La Asamblea Nacional Constituyente de Colombia fue convocada en 1991 para promulgar una nueva Constitución Política para el país, en reemplazo de la centenaria Constitución de 1886. Cesaron sus funciones el 4 de julio de 1991, tras promulgar la nueva Constitución.
El Presidente Virgilio Barco propuso en 1988 iniciar un proceso para reformar totalmente la Constitución de 1886, la cual durante su siglo funcional, había sufrido sucesivas reformas parciales; según Barco, se requería de una reforma más profunda para sentar las bases de un nuevo acuerdo político en el país. La respuesta por parte de la oposición fue totalmente constructiva, llevando al expresidente Misael Pastrana, jefe del Partido Conservador a firmar un acuerdo con Barco para emprender el camino de la reforma constitucional. Se empezó a la vez un movimiento estudiantil universitario, llamado "Todavía podemos salvar a Colombia" creador de la propuesta llamada la Séptima papeleta, el cual consiguió que se contara extraoficialmente un voto extra en las elecciones parlamentarias de marzo de 1990, solicitando una consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La Corte Suprema de Justicia avaló el resultado de más de 2 millones de votos, argumentando la incapacidad para limitar el poder del constituyente primario; de esta forma, junto a las elecciones presidenciales de mayo de 1990, se consultó sobre la aprobación de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, resultando aprobada por más del 86% de los electores.
Como consecuencia, se convocó a elecciones para el 9 de diciembre de 1990, para elegir los 70 delegatarios a la Asamblea; como una forma de sellar el proceso de paz que el gobierno adelantaba con diversos grupos armados ilegales, se aprobó la inclusión de 4 constituyentes con voz pero sin voto en representación suya (uno por el Ejército Popular de Liberación EPL, dos por el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT y otro por el Movimiento Armado Quintín Lame).
Para las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, realizadas el 9 de diciembre de 1990, los partidos utilizaron estrategias diferentes; así mientras la Alianza Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional decidieron lanzar listas únicas, el Partido Social Conservador se dividió en algunas listas para focalizar el voto y el Partido Liberal realizó una explosión de listas regionales en lo que se llamó la "Operación Avispa"; el movimiento estudiantil consiguió la elección de un constituyente, que se alineó con los liberales. Los resultados por agrupación política fueron los siguientes:
La siguiente es la lista de los 55 constituyentes elegidos, con voz y voto en la Asamblea, y los 4 constituyentes sin voto pero con voz:
La Asamblea se instaló el 5 de febrero de 1991, con la presidencia ad-hoc preparatoria de los delegatarios Aída Avella y Carlos Daniel Abello (los primeros en orden alfabético por apellido). Ante la pluralidad de partidos políticos representados en la Asamblea, se hizo necesario llegar a un acuerdo sobre la conformación de la mesa directiva; así, el Partido Liberal, el Movimiento de Salvación Nacional y la Alianza Democrática M-19 pactaron la elección de una presidencia tripartita; al ser relegado del acuerdo, el jefe del Partido Social Conservador, el expresidente Misael Pastrana, renunció a la Asamblea. Los máximos líderes del MSN y la AD M-19, Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolff representaron a sus colectividades en la Presidencia, mientras que el representante liberal surgió de un acuerdo entre los tres constituyentes con mayor votación (Horacio Serpa, Jaime Castro y Carlos Lemos), siendo elegido Horacio Serpa.
Presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente
Luego de cinco meses de deliberaciones la Asamblea entregó la redacción final de la nueva Constitución Política, que fue firmada por todos los Delegatarios Constituyentes el 4 de julio de 1991.
Al establecer su reglamento y organización, la Asamblea Constituyente se distribuyó en las siguientes comisiones permanentes:
La Constituyente abordó el tema de la extradición en un momento en el que ésta se había convertido en una de las herramientas más fuertes de lucha contra la droga, al punto de que un grupo importante de narcotraficantes llegaron a proponer su entrega con la condición de no ser extraditados a Estados Unidos; se considera que el respaldo a la extradición fue una de las razones por las que fueron asesinados, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el Procurador General de la Nación Carlos Mauro Hoyos, el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y el exministro de Justicia Enrique Low Murtra, entre otros.
Así, mientras algunos dirigentes del liberalismo (Diego Uribe Vargas), el conservatismo (Juan Gómez Martínez) e independientes (Jaime Fajardo Landaeta) promovieron la prohibición de la extradición por no ser un trato digno para los colombianos, otras voces como la de Iván Marulanda rechazaron la prohibición por considerarlo una cesión a los narcotraficantes y algunos más, como María Mercedes Carranza argumentaban que no había garantías para debatir el tema.
Llegado el momento de votar en la plenaria, la extradición fue abolida por 51 votos contra 13.
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