La censura en España se refiere a todas las acciones que se pueden considerar como la supresión de la libertad de expresión en el país. La ONG de origen francés Reporteros Sin Fronteras, en su informe anual de 2019, ubica al país en el puesto 29 de 180 países evaluados respecto al grado de libertad de prensa existente, señalando la Ley de Seguridad Ciudadana como la principal amenaza a la libertad de expresión en la actualidad.
Algunos medios de comunicación vinculados al nacionalismo vasco y, en especial, a la izquierda abertzale han sido objeto de la censura. Durante la década de 1990, la policía española investigó la supuesta relación entre el diario vasco Egin y ETA. El diario Egin y su emisora de radio, Egin Irratia, fueron clausurados en 1998 por orden del juez Baltasar Garzón. Sin embargo, en 2009 los tribunales resolvieron que su actividad era lícita, contrariamente a la anterior resolución; pero, debido al tiempo transcurrido, no fue posible reabrir ni el periódico ni la radio. Tras el cierre de Egin, uno de sus periodistas, Pepe Rei, continúo su trabajo en la revista Ardi Beltza, que en 2001 fue clausurada por Baltasar Garzón, decisión que fue posteriormente revocada.
El diario Euskaldunon Egunkaria siguió un camino similar. En 2003, el juez instructor de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ordenó su clausura temporal durante seis meses y el embargo preventivo de todos los bienes de Egunkaria, por formar presuntamente parte del conglomerado empresarial controlado por ETA. Tanto la clausura como el embargo se fueron prorrogando sucesivamente durante siete años hasta que, en 2010 todos los acusados fueron absueltos.
En enero de 2011 la Audiencia Nacional ordenó el cierre página web Apurtu.org. En diciembre de 2013 se archivó el caso pero la página ya no volvió a abrir. Uno de los detenidos, Miguel Ángel Llamas, pasó 18 meses en prisión sin juicio. Un mes antes del archivo del sumario, la Audiencia Nacional ordenó el cierre de la página web Ateak Ireki por considerarla sucesora de Apurtu.org. Tras al archivo del sumario de Apurtu.org, no se levantaron las restricciones contra Ateak Ireki. Para evitar otro largo proceso para conseguir abrir Ateak Ireki, se inició un proyecto de micromecenazgo para abrir un nuevo medio. El resultado fue el portal Ahotsa.info.
En 2013, la Audiencia Nacional cerró un medio en línea local de Burlada, BurlataHerria, acusando a su administrador de enaltecimiento del terrorismo. Un año después fue absuelto y se levantó el cierre, aunque la página no volvió a abrir.
El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional imputó por enaltecimiento del terrorismo a siete miembros de la organización juvenil Ernai en 2013 y ordenó el cierre de su web. El juez ordenó al medio de comunicación Topatu retirar vídeos de su cobertura informativa de una festival organizado por Ernai al considerarlo también como enaltecimiento. Topatu retiró los vídeos y tres de sus periodistas fueron llamados a declarar a juicio.
Las injurias a la Corona constituyen un delito tipificado en los artículos 490.3 y 491 del Código penal español, que prevé penas de prisión de cuatro a veinticuatro meses. Este delito es causa de controversia entre las fuerzas políticas. Entre los procesados por este delito se encuentran la revista satírica El Jueves, los diarios Deia y Gara, la revista Punto y Hora de Euskal Herria, políticos de Izquierda Unida, la izquierda abertzale y la izquierda independentista catalana y diversos grupos de música.
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida con el nombre coloquial de «ley mordaza», es una ley orgánica española que entró en vigor el 1 de julio de 2015, sustituyendo a la anterior Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana (1992), conocido como la ley Corcuera.
Durante los días previos al referéndum de independencia de Cataluña de 2017 la Guardia Civil cerró la web oficial del referéndum por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y cerró o bloqueó multitud de dominios alternativos oficiales y no oficiales. También se bloqueó el acceso la puerta de entrada principal del InterPlanetary File System (IPFS), «gateway.ipfs.io», que estaba siendo utilizada para acceder a la página del referéndum desde España saltándose el bloqueo.
El 20 de septiembre la Guardia Civil entró en la sede de la Fundación puntCAT, que administra el dominio de nivel superior .cat, y detuvo al director del área de información, Pep Masoliver. La Internet Society y la Electronic Frontier Foundation denunciaron que se exija a un registro de dominios ejercer funciones de censura.
Hasta el 27 de septiembre, más de 140 sitios web relacionados con el referéndum fueron bloqueados. Tras el referéndum continuó el bloqueo de sitios web. El 11 de octubre fue bloqueada la web oficial de la Asamblea Nacional Catalana, «assemblea.cat».
En el año 2000, la Agencia Española de Protección de Datos inició un procedimiento contra la Asociación Contra la Tortura. Esta asociación recopilaba denuncias de torturas en España recopiladas por informes anuales que publicaba en su web alojada por Nodo50. La página se vio obligada a cerrar ante la resolución que proponía una multa de hasta 100 millones de pesetas por publicar nombres de policías y funcionarios de prisiones denunciados por torturas. A pesar del cierre, multitud de páginas web alojadas en otros países replicaron el contenido permitiendo su acceso hasta hoy.
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