Ley de transferencias

La ley de transferencias de Colombia ―que tocaría los artículos 356 y 357^[1]​ de la Constitución de 1991― gestiona la transferencia de recursos de la nación a los departamentos de Colombia.

En 2007, el proyecto de ley de Reforma General de Transferencia del presidente Álvaro Uribe Vélez estipula un recorte del presupuesto a los sectores de la salud y la educación de los departamentos colombianos.^[2]​

En el Congreso de Colombia cursó en el primer semestre de 2007 un proyecto de ley de transferencias que según el partido liberal "afecta de forma radical el proceso de descentralización y la inversión en las regiones". Los senadores Héctor Helí Rojas y Luis Fernando Velasco al intervenir en el foro en la comisión primera, señalaron que el actual proyecto de ley de transferencias, "convierte a los alcaldes y gobernadores en limosneros del gobierno central". Se critica más específicamente que el gobierno colombiano en el fondo quería "revertir la descentralización"; sería un proyecto peligroso por regresivo, un "proyecto que le quita autonomía, que le quita capacidad política a los alcaldes y los gobernadores y concentra el gasto social o la plata de las regiones en el despacho del Presidente".^[3]​

Según algunos movimientos a favor, entre ellos el Partido de la U, se pretende aumentar los recursos y su disponibilidad a las regiones, en forma estable, evitando el frecuente desvío de recursos.

Los partidos de oposición Polo Democrático Alternativo y Partido Liberal Colombiano han propuesto un referendo para revocar el acto legislativo que aprobó dicha ley por considerar que es “un golpe mortal contra la autonomía de las entidades territoriales” y por ende, a la Constitución Nacional. Para lo cual se adelanta la recolección de firmas para lograr la revocatoria. A esta iniciativa se han sumado diferentes organizaciones sociales así como agrupaciones políticas independientes como el Partido Verde Opción Centro.^[4]​

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