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Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica



La Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (A.P.S.A.) (latín: Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae) es el organismo de la Santa Sede encargada de la gestión de su patrimonio económico.

Fue instituido por Papa Pablo VI el 15 de agosto de 1967 con la constitución apostólica Regimini Ecclesiae universae para reemplazar dos oficinas anteriores, la administración de los bienes de la Santa Sede y la administración especial de la Santa Sede.

Más tarde, el Papa Juan Pablo II, mediante la Constitución Apostólica Pastor Bonus del 28 de junio de 1988, emitió nuevas disposiciones relativas al funcionamiento de la administración.

El 10 de julio de 2007 uno de los llamados "furbetti del quartierino" (canallas del barrio), Giampiero Fiorani, reveló a los magistrados de Milán haber destinado al APSA más de 15 millones de euros en negro para la adquisición del banco Cassa Lombarda, de los cuales tenía una participación de APSA. Siguiendo las indicaciones del cardenal Rosalio José Castillo Lara, presidente emérito de APSA, el dinero fue transferido a una cuenta bancaria en Suiza en el BSI de Lugano, donde —según Fiorani— el Vaticano tenía tres cuentas con «dos o tres millones de euros».[1]

La oficina tiene como objetivo administrar los bienes de la Santa Sede y para proporcionar los fondos necesarios para el funcionamiento de la Curia romana. Es considerado como el banco central de la Santa Sede, a pesar de que a menudo esta función se asigna erróneamente al Instituto para las Obras de Religión.[2]

El actual presidente es el cardenal Domenico Calcagno, designado por el Papa Benedicto XVI del 7 de julio de 2011.

Se estructura en dos secciones, la ordinaria y la extraordinaria, con diferentes funciones:

En julio de 2014, un motu proprio del Papa Francisco transfirió las funciones de la sección ordinaria a la Secretaría de la Economía, constituida el mes de febrero anterior, dejando al APSA las funciones financieras.[3]

Emite moneda, desde el 1 de enero del 2002 en euros con valor legal y, por lo tanto, una moneda con fuerza liberadora limitada a toda la Eurozona.



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