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Cortes de Barcelona (1599)



Las Cortes de Barcelona de 1599 fueron presididas por el rey Felipe III.

Eran las primeras Cortes de Felipe III y estaban precedidas por los incidentes de los años de 1590, en tiempos de Felipe II, en que los enfrentamientos entre la Generalidad y el virrey Pere Lluís Galceran de Borja i de Castre-Pinós acabaron con la persecución y el exilio del diputado militar Joan Granollacs i Pons, con una práctica suspensión de la Constitución de la Observancia y con una intervención real del proceso de insaculación. El nuevo rey fue a Barcelona con la intención de mejorar las relaciones, pero aparecieron puntos históricamente conflictivos sobre los que nose llegó a ningún acuerdo y finalmente las Cortes se cerraron en falso. Así pues, mientras que el rey aceptó la regulación de la Inquisición (reclamación de más de un siglo) y la concesión de galeras para defender la costa, no hubo acuerdo en subir el salario a los jueces de la Audiencia, ni sobre el derecho de los caballeros a llevar armas.[1]

El secretario de las Cortes fue Pere Franquesa i Esteve. Se acordó la creación de un nuevo impuesto, el derecho a galeras, a fin de recaptar financiación para la construcción específica de barcos de guerra.[2]​ Se aplicaba sobre diversos productos como naipes, cueros y mercaderías estipuladas en los capítulos de concesión.

Se acordó que la Generalidad armara dos galeras pAra defender las costas catalanas, pero pronto se vio que la Capitanía General los utilizaba para el transporte de tropas a Italia y acabaron siendo presas a manos de los argelinos.[3]

Se consideró[4]​ el asunto del asesinato del escudero Marc-Antoni Forner, ocurrido en el castillo de Salses por el prior Hernando de Toledo, lugarteniente del capitán general de Cataluña. Por la renuncia de su sobrino Honorat Riu i Tord a toda reclamación, las Cortes votaron una concesión de 800 libras para misas y la petición al rey de un título de nobleza para Riu.

En el terreno jurídico:

No obstante, el contenido de mayor importancia fue probablemente la declaración de la legalidad vigente aprobada en Cortes, aunque no se aplicó como ya había pasado con la Constitución de la Observancia:

Acabadas las Cortes, Felipe III marchó sin firmar las constituciones, y cuando las remitió firmadas, había modificado algún capítulo. En concreto se alteraban las funciones del virrey y se prohibía el uso de los pedreñales.[nota 1]​ Este gesto recordó los sucesos similares ocurridos al final de las anteriores Cortes de Monzón (1585) e indignó a los diputados y conllevó una agria disputa entre el jurista Antonio Olibà y el virrey Lorenzo Suárez de Figueroa y Córdoba (duque de Feria), quien encarceló a los que protestaban. Finalmente, el rey destituyó al virrey y puso en su lugar a un hombre de consenso: el arzobispo de Tarragona Joan Terès i Borrull.[7]

En la sesión asistieron las siguientes personalidades conocidas:[8][9][10]




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