El Banco de Previsión Social (BPS) es el instituto de seguridad social estatal de Uruguay. Su cometido es coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social. Fue creado por la Constitución de 1967 plebiscitada el 27 de noviembre de 1966 y que entró en vigor en febrero de 1967.
Durante los años de la Dictadura cívico-militar, el Acto Institucional N° 9, del 23 de octubre de 1979, sustituyó al Banco de Previsión Social por la Dirección General de la Seguridad Social; finalmente, el anterior nombre del Banco fue reimplantado por la ley N° 15.800, del 17 de enero de 1989.
Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina en contar con un sistema de seguridad social, junto con Argentina, Brasil, Chile y Cuba. Sin embargo, fue el resultado de un proceso largo y complejo, que comenzó desde los primeros años de vida independiente del país. Este sinuoso proceso se vio finalmente coronado a inicios del siglo XX por la creación de varias cajas de jubilaciones: Caja Escolar (1896-1934), Caja Civil (1904-1934, 1948-1967), Caja Militar (1911), Caja de Empleados de Servicios Públicos (1919), Caja de Empleados del Jockey Club (1923), Caja de Empleados Bancarios (1925), Caja de Industria y Comercio (1928-1934, 1948-1967), Caja de Industria, Comercio y Servicios Públicos (1934-1948), etc. En 1919 se aprobó una ley de pensiones a la vejez. Finalmente, la Constitución de 1967 institucionalizó el BPS, que unificó las cajas más numerosas en cantidad de afiliados: Civil, Industria y Comercio, Rural.
De acuerdo a la ley, el Banco de Previsión Social tiene como cometidos coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social. Sus competencias específicas son:
Originalmente concebido para funcionar por el concepto de solidaridad intergeneracional, en un país con muchos trabajadores, se suponía que hubiese 4 trabajadores aportantes por cada jubilado o pensionista; sin embargo, a lo largo de las décadas fue decayendo esta proporción, hasta hacerse crítica. Durante la dictadura cívico-militar, y con la denominación de DGSS (Dirección General de la Seguridad Social), este organismo fue reformado según las disposiciones del Acto Institucional Nº 9, que topeó jubilaciones e intentó paliativos ineficaces en el largo plazo. La necesidad de reformar el sistema desde el punto de vista de su financiación, se hacía cada vez más imperiosa; y se hizo grave una vez restaurada la democracia en 1985, con las jubilaciones más deprimidas que los salarios y varias personas que habían quedado sin ninguna cobertura. Incluso desde el punto de vista político y moral, es de hacerse notar, que los jubilados siempre han sido un sector muy sensible desde el punto de vista político-electoral.
Históricamente, el BPS tuvo una tendencia crónica a estar desfinanciado, por la baja relación aportantes/jubilados y la ineficiencia administrativa. Desde 1990como consecuencia del plebiscito popular que consagró una reforma constitucional de reajuste de pasividades, el BPS recibe asistencia financiera del Estado si no puede cubrir la brecha entre aportes recibidos y jubilaciones servidas.
Desde 1996 rige el Sistema Previsional Mixto, que entre otras cosas apunta a cambiar las ecuaciones de recaudación y pago; dicho régimen instauró el sistema de las AFAP, encomendando al BPS la cobertura del tramo de solidaridad intergeneracional. En 2008, por primera vez en su historia, el BPS registró superávit.
El Directorio del BPS se compone de siete miembros, cuatro de ellos designados directamente por el Poder Ejecutivo, y tres con carácter de representantes sociales:
Los representantes sociales son electos directamente por la ciudadanía. Según la Constitución de 1967, se celebran comicios en cada uno de los órdenes: activos, pasivos y empresarios. Este sistema tardó décadas en implementarse; durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle se optó por un camino intermedio, los representantes de los empresarios y trabajadores fueron nombrados por el Poder Ejecutivo a partir de ternas presentadas por las cámaras empresariales y el PIT-CNT respectivamente, mientras que para los pasivos se organizó un acto electoral en el cual resultó elegido el veterano dirigente Luis Colotuzzo (el mismo permaneció ocho años en el Directorio).
Actualmente, se organizan elecciones para los tres órdenes sociales, fiscalizadas por la Corte Electoral. La votación es obligatoria; este sistema está siendo criticado como "un gasto superfluo de recursos".
De cara a las elecciones de 2019, los candidatos discuten propuestas de reforma, si bien no se ha profundizado el alcance de las mismas.
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