Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. es una empresa de servicios públicos paraestatal que provee servicios de agua y drenaje en el estado de Nuevo León, México. El Director General para la administración 2015-2021 es el Ingeniero Gerardo Garza González,, al cierre de 2018 reportó 5,147 empleados.
La mitad del agua suministrada a la Zona Metropolitana de Monterrey proviene de fuentes superficiales, la otra mitad proviene de fuentes subterráneas. SADM tiene más de 350 fuentes subterráneas de suministro en todo el estado, incluyendo pozos, manantiales y galerías. La capacidad total de las presas del estado es es 1,462.50 Millones de metros cúbicos (Mm³), las capacidades de las presas son:
El 7 de febrero del 2007, se publicó un decreto del Congreso del Estado mediante el cual se establece que SADM se mantendrá como el órgano rector de los proyectos de obras de drenaje pluvial, los costos que se generen por la ejecución de tales obras correrán a cargo de la del nivel de gobierno o; en su caso, del particular que corresponda. El mantenimiento las obras de drenaje pluvial le corresponde al nivel de gobierno al que se le haya entregado la obra. CONAGUA contempla recursos para proyectos de drenaje pluvial de los distintos niveles de gobierno. Desde el año 2000, SADM ha construido 7 grandes pluviales y 55 ramales que suman 142 km, con capacidad para conducir 4,729 metros cúbicos por segundo.
En 1878 se construyó el primer sistema de agua entubada en Monterrey, el cual iba desde una acequia llamada de Las Quintas, al pie del Cerro del Obispado, hasta una fuente instalada en la plaza principal, donde la gente podía abastecerse de agua.
A principios del siglo XX se inició la construcción de un sistema moderno de agua potable y drenaje sanitario para dar servicio a 200,000 habitantes. El Gobierno del General Bernardo Reyes decidió concesionar los servicios a quien demostrara capacidad técnica y suficiencia económica para realizar las obras que se necesitaba la ciudad.
El 4 de noviembre de 1904, el Congreso del Estado expidió un decreto mediante el cual se hizo ley el contrato que el Gobernador Bernardo Reyes había celebrado con los señores James Stocker y William Walker para la concesión de los servicios de agua y drenaje, y el aprovechamiento de las aguas para fuerza motriz para la ciudad de Monterrey, por lo cual en mayo de 1906 se constituyó la Compañía de Agua y Drenaje de Monterrey (The Monterrey Water Works and Sewer Company, Limited) con sede en Toronto, Canadá.
La concesión se otorgó por 99 años, una de las condicionantes que se establecieron fue que la empresa realice las obras necesarias para instalar drenaje, conducir y distribuir agua en la ciudad y dar salida a las aguas sobrantes y residuales. También se comprometía a explotar las aguas como fuerza motriz para la generación de energía eléctrica, y para que las aguas sobrantes y residuales fueran empleados para riego u otro objeto beneficioso.
El Gobierno de Nuevo León tenía el derecho a comprar la compañía después de 40 años, luego de poner en servicio las obras construidas. Las tarifas por la prestación de los servicios serían aprobadas por el Gobierno del Estado y no podían incrementarse sin su consentimiento.
De acuerdo con los estudios técnicos realizados se consideraron dos fuentes de abastecimiento de agua. Una de ellas, era una galería de infiltración en el lecho del Río Santa Catarina, cerca de San Jerónimo, en donde el agua se conducía por gravedad a un tanque en las faldas del Cerro del Obispado, que aún existe. La otra fuente fue el manantial de La Estanzuela, llevando el agua hasta el tanque Guadalupe, en la colonia Independencia, iniciándose el servicio en 1909, este manantial aún es explotado, aunque en una escala mínima.
En 1912 la galería de infiltración proporcionaba 538 litros por segundo mientras que del manantial de La Estanzuela se obtenían 94 litros por segundo; sin embargo, solo el 25% de la población de un total de 80 mil habitantes tenía servicio de agua potable y drenaje sanitario en sus casas.
Para 1940, se calculó que solo el 63% de los habitantes de la ciudad recibían el servicio, la empresa no podía satisfacer la demanda que crecía aceleradamente, el Gobierno del Estado tuvo que afrontar el problema de la escasez de agua, hubo fuertes controversias con la empresa, que se negaba a hacer más inversiones. En 1945, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, falló a favor del Gobierno del Estado de Nuevo León, después de avalúos y negociaciones, el Gobernador del Estado, Lic. Arturo B. de la Garza, dispuso la compra de la compañía.
Se convino el pago de 8 millones 270 mil pesos por activos de la empresa canadiense, por lo que el Gobierno del Estado obtuvo un préstamo de Nacional Financiera, S.A., el convenio se firmó el 25 de julio de 1945 y se celebró un Fideicomiso con el Banco Mercantil de Monterrey (hoy Banorte), para continuar con la operación con los mismos trabajadores.
A pesar de las obras que se pusieron en marcha a partir de la compra de la compañía, el crecimiento demográfico de la ciudad de Monterrey, la instalación de nuevas industrias y períodos de sequía recurrentes, provocaron que se tuvieran que implantar medidas de racionamiento del servicio.
Mediante Acuerdo Presidencial del 4 de marzo de 1954, se creó la “Comisión de Agua Potable de Monterrey” (CAPM), como organismo dedicado a la investigación y estudios relativos a la captación y suministro de agua potable para la ciudad, después la CAPM se integró a SADM.
El 30 de abril de 1956, se creó Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), Institución Pública Descentralizada (I.P.D.).
En la década de 1960 se construyó la Presa La Boca.
Este programa incluyó la construcción de la Planta Potabilizadora La Boca, tres estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento y redes primarias de agua potable y drenaje sanitario para la Zona Metropolitana de Monterrey entre 1971 y 1973, fue financiado con crédito otorgado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Programa Monterrey II de 1974 a 1978 incluyó la construcción de acueductos, tanques de almacenamiento, ampliación de los tanques Topo Chico, Loma Larga y Altamira; entre otros. Además; se instalaron estaciones de bombeo, se perforaron, equiparon e interconectaron nuevos pozos, entre ellos los del área de Mina, el acueducto de La Estanzuela, y diversas redes primarias de agua y drenaje. El programa también fue financiado mediante un crédito otorgado por el BID y BANOBRAS por de 420.27 millones de dólares. También en la década de 1970 se incorporó el sistema de pozos Buenos Aires y los pozos someros de Monterrey.
De 1980 al 1984; ante un grave problema de escasez de agua, el gobierno implementó acciones de emergencia, se inició el programa Monterrey III, mediante un acuerdo de coordinación entre los gobiernos federal, encabezado por el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, y estatal, encabezado por Alfonso Martínez Domínguez, mediante el cual el primero construyeron grandes obras, entre ellas la presa Cerro Prieto, el Acueducto Linares-Monterrey; con 133 kilómetros de longitud y 5 estaciones de bombeo, y la Planta Potabilizadora “San Roque”.
El Gobierno del Estado; a través de SADM, adquirió un crédito parcial de 90 millones de dólares del BID y BANOBRAS, para la ejecución de las obras del Anillo de Transferencia de la Zona Metropolitana, de 70 kilómetros de longitud, así como 14 tanques de almacenamiento, 20 estaciones de bombeo, 95.1 kilómetros de redes de distribución y reposición de ramales, detección y control de fugas, obras de alcantarillado y la ampliación de la Planta Potabilizadora La Boca. En cuanto al drenaje sanitario, Monterrey III incluía 27.39 km de colectores y redes secundarias, entre otras obras, mediante un crédito otorgado por el BID y BANOBRAS, con una inversión total aproximada de 112.3 millones de dólares.
Entre 1990 y 1994 se construyeron las obras del Programa Monterrey IV, el Gobierno Federal, bajo la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari, construyó la presa “El Cuchillo-Solidaridad” y el Gobierno del Estado encabezado por el Gobernador Sócrates Rizzo, a través de SADM, construyó el acueducto “El Cuchillo-Monterrey” con 110 kilómetros y 5 estaciones de bombeo, la segunda etapa del Anillo de Transferencia de la Zona Metropolitana, tanques de almacenamiento, 19 estaciones de bombeo, 144.66 km de redes de distribución y reposición de ramales, y se llevaron a cabo acciones de detección y control de fugas.
Se construyó también la prolongación de 130 kilómetros de colectores para evitar las descargas de aguas negras a las corrientes superficiales, junto con tres Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), entre ellas la PTAR Dulces Nombres, la más grande de América Latina, tuvo un costo aproximado de 469.4 millones de dólares, a través de un nuevo financiamiento por parte del BID y BANOBRAS.
En 2008, siendo gobernador José Natividad Gonzáles Parás, ante el crecimiento de la Zona Metropolitana de Monterrey, arrancó el Proyecto Monterrey V con el objetivo de incrementar la distribución de agua potable a la periferia de la zona metropolitana de Monterrey de 3 m³/seg, por gravedad y hasta 5 m³/seg, con bombeo mediante 73 km de tubería, y comprende obras de ampliación de la infraestructura del drenaje sanitario para aumentar de 9 m³/seg a 13.5 m³/seg, la capacidad de tratamiento de agua residual con la introducción de 28 km de colectores.
El proyecto Monterrey VI contemplaba una asociación público-privada para la construcción de un acueducto para transportar agua desde el Río Pánuco e interconectarlo al acueducto Cerro Prieto-Monterrey, el proyecto impulsado por la administración de Rodrigo Medina causó controversia por su costo e impacto ambiental. El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón abandono el proyecto Monterrey VI en favor de otras opciones.
El 5 de abril de 2019; siendo gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el gobierno del estado recibió concesión de aguas mediante un convenio con la Comisión Nacional del Agua para la construcción de la Presa Libertad en los municipios de Montemorelos y Linares. El 21 de junio de 2019 fue publicado en el diario oficial de la federación el convenio mediante el cual el gobierno del estado, a través de SADM se compromete a aportar el 50% de los 772 millones de pesos necesarios para las acciones preliminares de la presa; y el gobierno federal, a través de CONAGUA, se compromete a aportar el otro 50%.
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