El factor de sostenibilidad es un mecanismo previsto en el sistema público de pensiones de España y de otros países, que interviene en el cálculo de la pensión inicial de jubilación y que trata de adecuar la pensión que se va a cobrar a la esperanza de vida, de tal manera que el alargamiento de la expectativa de vida provoca una disminución de la pensión que se fije en el momento de la jubilación. Tenía prevista su entrada en vigor en España el 1 de enero de 2019. Sin embargo, en abril de 2018, el gobierno aprobó el retraso de la aplicación de esta cláusula hasta 2023.
Con su entrada en vigor, los parámetros fundamentales del sistema, es decir el cálculo de las nuevas pensiones de jubilación, se deben revisar por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población, en el año en que se efectúe la revisión, y la esperanza de vida a los 67 años en el momento de la entrada en vigor. Dichas revisiones se irán efectuando cada cinco años, siendo la primera prevista el 1 de enero de 2023.
El factor de sostenibilidad fue introducido inicialmente por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que en su artículo 8, introdujo la disposición adicional quincuagésima novena, en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la siguiente redacción:
Posteriormente, la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, adelantó la implantación de este elemento al año 2019.
El sistema de pensiones públicas de España está basado en un sistema de reparto, en el que la estabilidad financiera se asienta en la ratio entre beneficiarios y contribuyentes al Sistema de la Seguridad Social.
La creación del denominado factor de sostenibilidad de la Seguridad Social, en España, tiene como objetivo mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones que se esperan del mismo, haciendo que el mismo sea sostenible, es decir, que se garantice un equilibrio a lo largo del tiempo.
Entre 2011 y 2013 se llevaron a cabo reformas en el sistema de pensiones que han tratado de adaptarlo a las transformaciones demográficas, derivadas del aumento de la esperanza de vida y a la disminución de nacimientos. Se espera que en las próximas décadas lleguen a la edad de jubilación cohortes de población muy numerosas como consecuencia del baby boom producido en España entre finales de los años cincuenta y la primera mitad de los años setenta del siglo XX. Por otro lado, se ha tratado de dar respuestas a la evolución del ciclo económico, con fases depresivas, con efectos importantes en la capacidad para pagar las pensiones, como los derivados de los cambios en las tasas de desempleo, tasas de actividad, en los salarios o en la productividad, todos ellos de gran influencia en el funcionamiento del sistema de reparto.
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