La Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi presentada por el Gobierno Vasco y aprobada por el Parlamento Vasco, también llamada Propuesta del Parlamento Vasco para la convivencia en Euskadi, Nuevo Estatuto Político de Euskadi o, popularmente, Plan Ibarretxe, fue un proyecto de reforma del estatuto de autonomía del País Vasco anunciado por el lehendakari (presidente del gobierno del País Vasco) Juan José Ibarretxe en el pleno de política general del Parlamento Vasco en septiembre de 2001, presentado el 25 de octubre de 2003. El pleno del Parlamento Vasco lo aprobó el jueves 30 de diciembre de 2004 y decidió su envío al Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, con 39 votos a favor y 35 en contra. Dicho estatuto pretendía una reforma del vigente desde 1979 siguiendo los cauces marcados por el artículo 46 del citado texto.
En enero de 2005, el presidente del Parlamento Vasco entregó la propuesta de Estatuto al presidente del Congreso, para su debate y votación, siendo rechazado el 1 de febrero por 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, CC y CHA), 29 a favor (PNV, ERC, CiU, EA, NaBai y BNG) y 2 abstenciones (ICV).
Tal como se explicaba en el preámbulo la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía consistía en la materialización de un derecho: «el ejercicio del derecho del pueblo vasco a decidir su propio futuro». El objetivo era que el País Vasco dejara de ser una comunidad autónoma para convertirse en un Estado Libre Asociado, con lo que España se convertiría en un Estado confederal.
El Plan proponía un nuevo estatuto de autonomía, basándose en tres pilares:
Además, la propuesta planteó una serie de reformas:
Quedarían fuera: la defensa; legislación civil, mercantil y penal (sin perjuicio del derecho foral, sustantivo y del los contratos de administraciones públicas); marina mercante; nacionalidad española (inmigración extranjería, derecho a asilo,...); producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos; control del espacio aéreo y política exterior.
El plan se tramitó como una reforma del estatuto de autonomía vasco, en varias etapas:
El apoyo principal a la Propuesta de nuevo Estatuto provino de los grupos que componen el gobierno vasco (Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua-Berdeak). A pesar de ello, los tres grupos del tripartito gobernante plantearon enmiendas propias. Ezker Batua-Berdeak planteó enmiendas parciales a todos los artículos, a pesar de lo cual dio su voto favorable en el Parlamento Vasco.
El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, partidos mayoritarios en España, pero entonces en la oposición en el País Vasco, lo acusaron de:
Algunos de estos razonamientos son cuestionados por el gobierno vasco: PSOE y PP no participaron en la comisión del parlamento que redactó el proyecto de nuevo Estatuto (a diferencia del proceso que se siguió en Cataluña); y la banda terrorista ETA había condenado la propuesta.
El gobierno del PP planteó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que no fue admitido a trámite. Algunos de sus componentes manifestaron dudas sobre la posible constitucionalidad de su contenido. Por su parte, el "padre" de la Constitución de 1978, Miguel Herrero de Miñón, no dudaba sobre la legitimidad de la propuesta, aunque sugería una serie de cambios (apenas 10 artículos) para aclarar las dudas sobre la supuesta inconstitucionalidad del texto.
Batasuna lo rechazó, acusándolo de consolidar la unión con el Estado español, por permitir la coexistencia de la nacionalidad vasca y la española en el País Vasco y por limitarse a un plan que abarcaba a tan solo tres de las originarias siete provincias de Euskal Herria. Sin embargo, durante la votación de la propuesta en el Parlamento Vasco, Arnaldo Otegi, portavoz del grupo Sozialista Abertzaleak leyó una carta del parlamentario y miembro de ETA fugado Josu Urrutikoetxea, justificando su apoyo al plan, tras lo cual tres miembros de este grupo votaron a favor de la propuesta y otros tres en contra. Sin estos votos la propuesta no habría salido adelante en el Parlamento Vasco, por lo que finalmente el apoyo de Batasuna fue determinante para la aprobación del plan, y la futura discusión en el Congreso de los Diputados.
La Iglesia católica se posicionó, a través del secretariado de la Conferencia Episcopal Española, en contra del Plan Ibarretxe por considerarlo "moralmente inaceptable, insolidario, excluyente, por entender que tiene tintes totalitarios, impone el culto a la nación y antepone sus aspiraciones políticas a los derechos de las personas" Otros obispos, como el de San Sebastián, Juan María Uriarte, se desmarcaron de dicha opinión y consideraron el citado documento como "no vinculante".
La encuesta de noviembre de 2004 realizada por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco denominada comúnmente como "Euskobarómetro", indicó que la mayor parte de los vascos estarían dispuestos a votar en un eventual referéndum, aunque este no cumpliera con los requisitos constitucionales. Entre los que irían a votar, la opción mayoritaría es el "Sí", con un 30% de los votos, frente al 21% de apoyos que recibe el "No". El 33% de las personas que irían a votar no habría decidido aún su voto. Sin embargo, el punto más destacable de la encuesta es que, al igual que en la encuesta realizada en mayo de 2004, la mayoría de los vascos (60%) sigue considerándose poco o nada informado sobre el contenido y las consecuencias de la propuesta planteada.
El lehendakari Ibarretxe se declaró dispuesto a someter la propuesta a una consulta en su comunidad "en un escenario ausente de violencia", sea cual fuera el resultado de la votación en el Congreso español en el que las fuerzas contrarias a la propuesta contaban con una amplia mayoría, por lo que el PP modificó el Código Penal para crear un artículo que castigara con pena de cárcel para aquel que convocara referendos sin la aprobación del Gobierno, como sería el caso del Gobierno Vasco si lo hiciera sin el respaldo del Gobierno español. Dicho artículo fue derogado en 2005 por parte del Gobierno del PSOE como parte de sus promesas electorales de 2004. Posteriormente no se ha propuesto una consulta sobre el tema, planteándose recursos ante las instancias europeas por la denegación de la consulta.
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