Un alertador, también llamado denunciante, informante, filtrador o delator, define a un ciudadano que, trabajando en sectores públicos o privados, decide dar a conocer un hecho presuntamente criminal como un delito, un peligro o un fraude a la sociedad civil, a los medios de comunicación o a los organismos públicos. La revelación de información puede ocurrir mediante la información simple de los hechos hasta la filtración de documentos y pruebas que corroboran el hecho. En ocasiones se usa el término inglés whistleblower (persona que hace sonar un silbato o pito), cuyo uso se circunscribe al ámbito laboral u organizacional, mientras que los términos equivalentes en castellano pueden aplicarse también a actuaciones en otros ámbitos.
La revelación de esta conducta puede ser de varios tipos: la violación de una ley, regla o regulación que puede ser una amenaza al interés público, como un fraude contra leyes de salud o seguridad o sobre corrupción política. Los whistleblowers, pueden hacer sus alegaciones internamente, con otras personas en la organización o externamente a reguladores, agencias, medios de comunicación, o grupos que tengan relación con el tema.
Frecuentemente se ven obligados a afrontar represalias de las manos de la organización o grupo acusado, o de organizaciones y gobiernos indirectamente relacionados. En razón de ello, algunos gobiernos han aprobado regulaciones legales para darles protección.
El origen del término inglés, whistleblower, viene de la práctica de los oficiales de policía británicos que hacían sonar sus silbatos (whistle) soplando (blow) en ellos, cuando se daban cuenta de la comisión de un delito. El silbato servía para alertar al público y a otros policías del peligro.
La protección legal para la práctica de la delación varía de un país a otro y puede depender del país donde ocurrió la actividad denunciada, de dónde y cómo fueron revelados los secretos, y cómo llegaron a publicarse o publicitarse. Más de una docena de países han adoptado leyes completas de protección a la delación que crean mecanismos para informar de infracciones y proporcionar protección legal para los delatores. Otros más de 50 países han adoptado protecciones más limitadas en el marco de sus leyes anticorrupción, de libertad de información, o de empleo.
En diciembre de 2010, el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que protege a los empleados gubernamentales que informen casos de abuso, fraude y malgasto.
En el caso de España, la protección del denunciante en el marco de los canales de denuncia carece de regulación alguna a nivel estatal, existiendo tan solo algunas normas a nivel autonómico.
En noviembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una directiva de protección al delator ("Whistleblower Protection Directive") que contiene amplias protecciones para la libertad de expresión de delatores en los sectores público y privado, incluyendo periodistas, en todos los Estados miembros de la Unión Europea. La Directiva prohíbe represalias directas o indirectas contra empleados, actuales y pasados, en ambos sectores.
Si el alertador da a conocer un hecho relacionado con la energía nuclear, se trata de un alertador nuclear (nuclear whistleblowers, en inglés). Ha habido varios alertadores nucleares, a menudo ingenieros nucleares, que han identificado o dado a conocer problemas de seguridad nuclear.
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