La corrupción en Venezuela es considerada alta para los estándares mundiales y es prevalente en todos los niveles de la escala social venezolana, y particularmente en el poder judicial, donde incluso la corrupción se ha dolarizado. En el caso particular de Venezuela, el descubrimiento del petróleo a principios del siglo XX, ha empeorado la corrupción pública y privada. Aunque la corrupción es una variable difícil de medir fiablemente, Transparencia Internacional (de sus siglas en inglés TNI) actualmente posiciona a Venezuela entre los 20 países más corruptos del mundo. En la encuesta de Gallup de 2014, se encontró que el 75% de los venezolanos piensa que la corrupción es generalizada en todo el gobierno de Venezuela. El descontento generalizado debido a la corrupción fue citado por grupos de oposición como una de las razones de las manifestaciones en Venezuela desde 2014. Según estudios realizados por la organización "Transparencia Venezuela" el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, Venezuela ocupaba el lugar 168 entre 180 países, un nuevo estudio registro que en el año 2019 se elevó al puesto 176 de un total de 180 países, lo que significa que el gobierno de turno no ha mejorado su intención de corregir la corrupción.
Según el ex ministro Héctor Navarro entre 1999 y 2014 en varios ministerios y Jorge Giordani ex ministro de economía en varias oportunidades entre el 2003 y 2014 denunciaron ante la Asamblea Nacional que el saqueo durante los últimos 20 años del gobierno Revolucionario fue de 300.000 millones de dólares, otras fuentes de investigación pronuncian que el saqueo puede llegar a medio billón de dólares, el mayor robo de la historia organizado es como se ha calificado a lo ocurrido en Venezuela
Las primeras investigaciones judiciales se iniciaron en 2015 con la detención de Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Rincón-Fernández que a involucrado a seis países en 15 casos de corrupción en Venezuela con los que unas 60 personas empresarios y funcionarios en el contorno de Pdvsa y Citgo se han aprovechado de los rígidos controles de cambio aplicado durante 15 años en Venezuela y que alentaron la corrupción, Otros involucrados aparecieron por medio del caso de Panama Papers, es especialmente EE.UU. a través de diferentes fiscalías quien esta haciendo las principales indagaciones que implican a compañías estadounidenses, altos ejecutivos y hasta a un excongresista de Florida, varias personas han sido capturados y son confesos de los delitos de sobornos
El Plan Bolívar 2000 es considerado uno de los primeros casos de corrupción más conocidos a comienzos del período de gobierno de Hugo Chávez. En 1999, el poder ejecutivo lanzó una serie de proyectos presentó al general Víctor Antonio Cruz Weffer (detenido en 2018) como el rutilante jefe del Plan Bolívar 2000, quien se encargaría de manejar un presupuesto de 73.175 millones de bolívares (unos $114,3 millones de la época) entre 1999 y 2000 para ejecutar un proyecto que fungiría como primer globo de ensayo de las misiones sociales del gobierno bolivariano que sería producto de una alianza cívico-militar. El programa se extendió hasta 2001, cuando fue sustituido por el Plan Pro-Patria. En 1999 se manejaron 36.000 millones de bolívares y unos 37.000 millones en 2000. Más de 150 millones de dólares desaparecieron de este plan sin rendición de gastos. El programa estuvo a cargo del general Víctor Cruz Weffer.
El contralor general Eduardo Roche Lander comenzó a investigar este caso en 1999. Entre otras cosas, detectó irregularidades en el manejo del dinero por las guarniciones de Barcelona, Ciudad Bolívar y Maturín. Una de las primeras denuncias se refirió al militar Manuel Rosendo.[cita requerida] Aún así, Hugo Chávez declaró públicamente que "quizás es una falta administrativa que necesita una multa; pero no es para encender el ventilador”. Otros militares denunciados fueron el general Jorge Luis García Carneiro, comandante de guarnición en Mérida, y el general Mervin López Hidalgo, comandante de la división guariqueña. Solo un soldado y un sargento a cargo del general López Hidalgo fueron detenidos por cobrar cheques endosados por el general.
Roche fue sustituido en 2000 por Clodosbaldo Russián. El 7 de septiembre de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordena juzgar al general Cruz Weffer por corrupción finalmente.
El control de cambio vigente en Venezuela desde 2003, manejado por CADIVI, ha sido considerado por muchos como una gran fuente de corrupción en el país. A medida que el bolívar se ha comenzado a sobrevaluar, ha crecido la diferencia entre el cambio oficial y el cambio en el mercado negro. El control de cambio fue usado como la fuente de corrupción más grande en la historia venezolana hecha legal, muchos de estos casos, sus juicios no procedieron por encontrarse establecidos legalmente como lo demostró la diputada de Primero Justicia (abogado) Tamara Adrián al tomar la asesoría de los hermanos banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto Anselmi con préstamos a PDVSA en bolívares y que al poco tiempo eran reembolsados en dólares a precio preferencial en complicidad con ciertos funcionarios que eran sobornados para realizar dichas operaciones, actualmente están siendo investigados por el tesoro estadounidense por el lavado de 4,500 millones de dólares, así como otros que utilizaron el mismo mecanismo para desfalcar las reservas en moneda extranjera de Venezuela y lavar para su propios beneficios.
En 2004, una directora de CADIVI, Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio de un pago, pero esta negó haber estado involucrada en algún caso irregular. En cambio, declaró que unos cincuenta empleados habían sido despedidos por hechos irregulares.
Ya para 2012, se consideró que numerosas empresas importadoras abusaron de este sistema.
El Ministro de Planificación y Finanzas para esa época, Jorge Giordani, a principios de 2013 admitió que de Cadivi se habrían robado cerca de 25 billones de dólares (25000 millones de dólares), y no han presentado culpables de esta situación hasta el momento, por lo que da a entender que es corrupción dentro del gobierno. En este sentido, el estado aseguró que se hicieron investigaciones por el Ministerio Público de Venezuela, y que los responsables de este suceso serían presentados posteriormente. Ambos trabajadores de CADIVI y usuarios del sistema han sido acusados por hechos de corrupción, aunque los dólares asignados en el presupuesto nacional para 2013 con el objetivo de suplementarr la demanda de dólares en CADIVI fue mínima en comparación con otros mecanismos de obtención de divisas como el reciente SICAD.
En otro orden de ideas, aunque CADIVI permite obtener hasta 500 dólares en efectivo al año por persona, algunos usuarios han visto esto insuficiente, por lo que usan mecanismos alternativos para convertir los montos aprobados para la tarjeta de crédito en efectivo. A estos usuarios se les ha denominado raspacupos por el mismo presidente Nicolás Maduro. El Vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, ha acusado a los raspacupos de la crisis cambiaria suscitada en Venezuela; él les acusa de haber estimulado el mercado alterno de divisas o mercado negro. Sin embargo en 2018 la Fiscalía y la Asamblea Nacional inició una investigación a Rafael Ramírez por un desfalco de once mil millones de dólares a PDVSA y es investigado por blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA) donde familiares directos están comprometidos que eran funcionarios de Pdvsa.
En el 2012, el coronel Manuel Barroso, presidente anterior de CADIVI, aprobó más de 23,5 millones de dólares a dos importadoras justo con pocos meses de existencia.
El control cambiario ha continuado como objeto de casos de corrupción en los últimos tiempos. Para 2013, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, Ricardo Sanguino, consideró que al menos 21 billones en dólares a precio preferencial a diversas empresas para importaciones esenciales que jamás fueron realizadas. Las entregas se habrían realizado entre 2012~13. Edmée Betancourt, para aquel entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ministro de finanzas, habían estimado que un tercio de los dólares otorgados en 2012 habrían sido usados para empresas ficticias.
Henrique Capriles y otros miembros de la oposición han exigido en diversas oportunidades que se publique la lista de las empresas implicadas.
En 2014, se supo que el coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, había aprobado en 2012 más de 23,5 millones de dólares preferenciales a Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, empresas constituidas en 2010 propiedad del teniente coronel Carlos Arias Delgado, un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar. Alimentos Veneceres obtuvo contratos para suministrar alimentos a Mercal, presidida por el coronel Félix Osorio. Otro oficial de la misma promoción militar, Eduardo Escalante Pérez, también fue gerente de esas empresas y vicepresidente de Cadivi. Escalante Pérez trabajó para apoyar acciones jurídicas contra compañías que usasen de manera inadecuada las divisas.
El complejo Agroindustrial Azucarero "Ezequiel Zamora" S. A. fue un proyecto con sede en la ciudad de Sabaneta al municipio que lo vio nacer, Barinas. En la fase de proyecto, se planificó como uno de los más grandes. entre los involucrados de la estafa esta el mayor del Ejército, Orlando Herrera Sierralta, contra quienes se presentaron cargos por estafa
Como el caso Anderson se conoce a la serie de eventos relacionados con el asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004. Anderson investigó una gran cantidad de personas relacionadas con la corrupción del Estado, así como los asesinatos del golpe de Estado en Venezuela de 2002. Las investigaciones sobre quiénes fueron los responsables por el crimen continúan.
En el año 2003 cuando estaba de presidente de una agencia Eligio Cedeño del Banco Canarias se le presentó un cliente Gustavo Arraiz (quien fuera detenido posteriormente en Panamá en marzo de 2007) con una solicitud para importaciones de equipos y computadoras por un valor de 97 millones de dólares de la cual solo le fue otorgado 27 millones a través de CADIVI y que nunca se realizó tal importación, este caso fue conocido como el "caso Microstar" que dio inicio a una investigación en 2005 estando José Vielma Mora, que era el Superintendente Nacional en el Seniat, denunció irregularidades, que terminó con la orden de detención preventiva de Eligio Cedeño propietario de la empresa Microstar y Gustavo Arraiz Manríquez en febrero de 2007 también se le siguió el rastro al que fuera Presidente del Banco Canarias Álvaro Gorrín Ramos quien fuera detenido en 2014.
Manuel Rosales, político opositor y candidato a la presidencia en 2006, fue acusado por el presidente Hugo Chávez de enriquecimiento ilegítimo. En diciembre de 2008, casi después de dos meses después de que Chávez declararse de desviar fondos públicos públicamente, el Ministerio Público de Venezuela ha imputado a Manuel Rosales por esta causa, pero Rosales huyó al Perú, donde pidió asilo político. Hay grupos que consideran que la investigación contra Rosales estuvo viciada y que el proceso contra él tiene motivos definitivamente políticos y otros de ellos que consideran que hay elementos suficientes para acusarle de corrupción.
Raúl Isaías Baduel, militar retirado y ministro anterior del gobierno de Hugo Chávez, que al jubilarse se había distanciado del sistema de gobierno en 2007 y se volvió un alto y delicado crítico al manejo del país, fue arrestado en abril de 2009 y enjuiciado por corrupción por el Ministerio Público de Venezuela. El 7 de mayo de 2010, fue condenado a 8 años y 11 meses de cárcel por delitos contra el decoro militar, sustracción de fondos y abuso de la autoridad, durante su gestión en el Ministerio de Defensa en el año 2006 desaparecieron cerca de 18,6 millones de dólares de los presupuestos destinados a la compra de material y equipamiento militar. La fiscalía militar inició la investigación y determinó la presunta apropiación indebida de recursos públicos equivalentes a 10 millones de dólares, también fue sentenciado el teniente coronel Hernán Medina Marval. Ambos fueron inhabilitados políticamente y les fueron confiscados sus bienes. El 12 de agosto de 2015 le fue otorgado libertad condicional y debía salir sin embargo otro tribunal militar lo acusó políticamente de traidor a la patria lo que impidió su libertad.
El caso Siemens ha aparecido públicamente cuando investigadores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusaron a Siemens de sobornar funcionarios del Estado venezolano. Siemens Venezuela admitió que entre noviembre de 2001~mayo de 2007 realizó pagos de al menos 18.782.965 dólares a varios funcionarios venezolanos para conseguir un trato favorable con dos proyectos de transporte masivos del sistema metro para las ciudades de Valencia y Maracaibo.
El caso Antonini Wilson o el Maletinazo fue un caso que se originó con la detención del empresario Antonini Wilson en un aeropuerto argentino con 790.550 dólares no declarados. Antonini fue puesto en libertad en Argentina, pero se comenzó un proceso de investigación porque se le acusó de llevar dinero del gobierno venezolano que habría sido dirigido para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. En agosto de 2007, Antonini colaboró con las autoridades estadounidenses para conseguir pruebas contra tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo que, según la fiscalía de los Estados Unidos, habrían sido enviados por el gobierno venezolano para tratar de convencer a Antonini de no revelar la relación entre el gobierno de Chávez y el dinero en el maletín.
Los Bonos del sur creados en 2006 para ayudar la crisis financiera de Argentina que se encontraba en Default siendo Ministro de Finanzas Nelson Merentes, la corrupción con los bonos del Sur fue una olla que ha sido destapada en Argentina en el caso que lleva por nombre ‘Los cuadernos de las coimas’ durante el año 2017, Claudio Uberti, exministro del kirchnerismo, es el que más ha dicho y detalla como Néstor Kirchner y Hugo Chávez se repartieron 50 millones de dólares de utilidades obtenidas. Quien diseñó la operación fue Merentes.
El Caso PDVAL ha cogido los titulares de la prensa venezolana muchas veces desde 2010. Está relacionado con la aparición de miles de toneladas de alimentos en estado de descomposición en contenedores que fueron importados en el contexto de programas para traer alimentos a Venezuela con dólares a una tasa baja de cambios.
La diputada regional opositora Neidy Rosal, que había sido una de las primeras en denunciar el caso, pidió finalmente en el 2012 que se haga un juicio oral y público de los acusados y que comiencen a averiguar las juntas directivas de BARIVEN, PDVSA, los ministerios de Alimentación y Salud y del SENIAT.
Un escándalo bancario se desató en 2009. Los bancos involucrados fueron el Banco Canarias, Pro Vivienda, Bolívar, Confederado, Central Banco Universal, Banco Real y Baninvest. Por varios años, una serie de empresarios habían comprado bancos mediante operaciones fraudulentas y también los habrían manejado indebidamente. Uno de estos empresarios, Arné Chacón Escamillo, fue uno de los militares que participó en la intentona del Golpe de Estado en Venezuela de 1992, había declarado a la prensa en 2005 que aunque no tuvo dinero, habrían comprado el 49% de las acciones del banco Bankinves, uno de los bancos en cuestión a cambio de los negocios que traería por sus relaciones con el gobierno. Su hermano, Jesse Chacón, ministro de comunicación se vio forzado a dimitir el 6 de diciembre de 2009. El 9 de diciembre de ese año, Arné Chacón y otros involucrados en el caso fueron puestos en prisión por presunta malversación de fondos de diferentes bancos. Los mismos fueron liberados a finales de 2012 con una medida cautelar. Jesse Chacón volvió al gobierno nacional a comienzos de 2013. Pedro Torres Ciliberto, que le habría vendido las acciones a Arné Chacón, se ha escapado.
Didalco Bolívar, quien fuese gobernador de Aragua (aragüeño) hasta 2008, fue acusado por el Ministerio Público de Venezuela de actos de corrupción. El gobierno nacional envió a Interpol una petición de orden de captura.
Se le acusó de haberse enriquecido ilegítimamente, y de haber depositado millones de dólares en paraísos fiscales ilegalmente. El entonces nuevo gobernador, Rafael Isea, presentó una denuncia por obras sin terminar por un monto de 43,5 millones de bolívares. Didalco se mantuvo en Panamá hasta 2011, cuando volvió a Venezuela para desenmascarar a los políticos opositores, especialmente al presidente de Podemos Ismael García acusándolo de corrupción al interceder en los negocios que obtuvo un crédito de uno de sus hermanos con un cheque de 43 mil millones de bolívares del banco Canarias, asunto que no se ha aclarado. Al llegar a Venezuela, Bolívar fue detenido por 15 días, pero el Tribunal Octavo de control le otorgó la libertad bajo una medida cautelar. En enero de 2012, Hugo Chávez le mencionó durante su rendición de cuentas:
Le hicisteis creer, gente muy cercana a él además, que ya le tuve listo para meterlo preso según él me dice.
En mayo de 2012, el Tribunal Supremo le nombra presidente de Podemos. A finales de 2012,Didalco Bolívar prometió que le daría 400.000 votos con Podemos a la revolución. En diciembre de 2008 Ismael García se apartó del oficialismo y formó un nuevo partido político Frente Nacional Amplio.
Alejandro Ramírez Saavedra, antiguo socio de Bolívar, es el único que ha sido detenido en este caso.
Desde 2011 la Asamblea Nacional se han realizado múltiples acusaciones sobre el uso del FONDEN (Fondo de Desarrollos Endógenos) desde una bancada minoritaria opositora sin embargo no se realizó ninguna investigación, el FONDEN creado en 2005 no era auditable por no estar dentro de la constitución venezolana. muchos recursos como la venta de las refinerías de CITGO fueron depositados en este fondo así como los exedentes no previstos por el aumento del precio del petróleo entre 2004 y 2009. Según investigaciones de Reuters, han desaparecido miles de millones de dólares producto de las exportaciones petroleras sin saberse su destino. así como los provenientes de las ventas de las refinerías Lyondell, Paulsboro y la Refinería de asfalto Savannah. FONDEN, según consideran diversos especialistas, se maneja sin haber un control por un organismo definitivamente independiente. En agosto de 2011, el diputado opositor Carlos Ramos Rivas denunció que se desconoció el destino de más de 29000 millones de dólares de FONDEN.
Uno de los proyectos que ha recibido cientos de millones de dólares por FONDEN y que no ha parecido avanzar es la empresa de aluminio Serlaca en Caicara del Orinoco. Para 2011, ya se habían gastado más de 312.000 de dólares, pero apenas se habían construido los cimientos y los trabajos habían estado parados durante meses.
FONDEN también había sido usada para comprar el edificio de la nueva embajada en Moscú por 46.000.000 de dólares y para adquirir una flota de autobuses para la Copa de Fútbol de América de 2007. Esto se produjo aunque las propias reglas de FONDEN estableceron que el fondo no pudo usarse para adquirir bienes inmuebles o vehículos.
Matthias Krull, banquero venezolano nacido en Alemania, se declaró culpable poco después de su arresto en julio del año 2018 en los tribunales de La Florida, fue sentenciado a 10 años de prisión en diciembre, pero que esta bajo libertad por su colaboración en el esclarecimiento de esta trama. Krull admitió que Raúl Gorrín le contrató para ayudar a lavar algunos de los $600 millones de la red en Europa y Estados Unidos en 2016. El año 2014 Alejandro Betancourt López por intermedio de una de sus empresas fantasmas Rantor Capital quien hizo un préstamo a PDVSA en bolívares que pocos meses después sería devuelto en euros y dólares al tipo cambio de dólar oficial de 6.30 cuando el valor real del precio paralelo estaba 15 veces por encima, lo que le produjo una ganancia de más de 90% de los 600 millones de dólares que obtuvieron. Los 545 millones de las ganancias fueron repartidos en dos grupos de 272.5 millones.
En noviembre de 2019, la agencia estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incluyó a Raúl Gorrín en la lista de los fugitivos más buscados por EE.UU.
En España en octubre de 2018 se investiga un fraude obtenido a través de varios contratos con la petrolera PDVSA por valor de 600 millones de euros que blanquearon desde España proceden del beneficio de una línea de crédito de 1.200 millones de dólares contratada por la petrolera PDVSA con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín quien esta siendo investigado por la juez española María Tardón El 26 de febrero de 2020 fue imputado por la juez María Tardón
En marzo de 2021 Matthias Krull logró reducir su sentencia inicial de 10 años a 42 meses ante la jueza Cecilia Altonaga de Miami debido a su «cooperación» para aclarar el caso del lavado de 1,200 millones de dólares, la fiscal indicó que otros involucrados son. Francisco Convit Guruceaga, José Vincente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois y Marcelo Federico Gutiérrez, todo empezó en diciembre de 2014. hasta el momento ha estado con libertad condicional, pronto tendrá que presentarse para cumplir la sentencia.
Las cortes de Florida, en los Estados Unidos, están manejando el caso de Derwick Associates, que habría pagado, según los acusadores, unos 50 millones de dólares a Diosdado Cabello, entre otros funcionarios públicos, para el otorgamiento de contratos gubernamentales. Tanto Derwick como Cabello han rechazado las acusaciones.
La oposición ha denunciado esta empresa desde 2011, por sobreprecio en numerosas obras en el sistema eléctrico de Venezuela. Por su parte el exministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, descubrió turbinas eléctricas oxidadas, vendidas por “Derwick”: “Le reporté de inmediato al presidente Chávez, pero ya el presidente estaba muy enfermo, su salud muy deteriorada", hizo estas declaraciones en una entrevista en 2019 La Empresa Derwick era propiedada de familiares de quien era vicepresidente de Pdvsa: Javier Alvarado; "una persona con quien conversé en una oportunidad, siendo yo ministro de electricidad todavía". Derwich era una empresa familiar con varios negocios aquí en Venezuela, y mediante los cuales llevaba a cabo contratos con el gobierno. Javier Alvarado se pagaba y se daba el vuelto. Los principales contratos a los “bolichicos” fueron entregados durante la gestión del fallecido Alí Rodríguez Araque en el Ministerio de Energía Eléctrica y de sus viceministros Javier Alvarado y Nervis Villalobos, actualmente procesados en España por lavado de dinero. Thor Halvorssen: “Bolichicos” estafaron con chatarra el sistema eléctrico. “El Estado venezolano pagó más de 2 mil millones de dólares a los bolichicos por chatarra termoeléctrica que vendieron con sobreprecio”, aseguró Thor Halvorssen Mendoza, presidente de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Foundation (HRF).
En 2016 José Aguilar, un ingeniero encargado de investigar Derwick para el diario The Wall Street Journal, dijo que los miles de documentos de la compañía que revisó sugieren que Derwick le cobró al gobierno venezolano entre $2,000 millones y $ 2,200 millones por los 11 proyectos en los años 2009 al 2011, trabajo que podría haberse hecho pagando solo entre $1,300 millones y $1,400 millones.“Hubo al menos $800 millones de sobrefacturación”, dijo Aguilar, Sin embargo la ONG Transparencia Venezuela manifestó que Derwick recibió 11 contratos de construcción por un valor de $2.9 mil millones.
Otras empresas involucradas en la sobrefacturación son Ovarb, KCT Cumaná y Pacific Rim.
La Fiscalía de Estados Unidos. inicio en 2019 una investigación a Alejandro Betancourt por presunto lavado de dinero de 1.2 mil millones de dólares a través de la empresa Derwick Associates Corp
En febrero de 2020, un Tribunal Federal suizo ordenó la liberación de documentos bancarios vinculados a un desfalco a la petrolera PDVSA por 4,500 millones de dólares. Se esta investigando el uso por parte de los hermanos Oberto de dos compañías fantasmas, Violet Advisors SA y Welka Holdings Limited, para otorgar los “préstamos artificiales” a PDVSA en 2012 y que pagaron sobornos para conseguir los contratos, muy parecido a los préstamos hechos por Alejandro Betancout, préstamos en bolívares que eran devuelto en un corto tiempo en dólares al tipo de cambio preferencial, PDVSA transfirió el reembolso de los pagos a través del Banco portugués Espíritu Santo en varias cuentas, la investigaciones concluyen que la cantidad total en dólares estadounidenses malversados a través del esquema es de aproximadamente $4,500 millones, con la mayoría de esa cantidad enrutada a través de CBH (Compagnie Bancaire Helvetique en Ginebra) dicho banco ha sido el más utilizado para las operaciones de lavado de estos venezolanos informó Zair Mundaray quien trabajó casos de delitos financieros para la oficina del fiscal general de Venezuela hasta mediados de 2017 y junta a la fiscal Luisa Ortega le han dado seguimiento. El Banquero intermediario fue el suizo Charles Henry De Beaumont, que cobraba una tarifa del 0.75 por ciento por cada transferencia bancaria dentro y fuera del banco, se encargaba de las operaciones bancarias en el CBH, según el departamento de justicia habría cobrado unos 22 millones de dólares en comisiones en total. También esta involucrada la diputada Tamara Adrián quien asesoró a los banqueros, quien concluyó que los préstamos otorgados en bolívares a PDVSA y cancelados posteriormente en dólares eran perfectamente legales, cumpliendo con todas las leyes y requisitos.
El abogado Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo socios, son señalados como uno de los testaferros de Nicolás Maduro quienes habría ocultado en Suiza un total de USD$ 5 600 millones de dólares que ocurrió entre 2011 y 2013. En 2018 el gobierno de Estados Unidos. ordenó confiscar 24 propiedades entre New York y la Florida, entre ellos 11 apartamentos en la calle Salzedo de Coral Gables, en los sectores de Miami. El 8 de enero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones contra Gorrín y otros seis venezolanos, a los que se pretende castigar como parte de "una trama significativa de corrupción" gracias al aprovechamiento del sistema de cambios de divisas. En 2020 el abogado Raúl Gorrín propietario de la cadena de televisión Globovisión enfrenta nueve acusaciones por parte de la justicia norteamericana quien se encuentra prófugo de la justicia por corrupción, de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de conspiración para cometer lavado de dinero de miles de millones de dólares pertenecientes al pueblo venezolano, haciendo uso del esquema del control de cambio aplicado durante muchos años por el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro
En España una denuncia en mayo de 2019 hecha por siete diputados venezolanos contra Raúl Gorrin como partícipe en la compra tráfico y venta de los "bonos estructurados" de deuda extranjera Argentina entre los años 2004 y 2007que le permitió a través de diez cuentas en la banca de Suiza beneficiarse con cientos de transferencias de dinero del estado venezolano, ha sido imputado luego de que en octubre de 2019 le confiscaran tres lujosos palacetes en Madrid, frente al Parque "El Retiro" y una mansión en el sector Sierra Blanca de Marbella registrada a nombre del sargento Tomás Reinaldo Plaza, adquirida con los fondos de una empresa propiedad de Gorrín, este caso esta muy relacionado con el extesorero Alejandro Andrade y petroleos de Venezuela.
Según denuncia del exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velásquez Alvaray, Gorrín y Perdomo han sido vinculados con la "banda de los enanos" que está integrada por empresarios, jueces, fiscales y militares
500 millones de dólares El Fondo de Pensiones de PDVSA fue objeto de un nuevo escándalo por corrupción cuando se descubrió en el 2011 que casi 500 millones de dólares habían desaparecido después de invertirlos en una especie de esquema Ponzi por Francisco Illarramendi, un inversionista con doble nacionalidad estadounidense-venezolana que estuvo muy conectado con el gobierno de Chávez. Illarramendi había sido consultor de PDVSA y del Ministro de Finanzas.
Ferrominera, una empresa de procesamiento de hierro, fue el lugar de numerosas protestas durante años por sus trabajadores, que denunciaron corrupción en la dirección. En junio de 2013, el presidente de la empresa, Radwan Sabbagh, ha sido arrestado y acusado por Nicolás Maduro de haber quebrado a la empresa. Según documentos que la prensa pudo ver, hubo fraudes por el equivalente a 1200 millones de dólares a intermediarios bajo el precio a cambio de pagos ilegítimos. El coronel que había sido enviado inicialmente a investigar el caso en 2011, habría recibido decenas de millones de dólares extorsionados de los gerentes de Ferrominera.
Después de la nacionalización de Alcasa en el año 2009, Entre 2009 y 2012 se firmaron en Alcasa una serie de contratos multimillonarios por venta de toneladas de aluminio. En su mayoría fueron fraudulentos, no se cumplieron y hoy la empresa se encuentra en ruinas, también recibieron recursos por 1.450 millones de bolívares. Otro, firmado en 2010, fue por 403 millones de dólares, para el Proyecto de Rescate de la Soberanía Productiva del Sector Aluminio, del convenio China-Venezuela.
Fue inhabilitado, acusándole de corrupciónpor la Contraloría General venezolana por el caso de los fondos donados en 1998 de PDVSA a la Fundación Primero Justicia mediante Antonieta Mendoza de López, su madre. Se le acusó de conflictos de intereses por recibir fondos públicos una organización que después se convertiría en partido político con el que Leopoldo López ganó las elecciones a la Alcaldía de Chacao en 1998. La Corte Interamericana de Derechos Humanos criticó la injerencia del ejecutivo venezolano en este caso.
Según el Washington Post, ejecutivos españoles de la construcción habrían pagado al sobrino de Rafael Ramírez, Diego Salazar, unos 150 millones de dólares por haberles ayudado a conseguir un proyecto de construcción de una planta de energía eléctrica.
Una presunta grabación de una conversación entre el presentador Mario Silva y un agente cubano fue presentada en mayo de 2013. Silva negó que dicha grabación fuese verdadera, pero miembros de la oposición insistieron en que lo era. Entre otras cosas yen la conversación la voz del que sería Silva acusa al diputado oficialista Diosdado Cabello de ser un corrupto. La fiscal general Luisa Ortega Díaz declaró el 23 de mayo de ese año que investigaría la veracidad de la grabación y su contenido. El 20 de mayo de 2014, el diputado Ismael García dio una rueda de prensa donde declaró que al año de haberse anunciado la investigación, la fiscal general no había dicho nada.
Diosdado Cabello acusó al diputado opositor Richard Mardo en febrero de 2013 por no realizar su declaración de impuestos sobre la renta al SENIAT. El diputado Richard Mardo habría recibido varios cheques por unos 491.736 bolívares no declarados (unos US $20,000 dólares para la fecha de 24.0 bolívares por dólar) sabiendo que la procedencia de los cheques eran de personas jurídicas. Mardo perdió la inmunidad parlamentaria y fue destituido de la Asamblea Nacional a finales de 2013.
El 8 de julio de 2013 Nicolás Maduro anunció que había cinco detenidos por el desfalco al Fondo Chino. Estas personas habrían robado unos 84 millones de dólares destinados para la producción de alimentos en los años 2011 y 2012. Unos días después fueron detenidas varias personas más. También fueron imputados cuatro integrantes del Fondo Chino. El 7 de julio de 2014 se arestó a Hugo Rigel Hersen Martín investigado por estafar 84 millones de dólares. El 19 de diciembre de 2014 Dan Dojc Dojc fue detenido en Costa Rica también relacionado con la estafa de 84 millones de dólares.
El caso de la Firma de la Ministra de Deporte fue un fraude denunciado por la ministra de deporte Alejandra Benítez. Esta habría anunciado que una serie de deportistas habrían falsificado su firma en repetidas oportunidades y habían logrado obtener de millones de dólares a través del sistema de control CADIVI.
En septiembre de 2013, José Ovidio Almeida, jefe de los planificadores del Ministerio de Deporte, fue interceptado en el aeropuerto de Sofía, Bulgaria, con una maleta en la que llevaba 407.000 euros en efectivo sin declarar ante las autoridades. El funcionario dijo que esto era práctica común. La oposición en Venezuela, sin embargo, exigió explicar porqué el gobierno permitió el traslado de semejantes sumas en efectivo. El gobierno no ha querido revelar los nombres de los otros dportistas implicados. Benítez, que había sido ministra desde abril de 2013, fue reemplazada en enero de 2014.
El diputado opositor Ismael García había denunciado en repetidas ocasiones al gobernador de Aragua Rafael Isea y a su hermano, Gerardo Isea, por corrupción. Isea no fue candidato del PSUV para la gobernación en diciembre de 2012 sino que fue reemplazado por Tarek El Aissami, quien resultó elegido como gobernador el 16 de diciembre.
En enero de 2013 se presentó una acusación formal el consejo legislativo de Aragua contra Isea. El 30 de julio fue aprobado un "acuerdo anticorrupción" sin las firmas de la oposición de la región porque el texto también incluía el levantamiento de la inmunidad al parlamentario opositor Mardo.
En septiembre de 2013, el nuevo y entonces gobernador aragüeño, Tareck el Aissami, introdujo en la Fiscalía General una denuncia contra Rafael Isea y Gerardo Isea. El Aissami denunció la desaparición de 59 millones de dólares y 9 millones de euros en la administración de la empresa Minarsa (Minerales de Aragua), así como la paralización de cinco obras. Estos hechos habían sido denunciados previamente por partidos opositores. Isea se mantiene desde ese momento en los Estados Unidos realizando una maestría.
Elisaul Yépez Leal vicepresidente de la compañía estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) también tenía una cuenta con 600,000 dólares (487.646 euros) de una sociedad de Aguilera
Carlos Luis Aguilera Borjas había sido jefe anterior de los servicios de Inteligencia de Venezuela y un antiguo guardaespaldas personal de Hugo Chávez.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desde el pasado mes de noviembre sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Los expertos en delitos económicos tomaron como punto de partida un informe de inteligencia que señalaba que la fuerza emergente habría recibido al menos cinco millones de euros de Irán y Venezuela para financiar su constitución y su actividad ordinaria durante sus primeros meses. Un documento oficial de Venezuela del año 2008 firmado por el entonces ministro de Finanzas, Rafael Isea, revela que el Ejecutivo de Hugo Chávez pagó al menos siete millones de dólares a actuales dirigentes de Podemos con el objetivo de extender el "movimiento bolivariano" en España. La ayuda se canalizó a través de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). La partida de casi siete millones se distribuía en varios plazos: uno en 2008, en el que el CEPS recibiría 2,49 millones de dólares (1,64 millones de euros de entonces), y otro periodo entre 2009 y 2012, cuando se abonarían 4,2 millones de dólares (unos 2,83 millones de euros) cuyos destinatarios serían Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge por unos supuestos trabajos de asesoría que nunca demostraron en público.
Autoridades estadounidenses detuvieron en 2016 a un ejecutivo venezolano, Roberto Rincón, y a uno brasileño, Freisha, y los acusaron de estar involucrados en un caso de corrupción con PDVSA. Ambos admitieron haber pagado sumas millonarias a empleados de PDVSA con el fin de asegurar para su empresa contratos importantes en el sector energético.
A comienzos de 2017, Reuters informó que Portugal había comenzado a investigar un posible fraude relacionado con fondos de PDVSA durante el mandato de Rafael Rodríguez.
María Sader, médico pediatra asimilada a la Aviación Militar Venezolana (Exministra de salud 2010-2013, solicitada por la justicia venezolana TSJ) relacionadas con contratos irregulares para la construcción de seis hospitales especializados y manejo de medicamentos e insumos médicos. descubren la compra de un apartamento en La Florida, Estados Unidos. en el año 2012 pagado por el ministerio de Salud a la empresa Inversiones Isgure por el valor de US $1.5 millones de dólares
Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami de 72 años y coautor de una publicación "Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Américas Today" ("Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas de hoy"), fue presidente del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, es acusado de quedarse con un 10% de comisión por recibir varios cientos de miles de dólares llegando a la suma aproximada a 3 millones de dólares provenientes de dinero que procedían de sobornos y corrupción, robados a los ciudadanos de Venezuela, de lo que recibió 300 mil dólares a través de dos cuentas bancaria una en Suiza y otra en Emiratos Árabes Unidos entre noviembre de 2017 y abril de 2018.
El 11 de marzo de 2020 se declaró culpable en confabulación con un ciudadano colombiano relacionado al gobierno venezolano, los depósitos provenían de la corrupción y sobornos del empresario colombiano dedicado a la importación de alimentos de nombre Alex Saab para el programa CLAP para ser desviados a una cuenta del ciudadano colombiano Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche cercano al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Bagley conoció a Alex Saab por intermedio del viejo informante del gobierno Jorge Hernández para ayudar a tramitar la visa del hijo de Saab, posteriormente fue contratado por Saab para asesorar una inversión en Guatemala donde ganaría 1000 dólares la hora. A partir de ahí le depositaría dinero en sus cuentas para supuestamente pagar a sus abogados que defendían su caso en Miami a través de Boliche para lo cual Bagley quedaría con una comisión del 10%, dando uso de cuentas bancarias a su nombre para blanquear recursos que provenían de Alex Saab entre el 2017 y el 2018. La sentencia final será dada el primero de octubre del mismo año. La justicia de Estados Unidos pidió un año de prisión para Bagley.
Finalmente el juez federal Jed Rakoff de Manhattan declaró la sentencia de seis meses de prisión este martes 16 de noviembre tras declararse culpable por lavar dinero del empresario Alex Saab en una cárcel adecuada con buenas instalaciones médicas.
Los escándalos por tráfico de influencias en septiembre de 2019 por un grupo de parlamentarios de diferentes partidos políticos pertenecientes a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para eximir de una investigación tanto en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. como en la Fiscalía de Colombia al empresario Carlos Lizcano y su empresa importadora de alimentos para el programa CLAP, Salva Food 2015 CA. quien trabaja bajo la dirección del colombiano Alex Saab, empuja a la Asamblea Nacional de Venezuela abrir una investigación en diciembre presidida por el diputado Juan Guaido quien ha sido visto debilitando aún más sus esfuerzos, declaró "como inaceptable" y ha pedido la participación de los diferentes medios de comunicación y de diferentes organizaciones no gubernamentales para su esclarecimiento, Guaidó apoyado por Estados Unidos y unos sesenta países, para sustituir a Nicolás Maduro a quien califican de haber usurpado la presidencia de Venezuela. La Asamblea Nacional prometió resultados. El diputado Luis Parra uno de los principales acusados desafió a Guaidó afirmando que hay una rebelión entre diputados de la oposición. todo en vísperas de la nueva directiva de la AN a elegirse en enero de 2020. Algunos diputados incursos han retirado su apoyo a Juan Guaidó e iniciaron conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en vista de las acusaciones de corrupción. Emilio Graterón, coordinador nacional de Voluntad Popular, partido al cual pertenece Guaidó, admitió el escándalo
En junio de 2019 dos representantes Voluntad popular del partido político de Juan Guaidó en Colombia, fueron acusados de obtener beneficio con miles de dólares del financiamiento de hospedamiento destinados a los militares venezolanos en Colombia y que fueron denunciados por los mismos militares. Hubo gastos y sobre facturación en hoteles, restaurantes y alquiler de carros. Las investigaciones se iniciaron en marzo a través de Gustabo Tarre Briceño, canciller de Juan Guaido. El presidente colombiano Iván Duque comentó sobre la falta de tacto y los errores diplomáticos del equipo de Guaidó, cuestionando su condición de "aliado". Luis Almagro, secretario general de la OEA pidió establecer responsabilidades y exigió una "investigación esclarecedora".
En septiembre se confirmó que ambos funcionarios no administraron la ayuda humanitaria en especie y que solo manejaron de manera poco clara más de 35,000 dólares para atender a los militares que huyeron hacia Colombia. En noviembre el embajador Humberto Calderón Berti en Colombia hizo declaraciones en torno al escándalo de corrupción.
Exmilitar venezolano que durante 2007 ocupó el cargo de tesoro de la nación hasta enero de 2011, en 2008 en la Asamblea Nacional el diputado Ismael García explicó en detalle como el país perdió entre 7 y 10 mil millardos de dólares con el uso de notas estructuradas y la compra de bonos de la deuda externa de diferentes países, saliendo beneficiados algunos bancos y casas de cambios (ver Crisis bancaria 2009), en 2009 fue acusado públicamente por el presidente Hugo Chávez pero la fiscalía no siguió el proceso y este caso no fue investigado en Venezuela, en 2013 inicio conversaciones con el gobierno de Estados Unidos como cooperante desde entonces vive en la Florida, sin embargo en 2017 fue detenido acusado de varios cargos quien se declaró culpable del lavado de dinero de 1,200 millones de dólares de la empresa PDVSA y recibir sobornos por 1,000 millones de dólares por la asignación de contratos uno de los causantes de los sobornos Raúl Gorrín propietario de la cadena Globovision (que se encuentra prófugo de la justicia), a quien se le incauto tres aviones privados, un yate, 17 caballos de carrera, 5 propiedades de bienes raíces, 13 vehículos y otros bienes de alto valor. Actualmente cumple una condena de 10 años que inició en febrero de 2019.
Abogado, empresario venezolano acusado por su hermana de ser testaferro de Alejandro Andrade vivió 2 años en Miami, luego pasó a España dedicado al hipismo cuatro años actualmente reside en Dubai Se le ha identificado como testaferro de Alejandro Andrade
Empresario venezolano. Fue el presidente más joven del Banco Industrial de Venezuela ha sido acusado como testaferro de Alejandro Andrade por el Departamento de Estado de EE.UU. que ayudó a lavar activos por el orden de 2.400 millones de dólares, actualmente ha obtenido la nacionalidad de Chipre.
Exmilitar sargento técnico de la armada venezolana Claudia Díaz fue instrumentista en el Hospital Militar, enfermera en el Hotel Tamanaco, asistente médico en el Hotel Eurobuilding y coordinadora del área de terapia intensiva de la Clínica Leopoldo Aguerrevere, siendo enfermera desde 2003 formó parte del equipo médico de Chávez, en agosto de 2008 fue designada por Alí Rodríguez Araque directora general de Egresos, mediante G.O. 38.991, en mayo de 2011 fue designada por Hugo Chávez secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN S.A., mediante G.O. 39.674, el 13 de enero de 2011 fue designada subtesorera Nacional de la ONT, mediante G.O. 39.593 y el 16 de mayo de 2011 fue designada por Hugo Chávez el cargo de tesorera de la nación mediante decreto Nro. 8,216 y el año 2013 se retiró, quien junto a su esposo el excapitán Adrián José Velásquez Figueroa (a) "Guarapiche", exguardia de honor presidencial de Chávez que trabajó desde 2005 hasta 2008 al servicio de la orden de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, realizando distintas Comisiones de Servicio en entes públicos decidieron salir de Venezuela en septiembre de 2015, en 2016 se pide el arresto de su esposo al estar involucrado en la investigación de varias cuentas en Panamá y poseer varias empresas of shore que realizó contrataciones con Pdvsa, bajo circunstancias irregulares.
Se le inició un procedimiento después de que se divulgaran los Papeles de Panamá, el 14 de abril de 2016; el ex oficial resultó tener una sociedad offshore en las islas Seychelles un archipiélago en el océano Índico de nombre Blekner Associates Limited y un capital de 50.000 dólares registrada el 18 de abril de 2013, que a su vez era propietaria de un terreno en Republica Dominicana en la isla turística de Punta Cana, una parcela de 11.580 metros cuadrados adquirida en 10 millones de dólares bajo el anonimato de una empresa llamada Settingsun Group registrada en Islas Vírgenes Británicas, pero el destape de documentos filtrados en el caso de Pandora Papers destapó la relación entre Gorrín y Velásquez, ese mismo año se casaría con la sargento Claudia Patricia Díaz, el 2016 salieron de República Dominicana rumbo a España luego de las investigaciones iniciadas en Venezuela al mes de destaparse los Papeles de Panamá, fueron allanadas tres apartamentos que tenía en Caracas en la urb. San Bernardino donde se encontró documentación, autos de lujo, joyas. Se determinó una casa en el pueblo de Galipán en el Parque nacional El Ávila y otra en el Archipiélago Los Roques.
Actualmente la familia reside en España, son investigados por blanqueo de capitales relacionados con PDVSA, el FONDEN y la tesorería nacional, son solicitados por la justicia venezolana y por el gobierno estadounidense fueron detenidos el 9 de abril de 2018 a solicitud de la fiscalía venezolana, el 26 de octubre fue aprobado su extradición, sin embargo en febrero de 2019 la justicia española rechazó la petición, habiéndose sustentado que el gobierno venezolano irrespeta los derechos humanos. otros implicados en este caso son su hermano, Josmel José Velásquez Figueroa, Amelis Figueroa (Madre de Adrián Velásquez y Josmel Velásquez). y el ciudadano Maximilian Andrés Camino Beran
En el documento de acusación contra Gorrín, de sobornar a Alejandro Andrade desde 2008 y más tarde a Claudia Díaz a cambio de su selección como "casa de cambio de moneda extranjera" para el gobierno venezolano y obtención de una ventaja indebida. Entre los datos más importantes del documento, resaltan:
• Desde aproximadamente 2011 hasta alrededor de 2017, GorrÍn pago presuntamente a Andrade, sobornos por al menos US$94.000.000 con el fin de mantener el esquema de corrupción.
• Desde aproximadamente 2011 hasta 2013, Gorrín pagó presuntamente a Díaz sobornos por al menos US$ 65.000.000, entrega de yates y mansiones por obtener dólares preferenciales del sistema Cadivi.
• En 2010, Gorrín adquirió una institución financiera en la República Dominicana para fines de lavado de dinero.
Una investigación sobre Díaz de la Fiscalía Suiza presuntamente asociado a unos depósitos realizados en Liechtenstein derivan de una solicitud echa el 2 de noviembre de 2019 por fiscales de Ginebra que tratan de relacionar los depósitos de una venta de 250 lingotes de oro por valor de 9.5 millones de dólares por una empresa Offshore de maletín Amaze Holding Ltda establecida en San Vicente y las Granadinas en junio de 2012 y registrada en el 2009 controlada por Díaz a través de una venezolana Norka Josefina Luque de Martínez (casada con el general de la Guardia Nacional, Pedro Julio Martínez, divorciada actualmente quien no ha sido localizada) y que es cuestionada a los banqueros suizos específicamente a Charles Henry de Beaumont quien trabajó en la Conpagnie Bancaire Helvética (CBH) uno de los bancos más pequeños de Suiza, presuntamente esta empresa le presto bolívares a PDVSA comprados en el mercado negro con el compromiso de ser reembolsados en dólares a la tasa oficial controlada, cuadruplicando así la ganancia con un contrato "falso de préstamo" y para lavar el dinero con los que Amaze compró 250 lingotes de 2.2 libras cada uno. que estuvieron depositados algunos meses en una bóveda privada número G1 que Díaz alquiló por 20.000 francos suizos al año; en diciembre de 2014 y noviembre de 2015 representantes de Díaz retiraron el contenido en pilas de 120 y 130 lingotes y en el 2018 el intermediario vendió una cantidad idéntica de lingotes y el producto de las ventas fueron depositados en la filial suiza del Banque Internationale Luxembourg SA de Liechtenstein, el CBH podría perder su licencia o enfrentar medidas disciplinarias, además de esta investigación, existe en EE. UU., en Miami una acusación federal que la investiga por un fraude cambiario por el orden de los 2.400 millones de dólares, también los fiscales de España la investigan por la compra de un departamento de 1.8 millones de dólares
El miércoles 16 de diciembre de 2020 el departamento de justicia de EE. UU. imputó a Claudia Patricia Díaz, y a su esposo Adrián José Velázquez excapitán en el Distrito Sur de Florida por el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y soborno internacional, quienes actualmente residen en España El 23 de diciembre de 2020 fueron detenido Díaz y su esposo solicitados por una petición de extradición por las autoridades estadounidenses castigados cada uno, con una pena de 20 años de prisión. Tres horas después fueron dados en libertad tras retenerles pasaportes y se les impuso comparecencias cada 15 días. En octubre de 2021 Vázquez estaba listo para ser extraditado a Estados Unidos, que le reclama por un supuesto delito de blanqueo de capitales, a pesar de haber obtenido la nacionalidad española, en abril de 2021, la fiscal informó que la pidió con "fraude de ley para evitar la extradición". Se encontraron nuevos detalles Velásquez y Gorrín en la reciente filtración conocida como los Pandora Papers.
El 30 de noviembre de 2017 El Fiscal General Tarek Willian Saab inicia una investigación por corrupción y da orden de captura a altos funcionarios de la empresa estatal PDVSA anunciando la captura del exministro para la Energía y Petróleo Eulogio del Pino y al expresidente de Pdvsa Nelson Martínez, la siguiente semana inicia una investigación penal contra Rafael Ramírez y las detenciones de más de 65 gerentes de PDVSA, el inicio de todo ocurrió de casualidad cuando se investigaba el lavado de dinero a la mafia rusa en la banca de Andorra por parte de la policía española junto al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Un tribunal de Andorra en septiembre de 2018 procesa una nómina de 28 personas por el saqueo entre 2006 y 2012 de la petrolera PDVSA se investigada por expoliar 2.000 millones de euros que incluye exfuncionarios del gobierno y algunos testaferros, entre los principales se encuentran: Nervis Gerardo Villalobos ( Ingeniero electricista, exvice-ministro detenido en España el 17 de octubre de 2018), Javier Alvarado Ochoa expresidente de Electricidad de Caracas y de Bariven (Ingeniero electricista, ex viceministro detenido en España el 10 de mayo de 2019), Luis Carlos de León Pérez (Abogado, funcionario de Electricidad de Caracas, detenido en España en 2017 y extraditado a Estados Unidos), Francisco Jiménez Villarroel (exgerente de Gas Natural Vehicular (GNV) y director de Deltaven) y Rafael Ramírez Carreño (Ingeniero mecánico, presiente de PDVSA), el magnate venezolano de los seguros Omar Farías Luces (Corredor de Seguros, en agosto de 2016 fue detenido en Punta Cana, República Dominicana, acusado de estar involucrado en un fraude millonario al Banco Peravia) aparece también entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar Carreño(detenido el 1 de diciembre de 2017 en Venezuela, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en las Naciones Unidas, Rafael Ramírez), Luis Mariano Rodríguez Cabello (abogado, detenido en agosto de 2019 en Cordova, Argentina, primo de Rafael Ramírez), y al apoderado de Salazar, José Luis Zabala, en la nómina de encausados figuran también el expresidente de la filial de la petrolera Ingeniería y Construcción José Ramón Arias Lanz (Ingeniero químico fue gerente técnico de la Corporación Venezolana de Petróleo y luego gerente de Planificación de Pdvsa en 2008, en 2010 fue nombrado como director de "Pdvsa Ecuador" y director de la Refinería del Pacífico) ; la esposa de Diego Salazar, Rosycela Díaz (venezolana); así como el ingeniero José Enrique Luongo (detenido el 1 de diciembre de 2017 en el aeropuerto de Maiquetía primo de Rafael Ramírez) o el empleado de Salazar Pablo Noya. La lista se completa con Alejandro Saura Alonso y Estíbaliz Basoa de Rodríguez (nacida en Bilbao, España con nacionalidad venezolana, representante en una cuenta del BPA) y Reinaldo Luis Ramírez Carreño (exdirector general de Servicios de Salud y Asistencia de Pdvsa en 2012).
Las autoridades han ordenado el embargo preventivo de más de 130 inmuebles, entre los que destacan un hotel, dos edificios residenciales, una lujosa urbanización con más de 40 villas en Marbella y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca. El valor de dichas propiedades suma un estimado de 72 millones de euros. Aunado a ello, se ordenó el bloqueo de más de 50 cuentas bancarias “titularizadas por los miembros de la organización criminal”
Según denuncias del diputado zuliano Julio Montoya el volumen global del robo a PDVSA sería de 32 mil millones de dólares, de los cuales 3 mil millones fueron invertidos en el sector inmoviliario que compraron 110 apartamentos en la ciudad de Dubái
Las investigaciones iniciaron en 2017 en BPA Banco de España sobre la mafia rusa al abrir el secreto bancario se encontraron de casualidad con una gruesa cuenta de venezolanos lo que dio inicio al caso de Andorra.
273 millones de dólares
En febrero de 2022 más de 20 venezolanos estarían involucrados en cuentas bancarias en el banco Credit Suisse en la ciudad de Zúrich Suiza vinculados a Pdvsa según datos que publicó la Organización de prensa internacional Organized crime and corruption Reporting Project (Occrp) asociadas al caso Suisse secrets con diversas tramas de corrupción. Se citan a Diego Salazar Carreño a primo de Rafael, al venezolano Omar Farias Luces corredor de seguros que tuvo 4 millones de francos Suizos, a José Luis Zabala que con tres cuentas alcanzó 19 millones de francos suizos, una cuenta de Luis Carlos León Pérez abogado funcionario de Electricidad de Caracas. Tambien se menciona a Jose Roberto Rincón Bravo (hijo de Roberto Rincón Fernández).
US $ 5.4 millones de euros
En 2019, cuatro personas relacionadas con Raúl Morodo embajador de España en Venezuela (2004 - 2007), incluyendo a su hijo Alejo Morodo Cañeque, su esposa María cristina Cañeque y su nuera Ana Caterina Varanda fueron detenidas en una operación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz a instancias de la Fiscalía Anticorrupción acusados del blanqueo de capitales en un principio de al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela entre los años 2008 y 2013. La policía antiblanqueo de capitales, la UDEF, no detuvo a Morodo, a pesar de figurar entre los investigados y ser uno de los cabecillas de la trama, debido a su avanzada edad de 84 años. Seis meses después se determinó que se trataba de al menos 5.4 millones de euros a cambio de pagos de falsas asesoría a su hijo Alejo Morodo, el juez investiga en esta trama a más de 40 personas. Entre los que se ecuentran Rafael Ramírez que está siendo investigado por la Fiscalía de Venezuela por el saqueo de la petrolera durante su mandato como presidente de PDVSA. Dos de sus primos, Diego Salazar y Bastidas Ramírez, ocultaron en la Banca Privada de Andorra (BPA) cantidades millonarias que provenían supuestamente del pago de comisiones de compañías que obtuvieron contratos de PDVSA. El primer contrato entre la petrolera y Alejo Morodo (hijo) se firmó el 18 de agosto de 2008 por 700 mil euros por concepto de honorarios profesionales de falsos asesoramiento de sus actividades en España y Portugal para el continente europeo, un segundo contrato en 2011 por 526,880 euros y un tercer contrato por 1´584,000 euros todos fraudulentos. Quien firmó estos contratos a nombre de PDVSA era el abogado venezolano Juan Carlos Márquez Cabrera desconocido y enigmático para la mayoría en Venezuela hasta que se reseñó que fue localizado ahorcado el domingo 21 de julio de 2019 en España., Carlos Márquez era poseedor de 15 inmuebles en España quien recibía órdenes de Rafael Ramírez para los contratos de asesoramiento y su socio Carlos Adolfo Prada y las mujeres de ambos Ana Ulloa y Marisol Varela, dieron pie a la investigación que se sigue ahora en la Audiencia Nacional.
35 millones de euros
En enero de 2020 el tribunal puso al descubierto una nueva empresa “Offshore” Lakesides Overseas en San Vicente y las Granadinas que realizó movimientos y pagos de 35 millones de euros de los cuales el juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz esta determinado a ubicar donde están un faltante de 14.5 millones de euros relacionadas con Raúl Morodo embajador de España en Venezuela y el expresidente Hugo Chávez entre los años 2004 y 2007.
Mientras Raúl Morodo estaba de embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, el gobierno venezolano realizó la compra a España de ocho patrulleras de vigilancia por más de 1.200 millones de euros, que crecieron hasta los 1.726 al entrar en el lote varios aviones de transporte adicionales, el informe anticorrupcion determinó que Morodo y sus familiares accedieron a esos fondos entre 2011 y 2015
Rafael Ramírez ha sido acusado por ser responsable de desfalcar $ 11.000 millones de dólares en Pdvsa por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela
Darwin Padron fue sentenciado el 19 de noviembre de 2019 a 18 meses de prisión en Houston por sobornar con US $1,563,250 dólares a dos funcionarios de Pdvsa. Uno de ellos, José Luis Ramos Castillo de la estatal PDVSA exgerente de Bariven para ser beneficiado en contratos en 2009 por orden del juez federal de Houston José Luis Ramos, junto a otros funcionarios de PDVSA se declararon culpables en marzo de 2016 que fueron Alfonso Eliezer Gravina Muñoz y Christian Javier Maldonado Barillas por el cargo de conspirar para cometer blanqueo de dinero relacionado con dos empresarios venezolanos, Abraham José Shiera y Roberto Rincón, por el pago de 1.000 millones de dólares en sobornos a cinco directivos de PDVSA por contratos en 2009 y 2014.
Oculto siete millones de dólares en el banco de Andorra exgerente de Logística de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) fue arrestado en agosto de 2018 en Cordova (Argentina) se trata de un primo del exministro Rafael Ramírez.
A finales de 2015, autoridades estadounidenses detuvieron a Roberto Enrique Rincón Fernández en la ciudad de Houston, un contratista de PDVSA acusado por el Gobierno de EE. UU. de haber pagado entre 2009 y 2014, al menos mil millones de dólares a directivos de Pdvsa para el beneficio de sus empresas ubicada en los Estados Unidos, que habría estado implicado en la facturación por cientos de millones de dólares a la empresa estatal de Petrólera. Fue en España en 2018 donde habría escondido parte del patrimonio robado que se descubrióEl 6 de junio de 2018 en España, durante la llamada operación Maraca fue detenido (jr) José Roberto Rincón Bravo propietario al menos de al tres propiedades en la nación Ibérica, en Villarejo de Salvanés, Pozuelo de Alarcón y el barrio de Salamanca procedentes presuntamente de la red de blanqueo de capitales de su padre sustraídos a PDVSA igual fue detenida su sra madre María Lila quienes serán investigados. Roberto Rincón y Abraham Shiera su socio fueron acusados por la fiscalía del Distrito Sur de Texas de haber pagado más de 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios de PDVSA, incluyendo empleados de la corporación en Houston y miembros de la cúpula de la empresa estatal, Entre los años 2009 y 2014, el contratista pagó sobornos millonarios a los empleados que se encargaban de hacer las compras de PDVSA pagaran condena menor a diez años.
Dos empresarios venezolanos implicados en caso de corrupción y sobornos por un monto de US $ 1.000 millones de dólares prestaban servicios a PDVSA fueron detenidos en diciembre de 2015 por el departamento de justicia de Estados Unidos. quienes se declararon culpables en 2016 y esperan sentencia Roberto Rincón dueño de Ovarb y de la firma "Tradequip Services & Marine" con sede en Texas; y Abraham José Shiera accionista de la empresa "Vertix Instrumentos SA." detenido en Miami por orden de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida.
Trabajadores de PDVSA implicados y sentenciados:
Por este caso existen un total de cargos contra 25 personas, 19 de las cuales se han declarado culpables en relación con la investigación
US $ 1,500 millones dólares
Fue auditor general de Pdvsa logró esconder dinero de la facturación de compra de alimentos en 2010 en coordinación con su hija Anny Josefina Villanueva Silva por intermedio de la empresa panameña Blue Sea Enterprises
US $4,200 millones
En España es detenido Rafael Reiter Muñoz que trabajo en PDVSA como exgerente de Prevención y Control de Pérdidas-Región Capital (PCP) por una investigación de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y será deportado a Estados Unidos. que desviaron 27 millones para la banca suiza. En 2014 constituye una empresa en Panamá llamada Inversiones RC 58 INC registrada por José Eugenio Silva Ritter y su socio Said Aurelio Cabrera Abraham; recibió de Roberto Rincón y según la cuenta de la acusación US$ 3.042.919,62 como “retribución por su participación en la conspiración, que incuye dos autos blindados, un lujoso inmueble localizado en el Four Seasons Condominium de Miami.
Para febrero de 2020 se supo que un tribunal estadounidense seguía investigando desde 2018, en el caso estaban implicados más de 20 ejecutivos de la empresa petrolera entre los cuales están dos viceministros el de Energía Nervis Villalobos, el de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, el exgerente general de Bariven César Rincón, el exgerente de prevención y control Reiter Muñoz y el propietario de Globovisión Raúl Gorrín, Alejandro Istúriz Chiesa, involucrados en sobornos de concesiones en la construcción de plantas de energía(el juicio continua, el 26 de febrero Gorrín tendrá que presentarse en España para dar su declaración). También esta implicada y fue detenida en 2018 la esposa de Reiter, Vanessa Yssea quien está relacionada con el supuesto saqueo de US$ 6.000 millones cometido por exdirectivos de la petrolera. Vannesa Yssea es la esposa de Rafael Reiter, fue arrestada en junio de 2018.
Funcionarios de PDVSA implicados juzgados y sentenciados en procesos:
Empresario Ítalo-venezolano contratista fue acusado el 24 de noviembre de 2020 de once cargos por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida a cargo de Ariana Fajardo Orshan entre ellos de sobornar a funcionarios de empresas mixtas de la estatal petrolera para obtener contratos altamente inflados y lavar dinero de la corrupción a cambio de vender bienes, servicios y vender equipos con sobreprecios
Un exfuncionario de Citgo Luis De Jongh Atencio de nacionalidad venezolano y estadounidense, se declaró culpable de haber recibido sobornos por un valor de 7 millones de dólares, entre 2013 y 2019 para proveer de ventajas de negocios a terceros, ante la Fiscalía de Texas, cuando ocupaba el cargo de procurador y gerente del grupo de Proyectos Especiales otros involucrados serían los empresarios José González Testino, de doble nacionalidad (estadounidense y venezolana), y Tulio Farías Pérez, venezolano, residente de Houston.
Se han producido numerosas denuncias acerca de corrupción por la familia de Hugo Chávez, aunque ninguno de ellos prosperó en los juzgados. El diputado disidente Wilmer Azuaje ha sido uno de los principales denunciantes. El padre de Chávez tuvo una finca en Camirí, Barinas, que midió unas 30 hectáreas antes de él llegar a ser gobernador y que mediría unas 600 hectáreas para 2008. Argenis Chávez tendría una finca a nombre de Néstor Izarra, un antiguo empleado de la familia Chávez que sería un testaferro definitivamente. Esa finca tiene 2000 hectáreas. Azuaje también declaró que la finca Los Cocos, también ubicada en el municipio Obispos, que está adueñada por Vilma Báez, una antigua contratista del gobierno regional, es definitivamente de los Chávez y que Báez es sencillamente una testaferra de los Chávez.
En marzo de 2008, un tribunal barinés rechazó las denuncias por falta de evidencias. El diputado Azuaje consignó una de sus denuncias ante la Asamblea Nacional en marzo de 2008. A su vez, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, decidieron investigar a Azuaje por una vida ostentosa.
Según el informe de Estados Unidos. resultado de 2 años de investigaciones de operaciones financieras de ejecutivos de la venezolana PDVSA sobre la Operation Money Flight genera un fraude masivo de hasta 20,000 millones de dólares al año. Esto ocurrió por la existencia de dos tipos de cambio en el sistema financiero venezolano y que solo podía ser operado desde el gobierno.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la OFAC ( Oficina de Control de Bienes Extranjeros) anunció en julio de 2019 nuevas sanciones contra el régimen de Venezuela, específicamente contra diez personas, entre los que están los hijastros de Nicolás Maduro, los hijos de Cilia Flores, según fuentes de EE. UU. considera que los hermanos Walter Jacob, Daniel Yosser y Yoswal Alexander Gavidia Flores; su madre, Cilia Flores, y su primo, Carlos Erick Malpica Flores, fueron piezas clave para que Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Naím Saab Moran y su socio Álvaro Enrique Pulido Vargas tuvieran acceso a funcionarios venezolanos «permitiéndoles pagar sobornos para obtener contratos gubernamentales» para el abastecimiento de víveres a través del programa CLAP luego de aprovecharse de la crisis humanitaria que enfrentan los venezolanos. Los productos fueron pagados con dólares preferenciales, pero facturados con sobreprecio por un valor de más de 200 millones de dólares. Otras personalidades que están incluidas son el exgobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora y el gobernador de Aragua Rodolfo Marco Torres, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Rubio Gonzales (hijo de Álvaro Pulido), Isham Ali Saab Certan, Shadi Nain Saab Certan (actor de películas de acción de Hollywood) y María Andrea Staudinger Lemoine (pareja de Yosser Gavidea) todas estas personas que no pueden ingresar a suelo estadounidense, no pueden negociar con ese país, y que además tendrán sus fondos y bienes congelados por las autoridades del Departamento del Tesoro. Entre las empresas están: Asasi Food FZE, Group Grand Limited General, Seafire Foundation, Clio Management Corp, Fondo Global de Alimentos, EMMR & Cia. S.A.S, Global Structure, Group Grand Limited S.A.S, Multinex International Trading y Sun Properties.
La extraña compra de 14 casas en la urb Las Cumbres de Curumo cerca a Fuerte Tiuna en Caracas por la familia Flores, comprados a través de empresas de maletín para estar aislados y seguros, usando como testaferros a amigos como Mario Enrique Bonilla Vallera que estudió con Yoswal, quienes son investigados debido a que hay declaraciones dadas por Leamsy Salazar, exescolta de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, que Walter Gavidia Flores (exjuez penal de Caracas) utilizaba aviones pequeños de PDVSA para transportar droga, en colaboración con Nicolás Maduro Guerra (hijo), Su nombre se ha mencionado en casos de narcotráfico y lavado de dinero en EE. UU. Según las investigaciones estadounidenses y también de fondos extraídos de PDVSA entre 2014 y 2015 que estarían depositados en Malta a través de diez transferencias electrónicas, la familia de Maduro habría empleado un esquema de inversión falso que incluía la emisión de bonos de forma fraudulenta, denuncia presentada por la OFAC en tribunales de Miami, el operador según la denuncia penal, es un tal José Vicente Amparan Croquer, también conocido como 'Chente', un ciudadano venezolano que es descrito por Investigaciones de Seguridad Nacional como un "lavador de dinero profesional". La institución financiera según declaración jurada presentó como comisión de las operaciones de un 4 %, las diez transferencias que se hicieron entre el 29 de diciembre de 2014 al 3 de febrero de 2015 desde PDVSA, otros implicados serían Francisco Convit Guruceaga, Raúl Gorrín, hay dos detenidos Mathias Krull, un ciudadano alemán de 44 años, residente de Panamá quien reconoció haber recibido dinero y declaró que entre sus clientes estaban los hijos del presidente de Venezuela; y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, corredor de inversiones ciudadano colombiano naturalizado y estadounidense, fue arrestado en julio de 2018 en Sicilia, otras personas, entre ellas Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA. Entre las empresas involucradas están Eaton Global de Hong Kong. las españolas Volbqr Vontobel y Vencon Holding. Las de Miami, Global Securities Advisors, y otra firma, Global Strategic Investments.
La juez española María Tardón esta investigando una red de corrupción de lavado de dinero por 600 millones de euros entre las que ha comprado el hotel Torrelaguna en la ciudad de Madrid el 14 de marzo de 2016 por un valor de apenas 10 millones de euros, este sería apenas el inicio de la investigación, fraude obtenido a través de varios contratos con la petrolera PDVSA. Los 600 millones de euros que blanquearon desde España proceden del beneficio de una línea de crédito de 1.200 millones de dólares contratada por la petrolera PDVSA con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín quien esta prófugo de la justica norteamericana y esta siendo investigado por la juez española Tardón. Luego de la compra del hotel fue usado en mayo de 2016 como un bien hipotecario para un préstamo de seis millones de euros, esta operación fue bloqueada por la justica española y dos de sus tres gestores están de detenidos: Otros denunciados son los hijastros Nicolás Maduro: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores
La sociedad Columbus One Properties SL estaba gestionada por los cuatro socios
Nervis Villalobos, venezolano Ing eléctrico graduado en la Universidad del Zulia en 1990, fue Viceministro de Energía y minas desde 2002 hasta 2007, Trabajó en ENELVEN en la década de los 90 como especialista en la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (Opsis) en 2004 llegó a la presidencia de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) desde donde administró 643 millones de dólares que serían invertidos en 223 proyectos de transmisión (líneas y sub-estaciones). Ciertamente, tan solo 155 millones de dólares fueron invertidos en proyectos ejecutados, uno de estos tantos proyectos es la ejecución de la represa la Vueltosa en el Táchira, entre los años 2006-2015 Rafael Ramírez lo contrata en PDVSA como “encargado de negocios eléctricos”, un cargo en el que fungió como gestor en la compra de plantas eléctricas, tiene infinidad de contratos en donde recibió grandes sumas de dinero en comisiones bajo la modalidad cobro por asesoría. accionista de varias empresas de maletín, poseía cuentas en Estados Unidos, Madrid y Suiza en los bancos Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas y Compagnie Bancaire Helvétique SA. el Banco de Madrid y la Banca Privada de Andorra, cuentas bancarias en la República Checa y empresas en Edimburgo, Chipre e Irlanda del Norte. Sociedades como Ekkotrade Solutions. En Portugal el Banco Espirito Santo, la red incluyó conexiones con Panamá, Portugal, España, Suiza, islas Caimán, Malta, Chipre y Liecheinstein”.
En 2008 la compañía española Duro Felguera, empresa especializada en la ejecución de proyectos para los sectores energético, industrial y de Oil & Gas, asignó al ingeniero venezolano “pagos de consultoría” para conseguir un contrato con la Corporación Eléctrica Nacional que les permitiera construir la central de ciclo combinado Complejo Generador Termocentro en valles del Tuy, estado Miranda, que abastecería de energía a Caracas. Duro Felguera se adjudicó en el año 2009 una contratación de 1.500 millones de euros en Venezuela. Según las autoridades españolas, Duro Felguera pagó desde 2008 a 2013 un total de 105,6 millones de dólares a Nervis Villalobos, quien ha declarado que estos pagos se debían a su contratación como consultor.
El contrato firmado entre Elecnor y Electricidad de Caracas para la construcción de la planta de Ciclo Combinado Planta Termoeléctrica Juan Manuel Valdez en Güiria, estado Sucre. El acuerdo para levantar la planta Juan Manuel Valdez de 1.420 millones de euros y capacidad para producir 350 megavatios, el exministro Villalobos repartió la comisión de los 11,5 millones de euros cobrados en Andorra con dos jerarcas chavistas: Javier Alvarado (Ex-viceministro ed Energía y minas), que percibió 1,4 millones de euros. Y el secretario de la junta directiva de Electricidad de Caracas, el abogado Luis Carlos de León, que se llevó 6,3 millones. En 2013, Otto Reich, exembajador de Estados Unidos. en Venezuela, denunció que Nervis Villalobos había sido intermediario en sobornos “para que el grupo estadounidense Derwick se adjudicara en 2009 de 12 proyectos energéticos en Venezuela”
En 2013, el diario El Mundo publicó una lista de funcionarios del gobierno de Chávez o personajes cercanos al gobierno venezolano que habrían estado implicados, según fuentes policiales españolas, en blanqueo de capitales en el Banco de Madrid. El anterior ministro Nervis Gerardo Villalobos habría recibido millones de euros en pago por la empresa española Duro Felguera para el otorgamiento de un contrato.
26 de octubre de 2017 cuando Nervis Villalobos fue detenido por primera vez por la Funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, en mayo de 2019 la Policía Nacional registra a el ex viceministro como recurrió a un entramado empresarial internacional con tentáculos en España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela. Fue liberado el 14 de septiembre de 2018, en Madrid y nuevamente detenido miércoles 17 de octubre de 2018 ante nuevos indicios de haber blanqueado 7 millones de dólares transferidos al Banco de Madrid, las autoridades han ordenado el embargo preventivo de más de 130 inmuebles, entre los que destacan un hotel, dos edificios residenciales, una lujosa urbanización con más de 40 villas en Marbella (Málaga) y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca. El valor de dichas propiedades suma un estimado de 72 millones de euros. Aunado a ello, se ordenó el bloqueo de más de 50 cuentas bancarias.
El 13 de septiembre de 2018 fue procesado por un juzgado en Andorra, por su presunta vinculación con el blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera. Villalobos movió a través de una decena de depósitos en Andorra 124 millones de euros, según la Policía de este Principado.
Otros involucrados son los venezolanos el exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela Carmelo Urdaneta, el empresario José Vicente Amparán quienes han sido investigados por un tribunal de Miami (Florida) junto al portugués Ramalho Gois el mago de las sociedades quien ha sido investigado en España y Portugal por blanqueo, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública.
En septiembre de 2021 el juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno identificó y confisco una decena de inmuebles, entre hoteles, bloques de apartamentos y pisos, en distintas partes de Madrid, España a la red que presuntamente blanqueó dinero de Pdvsa y productos financieros valorados en 14 millones de euros en dos jerarcas de pdvsa el director de Finanzas de Electricidad de Caracas, filial de Pdvsa, Luis Carlos de León Pérez y el expresidente de Bariven y exdirector de Comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional S.A (Corpoelec), Javier Andrés Alvarado Ochoa, también fue incluida Julia Elba Van Den Brule, quien “actualmente (es) residente en España y que ocupó cargos como fundadora y administradora de una filial de Pdvsa en España y fue asesora ejecutiva en 2005, quienes habrian recibido pagos de la compañía española Duro Felguera
Acusado por un tribunal de Houston Estados Unidos, de lavar dinero de la estatal PDVSA por corrupción producto de soborno al adjudicar cinco proyectos a la empresa Derwick Associates sin licitación para la construcción de plantas eléctricas en el año 2011 así como facturar compras con sobreprecio durante la emergencia eléctrica en Venezuela Es detenido en al ciudad de Madrid España en abril de 2019 por la investigación iniciada en el juzgado estadounidense, mientras se tramita su ex tradición se encuentra en libertad condicional, en Portugal las autoridades lo investigan por el presunto pago de sobornos,el 17 de diciembre de 2019 se denegó la extradición del exministro Javier Alvarado Ochoa porque tener la nacionalidad española
Diosdado Cabello ha sido acusado de numerosos actos de corrupción y malversación de fondos utilizando a Pedro Torres Ciliberto y Arné Chacón como testaferros. Cabello ha rechazado todas estas acusaciones y en sesión de la Asamblea Nacional en enero de 2011, ante reiteradas acusaciones del diputado Julio Borges, Cabello le reta a presentar pruebas de corrupción ante los tribunales y despojarse de su inmunidad parlamentaria. Se le acusa de tener supuestamente el control de la empresa motos Bera, la firma de zapatos y línea deportiva RS21, la cadena FarmAhorro y las industrias pesqueras EVEBA en Cumaná y Atún Margarita, Fábrica de motos Empire, es accionista mayoritario de tiendas Sigo, Navibus Ferry. además de 43 propiedades inmobiliarias, Hotel Guadalupe, Centro comercial Líder, Centro comercial Costa Azul. Un banco alemán habría informado a una comisión del Banco Central de Venezuela que Cabello tendría una cuenta de 21,5 millones de dólares. En diciembre de 2008 se presentaron ante la contraloría documentos acerca del presunto uso indebido de unos 230 millones de dólares. Incluso dentro de movimientos de izquierda hay críticas contra Diosdado Cabello por su manejo administrativo.En una denuncia presentada en la corte de Miami por el activista Thor Halvorssen Mendoza contra la empresa energética Derwick Associates Corporation, sus dueños y su filial en los Estados Unidos, se alega que supuestamente millones de dólares fueron pagados «por debajo de la mesa» a funcionarios del gobierno venezolano; en la demanda se afirma que Diosdado habría recibido 50 millones de dólares estadounidenses en sobornos.
Adicionalmente a las acusaciones de monopolio, Diosdado Cabello posee diecisiete denuncias ante la Fiscalía General de la República desde 2009, las cuales se encuentran abiertas aun y sin respuesta judicial por parte del diputado; sin embargo el Tribuna Supremo de Justcia de Venezuela rechazó la segunda. Diosdado ha recibido también acusaciones por el Presidente de la organización Human Rights Foundation, sobre supuestos actos de corrupción y narcotráfico.El 27 de enero de 2015, se publicaron noticias acerca de que ha sido acusado de narcotráfico.
En una serie de investigaciones realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos señalan la participación de Cabello en el narcotráfico como supuesto "capo" [sic] (jefe) del Cartel de los Soles, involucrando a generales del alto mando militar venezolano. La Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría oficialista en 2015 rechazó estas acusaciones calificándolas de Campaña mediática, y aprobó por mayoría un acuerdo de desagravio, señalando que las supuestas denuncias están basada en rumores y no en una investigación en algún juzgado. En mayo de 2018, Cabello y su familia son sancionados por el Departamento del Tesoro congelando sus activos en suelo estadounidense, acusándolos de lavado de activos, corrupción y narcotráfico.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó a la empresa constructora brasileña Odebrecht y determinó que esta habría pagado unos 788 millones de dólares en sobornos a 11 países, aparte del Brasil, a partir de 2001. De este monto, Odebrecht habría dado unos 98 millones de dólares a funcionarios gubernamentales e intermediarios para conseguir contratos del Estado. Odebrecht admitió su responsabilidad y acordó pagar una multa por unos 3,5 mil millones de dólares. El 7 de marzo de 2016, el expresidente de la empresa, Marcelo Odebrecht fue sentenciado a 19 años y cuatro meses de prisión en Brasil por haber pagado más de 30 millones de dólares en sobornos a ejecutivos de Petrobras a cambio de contratos e influencias. Caso Represa de Tocoma.
El sistema de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) nació bajo el Decreto Nro. 2.323 del 13 de mayo de 2016, las investigaciones a más de 23 empresas que se dedicaban a entregar productos de baja calidad traídas desde México a través de empresas que "triangulan la compra de alimentos sobrefacturados" registradas en Turquía, Hong Kong, Barbados y Panamá, para el programa de alimentos que involucra a diferentes personajes del gobierno venezolano. El gobierno mexicano sancionó a dichas empresas con 3 millones de dólares que serían entregadas a la ONU para la ayuda a los migrantes venezolanos.
El programa que inicio en 2016, se determinó primero que el gobierno autorizó un presupuesto de 340 millones de dólares en octubre de 2016 al gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, para la importación de 10 millones de cajas CLAP ingresadas en enero de 2017 y luego con Postar Intertrade Limited (empresa registrada en Isla Barbados propiedad de Samark López y señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense como testaferro del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami en 2017) a quien se le otorgó un primer contrato por casi 120 millones de dólares para colocar en puertos venezolanos tres millones de cajas CLAP para lo cual negocio con nueve empresas mexicanas para comprar 11 productos arroz, maíz blanco, lentejas, fréjol negro, atún en lata, salsa de tomate, pastas, aceite vegetal, leche en polvo y azúcar, la existencia para esa época de un control cambiario control cambiario con un dólar preferencial por una situación de emergencia hizo que gran parte de los productos sean revendidos a la población hasta seis veces su valor de compra, la ruta naviera usada en ese año era de puerto Veracruz al puerto La Guaira.
Otro benefactor fue Santiago Uzcátegui Pinto, que llegó a México, en mayo de 2017 y registró en mayo de ese año la empresa Group Grand Limited, S.A., en la Ciudad de México que involucra a personajes como Aléx Nain Saab Morán(director), Shadi Nain Saab (hijo), Andrés Eduardo León Rodríguez(administrador), Enmanuel Enrique Rubi González (administrador hijo del conocido empresario colombiano Álvaro Pulido), denunciados por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.
Mientras en México tres empresas con pésimos antecedentes de fraudes y estafas fueron las que se beneficiaron con los negocios de los alimentos: La Cosmopolitana y Productos Serel, El Sardinero y Rice&Beans, La sospecha de la mala calidad de los productos sobre el atún enlatado que llegaba con elevados niveles de soya que llevó un análisis de las diferentes marcas en octubre de 2018, al igual la leche mexicana en análisis hechos en laboratorios se determinó que contiene un pobre valor nutricional y es empacada en diferentes marcas por una empresa fastasmal llamada grupo Brandon que en 2018 se convirtió en el mayor proveedor del programa CLAP, quien esta relacionado es el empresario colombiano Carlos Lizcano Manrique, relacionado con Álvaro Pulido y Alex Saab
Una nueva modalidad de traer alimentos desde México a Venezuela pagados en petróleo crudo venezolano en 2019, están siendo investigados por el FBI posiblemente violando las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según investigaciones de AP, el ejército de Venezuela está involucrado en extensos casos de corrupción con la administración, la distribución y la venta de alimentos. Desde 2004, Hugo Chávez comenzó a dar el control de la gerencia de alimentos al ejército con el Ministerio de la Alimentación, la nacionalización y expropiación de granjas y empresas productoras de alimentos.
En 2016, Nicolás Maduro nombró al general Rodolfo Marco Torres, Ministro de Alimentación. El diputado opositor al gobierno Ismael García declaró que esa fue una forma del gobierno de premiar a los corruptos. Según ciertos empresarios extranjeros entrevistados por AP declararon que Rodolfo Marco Torres estaría a la cabeza de militares que exigen el pago de sobornos para la importación y transporte de alimentos. Además, los informes presupuestarios obtenidos por AP muestran permanentes sobrefacturaciones. La diputada regional opositora Neidy Rosal piensa que es "como narcotráfico a la luz del día". El general retirado Antonio Rivero considera que Maduro permite a los militares el control de alimentos para evitar que haya una insurrección. AP publicó que estaba intentado contactar numerosas veces a funcionarios del gobierno venezolano, para que tomen una posición en torno a las sobrefacturaciones y otras posibles evidencias de corrupción y que estos se han negado.
En julio de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros anuncio que Alex Nain Sabb Morán, Álvaro Enrique Pulido Vargas y su hijo Emmanuel Enrique Rubio estaban incluidos en tres casos de corrupción que se expandieron por Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Turquía, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, estos países fueron usados, para la trama de corrupción de la venta de alimentos del programa chavista de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), la venta de oro a Turquía, en el caso de la empresa Mulberry y la adjudicación para construir 25 mil viviendas.
Están incluidos en la investigación el exgobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora y al entonces ministro de Alimentación y ahora gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, así como a los actuales ministros Tarek El Aissami y Simón Zerpa, también los tres hijos y un sobrino de Cilia Flores: Walter, Yosser y Yoswal y Carlos Erica Malpica Flores.
A solicitud de el fiscal Michele Prestipio de la fiscalía de Roma el 25 de noviembre la Guardia de Finanza de Italiana incautó una cuenta corriente de € 1,8 millones euros a nombre de Luis Alberto Saab Moran (hermano de Alex) y un apartamento de lujo en el cuarto piso de la Via Condotti, una de las calles más elegantes de Roma valorado en € 4,8 millones, la investigación los condujo hasta una empresa en Dubai. Su propietario la italiana Camila Fabri; pareja del empresario colombiano Alex Nain Sabb de origen libanés, obtuvieron su patrimonio producto de lavado de dinero de sus negocios con el gobierno de Venezuela a través de los programas socialistas, primero con Cadivi, posteriormente con recursos de la Misión Vivienda. Alex Saab está incluido en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro por contribuir en delitos económico-financieros vinculados a Nicolás Maduro. Actualmente se cree que la esposa se encuentra en Rusia, y Alex se mueve entre Venezuela Colombia y Rusia
En octubre de 2013 el sector económico arrocero de Argentina, los directivos de la Federación Nacional de Entidades Arroceras (Fedenar) denunciaron la presencia de una nueva empresa llamada Bioart SA. que comercializaba granos al país caribeño luego de firmado mayo de 2013 un convenio bilateral entre los dos países "libre de intermediarios". La empresa Bioart SA. nació en 2009, cuyos titulares son María Isabel y María Eugenia Vignati, pero recién en noviembre de 2013 se inscribió en la AFIP en el rubro “Venta al por mayor de cereales" denuncia que fue la única en recibir los permisos para exportar ese grano a Venezuela que logró hacer dos embarques de 10.247 toneladas y otra de 27.500 toneladas de arroz con cáscara el 16 de junio salieron del puerto de San Pedro, por valor de 16.678.750 dólares que fueron vendidas en Venezuela en 23 millones con un sobreprecio del 40% actuando como intermediario en el negocio a cambio vendían silos, maquinaria y repuestos que no producían (revendian).
Bioart S.A. exportó a Venezuela 39,000 toneladas de arroz y 28,000 toneladas de maíz blanco a precios 30% por encima del precio promedio mundial. La empresa estaba conectada con Julio De Vido, un exministro de la era Kirchner (actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, Argentina por corrupción y tráfico de influencias), quien hizo numerosos negocios cuestionables con Venezuela. Según la denuncia, el contrato fue firmado después de que los directivos de la firma argentina se reunieron en Caracas con María Gabriela Chávez
En octubre de 2017, un exnovio de María Gabriela, el actor venezolano Manuel “Coco” Sosa, fue detenido bajo acusaciones de corrupción.
Mientras en Argentina en 2017 la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) abrió una investigación, los fiscales Gabriel Pérez Barbera y Laura Roteta, denunciaron que Bioart SA, exportó arroz con cáscara por US$606,5 la tonelada, un valor muy por encima del precio internacional casi al doble, fue descubierto las sospechas a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) al observar que los Vignati presentaron seis reportes de operación sospechosa (ROS) referente a compras de propiedades, vehículos entre 2013 y 2015. Bioart SA le vendió a Venezuela haciendo uso de operaciones bilaterales aceite de soja, leche en polvo y maíz por un valor aproximado de US$145 millones de dólares y denuncias hechas por directivos de la Federación Nacional de Entidades Arroceras (Fedenar), las investigaciones se enfriaron luego de que Cristina Kirchner recuperó la vicepresidencia de Argentina en 2019, principal artífice del convenio bilateral con Venezuela.
En noviembre de 2018, María Gabriela fue acusada por la fiscal Luisa Ortega Díaz de haberse beneficiado del entramado de corrupción liderado por Alejandro Andrade, extesorero Nacional de Venezuela. Andrade se encuentra detenido sentenciado a diez años de cárcel, se declaró culpable de lavado de dinero y sus lujosas propiedades confiscadas fueron rematadas.
El abogado venezolano Roberto Leyva compañero sentimental de Gabriela, abrió una chequera en el Mercantil Commercebank a inicios de 2014, de Miami que manejaba depósitos y transferencias de varios millones de dólares que fue cancelada en 2016 por inconsistencias y sospechas de lavado de dinero producto de la corrupción por ser parte de una investigación a la cual Leyva no supo responder. al inicio declaró tener un sueldo anual de 300,000 dólares e ingresos anuales por comisiones de 800,000 dólares recibió varias comisiones de un banco de Chipre, los depósitos provenían de: pago de “comisiones” por la compra de la embarcación MV Speed Runner. Otras por servicios de asesoría por la compra de un Ferry a Naviera Paraguaná C.A. que sobrefacturó en 11.6 millones de dólares cuando en realidad su valor era de 5 millones, demostraron otros ingresos, en noviembre de 2018 la fiscal Luisa Ortega Díaz de Venezuela abrió una investigación por lavado de dinero.
. El 24 de febrero de 2021 este caso fue cerrada la causa, al determinar que el sobreprecio realizado ocurrió por ser proporcionales al alto riesgo que tenían estas operaciones comerciales.
Se están investigando los contratos de Wakil Naman como parte de una amplia red de corrupción venezolana, solicitado por la Unidad de Investigación de Seguridad Nacional que nació en Alepo, Siria, emigró a Venezuela (se nacionalizado en 1986) y vivió en el distrito de Petare de Caracas, uno de los barrios marginales más grandes del mundo. Pasó de vender productos en las calles a una inmensa riqueza, durante el periodo que la escasez de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, se hizo millonario, suministrando carne a los programas alimentarios del gobierno a través de una empresa clonada brasileña con sobreprecio. El día 20 de abril de 2016 fue convocado por la Asamblea Nacional el General Carlos Osorio para comparecer ante la sesión extraordinaria del 21 de abril para que informara sobre las causas de la escasez de productos de la cesta básica, la asignación de divisas para importación de alimentos, la materia prima para su elaboración, irregularidades en el sistema de distribución de la cadenas del gobierno Mercal y PDVAL, los casos de corrupción investigados en Abastos Bicentenario y la Corporación Venezolana de Alimentos, sin embargo, no asistió Osorio negó las acusaciones de corrupción en un tribunal civil venezolano, donde un juez dictaminó en 2017 que el informe de los legisladores lo había difamado. Wakil hizo una fortuna personal que alcanzó los 400 millones de dólares en septiembre de 2015, La fiscal muestra un intercambio de correos electrónicos ese mes entre uno de sus abogados y uno de los defensores de los banqueros, que se convirtieron en parte de la investigación de los ‘Panamá Papers’ luego de asegurar contratos estatales por valor de cientos de millones de dólares, que encontraron los investigadores. Eso incluye un acuerdo en junio de 2012 para suministrar al Ministerio de Alimentación de Venezuela 70 mil toneladas métricas de carne de res, pasta y aceite de cocina; pagó 5 mil 340 dólares por tonelada de carne de res. Existe una relación entre los cuñados de Osorio, (Jesús y Néstor Marquina Parra) y Wakil Naman que lo relacionan. En 2016 Wakil ordenó a sus banqueros de CBH que hicieran ocho transferencias de sus cuentas a familiares de Osorio, un total, de 5.9 millones de dólares en una cuenta de la entidad bancaria controlada por los cuñados de Osorio, el jefe del programa alimentario. la investigación la continuó la ex fiscal general Luisa Ortega en el exilio junto a sus fiscales exiliados.
Fue arrestado Naman Wakil en Coconut Grove , Miami, el día 3 de agosto de 2021 de 59 años por la Unidad de Investigación de Seguridad Nacional acusado por la corte federal de Miami por lavado de dinero producto de la corrupción y soborno
Economista y empresario venezolano que tenía negocios con Sidor, Pdval y PDVSA gas, fue denunciado por la Diputada Aura Montero del Estado Carabobo por encontrarse unas 70 toneladas de alimentos en descomposición en Tinaquillo, Estado Cojedes, en uno de sus depósitos entre 2009 y 2010 que tenía el mantenimiento a cargo de su empresa Sahect CA. El 13 de febrero de 2017 la OFAC señala a Samark López como el principal testaferro de Tarek El Aissami acusado de ser parte de la red de lavado de dinero
Después de ser expropiada la empresa Conferry en 2011, se informó el 25 de enero de 2013 la llegada de tres ferris por intermedio de la presidenta de Conferri Contralmirante Rosana González, que confirmaba negociación de la naviera para la compra de nuevos barcos con garantía de un año y una vida útil de 35 años. fabricados en Grecia en el 2012 de la naviera griega Tsokos Lines. confirmada el 26 de abril del 2013 por Elsa Gutiérrez presidenta de Conferri.
€ 45.72 millones de euros (unos US $ 52.5 millones de dólares)
El repentino cambio de gobierno por la muerte de Hugo Chávez, asumiendo Nicolás Maduro hizo un giro en los contratos con la compra a tres ferris españoles con doce años de antigüedad recién pintados y con una serie de siniestros por intermedio del ministro Herbert García Plaza, para ello se nombró una comisión que avaló la compra de los buques a ojos cerrados, sin embargo tenían desperfectos en el aire acondicionado, fugas de aceite y fallas de motor, se canceló una suma para arreglar cada uno de esos detalles en los tres barcos. Se inició una investigación y determinaron un sobreprecio lo cual generó pérdida al patrimonio del Estado, delito en que cayeron los 13 de la comisión y el Mayor General García Plaza que fue solicitado ante la interpol por su ausencia en el país Los trece implicados:
Los buques involucrados fueron: El buque San Francisco de Asís fue comprado a la empresa Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. por 15.771.882 euros construido en el año 2001 en Italia. El Virgen del Valle II se lo compraron a Europa Ferrys C.A. por un monto de 15.814.873,58 euros construido en Australia en el 2001. El Virgen de Coromoto lo negoció Bolipuertos a Larouzio Shipping Company Limited por la suma de 14.142.343 euros construido en Australia en el 2004, todos propiedad de empresas españolas.
Catherine María Esté Rodríguez directora de Articulación Institucional y Política de la Presidencia de Pdvsa-Gas Comunal fue detenida el 7 de febrero de 2021 por cobrar mil dólares a compañías comercializadoras por el llenado de cada cisterna
US $ 20 millones de dólares
Un desfalco de 20 millones de dólares en el servicio autónomo de Administración tributaria fue el motivo de una disputa entre la alcaldesa y los concejales del Municipio en Barcelona en agosto de 2021, la Vicepresidenta de la República por lo tanto solicitó el retiro voluntario de la alcaldesa sin una investigación por parte de la Fiscalía acerca del desfalco.
US $ 2,009 millones de dólares
Cuatro son las empresas ecuatorianas y otras venezolanas relacionadas que usaron el sistema creado en 2009 para desfalcar el erario público venezolano, la primera es Fondo Global de Construcción de Ecuador (Foglocons) propiedad de Álvaro Pulido (socio de Alex Saab) y Luis Eduardo Sánchez (abogado venezolano y hermano de un asesor de Rafael Correa)para la exportación de casas prefabricadas. La empresa Pifogardens cuyo socio ecuatoriano Byron Ramiro Padilla fue sentenciado a 9 años de cárcel por lavado de activos, exportando carbonato de calcio con sobreprecio, entre febrero y julio de 2012 facturando 24.47 millones de dólares precio FOB, el banco de Venezuela envió el pago de la mercadería a Ecuador y en menos de 48 horas el dinero fue reenviado a cuentas en paraísos fiscales. otra empresa es Negosupersa S.A. proveedora de paneles modulares, exportó Sulfito de sodio producto químico que no produce Ecuador, el dinero recibido fue vinculado a cuentas de directivos del equipo de fútbol del club deportivo Barcelona, hasta el momento no ha habido cargos. La última es Multiproductos ecuatorianos Prodecve S.A. que recibió un contrato de compra-venta por US $48,46 millones para el suministro de cables a la empresa pública venezolana Red de Abasto Bicentenaria quienes aceptaron los sobreprecios.
En julio de 2019 el diputado William Barrientos del Estado Zulia denunció en la Asamblea Nacional hechos de lavado de dinero a través del sistema Sucre, desde varias empresas ecuatorianas fueron mencionadas en operaciones para convertir dinero ilícito en Bolívares. La mayoría de estas empresas fueron constituidas en el 2010 y disueltas entre 2013 y 2014, periodo durante el cual se facturó transacciones comerciales por el valor cerca a 2,009 millones sin licitación, entre las empresas fueron mencionadas: Multiregui S.A. Salibam S.A. Ibicampus S.A. Biofresh S.A. Escatell C.A. PROSPERMUNDO.
Las acusaciones de nepotismo han sido numerosas. Contra la familia Chávez se han producido numerosas acusaciones, pero las mismas han sido rechazadas. No solo han ocupado cargos elegibles varios parientes cercanos de Chávez, sino que estos u otros familiares han sido nombrados por el poder ejecutivo para ocupar puestos públicos.
El presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido objeto de acusaciones por nepotismo. Se ha criticado, por ejemplo, que el hijo de Maduro de su primer matrimonio dirija el Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia y la Escuela Nacional de Cine aunque no tuvo ningún currículo para ello y que un sobrino de CiliaFlores, Carlos Erick Malpica, es ahora tesorero nacional y vicepresidente de Finanzas de PDVSA.
Diosdado Cabello, anterior presidente de la Asamblea Nacional, ha sido también acusado de nepotista. Su hermano, José David, es ministro de Industrias, así como superintendente nacional tributario. Su esposa, Marleny Contreras, anterior ministra de turismo.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó al general Hugo Carvajal de ayudar a las FARC en el tráfico de cocaína. Según un juicio realizado en los Estados Unidos, Carvajal habría coordinado un cargamento de 5600 kilos de cocaína enviado de Venezuela a México en 2006. El gobierno venezolano ha rechazado dichas acusaciones.
El anterior ministro de la Defensa y actual gobernador del estado de Trujillo, Henry Rangel Silva y el general Clíver Alcalá Cordones también han sido acusados de estar involucrados en el narcotráfico.
Un sobrino de la esposa Nicolás Maduro y un ahijado fueron detenidos por la DEA y condenados en los Estados Unidos por narcotráfico. El caso ha sido conocido como el escándalo de los Narcosobrinos.
Según algunas fuentes, las fuerzas policiales en Venezuela están particularmente afectadas por la corrupción. Muchas víctimas temen informar a la policía porque numerosos agentes están involucrados en actividades criminales. Human Rights Watch considera que la policía comete uno de cada cinco delitos y que agentes policiales han sido responsables por la muerte de miles de personas sin ser castigadas (solo un 3% de los agentes han recibido sentencias por cargos puestos contra ellos).
Según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, a finales de 2013 Venezuela se ubicaba en el puesto 160 de los 177 países evaluados. En el continente americano, solo Haití aparece como un país más corrupto en dicho índice.
La Contraloría General de Venezuela es un organismo encargargado, según la constitución de Venezuela, de velar por los bienes públicos. Desde el deceso del contralor Clodosbaldo Russián en 2011 Adelina González es la encargada del organismo. En 2014 están previstas nuevas elecciones.
El Ministerio Público de Venezuela contribuye a establecer los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del Estado. Para 2014 es dirigido por Luisa Ortega Díaz.
La oposición ha pedido en numerosas oportunidades que renuncie la dirección de la Contraloría y de la Fiscalía.
Investigadores[¿cuál?] consideran que la corrupción se propicia en ambientes donde existe un monopolio del poder y discrecionalidad y donde fallan los mecanismos formales de rendición de cuentas. Según Mercedes Freitas, de Transparencia Venezuela, el Estado venezolano tiene un papel mucho mayor que en otros países latinoamericanos, hay menos transparencia relacionada con el uso que hace del dinero y está menos sujeto al escrutinio. Otro de los problemas es la altísima impunidad en Venezuela.
En 2009, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró que la separación de poderes debilita al Estado. Esta posición ha sido criticada por organizaciones no gubernamentales.
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