La Ley General de Educación (Ley 20370 o LGE) es la ley chilena que establece la normativa marco en materia de educación. Fue publicada en el Diario Oficial el 12 de septiembre de 2009, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Esta norma legal fue dictada en reemplazo de la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1990, la cual deroga excepto en su Título III, salvo su párrafo 2º, y su Título IV, referidas básicamente a la educación superior. El texto de la LGE se encuentra refundido, coordinado y sistematizado, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 2005 (que fijaba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza), en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 2010.
La LGE nace como una respuesta a las masivas protestas escolares ocurridas a lo largo de todo el país en abril de 2006, que llamaban a reformar la educación pública del país. Para esto, se formó un Consejo Asesor Presidencial de la Educación, el cual propuso (entre varias medidas) una Ley que reemplazara a la LOCE. Luego de recoger la opinión de diversos actores relacionados al proceso educativo, el gobierno, junto a las dos grandes coaliciones representadas en el Congreso Nacional —la Alianza por Chile y la Concertación— llega a un acuerdo en la materia y envía al parlamento el proyecto en abril de 2007 para su discusión. Dos años más tarde es aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional, siendo promulgado como ley de la República el 17 de agosto de 2009 y publicada el 12 de septiembre del mismo año.
El proyecto contempla modificaciones importantes en los procesos de admisión, currículum y reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. Ante todo, limita la facultad que tienen los establecimientos de discriminar a sus alumnos por motivos económicos. En lo que respecta al currículum, se reduce la educación básica a seis años y la educación media aumenta en dos años, cambio que entrará en vigencia en 2026. Finalmente, aumenta los requisitos que deben cumplir los responsables de un establecimiento para obtener el reconocimiento oficial del Estado.
Durante todo el proceso de formulación de la ley, estudiantes y profesores se manifestaron en su contra. En el año 2011 estudiantes secundarios y superiores han solicitado su derogación, a fin de reformar la institucionalidad de la educación pública chilena.
Esta ley tiene por finalidad regular los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; fijar los requisitos mínimos que deben exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y media; regular el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establecer los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad de su servicio.
En conjunto con la presentación de este proyecto de Ley, se presentó el proyecto de una ley que complementaba a la LGE. Se llamó "Sistema Nacional de aseguramiento de la Calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización". En ella se incluían varias de las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, tales como la creación de una Superintendencia de Educación y de una Agencia de Calidad de la educación que potenciara el sistema escolar. Este proyecto fue aprobado en 2011 y se transformó en la Ley N°20.529.
Esta importante ley ha sido complementada a lo largo del tiempo por las siguientes leyes específicas:
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