El desempleo o paro en España incluye el número de personas desempleadas en España. El grado de desempleo en España es el segundo más alto entre los países de la Unión Europea, tras Grecia. Tradicionalmente, incluso en épocas de bonanza económica, el desempleo se ha mantenido alto lo que indicaría una situación de desempleo estructural. España tiene índice de pobreza alto respecto a los países de la Unión Europea y un alto grado de desigualdad social causado por la desigualdad de ingreso (véase en este sentido la lista de países por igualdad de ingreso).
De acuerdo con la EPA, en España en el tercer trimestre de 2019, hay 3 315 000 personas paradas, con una tasa de paro de un 14,23 %. En 2008 la tasa de desempleo creció rápidamente, superando el 20 % en 2010 y situándose en el 23,67 % de la población activa en el tercer trimestre de 2014. El 34,6 % de los menores de 25 años se encontraba en desempleo en 2018. Desde hace varios años, se ha convertido en la mayor preocupación de la sociedad española, seguida de la preocupación por la corrupción y el fraude y por los problemas de índole económica.
Tasas de desempleo en porcentaje sobre la población activa, según el INE:
Evolución de la tasa de desempleo en España
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Para medir el paro se utilizan dos sistemas: la Encuesta de Población Activa que cada trimestre confecciona el Instituto Nacional de Estadística, y el paro registrado, que es la cifra de personas que están inscritas en las oficinas del SEPE (antes INEM). Suele haber discrepancias entre las dos cifras porque hay personas desempleadas que no están registradas en las oficinas de empleo, porque ya han desistido de buscar un trabajo a través del SEPE o por alguna otra razón. Por eso se considera más fiable la EPA, que los datos del paro registrado.
La estadística del desempleo está regulada en España por la Orden de 11 de marzo de 1985 por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado.
Número de ocupados y de parados en el cuarto trimestre de cada año, según la Encuesta de Población Activa del INE:
La tasa de desempleo se obtiene trimestralmente mediante un procedimiento conocido con el nombre de Encuesta de Población Activa. Cada tres meses se encuesta a unos hogares con preguntas referentes a su historia laboral reciente.
La encuesta divide a la población de 16 años o más años en cuatro grupos:
La tasa de desempleo se calcula como el número de desempleados dividido por la población activa, y se expresa en forma de porcentaje. Es decir, no es una proporción entre el total de la gente desempleada y el total de la población, sino el de aquella que se denomina económicamente activa.
El Fondo Monetario Internacional considera que en el mercado laboral español existe una dualidad que es fuente de insolidaridad intergeneracional. En el que han convivido a lo largo de los últimos años por una parte trabajadores, en general de más edad, con contratos de trabajo de carácter indefinido, con una mayor protección laboral e incrementos salariales elevados con otros trabajadores, en general más jóvenes, con contratos de carácter temporal y bastante desprotegidos. Esta dualidad ha producido efectos negativos sobre la productividad ya que en estos contratos temporales, empleador y empleado no han tenido incentivo en la formación laboral y en el que el régimen de negociación de subidas salariales ha hecho que el ajuste de la crisis se haya hecho básicamente vía despido de los contratados temporales y perjudicado la creación de empleo, lo que ha incidido en la elevación de la tasa de desempleo de los jóvenes a un 57,2 %.
Se considera parado de larga duración a la persona inscrita como demandante de empleo, de forma ininterrumpida, durante un periodo superior a un año.
España sufre un alto nivel de desempleo estructural. Desde la crisis económica y financiera de la década de 1980, el desempleo nunca ha bajado del 8 %. España es el segundo país de la OCDE con mayor tasa de desempleo, por debajo solamente de Grecia. En los últimos treinta años la tasa de paro española ha rondado el doble de la media de los países desarrollados, tanto en épocas de crecimiento como en crisis.
Desde la salida de la crisis de los años 1990, el desempleo descendió desde los 3,6 millones de personas hasta los dos millones, pero se estancó en esa cifra durante toda la época de bonanza hasta la crisis económica de 2008-2011. En el año 2003 la tasa de paro era del 11,5 %, considerada como una buena cifra en España, pese a que es una tasa de paro que la mayoría de países industrializados solo alcanza en épocas de crisis económica. En el año 2007, en el que se alcanzó la tasa de paro más baja en treinta años [cita requerida], había 1,8 millones de parados.
Desde los sectores de la derecha política española se considera que el desempleo estructural se debe a los altos costes laborales unitarios, debidos a los impuestos, las cotizaciones sociales, y se afirma que la reducción de estos costes fomentaría la contratación. Sin embargo, los gobiernos de José María Aznar, del conservador Partido Popular, entre 1996 y 2004 no rebajaron las cotizaciones sociales ni los impuestos a las rentas más bajas, pero el crecimiento económico de su etapa de gobierno permitió que se creasen cinco millones de puestos de empleo.
El expresidente Mariano Rajoy (PP), entonces líder de la oposición, al criticar el paro durante los últimos meses de la legislatura de Rodríguez Zapatero (PSOE),—expresó que: «España se encontraba en la “Champions League” de la economía mundial»—, que en ese momento era de un 22 %.
La economía española se ha sustentado, durante los últimos cincuenta años, en un modelo productivo mucho más intensivo en mano de obra que en capital e impulsado por sectores de bajo valor añadido, como son la construcción y el turismo, los cuales, al final de la última época de bonanza, copaban la mitad de la producción nacional. En el año 2008, el del inicio de la crisis actual, el ladrillo suponía el 18 % del PIB español, las industrias auxiliares de éste, el 21 %, y el turismo, el 11 %. El hundimiento del sector de la construcción de España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria ha propiciado un aumento del desempleo a una velocidad nunca vista antes. El récord trimestral se alcanzó en el primer cuarto de 2009 con 800 000 puestos de trabajo destruidos en sólo tres meses.
Durante los últimos lustros, los sucesivos gobiernos no sólo no han impedido la especulación inmobiliaria, sino que incluso la han definido como un modelo económico sostenible y han instado a los ciudadanos a participar en ella. Los cargos políticos negaban la existencia de una burbuja especulativa en el sector de la construcción, y cuando esta ya era evidente, no tomaron medidas para atajar los efectos de su estallido.
En los siete años que está durando la actual crisis se han destruido 3,8 millones de puestos de trabajo, pasando de 20,7 millones de ocupados al final de 2007 a los 16,9 millones actuales, según la Encuesta de Población Activa. La tercera parte de los empleos perdidos, unos 750 000, corresponden al sector de la construcción.
La destrucción de empleo causada por el fin del modelo inmobiliario no se acaba en los parados de la construcción. Como consecuencia de los altos precios de la vivienda que están pagando las familias españolas, la renta disponible para el consumo es escasa, lo que conlleva pocos ingresos en las empresas, y por consiguiente, recortes de plantillas y más desempleo.
El desempleo está reduciendo los ingresos de las familias y por tanto su calidad de vida incidiendo en el consumo interno. Se deteriora la salud mental de los desempleados y sus familias. Se alarga el período de emancipación y por tanto disminuye la natalidad -ante la imposibilidad de formar una familia con mínimas garantías económicas-. Se dispara la exclusión social, aumentan los desahucios provocados por la crisis, aumentan los impagos de facturas básicas incrementándose el número de pobres energéticos. La denominada pobreza energética impide a las familias pagar las facturas de suministros básicos como el agua, luz y gas.
La Dramática situación de desempleo en España, y sus consecuencias no solo abren continuamente las ediciones de los medios de comunicación españoles, sino que también han copado las páginas principales de los más importantes medios internacionales.
En España la protección por desempleo tiene dos niveles:
La prestación por desempleo, comúnmente llamada "el paro", es una protección económica a la que puede acceder toda persona que haya trabajado y cotizado durante, como mínimo, un año desde que empezó a trabajar o desde la última vez que percibió esta prestación.
La duración de esta prestación es igual a la tercera parte del tiempo que el trabajador haya cotizado, está entre el 50 y el 70 % del salario del trabajador en su anterior empleo, existiendo unos límites superiores e inferiores.
En el caso de que un trabajador haya cesado de su actividad laboral y no tenga derecho a la prestación contributiva, o la haya agotado, podría tener acceso al subsidio por desempleo ("la ayuda") si cumple ciertos requisitos.
La cuantía del subsidio es de 426 euros al mes.
El gobierno desarrolló un programa llamado "PREPARA", mediante el cual se recibe una ayuda económica de 399,38 euros al mes durante seis meses. El beneficiario tiene la obligación de participar en actuaciones encaminadas a su recualificación.
Una revisión sistemática en 47 estudios, en país como Estados Unidos, Canadá y España, sobre el impacto que tiene el cese de los beneficios por desempleo en la tasa de búsqueda de empleo de los beneficiarios. Eliminar los beneficios resulta en un aumento de alrededor del 80% en la tasa de salida del desempleo, efecto que se empieza a registrar aproximadamente dos meses antes de que cesen los beneficios. Por otro lado, no existe evidencia suficiente acerca del impacto sobre la tasa de gente que abandona su nuevo trabajo para volver a recibir beneficios.
Números absolutos en miles de personas en el cuarto trimestre de 2018:
Medias de los cuatro trimestres de cada año, según la Encuesta de Población Activa del INE:
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