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Dictamen de la Comisión de veintidós juristas



El dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes en 18 de julio de 1936 fue un informe de discutido valor jurídico,[1]​ anunciado el 21 de diciembre de 1938,[2][3]​ que trató de justificar la «ilegimitidad» del Gobierno de la Segunda República Española.[4]​ Fue entregado en febrero de 1939[5][6]​ a Ramón Serrano Suñer, ministro de Interior franquista, encargado de su ejecución.[a][7][8][9][10]



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