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Construcciones y Contratas



Crecimiento 266,7 millones de (2019)[3]

Fomento de Construcciones y Contratas, S. A., más conocido como FCC, es un grupo empresarial español, con sede en Barcelona, especializado en servicios ciudadanos, que nace en marzo de 1992, fruto de la fusión de dos empresas: Construcciones y Contratas, fundada en Madrid en 1944, y Fomento de Obras y Construcciones, creada en Barcelona el año 1900, cuyas acciones empezaron a cotizar en bolsa en diciembre de 1900.

FCC cotiza en el Mercado Continuo Español y durante un tiempo sus títulos formaron parte del IBEX 35.

En 2020 fue la séptima empresa que emitió más toneladas equivalentes de CO2 en España.[5]

FCC es la matriz de uno de los mayores grupos europeos de infraestructura y servicios públicos, tanto por volumen de cifra de negocios, como por rentabilidad.[6]​ Aunque era inicialmente una empresa de construcción, en 1911 inició su actividad en el campo de los servicios públicos con un contrato de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado de Barcelona.

Sus actividades básicas son la gestión de servicios medioambientales, la gestión del ciclo integral del agua, la construcción de grandes infraestructuras y la producción de cemento.

Tiene una presencia en 35 países de todo el mundo y más del 45% de su facturación proviene de los mercados internacionales, principalmente de Europa y Estados Unidos.[7]

En octubre de 2013, Bill Gates entró en la compañía como accionista de referencia con un 5,7%,[8]​ debido al posicionamiento de FCC en sectores ligados a sus visiones de sostenibilidad (Servicios Medioambientales y Agua). Poco después, en diciembre de ese mismo año, el financiero George Soros entró en el accionariado de la compañía con un 3%.[9]

En diciembre de 2014, FCC realizó una ampliación de capital por importe de 1000 millones de euros,[10]​ lo que permitió la incorporación del empresario Carlos Slim como accionista mayoritario.[11]

En julio de 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a FCC una multa de 40,4 millones de euros por haber alterado durante 25 años, junto a otras importantes constructoras españolas, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.[12]



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