Las leyes antimáscaras se refieren a iniciativas penales o legislativas mediante las cuales se procura evitar el ocultamiento de rostros de individuos que suelen hacerlo por razones políticas o religiosas.
Como uno de los proyectos de ley y reformas impulsadas como consecuencia de las protestas de 2019, donde ocurrieron una serie de disturbios y actos vandálicos por parte de encapuchados, el Gobierno de Sebastián Piñera envío al Congreso Nacional un paquete de medidas dentro de su agenda de «seguridad ciudadana», donde contempla sanciones a quienes ocultan su rostro en las manifestaciones. En septiembre de ese mismo año, parlamentarios chilenos habían enviado el «proyecto de ley que establece el ocultamiento de la identidad como tipo penal, circunstancia agravante y caso de flagrancia», al considerar que en Chile están dadas todas las garantías y libertades democráticas para manifestarse pacíficamente a rostro descubierto, sin alterar el orden público. Dicha afirmación es altamente cuestionable, debido a los excesos cometidos por la policía y que han sido documentados tanto por la prensa (principalmente internacional), como por organismos dedicados a proteger los Derechos Humanos.
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