Los incendios forestales en Chile de 2017 fueron una serie de incendios forestales generados en múltiples focos de las zonas centro y sur de Chile, entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, con mayor intensidad en las regiones de O'Higgins, Maule y Biobío. Además de focos distantes en la región austral de Magallanes, durante enero y febrero de 2017.
Distintas autoridades gubernamentales coincidieron en que el origen de los incendios fue antrópico, muchos de ellos intencionales, por lo que hacia fines de enero había cuarenta y tres detenidos. Los distintos focos tuvieron una extensión inédita, lo cual se explicaría por la convergencia de una alta velocidad del viento, altas temperaturas —tras sucesivas olas de calor—, baja humedad y la dificultosa geografía de los sectores afectados.
A pesar de que hubo distintas causas en los diversos focos de incendios, la mayoría de ellos tuvo su origen por causas antrópicas, siguiendo la tendencia histórica de los incendios registrados en el país por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
Una de las causas habría sido la posible negligencia de empresas eléctricas, que dio lugar a la generación de fallas. Según la Fiscalía Regional de O'Higgins, en enero de 2017 el 15 % de los incendios de esa región habría tenido esta causa. En el caso del incendio «Nilahue Barahona» en Pumanque, la fiscalía anunció el 22 de enero la posible responsabilidad de la empresa eléctrica CGE Distribución, por una supuesta falta de mantenimiento de sus redes. La Asociación de Empresas Eléctricas de Chile llamó a la autoridad «a no adelantar juicios». El 31 de enero se anunció la detención de seis trabajadores de una empresa contratista que prestaba servicios a CGE por la eventual negligencia que causó un incendio en la comuna de Navidad, y la formalización de la investigación contra el subgerente técnico de CGE en O'Higgins por el incendio en Pumanque.
Sin embargo, la principal hipótesis de las autoridades chilenas, es que gran parte de los incendios fue provocado intencionalmente. El ministro del Interior, Mario Fernández, declaró en una interpelación ante el Congreso Nacional el 23 de enero que «No estoy dispuesto en descartar que haya intencionalidad humana», dejando en manos de las policías —Carabineros y PDI— la investigación de los eventuales delitos vinculados a la catástrofe. Hasta el 26 de enero había más de veinte personas detenidas por su posible participación en la generación de incendios, cifra que aumentó a 43 el 29 de enero, según lo confirmó la entonces presidenta Michelle Bachelet.
La propagación del fuego se vio potenciada por las condiciones climáticas que otorga la temporada estival en Chile, que se han denominado el «factor 30-30-30», con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, baja humedad del aire (alrededor de un 30 %) y vientos de 30 kilómetros por hora. A fines de enero de 2017 la Dirección Meteorológica de Chile registró una ola de calor que marcó temperaturas históricas, como la temperatura más alta registrada en Santiago durante el mes de enero y la más alta desde 1912 (37,4 °C), y las máximas absolutas registradas en las ciudades de Curicó (37,3 °C), Chillán (41,5 °C) y Los Ángeles (42,2 °C). El 26 de enero de 2017 se registró temperatura máxima de la historia de Chile: 44,9 grados en Quillón.
Según los informes del Centro Nacional de Alerta Temprana de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y otros reportes de autoridades, los datos de los incendios son:
De acuerdo a la información entregada por el Sistema de Información Digital para el Control de Operaciones (SIDCO) de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la superficie total afectada es de 587 000 ha. El detalle por región de la temporada 2016-2017 es:
El incendio denominado «Las Máquinas» que afectó a las comunas de Empedrado, Constitución y Cauquenes en la región del Maule es considerado el incendio más grande registrado en la historia reciente de Chile con 183 946 hectáreas consumidas.
El siniestro llamado «Nilahue Barahona», que afectó a Pumanque, Marchigüe, Pichilemu, La Estrella y Litueche, en el secano costero de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, consumió alrededor de 20 000 hectáreas en sus primeras 48 horas. Al 25 de enero había consumido un total de 49 156 hectáreas, lo que lo convirtió en el segundo incendio más grande y devastador de los que exista registro en Chile, superando al que en 1999 consumió 25 389 hectáreas en la localidad de La Rufina. El Gobierno de Chile anunció la extinción del incendio el 27 de enero, dejando un total de 50 mil hectáreas consumidas.
La madrugada del 26 de enero de 2017, el poblado de Santa Olga, en la comuna de Constitución, se vio afectado por un incendio que lo destruyó prácticamente en su totalidad, afectando a mil viviendas, además de ser consumidas otras instalaciones como el cuartel de bomberos y el terminal de buses de la localidad. La tarde de ese mismo día, el incendio se acerca al Gran Concepción, sectores de Florida gravemente afectados.
En el caso de la Región del Biobío, el ocurrido en la comuna de Florida llamado "Incendio San Antonio" consumió 31.930 hectáreas y fue declarado controlado por Conaf el 6 de febrero de 2017. Junto al incendio de Chaimavida fue el incendio más grande de la región.
Se registraron diez víctimas fatales por el combate de incendios, por accidentes o por problemas graves de salud, causadas directamente por el desastre; y cuatro fallecidos por causas indirectas:
El Gobierno de Chile declaró «zona afectada por catástrofe» y «zona de catástrofe» con estado de excepción constitucional (específicamente, «estado de catástrofe») a las provincias de Colchagua y Cardenal Caro en la región de O'Higgins, y a las comunas de Cauquenes y Vichuquén en la región del Maule el 21 de enero; al día siguiente la medida fue ampliada a las comunas de Licantén y Hualañé en la región del Maule, y a la comuna de Bulnes en la región del Biobío. El 23 de enero, el estado de catástrofe fue ampliado a toda la región del Maule.
Con motivo de los incendios, la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció el 23 de enero la suspensión de su viaje a Haití y República Dominicana, país donde se realiza la V Cumbre de la CELAC, reunión a la que asistió en su reemplazo el canciller Heraldo Muñoz. Al día siguiente, Bachelet viajó a Pumanque, una de las comunas más afectadas por la catástrofe.
El 25 de enero, el Gobierno designó a tres ministros para viajar a las tres regiones más afectadas: para O'Higgins, el ministro de Agricultura, Carlos Furche; para el Maule, el ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez; y para el Biobío, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
El 26 de enero, el Gobierno extendió el estado de catástrofe a la totalidad de las regiones de O'Higgins, Maule y Biobío; posteriormente, el 27 de enero se decretó el mismo estado de excepción constitucional para La Araucanía.
El Gobierno de Chile, junto a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), contrató a finales de enero de 2017, el helicóptero Sikorsky S-64 Skycrane, que tiene la capacidad de lanzamiento de 10 mil litros de agua y puede succionar agua en cualquier tipo de fuente.
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