Administración pública de la Argentina

Administración pública de la Argentina nació en Argentina.

La administración pública es el conjunto de organismos estatales que realizan las funciones administrativas del Estado argentino. En general abarca a los distintos entes y dependencias que integran el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y no abarca los poderes ejecutivos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las administraciones municipales.

El concepto de «administración pública» es impreciso y suele ser usado con diversos alcances. En este artículo está utilizado como especie del concepto más amplio de Estado. La Administración Pública no incluye el poder legislativo ni el poder judicial. Tampoco abarca las empresas estatales ni entes privados que prestan servicios públicos. Incluye en cambio a las entidades públicas descentralizadas y las especializadas, como los centros de enseñanza, hospitales y museos. En principio, las Fuerzas Armadas integran la administración pública, aunque poseen un régimen especial. Son un conjuntos de entidades públicas del estado nacional que realizan tareas y gestionan servicios de interés público a la comunidad.

En todos los países modernos emplea a gran cantidad de personas, constituyendo el grueso del empleo público. En Argentina, en 2008, aproximadamente 14.8%^[1]​^[2]​de la población económicamente activa estaba empleada en el sector público (en los tres poderes), tanto nacional, como provincial y municipal.^[3]​Reduciéndose a 14.7% de la población económicamente activa en 2014, superior al promedio de América Latina (estimada en 10,7%) y menor al promedio de los países de la OCDE (15,3% del empleo total).^[4]​

La administración pública actúa mediante actos administrativos y puede ser controlada internamente por los habitantes mediante recursos administrativos regulados por el derecho administrativo (procedimiento administrativo), en una primera instancia, o por demanda judicial contra el Estado (procedimiento contencioso-administrativo), en caso de rechazo del recurso.

Los gastos de la administración pública se rigen por pautas estrictas establecidas en el presupuesto, aprobado por ley, y por las reglas establecidas en la Ley de Presupuesto de cada jurisdicción. La realización de gastos incumpliendo estas reglas constituye un delito contra la Administración Pública, establecidos en el código penal.

El personal de la administración pública está regido por reglas especiales, diferentes de las que regulan a los trabajadores de la actividad privada. En general tienen leyes especiales que contemplan sistemas de ingreso por concurso, prohibición del despedido sin causa justa ni sumario previo. En algunos casos se han establecido sistemas de negociación colectiva.

Debido al sistema de organización federal adoptado por la Argentina, el Estado argentino está formado por dos grandes estructuras estatales paralelas: el estado federal (o nacional) y los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada una de estas estructuras tiene su propia administración pública, conviviendo así la administración pública nacional, con cada una de las administraciones públicas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. A ellas hay que agregar los gobiernos municipales, que poseen autonomía administrativa en virtud del Artículo 123 de la Constitución Nacional.

El grueso de la administración pública en Argentina se encuentra desconcentrada en las administraciones públicas provinciales, donde se encuentra empleado más del 60% del total de los empleados públicos del país.^[5]​

Entre los sectores que administran las provincias se encuentran las escuelas públicas, la policía y los centros de salud, responsables por sí mismos de la mayor parte del gasto y del empleo público.

Luego de las administraciones provinciales, los dos sectores más importantes son la Administración Pública Nacional, que emplea aproximadamente el 13% del total de empleados públicos y las administraciones municipales, que emplean en conjunto el 15% de los empleados públicos.^[5]​ Otro sector de consideración es el de las universidades nacionales, que en conjunto tiene el 6% del total de empleados del Estado.^[5]​

La Administración Pública Nacional está integrada principalmente por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y la mayor parte de los organismos bajo su mando, aunque existen algunos otros organismos federales de tipo administrativo que no dependen del PEN, como los Consejos Federales (de Educación, de Trabajo, etc.), el Consejo Interuniversitario Nacional, el Ombusman Nacional, etc. En sentido contrario, existen algunas organizaciones que dependen del PEN, pero no integran la Administración Pública, como las empresas del Estado.

El PEN es el ámbito del Estado argentino que tiene el mayor presupuesto y la mayor cantidad de funcionarios y empleados. Su conducción es unipersonal y piramidal y se encuentra encabezada por del presidente de la Nación Argentina.

Organizativamente tiene tres áreas principales:

El área Presidencia de la Nación está integrada por el Presidente de la Nación, el Vicepresidente y los organismos y personal más cercanos. Entre estos últimos se destacan por su importancia política la Secretaría General, la Secretaría Legal y Técnica, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). También funciona en esta área, la Casa Militar, encargada de la seguridad directa del Presidente, y -como organismo de administración desconcentrada- el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.^[6]​

La Jefatura de Gabinete de Ministros es un organismo supra-ministerial de la República Argentina, desempeñado por un Jefe de Gabinete, quien es el encargado directo de ejercer la administración pública nacional, designar al personal y coordinar las reuniones del gabinete de ministros, actuando como un delegado personal del Presidente de la Nación. Esta dependencia fue creada por la reforma constitucional de 1994 y sus funciones están establecidas en los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional.

La Jefatura de Gabinete de Ministros desarrolla su gestión a través de cinco secretarías:^[7]​

Dentro de su ámbito también funcionan:^[7]​

Como en la mayoría de los países del mundo, en la Argentina, los ministros son los colaboradores directos del Presidente de la Nación y son designados y removidos a voluntad por el mismo. El conjunto de los ministros integran el Gabinete de Ministros, cuya reunión ordena el Presidente y coordina el Jefe del Gabinete de Ministros. Cada ministro dirige un Ministerio, encargado de un área temática de la administración nacional.

El régimen organizativo y las funciones de las carteras ministeriales se encuentran regulados por la Ley de Ministerios N° 22.520 y normas modificatorias. En la actualidad, el número de Ministerios de la Presidencia de la Nación Argentina asciende a 21.^[8]​

Uno de los mecanismos de organización de la Administración Pública es la jerarquía administrativa. Mediante la misma, dentro de cada ente, cada área funcional administrativa se va subdividiendo progresivamente en nuevas áreas, que se especializan en determinada función y que se mantienen subordinadas a la instancia inmediata superior. La jerarquía administrativa es exclusivamente funcional y se aplica solamente entre órganos de un mismo ente, no existiendo relación jerárquica entre el funcionario público y el ciudadano, ni con empleados pertenecientes a otros entes de la Administración Pública.^[9]​

Fuera de la estructura jerárquica existen también Organismos fuera de nivel, que dependen directamente del órgano máximo.

Los organismos descentralizados son entidades de la Administración Pública Nacional que tienen patrimonio propio y personería jurídica.

Los organismos desconcentrados son entidades de la Administración Pública Nacional con cierta autonomía técnica y funcional, pero no poseen personería jurídica ni patrimonio propio sino a través de la dependencia central de la que dependen.

Las provincias argentinas ejercen todo el poder no delegado a la nación. Todas tienen un Poder Ejecutivo unipersonal a cargo de un gobernador electo por voto directo.

Cada provincia organiza su propia administración pública, de acuerdo a su propia constitución y sus leyes.