El Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos crea el poder ejecutivo del Gobierno estadounidense, el cual está formado por el presidente y otros funcionarios principales.
Enmiendas ratificadas
Las primeras diez Enmiendas se conocen como la Carta de Derechos
A la cabeza de la rama ejecutiva se halla el presidente. El presidente y el vicepresidente son elegidos, de forma conjunta, cada cuatro años.
El presidente y vicepresidente serán elegidos por un Colegio Electoral, cuyos miembros han sido seleccionados por las Asambleas legislativas de los estados. La Constitución no establece la forma en la que los Estados han de escoger a sus electores, pero, desde 1824, todos los Estados han seleccionado a sus electores basándose en el voto popular. Cada Estado puede nombrar a tantos electores como representantes y senadores tenga en el Congreso. La Vigesimotercera Enmienda amplía este derecho al Distrito de Columbia, que también puede nombrar electores. Ni senadores, ni representantes, ni empleados federales pueden ser electores.
(Nota: Todo el procedimiento que se establece en esta cláusula fue modificado por la Duodécima Enmienda en 1804.)
El Congreso fija un día de elecciones nacional. Actualmente, los electores se seleccionan el martes siguiente al primer lunes de noviembre del cuarto año del mandato presidencial. Los electores emiten sus votos el lunes siguiente al segundo miércoles en diciembre del mismo año. Después, el vicepresidente de los Estados Unidos, en calidad de presidente del Senado, abrirá y contará los votos emitidos en una sesión conjunta del Congreso.
Para que sean elegibles, el presidente y vicepresidente deben:
Además, la Vigesimosegunda Enmienda limita al presidente el número de mandatos a dos, por tanto nadie que haya sido elegido para el cargo de presidente dos veces puede presentarse de nuevo.
La interpretación de este párrafo causó una gran controversia cuando hubo de aplicarse por primera vez. Cuando el noveno presidente William Henry Harrison murió en el cargo en abril de 1841, surgió un debate sobre si el vicepresidente debía ser nombrado presidente de iure o si heredaría los poderes, siendo únicamente presidente interino. El vicepresidente John Tyler era de la opinión de que tenía derecho a ser presidente. No obstante, muchos senadores tenían la tesis de que el vicepresidente solo tenía derecho de ser presidente interino hasta que hubiese nuevas elecciones. A causa de la vaga formulación, Tyler realizó el juramento del cargo y se convirtió en presidente, creando un precedente que continuó hasta que la Vigesimoquinta Enmienda reguló la sucesión. A causa de este precedente Millard Fillmore, Andrew Johnson, Chester Arthur, Theodore Roosevelt, Calvin Coolidge, Harry Truman y Lyndon Johnson accendieron a la presidencia.
La Vigesimoquinta Enmienda dice explícitamente que cuando la Presidencia quede vacante, el vicepresidente se convierte en presidente. En caso de que no haya un vicepresidente, la Enmienda permite que el presidente nombre, con la aprobación de ambas Cámaras (Cámara de Representantes y Senado), un nuevo vicepresidente. Además, la Enmienda estipula que, cuando el vicepresidente y la mayoría de los miembros del Gabinete declaran que el presidente no puede ejercer sus responsabilidades, el vicepresidente se convierte en presidente interino. La Enmienda permite al presidente reclamar su poder, excepto en el caso de que dos tercios de ambas Cámaras voten para mantener las conclusiones del vicepresidente y el Gabinete.
El Congreso ha invocado su poder para legislar en "el caso de cese, muerte, renuncia o incapacidad del presidente y vicepresidente" con la Ley de Sucesión Presidencial.
El sueldo del presidente (actualmente $400.000 al año) debe ser constante durante su mandato, no pudiendo recibir otra compensación del gobierno federal o estatal.
Tradicionalmente, el presidente (todavía electo) comienza el juramento (o promesa) diciendo su nombre: Yo, (nombre), juro solemnemente..., añadiendo también "que Dios me ayude" al terminar. Normalmente es el presidente de la Corte Suprema quien toma juramento.
El vicepresidente también tiene un juramento del cargo, pero no por mandato de la Constitución sino prescrito por una ley. Actualmente este juramento es similar al que pronuncia un miembro del Congreso al tomar posesión.
El presidente, como comandante en jefe, posee el más alto grado en las Fuerzas Armadas. El Artículo I, sin embargo, estipula que corresponde al Congreso, no al presidente, declarar la guerra. A menudo, el presidente ha desplegado tropas con autorización del Congreso, pero sin un declaración formal de guerra.
Al estipular que el presidente puede solicitar la opinión por escrito del funcionario principal de cada uno de los Departamentos administrativos, la Constitución crea, implícitamente, un Gabinete que incluye a los funcionarios principales de varios Departamentos.
El presidente, además, puede conceder indultos, excepto en el caso de proceso político a altos cargos (impeachment).
El presidente puede ejecutar varias facultades con el consejo y consentimiento del Senado.
El presidente puede ratificar tratados, siempre y cuando cuente con el respaldo de, al menos, dos tercios de los senadores.
El presidente tiene potestad para nombrar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, embajadores, cónsules, ministros y demás altos funcionarios, siempre y cuando cuente con la aprobación del Senado. Pero este párrafo también estipula que el Congreso puede, mediante ley, determinar de qué manera pueden ser nombrados los funcionarios inferiores: por elección exclusiva del presidente, de los jefes de los Departamentos del Gobierno o por los tribunales de Justicia.
Durante el tiempo que el Senado no esté reunido, el presidente puede nombrar funcionarios, pero sus nombramientos provisionales terminan al final del siguiente período de sesiones de Senado, debiendo solicitar el refrendo de la Cámara.
El presidente está obligado a presentar, cada cierto tiempo (no determinado en la Constitución), un informe al Congreso sobre el estado de la Unión. Tradicionalmente, este reporte ha sido anual, en la forma del solemne Discurso del Estado de la Unión. Sin embargo, Thomas Jefferson, quien consideraba que el discurso era muy similar al discurso del trono británico, decidió enviar sus informes por escrito, para que fuesen leídos, en la sesión plenaria, por alguno de los secretarios del Congreso. Este sistema se mantuvo hasta que el Presidente Woodrow Wilson decidió volver a la antigua forma, pronunciando los discursos él mismo, costumbre que se mantiene actualmente.
El presidente puede convocar en una sesión extraordinaria a una o a ambas Cámaras del Congreso. Si ambas Cámaras no pueden ponerse de acuerdo en una fecha de comienzo del periodo de receso, el presidente puede suspender a las dos, fijándoles la fecha que considere oportuna para la reanudación de sesiones.
El presidente recibe a todos los embajadores extranjeros. Esta cláusula ha sido interpretada como que el presidente tiene facultades extensas en todos los asuntos de política exterior.
El presidente tiene que "cuidar de que las leyes se ejecuten puntualmente." Algunos presidentes han usado esta cláusula para incautar dinero que había sido asignado por el Congreso, destinándolo a otras partidas distintas a las aprobadas.
El presidente encarga todos los funcionarios de los Estados Unidos, incluyendo ellos del Ejército y Servicios Extranjeros.
Algunos presidentes han sostenido la tesis de que tienen la facultad de ocultar información al Congreso, pero no hay una cláusula en la Constitución que lo justifique. Sin embargo, la Corte Suprema ha dictaminado que, efectivamente, los presidentes pueden ocultar información en determinados casos, sobre todo en asuntos de seguridad nacional.
El presidente, el vicepresidente, los secretarios del Gabinete y otros funcionarios administrativos del Gobierno, así como los jueces, pueden ser sometidos a un proceso de impeachment por la Cámara de Representantes y juzgados políticamente por el Senado.
Cualquier condenado en un proceso de impeachment es inmediatamente destituido de su cargo. El Senado también pueden optar por prohibir a cualquier funcionario destituido el acceso a un cargo federal en el futuro. No pueden ser castigados con otro tipo de penas, según el procedimiento del juicio político, pero el condenado sigue pudiendo ser juzgado y condenado en los tribunales por cargos civiles y criminales.
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