El Consejo Asesor para la Transición Nacional (en catalán Consell Assessor per a la Transició Nacional) era un órgano creado por la Generalidad de Cataluña en 2013, según Decreto 113/2013, de 12 de febrero, con el objetivo de asesorar en el proceso de independencia de Cataluña y de realizar un referéndum de autodeterminación en dicha comunidad. Este decreto fue declarado inconstitucional por unanimidad y, por tanto, anulado el 10 de mayo de 2017 por el Tribunal Constitucional de España (TC) pues, en su momento, fue recurrido por el Gobierno de España por considerar que la norma iba más allá de las competencias atribuidas a la Generalidad y desde entonces se encontraba suspendido por el Alto Tribunal.
El Consejo estaba adscrito al Departamento de la Presidencia de la Generalidad y coordinado por su portavoz, Francesc Homs. Presidido por Carles Viver Pi-Sunyer, sus componentes no cobraban ninguna retribución por sus funciones.
El Consejo se constituyó el 11 de abril de 2013, con una primera reunión celebrada en el Palacio de la Generalidad de Cataluña, y fue suprimido el 27 de octubre de 2017 por el gobierno de España en aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
Según el Gobierno catalán, forman parte de este consejo «personas de reconocido prestigio en diferentes disciplinas y que están dispuestas a aportar su experiencia, cualificación y prestigio personal, con el objetivo que, tal y como establece el decreto de creación de este órgano, se puedan identificar e impulsar estructuras de estado, y todos los aspectos necesarios para llevar a término la consulta sobre el futuro estatus político de Cataluña»:
El líder del PSC, Pere Navarro, consideró «poco democrático» la constitución de estructuras independentistas antes de efectuar un referéndum y conocer la opinión de la gente, y calificó de «insulto» la creación del Consejo en plena crisis económica. Joan Herrera, secretario general de ICV, censuró la prioridad otorgada al Consejo antes de que sea establecido el «derecho a decidir» del pueblo catalán ante una eventual consulta independentista. Por parte del PPC, Enric Millo reprochó igualmente esta iniciativa frente al objetivo de la recuperación económica. Albert Rivera, líder de Ciutadans, fue más allá y puso un recurso contra la creación del Consejo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, alegando que el Consejo está «fuera de las competencias autonómicas y rompe con el ámbito constitucional y con el Estatut».
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