Conflicto en La Araucanía
El Conflicto en La Araucanía es un conflicto armado, social y político que comprende una serie de hechos de violencia ocurridos en la Zona Sur de Chile, especialmente la Región de La Araucanía y la Provincia de Arauco, desde 1997 hasta la fecha, con diversos grados de intensidad.
Los incidentes violentos van desde protestas y ocupaciones de predios y municipalidades hasta atentados incendiarios, con carácter terrorista, de destrucción de iglesias, propiedades privadas, maquinarias y enfrentamientos que han dado lugar a asesinatos. Estos son perpetrados por grupos organizados a nombre de causas indigenistas relacionadas con el pueblo mapuche. Sin embargo, y de forma más reciente, también se han visto involucradas bandas narcotraficantes que operan en la región. Al mismo tiempo, ha ocurrido un alza de la reacción violenta de los grupos opositores, especialmente en los incidentes ocurridos desde mediados de 2020.
Los grupos afines a la causa indigenista reclaman, principalmente y entre otras medidas, la devolución de las tierras que fueron usurpadas por el Estado o empresas privadas tras la Ocupación de la Araucanía a fines del siglo XIX, la autonomía del pueblo mapuche o la creación de un ministerio indígena, mientras que otros grupos más radicalizados buscan la total erradicación del Estado chileno y la Iglesia Católica del territorio mapuche, ya que a su juicio dicha presencia sería una señal de colonialismo en la región. Entre los grupos opositores se encuentran organizaciones de autodefensa de agricultores, empresarios y habitantes de dichos sectores.
El primer atentado, que marca el inicio del conflicto, ocurrió en diciembre de 1997 con la quema de tres camiones. Desde entonces, la violencia se ha acrecentado progresivamente y se ha expandido a las regiones aledañas del Biobío y Los Lagos.
El alza de violencia ha conllevado el aumento de la presencia de Carabineros en la región (que incluía hasta 2018 al denominado Comando Jungla, entrenado en Colombia para combatir el terrorismo), la cual ha sido duramente criticada por la oposición al gobierno de Sebastián Piñera.
El 1 de diciembre de 1997, en Lumaco, tres camiones fueron quemados por un grupo de mapuches desconocidos, motivados tras haber escuchado las transmisiones radiales internas de Carabineros de Chile en las cuales, supuestamente, se les refería peyorativamente. Este acto espontáneo marca el inicio del conflicto en plena transición a la democracia.
Aunque la violencia había empezado en la zona un tiempo antes, no se esperaba que escalase de tal manera. El atentado fue recibido con repudio y el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle aplicó la Ley de Seguridad del Estado.
Es desde 2012 cuando los atentados comienzan a ser graves.[cita requerida] Los conflictos más dolosos se iniciaron la mañana del 10 de enero de aquel año, momento en el que cinco encapuchados quemaron dos casas, dos galpones y se enfrentaron a balazos con la policía.[cita requerida] Esto encendió las alertas en el gobierno, debido a la «reagrupación de grupos violentistas que no se hacían presentes hace mucho tiempo». Esto hizo que el gobierno se reuniera y se hablara de cómo solucionar el conflicto en la zona.
Cerca de la una de la mañana del 4 de enero de 2013, en el quinto aniversario de la muerte de Matías Catrileo, un grupo de asaltantes (entre los cuales se encontraba el machi Celestino Córdova) ingresó a la granja Lumahue, en la comuna de Vilcún, y se enfrentó con los dueños, Werner Luchsinger y Vivianne Mackay (de 75 y 69 años respectivamente). Los asaltantes incendiaron la casa y la pareja murió calcinada. Posteriormente, el juicio de Celestino Córdova y su implicación en el atentado se volvieron tema de discusión nacional, y finalmente el machi fue condenado a 18 años de prisión, sin garantías, por el asesinato de la pareja.
A raíz de los constantes ataques incendiarios registrados en la zona, en 2015 un grupo de transportistas se manifestó frente al Palacio de la Moneda en donde se generó conflicto con los detractores de la manifestación.
Entre marzo y abril de 2016 se suscitaron una seguidilla de atentados incendiarios a iglesias católicas y evangélicas, tanto en la Región de la Araucanía como también en la Provincia de Arauco.
El 4 de enero del 2017, la CAM se adjudicó el incendio de cuatro camiones en las afueras de Lumaco, en la Región de Bío Bío, además de mostrar solidaridad por los miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche. Meses después, el 12 de marzo, se registro un ataque incendiario en contra de la empresa Trans–Cavalieri, que destruyó completamente 19 camiones, 9 ramplas y un galpón en la ruta que une Temuco con Lautaro. El grupo justifico el atentado «en el justo proceso de lucha por el territorio y la autonomía de nuestro Pueblo Nación», recibiendo gran atención mediatica por ser uno de los atentados que más daños ha dejado. No fue hasta el 17 de julio cuando militantes de la CAM se adjudicaron los ataques que afectaron a Sigmund Wila y Viviana Parra, dueños de terrenos en la zona, que dejó seis caballos muertos, quema de maquinarias y daños estructurales, lamentando la muerte de los caballos. El segundo ataque que se adjudicó fue al rancho Cahual en Quilaco, que dejó un tractor incendiado y un segundo con daños importantes.
La Operación Huracán fue un operativo que tuvo lugar el 23 de septiembre del 2017, mediante operaciones simultáneas en dos regiones coordinadas por Carabineros y la Fiscalía de La Araucanía, en el cual se detuvo a ocho personas pertenecientes a distintos grupos sociales o armados por su supuesto rol en una serie de atentados.
El mismo día y hora en que personal de inteligencia de Carabineros periciaba los celulares de los dirigentes mapuche detenidos el 23 de septiembre, el capitán Leonardo Osses envió por correo electrónico a Álex Smith, creador del software Antorcha, un archivo de texto con supuestas conversaciones entre Héctor Llaitul y otros implicados en la causa. Esos mismos diálogos que luego aparecieron en archivos .txt en los celulares de Llaitul. Tres peritajes indican que los archivos no eran de mensajería instantánea y que habrían sido puestos en los teléfonos tras la incautación por la policía.
El 8 de febrero en la comuna de Victoria incendiaron el camión en donde Juan Barrios se encontraba reposando, esto le provocó quemaduras graves en el 25% de su cuerpo al hombre de 50 años quien falleció producto de estas días más tarde. Durante el Paro Nacional de camioneros comenzado en agosto del mismo año, el camionero Juan Barrios fue considerado como mártir por estos y se apodó a una ley con su nombre.
En julio del mismo años y en el contexto del procesamiento de imputados del caso Luchsinger-Mackay, varios grupos de comuneros tomaron municipalidades de la región en apoyo a Celestino Córdova, acusado de haber perpetrado el crimen. A comienzos de agosto, algunos habitantes de las respectivas comunas afectadas exigieron el desalojo de los ocupantes, lo que se transformó en una tensa jornada en la que el municipio de Curacautín y Victoria fueron desalojados por Carabineros y al mismo tiempo las municipalidades de Ercilla y Traiguén fueron incendiadas por los ocupantes.
En agosto y septiembre de 2020, varios gremios de camioneros realizaron un paro nacional alegando inseguridad en el sur del país. Tras un acuerdo con el gobierno, el paro terminó el 2 de septiembre.
A principios de 2021, el conflicto se intensificó. El día 22, por la mañana, encapuchados armados ingresaron a una casa patronal en Lautaro, la cual desalojaron y luego incendiaron. Al menos otros tres ataques se registraron el mismo día.
Ese día, el presidente Sebastián Piñera tuvo una reunión con los comandantes en jefe de Carabineros y el ejército, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto, para tratar la situación. Posterior a esta, declaró:
Añadió que se necesitaban nuevas leyes antiterroristas e instó a la Congreso a acelerar su tramitación. Así mismo, encomendó al ministro de la Interior y a los directores de la PDI y Carabineros viajar al sur el día siguiente. Informó que se reuniría con diversos grupos políticos para llegar a un acuerdo nacional que permitiera enfrentar la violencia.
Felipe Kast, senador por La Araucanía, reaccionó favorablemente a la propuesta de acuerdo, pero repitió la propuesta que su partido había hecho el día anterior, sobre que el Ministro del Interior se trasladase un mes a la región para coordinar la acción. Así mismo, instó al gobierno a decretar estado de sitio. El presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, igualmente sugirió el estado de sitio. Medidas como esta fueron también exigidas por agricultores que protestaron frente a la Intendencia de la región para expresar su molestia por la falta de acciones concretas contra la violencia y los actos terroristas.
En el ámbito político, los grupos indigenistas han sido apoyados tradicionalmente por la izquierda chilena, que ha denunciado la falta de atención del Estado en la región y lo acusa de gestionar una represión policial permanente, citando hechos como el asesinato de Camilo Catrillanca.
Por otro lado, la derecha chilena ha denunciado a los grupos indigenistas acusándolos de terroristas, remarcando hechos como el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay y el asesinato del Carabinero Eugenio Nain.
El 31 de octubre de 2020, jornada siguiente a este hecho, el parlamentario Felipe Kast y otros diputados representantes de La Araucanía, del partido político Evópoli, anunciaron que congelarían las relaciones con el gobierno y exigirían la creación de un «ministro encargado» para resolver el conflicto. La semana siguiente, el ministro del Interior Rodrigo Delgado confirmó esta posibilidad, que fue rechazada por diversos grupos políticos.
En junio de 2020 el exmiembro de la CAM, Emilio Berkhoff, fue detenido y puesto en prisión preventiva tras un operativo antidrogas hecho por la Policía de Investigaciones, la cuál decomisó 900 kilos de pasta base de cocaína avaluados en 3 800 millones de pesos chilenos y desbarató a un importante red de narcotráfico que operaba en distintas regiones del país.
Tras operativos policiales se han encontrado plantaciones de marihuana y posesión de armas por parte de indigenistas. En enero de 2021 la PDI encontró «1277 plantas de marihuana, 40 kilos de marihuana procesada, $12 320 640 en efectivo, siete armas de fuego y 148 municiones de distinto calibre.»
La falta de una estructura organizada de representación del pueblo mapuche en Chile ha sido un factor contribuyente para que varios grupos se disputen y adjudiquen esta función.
Un estudio realizado en 2015 indicó que los mapuches consideraban el mejor acceso a la educación y la mayor oferta de empleo, entre otros, como las medias más importantes para mejorar su calidad de vida, dejando ninguna relación entre los problemas reales de las comunidades y los actos perpetrados por los grupos participantes en el conflicto.
Además, residentes de La Araucanía han enfatizado la falta de seguridad en la zona del conflicto, remarcando que las acciones violentas llevadas a cabo allí no constituían de ningún modo una forma de «reivindicación mapuche».
El 10 de enero de 2021 ocurrió un nuevo atentado incendiario, que quemó la maquinaria de un emprendedor mapuche y dejó sin sustento a cinco familias que dependían de esta.
El conflicto en la Global Terrorism Database