Tito Galo Lara Yépez (Quevedo, 4 de enero de 1968) es un ingeniero y político que ocupó el cargo de asambleísta en la provincia de Los Ríos, siendo parte del Partido Sociedad Patriótica.
Galo Lara nació el 4 de enero de 1968 en Quevedo, Provincia de Los Ríos, y sus padres fueron Galo Lara Hinostroza y Rosa Yépez Párraga.
Estudió en el Centro Educativo Particular “América”, y en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, graduándose de Ingeniería en Administración en Ventas. También cursó estudios de Negocios en la Universidad de Harvard, de Liderazgo en el INCAE en Costa Rica y oratoria en México.
En 2007 fue elegido Asambleísta por la provincia de Los Ríos, y luego de la reforma de la Constitución en 2008, fue elegido nuevamente en 2009, para luego ser Vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, y miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, culminando sus cargos políticos en mayo de 2013.
Desde su curul en la Asamblea Nacional, Lara Yépez denunció importantes casos de corrupción en contra de la administración de Rafael Correa, entre los casos más importantes pueden destacarse los sobreprecios a los seguros para aviones de TAME de 1.4 millones, el sobreprecio a los seguros contratados por Petroecuador que ascendió a $8 millones, sobreprecios a seguros de Celec por un millón. Los negociados en la compra y venta de petróleo y los pagos anticipados entre Petroecuador y Petrochina, que sumaron 1000 millones de dólares, el caso de los Radares Chinos de $60 millones y la Corte Cerveceras de un millón de dólares, los 577 millones de dólares sobre operaciones irregulares depositadas en efectivo en el Pacific National Bank. El caso de la sonada constructura brasilena Odebrecht a través de Multipropósito Baba por 236 millones de dólares, que entre otros sumaban la cantidad de 2.292 millones de dólares presentadas en denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría, en el mismo despacho presidencial de Correo, producto de las investigaciones lideradas por Lara Yépez desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador.
En 2020, Galo Lara regresa a la lidia política liderando al Movimiento Gente Libre, y desarrollando su propuesta política en tres ejes fundamentales, más puestos de trabajo a $10 la hora, subsidio a los pequeños productores del agro y lucha contra la corrupción, castigo para los corruptos y la repatriación de todos los bienes y recursos que fueron saqueados al Ecuador.
En la localidad de Quinsaloma, se registraron en el año 2011 dos masacres, en la primera silenciada y no investigada por las autoridades, ocurrida días antes, en la que fue asesinado el joven Darwin Romero Pino, peluquero del sector, quien vivía solo en el sector La Fortuna. Romero fue quemado y descuartizado de la misma manera que la familia Llanos Avendaño.
Luego el 4 de agosto de 2011, ocurrió la segunda masacre en la finca María José, del recinto Balserío, en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, donde fue asesinada una familia conformada por Ángel Carlos Humberto Llanos Avendaño, su esposa e hijo. Todos fueron atacados por armas cortopunzantes, la mujer fue violada y el hijo degollado con un cuchillo de cortar racimos de bananos y finalmente mataron a machetazos a la pareja, para luego incendiar la vivienda.
Los cadáveres fueron posteriormente lanzados al río Umbe y su vivienda incendiada. Después de un tiempo fueron apresados los autores materiales del crimen, José Véliz, Édgar Martínez y Juan Rodríguez, quienes incriminaron a Carolina Llanos, prima de la víctima y madre de los hijos del asambleísta Galo Lara al recibir una oferta de pago de 20 mil dólares por parte de los funcionarios policiales, como quedó registrado en sus declaraciones ante la fiscal de Quinsaloma.
El expresidente Rafael Correa en uno de sus programas sabatinos, acusó a Galo Lara y apuntó que "era un tema personal con él" y a su compañera sentimental, Carolina Llanos, de ser los responsables intelectuales del crimen y obligó al entramado judicial, fiscales, jueces y cuerpos policiales para que el asambleísta fuese condenado, sin detenerse hasta que fue presentado ante las cámaras de televisión con grilletes en los pies, cadenas en el cuerpo y esposado.
Finalmente, el 2 de septiembre de 2013, Galo Lara, luego de haber terminado su periodo como asambleísta meses atrás, fue declarado culpable y sentenciado a 10 años de prisión, además se le negó la apelación de su sentencia junto con la de su esposa y la de Juan Rodríguez.
Luego de esto, alegando sin pruebas una persecución política, Lara se mantuvo prófugo de la justicia, y viajó desde Colombia a Panamá el 15 de septiembre, donde fue apresado por las autoridades de dicho país
El 15 de septiembre solicitó asilo político indicando que corría peligro su vida en caso de regresar a su país, pues la orden era aplicar la "Ley de Fuga" y poner fin a su existencia, el cual le fue concedido el 22 de octubre.
El lunes 9 de junio de 2014 fue detenido en Santa Catalina de la provincia central de Veraguas por la revocatoria del asilo político por parte de las autoridades de Panamá, debido a las presiones del Gobierno de Correa y en medio de negociaciones entre ambos países se lo canjeó para la entrega del barco pesquero "Doria" y sus tripulantes, entre ellos un agente encubierto de la DEA, quienes habían sido capturados en aguas internacionales en medio de una operación contra el narcotráfico, con 800 kilos de drogas.
Hoy Galo Lara se encuentra libre, el gobierno de Lenín Moreno (exvicepresidente) y otros funcionarios del gobierno de Rafael Correa, llegaron a la conclusión de que el exlegislador fue un perseguido político y que las pruebas en su contra fueron forjadas, por lo que un juez ordenó su excarcelación.
Forjamiento de pruebas
Con el fin del gobierno de Rafael Correa las pruebas de irregularidades en varios procesos judiciales comenzaron a salir a la luz pública. El presidente Lenín Moreno en el año 2017, permitió la "desclasificación" de documentos secretos del Servicio Nacional de Inteligencia (Senain), ente que fue eliminado por el mismo Moreno en el año 2018. En estos documentos queda demostrada la utilización de recursos del Estado por más de 7 millones de dólares por parte de la administración de Correa para involucrar a Galo Lara, en la masacre de Quinsaloma, el secuestro del periodista Fernando Balda y el asesinato del general Jorge Gabela.
Dentro de los documentos secretos que fueron desclasificados, se pudo comprobar que Rafael Correa ordenó al menos unos seis operativos en contra de la figura de Galo Lara, entre ellos podemos señalar: Operativo Alcance, Avance, Desarme, Ganster, Independencia y Goliat, este último tuvo un costo para la nación de siete millones ciento ocho mil ciento ochenta y dos dólares ($ 7.108.182).
Galo Lara fue liberado tras cumplir el 40% de la pena, en agosto de 2018, pero no ha dejado de trabajar para demostrar su inocencia.
En un giro importante, el 26 de junio de 2020, un recurso de casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dejó sin validez la sentencia contra Gilbert Llanos, hermano de la madre de los hijos de Galo Lara y quien había sido señalado como cómplice del delito, indicando que habría utilizado dinero de Lara para el pago de sicarios, la Corte Nacional de Justicia, lo declara inocente, porque no hubo dolo, ni pruebas y los tribunales anteriores lo habían sentenciado con base a presunciones sobre otras presunciones, siendo inocente.
En la audiencia se demostró que el dinero que recibió Gilbert Llanos de parte del exasambleísta, fue utilizado en el pago de la clínica donde nacieron sus hijos, hecho que fue corroborado por las autoridades y el propio centro de salud.
Esta sentencia de inocencia de Gilbert Llanos quedó en evidencia que Carolina Llanos y Galo Lara fueron sentenciados también sin pruebas, siendo inocentes del delito que les imputaron.
En el libro, “La masacre exquisita de Rafael Correa”, el periodista Emilio Palacio hace un extenso y detallado recorrido sobre las irregularidades cometidas por el correísmo para silenciar la voz de Galo Lara, quien se había convertido en uno de los protagonistas fundamentales al denunciar los hechos de corrupción de la administración de Correa.
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