El Club de la Construcción, es el nombre dado a una presunta concertación ilícita de constructoras en el Perú (entre nacionales y extranjeras) para repartirse obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC). Está siendo investigada por la Fiscalía anticorrupción desde 2017, con el aporte de aspirantes a colaboradores eficaces.
El caso está actualmente en manos del fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial del caso Lava Jato. Los delitos investigados son por tráfico de influencias, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Las empresas en cuestión serían más de 25, entre las que se cuentan las peruanas Obrainsa, Graña y Montero, ICCGSA, JOHESA, Grupo Plaza, Cosapi, Constructora San Martín, Málaga Hermanos, H & H Casa; y las brasileñas Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Mota-Engil.
Odebrecht, así como Graña y Montero, no se adjudicaron muchas obras, ya que apuntaban más a los megaproyectos como el Metro de Lima y el gasoducto del Sur; el Club de la Construcción prefería las obras menos vistosas.
OAS, que, al igual que Odebrecht, se ha acogido a la colaboración eficaz con la Fiscalía peruana, ha reconocido haber pagado US$ 25 millones al Club de la Construcción, para ser incorporado como miembro del mismo.
La tesis de la fiscalía es que el Club de la Construcción habría actuado durante el gobierno de Ollanta Humala, entre agosto de 2011 y junio de 2014, aunque se presume que ya existía desde mucho antes y solo se reactivó en dicho gobierno.
Raymundo Trindade Serra, ex apoderado de Odebrecht, y testigo del Caso Lava Jato, al ser interrogado por los fiscales peruanos en febrero de 2019, declaró que el Club de la construcción existía en el Perú desde la segunda mitad de la década de 1990, y que su formación se debió a un cambio en la legislación durante el gobierno de Alberto Fujimori. Dicho cambió habría facilitado el direccionamiento de licitaciones a cambio de sobornos de las constructoras.
Las investigaciones determinaron que los principales promotores y organizadores del Club de la Construcción fueron el lobista Rodolfo Prialé de la Peña y el exasesor del Viceministerio de Transportes Carlos Eugenio García Alcázar. Se ordenó la prisión preventiva de ambos, aunque solo logró ser capturado García. Los dos se acogieron a la Ley de Colaboración Eficaz y están actualmente en libertad, negociando un acuerdo de colaboración eficaz con el Equipo Especial del Caso Lava Jato.
Otros operadores habrían sido Elard Paul Tejeda Moscoso (gerente de Obrainsa), Félix Erdulfo Málaga Torres (gerente general de Constructora Málaga Hermanos), Luis Humberto Prevoo Neira y Guillermo Reynoso Medina, estos dos últimos exsocios de Prialé.
De acuerdo al testimonio de los aspirantes a colaboradores, este habría sido el procedimiento de la corrupción: Una vez realizada las licitaciones públicas en la página de Provías Nacional (entidad del MTC), los representantes legales de las empresas interesadas se reunían con Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña, para acordar cuál sería la firma ganadora. El acuerdo tomado se informaba a Carlos Eugenio García Alcázar, funcionario del MTC, quien era el encargado de hacer el otorgamiento de la Buena Pro a la empresa designada. Asimismo, en dichas reuniones se determinaba que la compañía ganadora debía realizar un pago ascendente del 2.92% a 5 % del valor referencial de la obra, que era entregado a Prialé de la Peña.
Pero tras la aprobación de la ley contra el lavado de activos, se acordó que los pagos se justifiquen a través de falsos contratos de servicios o suministro de agregados. Así, cuando una empresa del Club de la Construcción "ganaba" la licitación, firmaba un contrato con alguna de las empresas de Prialé: Lual Contratistas Generales, P y P Contratistas Generales, RAL Contratistas y Servicios Generales, Granja Juan Diego Vascos, Agronegocios Procam y Terrapuerto Wari. Luego, a través de García Alcázar, Prialé y Prevoo se encargaban de dar las coimas a los funcionarios del MTC, quienes daban el visto bueno a los acuerdos.
Según la tesis de la fiscalía, el Club de la Construcción era una organización criminal conformada por tres componentes:
El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para cuatro involucrados en el caso del 'Club de la construcción', que se dictó el 25 de enero del 2018. Entre ellos, el exfuncionario del MTC, Carlos García Alcázar; el lobysta, Rodolfo Prialé de la Peña; y los empresarios Elard Tejeda Moscoso y Humberto Prevoo Neira. Tras acogerse a la colaboración eficaz, Carlos Garcia y Rodolfo Priale pasaron a Arresto Domiciliario.
La juez María de los Ángeles Álvarez, del Primer Juzgado Nacional Anticorrupción, también dictó impedimento de salida del país contra ocho empresarios investigados por el denominado "club de la construcción". Se trata de Marco Antonio Aranda Toledo (Cosapi), Nicolay Castrillo Gutzalenko (Graña y Montero), Rafael Granados Cueto (Iccgsa), Jaime Eduardo Sánchez Bernal (H&H/Casa), Franco Martín Burga Hurtado (OAS). Además de Óscar Javier Rosas Villanueva (Queiroz Galvao), Víctor Ricardo De la Flor Chávez (Andrade Guitérrez) y Norma Graciela Zeppilli del Mar (Mota-Engil). Todos, investigados por los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por 18 meses para José Paredes Rodríguez (hermano del exministro Carlos Paredes), así como para José Fernando Castillo Dibós (expresidente de la empresa ICCGSA), Edgard Ricardo Unzueta Zegarra (gerente comercial de la constructora brasileña Andrade Gutierrez) y Javier Lei Siucho (representante de la constructora CyM). En la audiencia realizada el 21 de mayo de 2019, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho aceptó imponer la prisión preventiva a José Paredes Rodríguez, al considerar que existían graves elementos de convicción sobre la comisión de presuntos delitos que se le imputaban, además de peligro de fuga y de obstaculización procesal. La misma medida se aplicó para el empresario, Javier Lei Siucho por la sala de apelaciones del Poder Judicial. En cuanto a Castillo Dibós y Ricardo Zegarra, la misma fiscalía retiró su pedido de prisión preventiva y pidió solo comparecencia restringida para ambos.
También, el Poder Judicial ordenó, a pedido del entonces procurador ad hoc Jorge Ramírez, el embargo de 288 bienes vinculados a los procesados. La finalidad de esta medida es asegurar el cobro de una reparación civil. También a pedido del Fiscal Germán Juárez, la jueza María de los Ángeles Álvarez declaró fundado que solicitaba incorporar a 16 empresas como investigadas en el proceso penal por el caso “Club de la Construcción”. De acuerdo a la resolución, se trata de las empresas GyM S.A., Obras de Ingeniería S.A.C. - Obrainsa, ICCGSA, CASA, Constructora Málaga Hermanos S.A., Johe S.A., San Martín Contratistas Generales S.A., Grupo Plaza S.A., Queiroz Galvao S.A. Sucursal del Perú, Andrade Gutiérrez Engenheharia S.A. Sucursal del Perú S.A., Mota Engil S.A., Superconcreto del Perú S.A., Energoprojekt Niskograndja S.A. Sucursal del Perú, Conalvias Construcciones S.A.C, Obrascon Huarte Lain S.A. Surcursal del Perú y Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C. De esta manera, si el fiscal lo considera necesario al presentar su acusación podría presentar la disolución de la empresa, el cierre temporal, prohibición de contratar con el estado o una multa.
Entre las autoridades de alto rango involucradas está el exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes Rodríguez, uno de los hombres fuertes de Ollanta Humala, que estuvo en dicho despacho entre 2011 y 2014, precisamente en la época en que funcionó el Club. De acuerdo al testimonio de uno de los colaboradores eficaces, el nexo de Paredes con los promotores del Club habría sido su hermano José “Pepe” Paredes Rodríguez, a cuyas manos habrían ido a parar 17 millones de soles de las coimas.
Según testimonios de un aspirante a colaborador eficaz, el exministro Paredes era muy exigente en apurar los pagos que debía hacer el Club, luego de que se adjudicaban las obras a las empresas, pero Carlos García le explicaba que debía esperar pues era necesario que las empresas justificaran la salida del dinero. El 18 de mayo de 2019, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, a pedido de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dictó ocho meses de impedimento de salida del país para Carlos Paredes. También se le impuso una medida de impedimento de Salida del País en el Caso Gaseoducto del Sur pero por 18 meses.
En febrero de 2019, la prensa dio a conocer el testimonio de uno de los aspirantes a colaborador eficaz, según el cual, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski recibió un aporte de cien mil dólares de parte del Club de la Construcción para financiar su campaña electoral del 2016 (la misma que lo llevó a la presidencia de la República, con Martín Vizcarra como primer vicepresidente). En la reunión para el ilícito pago habrían estado presentes Martín Vizcarra como jefe de campaña, Kuczynski como presidente del partido y Alfonso Grados Carraro como secretario de economía. Consultado el presidente Vizcarra sobre dicha revelación, respondió que se trataba de una patraña, que su participación en la campaña de 2016 fue solo política, y que no intervino para nada en las finanzas del partido. Más bien, adujo, que él había sido el primero en denunciar y combatir al Club de la Construcción, cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones en el 2016-2017.
Este caso se encuentra en manos del Fiscal: José Domingo Perez, quien recogio el testimonio de Jorge Yoshiyama, sobrino del exsecretario general del Partido, Jaime Yoshiyama, asegurando al Equipo Especial Lava Jato que varios empresarios del ‘Club de la Construcción’ financiaron con dinero en efectivo, y en secreto, la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2016.
Entre los empresarios que hicieron aportes a la campaña naranja está Jorge Peñaranda Castañeda, de Alpha Consult, quien es actualmente investigado y está detenido por haber recibido sobornos de Odebrecht. En su confesión, Jorge Yoshiyama dijo que Keiko Fujimori le pidió convocar a empresarios a fin de que donen diez mil dólares cada uno para su campaña electoral.
“Keiko Fujimori Higuchi me pide si puedo reunir a empresarios del rubro de la construcción para que puedan hacer una donación nuevamente. Yo me contacto con el señor Federico Aramayo Málaga (amigo personal de Jorge Yoshiyama) y le pregunto si él puede reunir a algunos constructores de su rubro a lo que me responde que va a ver”, contó al Equipo Especial Lava Jato, según IDL-Reporteros.
“A las dos semanas, Federico Aramayo Málaga me indica que ha podido contactar con cuatro personas que sí están interesadas en conocer a Keiko Fujimori Higuchi y aportar a su campaña. Las cuatro personas fueron Ernesto Tejeda de la empresa Obrainsa, el señor Manrique cuyo nombre no recuerdo de la empresa Superconcreto, Fernando Castillo de la empresa ICCGSA, y el señor Peñaranda de la empresa Alpha Consult. Se hace una reunión en el domicilio de Federico Aramayo Málaga a la cual asiste Keiko Fujimori Higuchi; y les explica su plan de gobierno y sus objetivos políticos durante un almuerzo, luego ella se retira y yo me quedo un rato con los señores constructores”, relató.
De acuerdo con la versión de Yoshiyama, el empresario Jorge Peñaranda llevó en efectivo diez mil dólares al almuerzo en casa de Aramayo, “y me los entrega directamente”. Yoshiyama agregó que, días después de la mentada reunión, “coordino con Fernando Castillo para ir a recoger el mismo monto una noche a su domicilio en Casuarinas, luego esa misma semana voy a las oficinas de Ernesto Tejeda en San Isidro y ahí me entrega un sobre de diez mil dólares, finalmente también voy a las oficinas de Superconcreto que estaban en Manuel Holguín, detrás del Centro Comercial Jockey Plaza y recojo diez mil dólares del señor Manrique. Todos estos dineros se los entrego a la señora Keiko Fujimori en su oficina de la calle Bucaré”.
El monto total recaudado por Jorge Yoshiyama fue de 40 mil dólares. Yoshiyama Sasaki también aseguró que los aportes no se limitaron a esos 40 mil dólares. Según su relato, otros empresarios hicieron pagos mensuales para la campaña presidencial de 2016, por la suma de 400 mil soles. En su confesión, Yoshiyama contó que entre 2013 y fines de 2015, los empresarios le entregaron mil soles mensuales, en efectivo, a Jorge Yoshiyama, quien a su vez se los entregaba a Keiko Fujimori. Además, dijo que, en 2015, Keiko Fujimori “pidió que el monto a donar se subiera a mil dólares, como me parece que fueron los últimos seis meses del año”.
“Cuando recolectaba el dinero, a veces me entregan de un mes, de dos meses o de tres meses juntos, entonces la llamaba y le decía cuando nos podíamos juntar para entregarle el encargo, y ella me citaba a su domicilio o a su oficina, y ahí le hacía entrega directamente o a veces se lo entregaba a Adriana Tarazona”, sentenció. También reveló que una vez dado algunos aportes, Keiko Fujimori se reunió con algunos miembros del Club para pedir unos fondos adicionales, esto durante las campañas del 2011 y 2016.
Nuevos hallazgos en la investigación sobre el ‘club de la construcción’ revelan el conocimiento y beneficio económico que habrían recibido el expresidente Ollanta Humala y su esposa, la ex primera dama, Nadine Heredia a cambio del otorgamiento de licitaciones a un grupo de empresas durante su gobierno. Obras que, según varios testigos, tuvieron como intermediarios para la recepción de los sobornos a dos personas de la entera confianza del exmandatario: José Paredes Rodríguez, su amigo y compañero de promoción de la Escuela Militar de Chorrillos y, el hermano de este, Carlos Paredes, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
“En una reunión llevada a cabo en Palacio de Gobierno, José Paredes le comunicó a Ollanta Humala Tasso lo conversado con [Carlos] García Alcázar [exfuncionario del MTC y operador del ‘club de la construcción’]” sobre el 3% de soborno de cada obra ganada que estaban dispuestas a entregar las empresas del ‘club’ para repartirse los proyectos. “Carlos García comentaba que los porcentajes para las partes involucradas como beneficio sería del 3% que se distribuirían entre los involucrados, de los cuales hasta 2% correspondería a Ollanta Humala, el saldo sería una comisión para José Paredes con su hermano Carlos Paredes”, dice el documento.
El expresidente, antes de darle una respuesta, le dijo que primero debía consultarlo con su esposa. “Siempre hacía participar a Nadine Heredia manifestando que ella era su mejor primer ministro, por lo que debía tener su opinión”, indicó el colaborador N° 04-2019 al fiscal del equipo especial Lava Jato Germán Juárez.
El 7 de octubre del 2011, en Palacio de Gobierno, Humala le comunicó a José Paredes que Heredia había aceptado la propuesta, según los testimonios. Eso sí, siempre y cuando ella revisara “el avance de la adjudicación de las obras para tener control”, agregó el colaborador N° 09-2019. Un mes y medio después, el 21 de noviembre de ese año, se realizó el primero de muchos pagos que se hicieron a Ollanta Humala, por US$500 mil en Palacio de Gobierno.
Según el pedido de formalización de una investigación preparatoria contra Humala y Heredia por este caso, “la comisión estimada de acuerdo a las obras licitadas, vinculada a la labor de intermediación que realizó José Paredes con Carlos García Alcázar y Ollanta Humala, osciló entre los 16 y 18 millones de dólares”, aunque una comisión de ese dinero se habría quedado en manos de algunos operadores del ‘club’. Este documento deberá ser revisado por la fiscal de la Nación y remitido al Congreso para el levantamiento de su inmunidad.
“Todas las entregas de dinero a Ollanta Humala se hicieron en la noche en su oficina de Palacio previa coordinación por teléfono con su persona, con su secretaria Cynthya Montes” o con los encargados de su seguridad “Jaime Herrera, Percy Reyes o Hermógenes Pérez. El dinero era ingresado en un maletín que contenía sobres manila y bolsas con fajos de US$10 mil”. Según el documento fiscal, Humala trasladaba ese dinero a otro maletín. “En algunas oportunidades, Humala le entregaba a Nadine Heredia el maletín que contenía el dinero y le pedía que lo guarde”, indicó el colaborador eficaz N° 04-2019.
El negocio del ‘club de la construcción’ siguió operando hasta fines del 2013 bajo las reglas que se habían pactado con Palacio de Gobierno. Por esa época, Humala citó a José Paredes para expresarle el malestar de su esposa sobre los montos recibidos. “Nadine ha conversado con los representantes de algunas empresas constructoras y estas le habían mencionado que estaban cumpliendo con pagar el 3% de las obras”, refiere el testigo. Esto motivó que Humala le pidiera a Paredes que reclamara por qué no estaba llegando todo el dinero, según lo acordado.
La versión del colaborador N° 04-2019 sobre las entregas de dinero realizadas por su compañero de promoción se corroboraría con el testimonio brindado por Lola Consuelo Amelia Castro Rodríguez, quien fue asistente del despacho presidencial entre el 2011 y el 2016. Castro indicó al Ministerio Público que “vio en diversas oportunidades a Carlos Paredes en reuniones ministeriales, y en tres o cuatro oportunidades [al hermano de este] José Paredes, que acudía de noche, a las 11 p.m. aproximadamente a [Palacio]”. Agregó que ella llamaba a José Paredes por encargo de su entonces jefe.
Según los relatos de varios colaboradores, Paredes llegaba en un auto alquilado, no registraban su visita y esperaba a ser atendido por Humala, en la oficina de Percy Reyes Perea, oficial del Ejército que trabajó en la Casa Militar de Palacio los cinco años que duró ese gobierno. “Algunas veces, Reyes salía al estacionamiento posterior para hacer ingresar a José Paredes; otras les daba alcance cuando este ya estaba dentro de Palacio”, indicó uno de los testigos.
Para el Ministerio Público, existen evidencias de la participación que habrían tenido Humala y Heredia en este caso, lo que permitiría acusarlos por los delitos de cohecho pasivo, colusión y asociación ilícita para delinquir. Tras esta confesión, el Ministerio Público incluyó a la exprimera dama, Nadine Heredia en la investigación preparatoria por el caso “Club de la Construcción”, por los delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir.
Así mismo, el fiscal Juárez también dispuso ampliar la investigación contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, así como también los exdirectivos de la empresa Graña y Montero SA: Hernando Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró Quesada y el ex directivo de dicha empresa, Mario Alvarado Pflucker. También se incluyó a otros 3 empresarios de Construcción.
La fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla dispuso abrir investigación preliminar por el plazo de 60 días contra Tania Quispe Mansilla, exsuperintendente de Sunat, y los que resulten responsables, por los presuntos delitos de omisión de deberes funcionales y contra la administración pública-peculado en agravio del Estado.
Con esta investigación preliminar, el despacho de la fiscal Revilla busca conocer si durante la gestión de Quispe al frente de la Sunat se benefició a la constructora brasilera Odebrecht y las demás empresas del Club de la Construcción con un flexible trabajo de fiscalización. Como se recuerda, Quispe Mansilla, prima de la exprimera dama Nadine Heredia, fue titular de la Sunat desde 2011 hasta 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, también investigado por presuntos aportes de esta empresa.
El fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, abrió investigación preliminar contra el ex primer ministro, Cesar Villanueva, el funcionario Silva Dávila, los empresarios Luis Carrasco Palomo y Jaime Sánchez Bernal de CASA; Julio Chung Ríos y Marco Tong Pizango de C&T; Elías Tapia Julca, de Acruta Tapia Ingenieros S.A.C., así como a Víctor Noriega, exgobernador regional de San Martin.
El 17 de agosto de 2020, el realizó cuatro operativos en simultáneo en Lima y en la región San Martín vinculados a la investigación que le sigue al ex primer ministro César Villanueva por hechos ocurridos durante su gestión como gobernador y por la construcción de siete hospitales valorizados en S/398′309.026.
Como resultado de uno de ellos, en Surco fue detenido Juan Carlos Silva Dávila, quien fuera hombre de confianza de Villanueva y presidente del comité de licitación del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM). El exfuncionario, según testigos, habría recibido coimas por S/5′400.000 más un departamento valorizado en S/871.000 de las empresas Construcción y Administración S.A. (CASA) y Chung &Tong Ingenieros (C&T) a cambio de la adjudicación para construir seis hospitales en distintas provincias de San Martín.
En el inmueble que ocupaba Dávila, la fiscalía encontró un estado de cuenta de ahorros del Banco de la Nación perteneciente a Villanueva, del 24 de octubre del 2016, cuyo saldo inicial figuraba con S/124.310. El documento fue emitido por una agencia ubicada en Surco. El 5 de diciembre del 2012, el PEHCBM otorgó la buena pro de la supervisión del “mejoramiento de servicios del Hospital II–2 de Tarapoto” al Consorcio Supervisor Tarapoto, integrado por las empresas Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. y C&T por un monto de S/5′604.423,95.
Poco antes de esta licitación, en octubre, Julio Chung Ríos, representante de ese consorcio, se reunió con Silva en casa de este último en Tarapoto, según indicó el aspirante N° 01-2020. En ese encuentro, “Chung Ríos se comprometió a cumplir el requerimiento de Silva, de un pago de S/474.971 […] una vez que el “consorcio en donde participaría Chung &Tong hiciera efectivo el cobro del adelanto directo del referido servicio”, precisó. En marzo del 2013, C&T hizo la entrega “en efectivo en la vivienda” de Silva ubicada en Surco y “de este acuerdo de concertación tenía pleno conocimiento Elías Tapia, representante de la supervisora Acruta & Tapia Ingenieros”, confesaron los testigos N° 11-2019, 01 y 02-2020, respectivamente.
En el 2013, se convocaron otros dos grandes procesos de licitación tres semanas antes de que Villanueva asumiera el cargo de primer ministro en el gobierno de Ollanta Humala. En la primera licitación se incluyeron cinco obras: el mejoramiento de los centros de salud en Picota, Saposoa, San José de Sisa y en los hospitales de Tocache y Bellavista. La obra se adjudicó por S/18 millones más de lo que se había presupuestado, según reveló El Comercio en setiembre pasado. Los ganadores fueron C&T, Sainc Ingenieros Constructores (SIC) y CASA.
Silva Dávila también fue presidente del comité de esta millonaria licitación. Según las declaraciones, C&T le entregó en sobornos un total de S/1′565.177 entre noviembre del 2013 y diciembre del 2016, más un departamento en Surco valorizado en S/871.000. Precisamente ayer la policía detuvo en este inmueble al exfuncionario. Los mismos testigos afirman que C&T entregó S/133.000 a Víctor Noriega Reátegui, el sucesor de Villanueva en el Gobierno Regional de San Martín, “para que viabilice y apruebe la firma de la adenda y se reconozca el mayor presupuesto” en la obra en Jerillo.
El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, abrió una investigación preliminar contra el presidente Martín Vizcarra por los presuntos sobornos que habría recibido del consorcio Obrainsa-Astaldi e ICCGSA, cuando era gobernador regional de Moquegua.
De acuerdo al documento, los investigados son Martín Vizcarra, exgobernador regional; Elard Tejada Moscoso, exgerente general de Obrainsa; Fernando Castillo Dibós, exdirectivo de ICCGSA; Rafael Granados Cueto, exgerente comercial de ICCSA; José Manuel Hernández Calderón, exgerente de la supervisora Asesores Técnicos Asociados (ATA) y exministro del régimen de Pedro Pablo Kuczynski, y los que resulten responsables.
Lo que se busca esclarecer es la declaración de tres aspirantes a colaboradores eficaces, los cuales señalaron que ICCGSA e Incot pagaron S/ 1.3 millones a Martín Vizcarra cuando era gobernador regional para obtener la buena pro de la construcción del Hospital Regional de Moquegua.
Asimismo, Juárez investigará la presunta coima de S/ 1 millón que habría desembolsado el consorcio Obrainsa-Astaldi a Vizcarra Cornejo, a cambio de dar la buena pro de la obra de infraestructura de riego Lomas de Ilo.
El colaborador eficaz 10-2018 del caso Club de la Construcción brindó al fiscal Germán Juárez Atoche nuevos detalles de los presuntos pagos ilícitos que realizó la empresa Obrainsa a gobernadores de Cusco y Ayacucho para la adjudicación de obras en dichas regiones.
Esta persona precisó que la constructora realizó pagos a Jorge Acurio Tito y Wilfredo Oscorima, entre los años 2012 y 2015. A ellos se suma Martín Vizcarra, quien supuestamente habría recibido coimas por S/ 1 millón para otorgar la buena pro en el proyecto Lomas de Ilo, cuando era gobernador regional de Moquegua.
En mayo de 2012, cuando Jorge Acurio era gobernador regional del Cusco, le otorgó la buena pro para la red vial Nº 3 al Consorcio Peruano de Conservación, que estaba conformado por Obrainsa y CONCAR SA (subsidiaria de Graña y Montero). Por esta licitación se desembolsó la suma de S/ 226 376 983.
Además, a CONCAR SA se le admitió para la realización de la red vial Nº 1. No obstante, en este caso Obrainsa no aparecía como parte del consorcio, pero sí como asociada.
El aspirante a colaborador eficaz informó que, por la adjudicación de estas obras, el consorcio se comprometió a pagar el 3% del costo total de cada proyecto a Acurio Tito, es decir, una suma de S/ 14 118 155, según Cuarto Poder.
Incluso, el cooperante dijo que el intermediario entre las empresas y el gobernador cusqueño era Renato Ribeiro Bortoletti, exfuncionario de Odebrecht, quien también es indagado por el caso Vía Evitamiento de dicha región. Fue el brasileño quien indicó que debían pagar un adelanto a Acurio de S/ 4 248 087.
“Luego de que Elard Tejeda Moscoso informara a Renato Ribeiro Bortoletti que ya se contaba con el dinero, este último hace las coordinaciones con (…) Jorge Acurio Tito para entregarle el dinero ilícito (…) acuerdan reunirse el día sábado 11 de agosto de 2012, en horas de la mañana, en el hotel Roosvelt ubicado en San Isidro”, sostuvo el aspirante a colaborador.
A Acurio Tito se le entregó un segundo pago en mayo de 2013 por la cantidad de S/ 1 619 960, dinero que le habría sido llevado personalmente por el propio Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa.
En enero de 2015, Wilfredo Oscorima era el gobernador de Ayacucho. A este, Obrainsa le otorgó S/ 856.000 para adjudicarles la obra de rehabilitación de la carretera Condorcocha Vilcashuamán, pese a que en este proyecto la constructora figurada como subcontratista. En este caso, Tejeda Moscoso también entregó el dinero de forma personal.
“La declaración de mi cliente es que él no ha recibido pago alguno. (...)Hasta el momento no hay una investigación en la fiscalía del señor Juárez. Sí hay una investigación en Ayacucho y nosotros vamos a colaborar”, indicó Humberto Abanto, abogado de Oscorima.
En 2019, la empresa constructora Graña y Montero inició el proceso para acogerse a la colaboración eficaz con la Fiscalía, siendo la primera empresa peruana implicada en el caso Odebrecht en hacerlo. La colaboración se ha hecho a título corporativo y no alcanza a los exdirectivos de la empresa.
Como parte de dicho proceso, Graña y Montero empezó a dar información a la Fiscalía. Admitió que, cuando formó parte del consorcio Vial Quinua, junto con las empresas ICCGSA y EIVI, pagó una coima de S/ 12.5 millones a manera de reembolso, por la adjudicación de una obra licitada por Pro Vías Nacional (dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones), bajo el esquema ilícito del Club de la Construcción. Esa obra era el proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Quinua-San Francisco, tramo 2, en Ayacucho. La coima total fue de S/ 35 millones, que fue pagada por ICCGSA. A su vez, Graña y Montero entregó a esta empresa S/ 12.5 millones, como la parte que le correspondía en la coima, a manera de reembolso. La obra, valorada en S/ 476.7 millones, terminó costando más. Ello ocurrió en el gobierno de Ollanta Humala.
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