrara” dentro de la Constitución.
El acuerdo fue negociado en una reunión entre Mulroney y los primeros ministros provinciales en la Casa Willson, a las orillas del lago Meech, situado en las Colinas de Gatineau (cercanas a Ottawa). Dicha reunión tuvo lugar en 1987, y no contó con la presencia de los territorios que, a pesar de ser invitados en principio, fueron luego retirados del encuentro, pues Mulroney pensó que estos no tenían suficiente poder. Pudieron participar, sin embargo, vía videoconferencia.
En la reunión se determinaron cinco puntos clave para una reforma constitucional a la Carta Magna canadiense: reconocimiento de Quebec como una sociedad diferenciada; otorgamiento del derecho a veto constitucional a todas las provincias; aumento de las competencias provinciales en materia de inmigración; extensión y regulación del derecho a una compensación económica razonable para cualquier provincia que rechazara aplicar una medida a nivel federal si tenía competencias sobre la materia; y mayor poder provincial en la elección de senadores y jueces de la Corte Suprema.
Como el acuerdo, de ser aprobado, cambiaría la fórmula de reforma constitucional, debería obtener consentimiento de todas las provincias y del Gobierno federal en un plazo máximo de tres años. Brian Mulroney llamó a este proceso “ronda de conversaciones sobre la reforma constitucional con Quebec” y prometió reformas adicionales al acuerdo en sí.
La oposición apoyó, por lo general, el proyecto. El líder del Partido Liberal John Turner se vio en una situación difícil, pues la aprobación del acuerdo supondría un mayor apoyo al Partido Progresista-Conservador en Quebec (feudo liberal por excelencia hasta que Trudeau “repatrió” la Constitución, cosa que le ha costado a los liberales el no lograr mayorías en Quebec desde entonces) y la renuncia al ideal de federalismo formulado por el carismático ex-primer ministro y reconocida figura pública Pierre Trudeau. Más tarde respaldó el acuerdo, lo que provocó una profunda división en el seno liberal. El socialdemócrata Nuevo Partido Democrático, con su líder Ed Broadbent, también dio su visto bueno. El Partido Reformista, de corte populista y conservador, rechazó el pacto sobre la base de que violaba la igualdad de las provincias. Un punto importante fue el apoyo de la Corona (cosa excepcional), que se hizo presente cuando la reina Isabel II expresó los días 22 y 23 de octubre de 1987 su apoyo personal al acuerdo del Lago Meech, lo que le ganó las críticas de sus detractores.
Cuando llegó el momento de debatir el acuerdo en la Asamblea Nacional de Quebec (último paso para acabar el proceso), el independentista Parti Québécois se opuso al mismo. El apoyo de los diez premiers provinciales implicó asimismo un respaldo mayoritario de los canadienses al acuerdo, según las encuestas iniciales; sin embargo, los resultados de esas mismas encuestas de junio de 1990 mostraban un rechazo absoluto del mismo. El descenso de apoyo se atribuyó al concepto de “sociedad distinta”, entendido por el Canadá anglófono como el reconocimiento de un “estatus especial” a Quebec. Al mismo tiempo, el uso por parte del primer ministro de Quebec Robert Bourassa de la Trigésimocuarta Enmienda de la Constitución canadiense (la llamada “cláusula derogatoria”, que permite el no cumplimiento de otras disposiciones en determinados casos) para rechazar la decisión de la Corte Suprema de Canadá de declarar inconstitucionales partes de la Carta de la Lengua Francesa de Quebec (en concreto, las referidas a la rotulación en establecimientos) fue considerado como una provocación por muchos federalistas canadienses, sobre todo del Canadá anglófono (a pesar de ser una medida totalmente legal).
También fue muy controvertida la discusión sobre el reparto de competencias y su cesión a las provincias: Pierre Trudeau denunció esta parte del acuerdo como la “venta” de Mulroney a los intereses de las provincias. Trudeau argumentaba que el hecho de que Quebec fuese distinto no era de especial importancia, pues la provincia no era mucho más diferente que otras del país, y apostaba por un reparto claro de las competencias en un contexto totalmente federal. En un artículo de opinión, escribió que “la federación estaba pensada para durar unos mil años. Lamentablemente, solo se veía un problema de fondo: que el Gobierno de Canadá cayese en manos débiles. Ese momento ha llegado”. Algunos diputados liberales apoyaron esta visión y consideraron al ex-primer ministro su “líder espiritual”, criticando la decisión tomada por el líder grit John Turner de apoyar el acuerdo.
Por otro lado, el criticismo también englobaba la falta de transparencia del proyecto: la opinión pública veía el proceso como una reunión de “once tipos con traje y corbata” decidiendo el futuro de Canadá en un despacho a puerta cerrada.
A medida que se acababa el plazo, comenzó a romperse el consenso. La presión de los votantes puso a muchos primeros ministros, sobre todo del oeste de Canadá, contra las cuerdas. El apoyo o no al acuerdo se convirtió en materia electoral: en Nuevo Brunswick, la victoria liberal implicó la revocación del apoyo dado por el anterior gobierno conservador al acuerdo. Ocurrió lo mismo en Terranova.
Unos pocos meses antes de la fecha límite para llegar a un acuerdo, una comisión liderada por el ministro Jean Charest recomendó algunos cambios al mismo. Esto provocó el abandono del partido de múltiples figuras reconocidas, como Lucien Bouchard, que había servido en el gabinete Mulroney en diversos cargos de responsabilidad. Su unión con otros liberales desencantados desembocó en la creación del Bloc Québécois (representante del soberanismo quebequense a nivel federal).
El más presionado fue, supuestamente, Robert Bourassa. El acuerdo, que era el mínimo exigible de muestra del compromiso federal con Quebec para el 80% de la población, supondría una gran derrota para Bourassa si su contenido y alcance se redujeran.
La situación provocó una reunión de ministros el 3 de junio de 1990 (20 días antes del tope). Tras una semana de negociaciones, se acordó una ronda de conversaciones más antes de ratificar el acuerdo. Todos los primeros ministros, incluido el de Newfoundland, que defendió sin embargo un referéndum, estuvieron de acuerdo en firmar el “nuevo” pacto, que incluía el compromiso de reformar el Senado antes del 1 de julio de 1995. La cámara alta sería electa por voto popular en vez de por el primer ministro, tendría más influencia sobre la Cámara de los Comunes y sería más representativa, estableciendo un número de senadores por provincia de no llegar a acuerdo sobre la materia. El paquete de reformas incluía además un debate mucho más amplio (competencias provinciales para nombrar senadores, diálogo sobre temas relacionados con los aborígenes, regulación del proceso de creación de provincias y una nueva fórmula para enmendar la Constitución).
El primer ministro de Terranova, Clyde Wells, declaró a este respecto:
“Este proceso de reforma constitucional no debe ser seguido nunca más. Es imposible para once primeros ministros tomar unas decisiones tan importantes y que exigen tanta deliberación, y es más que injusto tener a un primer ministro que toma decisiones en secreto que afectan a tantas personas, sin decir a 26 millones de canadienses qué hay en juego y qué normas estamos siguiendo para cambiar todo”.
Nuevo Brunswick aceptó el nuevo acuerdo y su premier recorrió el país para anunciar su apoyo al proyecto.
En Manitoba, sin embargo, la cosa no fue tan sencilla. A pesar de las constantes protestas indígenas, la asamblea legislativa de la provincia determinó aprobarlo. La decisión en la cámara debía ser unánime para evitar la vía de la consulta, y el cuórum se rompió cuando el diputado Elijah Harper levantó una pluma de águila para mostrar su oposición. Harper apoyaba el referéndum como manera de consultar a las Primeras Naciones, aisladas del proyecto.
A pesar de crear una ley para permitir que Manitoba tuviese más tiempo (tres meses y la posibilidad para Quebec de reconsiderar su decisión), Newfoundland determinó anular la votación que se iba a llevar a cabo en la Asamblea provincial, porque el resultado sería contrario al deseado. El acuerdo había muerto.
La derrota del acuerdo se notó sobre todo en Quebec. En un discurso a la Asamblea Nacional de Quebec dado momentos después del fracaso del acuerdo, Bourassa expresó el sentimiento nacionalista del momento:
“...el Canadá inglés ha de entender que, haga lo que haga o diga lo que diga, Quebec es, hoy y siempre, una sociedad distinta que es libre y capaz de asumir el control de su destino y desarrollo”.
Este discurso y otras acciones de Bourassa dieron a los quebequenses la impresión de que los liberales estaban abiertos a todas las opciones, incluida la convocatoria de un referéndum sobre la independencia. Las encuestas en este momento mostraban una mayoría a favor de la soberanía-asociación. La consecuencia de esto fue la creación del llamado Informe Allaire y la promesa de celebrar un referéndum sobre la soberanía o sobre un nuevo acuerdo constitucional en 1992.
El primer ministro de Ontario, el conservador-progresista David Peterson, había sido una figura clave a la hora de crear el acuerdo y continuó apoyándolo a pesar de la creciente oposición. Esto provocaría inquietud en su propia provincia. A pesar de que los medios de comunicación no hicieron mucho hincapié en la relación de Peterson con el acuerdo, el gobierno federal estaba lidiando directamente con las consecuencias de no aprobarlo. Por tanto, y con este tema por bandera, el electorado, convocado por él mismo en 1990, lo derrotó y eligió por primera vez al candidato del NDP Bob Rae.
La popularidad de Mulroney se desplomó. La manera de manejar el acuerdo fue muy criticada y los exhaustivos e interminables debates sobre el tema desembocaron en una total incertidumbre en el tema de la reforma constitucional.
En noviembre de 1990, Mulroney decidió contar con la voluntad de los canadienses a través de la convocatoria del Foro de los Ciudadanos sobre la Unidad Nacional. Este foro es más conocido como la Comisión Spicer, pues su líder era Keith Spicer.
Tras una serie de conferencias constitucionales y gracias a los esfuerzos del ex-primer ministro Joe Clark, se logró llegar a un nuevo acuerdo, el acuerdo de Charlottetown, que incluía, aparte del paquete de reformas constitucionales, la intención de dialogar sobre el problema étnico con las Primeras Naciones. Este último acuerdo fue sometido a referéndum, con una mayoría en contra en casi todas las provincias, incluyendo Quebec.
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