El ducado de Tovar es un título nobiliario español creado el 27 de diciembre de 1906 por el rey Alfonso XIII a favor de Rodrigo de Figueroa y Torres, marqués de Gauna.
Rodrigo de Figueroa y Torres era hijo de Joaquín Ignacio de Figueroa y Mendieta y de Ana de Torres y Romo, i marquesa de Tovar, vi marquesa de Villamejor y vi vizcondesa de Irueste, por tanto hermano de Gonzalo de Figueroa y Torres, i duque de las Torres, vii marqués de Villamejor, conde de Mejorada del Campo, vizconde de Irueste, y de Álvaro de Figueroa y Torres, i conde de Romanones, Presidente del Senado de España, Presidente del Congreso de los Diputados de España y tres veces Presidente del Consejo de Ministros de España, y sobre todo, amigo personal de Alfonso XIII, por cuya amistad consiguió la creación de múltiples títulos nobiliarios para él, sus hermanos, su madre, etc, además de varias rehabilitaciones, como el ducado de las Torres, o el marquesado de Gauna.
El ducado de Tovar se creó en 1906, por elevación a ducado del marquesado de Tovar, que se había instituido el 10 de agosto de 1893, a favor de Ana de Torres y Romo (1831-1905), i marquesa de Tovar, vi marquesa de Villamejor y vi vizcondesa de Irueste.
Al marquesado de Tovar se le había concedido la G.E. el 19 de febrero de 1902.
El actual duque de Tovar, Alfonso de Figueroa y Melgar, historiador, genealogista y especialista en rehabilitaciones de títulos nobiliarios, consiguió rehabilitar numerosos títulos para altas personalidades de la política, las finanzas etc. de personajes muy conocidos de la sociedad, en las décadas de 1960 y 1970, aprovechando la "manga ancha" que había abierto la dictadura de Francisco Franco.
Algunas de estas rehabilitaciones se consiguieron de forma fraudulenta, inventándose títulos que nunca habían existido, o falsificando documentos (como partidas de nacimiento, etc.), o construyendo rocámbolescos árboles genealógicos, que, parece ser, con la complicidad de algún funcionario del Ministerio de Justicia, "colaron" en el ministerio y consiguieron la rehabilitación de dichos títulos (falsos).
La trama, perduró incluso muerto el dictador, por lo que el rey Juan Carlos I, se disgustó enormemente al saber que había estampado su firma en unas Reales Cartas, de títulos nobiliarios a todas luces falsos.
Este hecho es uno de los motivos, quizá el determinante, por el cual el rey Juan Carlos I promulgara la nueva Ley sobre rehabilitaciones, tan restrictiva, por la cual, entre otras circunstancias, no se pueden rehabilitar títulos que lleven más de cuarenta años en desuso.
La Revista "Tribuna", de 30 de enero de 1989 decía textualmente:
"Alfonso Figueroa y Melgar, duque de Tovar y Grande de España, emparentado con los Romanones, sólo era famoso por su militancia en Fuerza Nueva, pero desde febrero de 1986 el duque de Tovar pasó a la historia negra de la aristocracia al chocar de nuevo con la Justicia acusado del presunto delito de falsificar árboles genealógicos que permitían solicitar títulos nobiliarios a los que no se tenía derecho."
Otras publicaciones sobre este suceso se pueden ver en:
La sentencia puede consultarse en " www.worldlii.org/eu/cases"
La Audiencia Provincial de Madrid falló, el 5 de mayo de 1997, la causa nº 2487/91 por delito de falsedad. Se condenó por delito continuado de falsedad en documento público, haciendo, penalmente responsables a Francisco L.S. y de la misma naturaleza y en concurso con un delito de estafa, a Fernando G.D.
La sentencia afecta a más de cuarenta expedientes de rehabilitación y sucesión de títulos, en los que se reconocía la existencia de más de cien partidas falsas, amén de numerosos documentos claramente falsificados.
De algunos de estos títulos falsos ya se habían firmado y entregado las reales cartas, otros estaban en trámite, otros fueron retenidas las reales cartas, otros fueron archivados, etc.
El Ministerio de Justicia, por resolución de 8 de diciembre de 2004, ha iniciado de oficio la revisión de estos títulos, bajo sospecha, para plantear la nulidad de pleno derecho de las órdenes que dieron lugar a las reales cartas, anulándose dichos títulos y perdiéndolos sus actuales poseedores, por ser títulos declarados incursos en el delito de falsedad de documento público por las sentencias de:
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