Coordenadas: 34°50′14.3″S 56°5′17.9″O / -34.837306, -56.088306
La Unidad Nº 6 de Punta de Rieles, conocida como Cárcel de Punta de Rieles, o Penal de Punta de Rieles, es una prisión ubicada en Camino Dionisios s/n, entre Camino Punta de Rieles y Camino Chacarita de los Padres, a 14 kilómetros de Montevideo, Uruguay.
Funcionó como cárcel militar para mujeres entre enero de 1973 y marzo 1985, bajo el nombre de Establecimiento Militar de Reclusión Nº 2 (EMR 2). En él estuvieron recluidas más de 600 presas políticas durante la dictadura cívico-militar en Uruguay.
En 2010 volvió a entrar en funcionamiento como establecimiento penitenciario de seguridad media para presos comunes, dependiendo del Instituto Nacional de Rehabilitación.
La cárcel se ubica en un predio que originalmente fue propiedad de la Orden Jesuítica, y que fue adquirido por el Ministerio del Interior en 1968. Fue destinado a la reclusión de detenidos en el marco de la aplicación de medidas prontas de seguridad durante los gobiernos de Jorge Pacheco Areco (1968-1972) y Juan María Bordaberry (1972-1973).
En 1972 entra en vigencia la Ley Nº 14.068 de «Seguridad del Estado y del orden interno», con lo cual las personas detenidas en el marco de la represión política podían ser juzgadas por tribunales militares. Punta de Rieles pasó a funcionar entonces como centro de reclusión de estos prisioneros, quienes fueron trasladados posteriormente al Penal de Libertad.
Durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) Punta de Rieles fue uno de los centros de reclusión para el encarcelamiento masivo y prolongado de oponentes al régimen. Funcionó como un establecimiento femenino durante 12 años, hasta el fin de la dictadura en 1985, por el cual pasaron más de 600 priosioneras.
El 16 de enero de 1973, 175 mujeres presas procesadas por la justicia militar, fueron destinadas a la cárcel de Punta de Rieles. Comenzó a funcionar como una prisión exclusiva para mujeres, junto con la Cárcel de Mujeres de Montevideo «Cabildo», la Escuela de Nurses «Carlos Nery», el Establecimiento Militar de Reclusión N.º 3 de Paso de los Toros y las dependencias de Fusileros Navales. Aunque a partir de 1977 todas las presas políticas fueron concentradas en el establecimiento de Punta de Rieles.
La llegada de nuevas prisioneras requería una constante ampliación y remodelación. Se construyeron pabellones anexos al edificio central (que originalmente tenía capacidad para 180 personas), nuevos celdarios y calabozos de castigo; no obstante, se vivía en condiciones de hacinamiento, con hasta entre 18 y 22 prisioneras en cada celda. Se levantaron torres de vigilancia, cercos perimetrales e instalaciones para efectivos militares, que llegaron a ser unos 300, entre tropa femenina y masculina. También se agregaron algunas instalaciones para la comodidad de los directores del penal y sus familias, como piscina, cancha de polo y de fútbol, y hasta un pequeño zoológico.
El régimen de reclusión, inicialmente más liberal, se fue volviendo cada vez más severo. A partir de 1974 se endureció a través de un proceso de deshumanización permanente, que incluía clasificación de las reclusas, identificación con un número en la espalda, horarios estrictos, sanciones disciplinarias y castigos físicos, restricciones a la comunicación, control de correspondencia, trabajos forzados y pautas de conducta militar.
La guardia perimetral de la cárcel era realizada por efectivos masculinos, y la guarda interna, en contacto directo con las prisioneras, estaba a cargo del personal femenino. La administración del penal era ejercida por oficiales, muchos de ellos reconocidos como torturadores, según testimonios de reclusas.
En la Oficina de Inteligencia del penal se guardaba un archivo con información detallada sobre las mujeres y su familia, que era utilizado como una herramienta de control. Allí se practicaban interrogatorios bajo fuertes presiones psicológicas y amenazas de tortura y muerte. Las reclusas eran evaluadas en «su grado de evolución ideológica» para decidir sobre su nivel de «recuperación», «transformación moral» y «readaptación social».
No obstante, las prisioneras políticas de Punta de Rieles también generaron estrategias de resistencia. Fueron significativas las prácticas grupales, como las representaciones teatrales clandestinas que lograban organizar y que les permitían generar y sostener lazos de solidaridad.
Desde junio de 2010 vuelve a convertirse en un centro penitenciario como respuesta a la situación de superpoblación carcelaria en Uruguay. Es una Unidad de Media Seguridad para hombres con una población de 604 personas (2017). Se la considera actualmente una cárcel de buenas prácticas en términos de rehabilitación a través de actividades laborales.
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