El dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes en 18 de julio de 1936 fue un informe de discutido valor jurídico, anunciado el 21 de diciembre de 1938, que trató de justificar la «ilegimitidad» del Gobierno de la Segunda República Española. Fue entregado en febrero de 1939 a Ramón Serrano Suñer, ministro de Interior franquista, encargado de su ejecución.
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