Los campos de refugiados de la provincia de Tinduf se encuentran en la región del mismo nombre del suroeste de Argelia. Están habitados por refugiados saharauis y fueron llamados con los nombres de las ciudades de Sahara Occidental: El Aaiún, Auserd, Smara y Dajla. Cada campamento es una wilaya que se estructura en núcleos menores de población llamados dahiras. Su población es de varias decenas de miles de habitantes, pero la cifra exacta varía en función de la fuente. Algunos de sus habitantes llevan más de 30 años en el lugar y los más jóvenes son refugiados de tercera generación que nunca han conocido su patria.
La RASD y el Frente Polisario tienen sus bases en estos campamentos. También se encuentran las dependencias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de algunas ONG. Su capital administrativa es Rabouni, población donde se encuentran los servicios de protocolo, la presidencia, los ministerios y las administraciones de los servicios públicos de la RASD.
Las condiciones de vida son duras. La mayoría de la población vive en tiendas, sin agua corriente, y depende casi totalmente de la ayuda internacional externa para subsistir, que ha ido decreciendo con los años. El ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos estiman que dos tercios de las mujeres sufren de anemia, y un tercio de los niños sufre de desnutrición crónica. Anteriormente, los refugiados trataban de ayudarse mutuamente, pero la situación ha cambiado: los jóvenes buscan trabajo en las ciudades vecinas, o emigran a otros países como España, y esto preocupa seriamente al gobierno.
Hasta el 19 de agosto de 2005, ha habido aquí cerca de 500 prisioneros de guerra marroquíes, siendo algunos los más antiguos que existen en el mundo, pues han estado retenidos por más de 20 años en estas condiciones. Su liberación se ha llevado a cabo en parte gracias a la mediación estadounidense, que ha presionado a ambas partes para que realicen gestos de buena voluntad que posibiliten la resolución de los problemas políticos que aquejan a la región desde hace décadas.
La situación de los derechos humanos ha mejorado desde el fin de la guerra en 1991, pero no es posible hacer una evaluación confiable debido a la falta de organizaciones locales abocadas al monitoreo de los mismos. Las críticas se centran en la ocupación marroquí que divide al territorio con un muro de 2720 km y protegido con casi 7 millones de minas antipersona y obstaculiza la solución pacífica del conflicto a través de la aplicación de las resoluciones de la ONU que proponen la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui en el que decida entre la integración a Marruecos, la autonomía y la independencia. Mientras tanto miles de refugiados saharauis y la población saharaui que no abandonó los territorios ocupados verán vulnerados sus derechos básicos.
Ciertas ONG como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro Rober F. Kennedy han denunciado las sistemáticas violaciones marroquíes de los derechos humanos en las zonas ocupadas donde la población saharaui es reprimida por las fuerzas de ocupación marroquíes que tienen a decenas de presos políticos saharauis en sus cárceles. Marruecos con el apoyo de Francia logra evitar la ampliación de las prerrogativas de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental, MINURSO, para la vigilancia y monitoreo de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados saharauis.
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