José Arturo Cubillas Fontán (San Sebastián, Guipúzcoa, el 6 de diciembre de 1964) es un funcionario de Venezuela, español de nacionalidad de origen y venezolano por carta de naturaleza, acusado en España de pertenecer a la organización terrorista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) de los delitos de conspiración para cometer actos armados y delito de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada por el Juzgado Central de Instrucción N.º 6 de la Audiencia Nacional.
Cubillas fue deportado a Venezuela desde Argelia en 1989 con otros grupos de vascos, a otros países de Latinoamérica y África, por las autoridades españolas, y bajo vigilancia policial argelino-española, después del fracaso de las Conversaciones de Argel entre la organización armada vasca ETA y el Gobierno de España. Por un acuerdo entre el ejecutivo de Felipe González y el del venezolano Carlos Andrés Pérez, fueron acogidos con el estatus de refugiado político. Años después adquiere la ciudadanía venezolana al cumplir todos los requisitos exigidos por las leyes venezolanas, entre ellos el de no tener antecedentes penales ni causas pendientes en España ni en Venezuela.
En marzo de 2010, años después de la adquisición de la ciudadanía venezolana, la Audiencia Nacional de España señaló que obraban «diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ETA y en especial de Arturo Cubillas Fontán». Dos miembros de ETA «corroboraron» la acusación ante la policía y el juez, Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, como la persona que les facilitó el entrenamiento en Venezuela. Todos los cargos fueron negados por Cubillas quien solicitó a la fiscalía de Venezuela una investigación.
En España se le considera sospechoso de haber organizado encuentros que servían de intercambio de experiencias y adiestramiento militar entre las FARC y ETA, aunque esa suposición nunca pudo ser probada. Según la Audiencia Nacional, fruto de estas reuniones, miembros de las FARC impartieron adiestramiento militar a cuatro militantes de ETA, entre el 14 de julio y el 12 de agosto de 2003, en territorio colombiano y fronterizo con el estado venezolano de Zulia, y se emplazaron para recibir más en el futuro. Esta supuesta colaboración continuó con la petición de ayuda de las FARC a ETA durante el año 2000 para poder atentar en territorio español contra determinadas personas, entre las que se encontraba el expresidente colombiano Andrés Pastrana y la exembajadora colombiana en España Noemí Sanín.Todas estas conjeturas y entramados no son más que un ardid para relacionar al presidente venezolano con grupos armados por medio de la prensa española.[cita requerida] Los hechos demuestran que las FARC nunca han atentado fuera de territorio colombiano debido al mismo planteamiento de lucha que desde hace décadas enfrenta contra el Gobierno y Ejército colombiano, el mismo que el IRA de De Valera empleaba contra la ocupación británica.[cita requerida]
El Gobierno de España solicitó la extradición de Cubillas el 29 de octubre de 2010, después de 21 años de residencia en Venezuela y con conocimineto de las autoridades españolas, por acuerdo del Consejo de Ministros, de conformidad con lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
El 3 de noviembre de 2010, Cubillas compareció ante la Fiscalía General venezolana para declarar como testigo en la causa que él pidió que se abriera el 11 de octubre del mismo año sobre las investigaciones de la Audiencia Nacional de España que lo relacionaban con diversos delitos. Varios manifestantes se encontraban a las puertas de la fiscalía en apoyo de Cubillas con lemas como «No a la extradición, no a la tortura», y «A Venezuela se le respeta».
El 14 de octubre de 2010, antes de solicitarse la extradición oficialmente, la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, señaló que «una persona venezolana no puede ser extraditada». debido a que el artículo 69 de la constitución de Venezuela de 1999 lo prohíbe expresamente.
Después de solicitarse la extradición, la fiscal Ortega Díaz pidió la extradición de Mario Leonardo Rocco, detenido en Canarias y acusado en Venezuela de estar involucrado en una muerte cuando se produjo el intento de golpe de Estado de 2002, señalando: «Vamos a ver si con la misma eficacia que hablan, ellos [las autoridades españolas] responden».
El 5 de noviembre de 2010, la cancillería venezolana emitió un comunicado en el que decía:
En esos momentos estaba reunido el Consejo de Ministros de España, que ha manifestado su «profundo malestar» por la nota de la cancillería venezolana, al tiempo que esperaba incrementar la colaboración de Venezuela en la lucha contra ETA, llamando a capítulo al embajador de Venezuela en España por la ministra de Asuntos Exteriores española.
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