La crisis de la deuda soberana en Grecia (también conocida como la depresión griega) se inició a fines de 2009 como una de las primeras cuatro crisis de deuda soberana en la zona euro ―conocida más adelante como la crisis de deuda europea—.
Los factores desencadenantes de la crisis de la deuda soberana griega incluyen los efectos de la Gran Recesión, las debilidades estructurales de la economía griega, una creciente crisis bancaria y una crisis súbita en la confianza de los acreedores del país. El crecimiento de la deuda pública griega desde los años ochenta se debió al pago de tipos de interés muy altos a los acreedores, un excesivo gasto militar, pérdida de ingresos fiscales por flujos ilícitos de capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados por las fallas en el diseño de la eurozona. Los principales bancos privados europeos y los bancos griegos fueron expuestos a un aumento drástico de la deuda privada en Grecia, luego de la adopción del euro.
La incertidumbre sobre la capacidad de Grecia para cumplir con sus obligaciones de deuda, se incrementó luego de revelarse que los datos sobre los niveles de deuda pública y déficit presupuestario se habían declarado de modo inexacto por el gobierno griego desde el año 2000 —antes de ingresar a la zona euro en 2001— con la complicidad del banco Goldman Sachs, que promovió transacciones swap para que el gobierno ocultara miles de millones de euros en deuda a las autoridades europeas. Esto llevó a una crisis de confianza, que generó el desplome de la Bolsa de Atenas y aumentó los diferenciales de rendimiento de los bonos y el costo del seguro de riesgo sobre los CDS, en comparación con los otros países de la eurozona, particularmente de Alemania.
En abril de 2010, en medio de fuertes caídas de las principales bolsas europeas, una agencia de calificación de riesgo valoró la deuda soberana griega en el nivel de títulos especualtivos o «bono basura» —por debajo del grado de inversión y posibilidad alta de impago —, dejando al país sin acceso a los mercados para poder financiarse, y con la necesidad de recibir los créditos de sus socios del euro y el FMI. El gobierno de Grecia solicitó un «rescate financiero» y se convirtió en el primer país en la eurozona que recibió un plan de ayuda internacional, por un monto de 110 000 millones de euros, prestados por catorce estados miembros de la eurozona representados por la Comisión Europea, el BCE y el Fondo Monetario Internacional, que conforman la Troika.
Desde mayo de 2010, el gobierno de Grecia ha estado implementando un «programa de ajuste macroeconómico», como condición sine qua non para acceder a la «asistencia financiera» de la Troika. El programa consiste en medidas que implican recortes en el gasto y el empleo del sector público, ampliación de la desregulación del sector privado, aumento de impuestos, privatizaciones y cambios estructurales. Este primer acuerdo de préstamo tenía el objetivo principal de rescatar a los bancos privados griegos y europeos, permitiéndoles reducir su exposición a los bonos del gobierno griego.
Para finales de junio de 2015, cinco años después del «primer rescate» y tres años después del «segundo rescate» de Grecia por las instituciones de la Troika, la incertidumbre económica generada por la paralización de los acuerdos de negociación para un nuevo «programa de rescate» podría haber derivado en una salida de Grecia del euro, situación conocida como Grexit. En estas circunstancias, el entonces primer ministro griego Alexis Tsipras anunció la aplicación de un corralito bancario y otras medidas de control de capitales para evitar el pánico bancario o retirada masiva de depósitos, y propuso un referéndum que fue aprobado el 27 de junio por el Parlamento Helénico. La consulta se realizó el 5 de julio de 2015, dando como resultado un rotundo rechazo popular a las condiciones del rescate propuesto por la Comisión Europea, el FMI y el BCE.
Luego del referéndum, el Gobierno griego solicitó el tercer rescate al Mecanismo Europeo de Estabilidad y presentó una propuesta de reformas tributarias y ajustes al gasto gubernamental, que fue aprobado el 11 de julio de 2015 en el Parlamento Helénico. El 13 de julio, los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro acordaron la puesta en marcha de la negociación del tercer rescate, recurriendo a la amenaza de una salida de Grecia del euro e imponiendo condiciones de recortes y reformas mucho más exigentes que las rechazadas en la consulta del 5 de julio. El primer paquete de reformas fue aprobado el 15 de julio en el parlamento griego, con el respaldo de la oposición y el voto en contra de varios diputados disidentes de SYRIZA, en medio de protestas en Atenas convocadas por los sindicatos.
Crecimiento interanual del PIB en Grecia (respecto al año anterior)
El 16 de julio de 2015, el Eurogrupo da su visto bueno a la negociación del tercer rescate a Grecia, un día después los Estados miembros de la Unión Europea aprueban una financiación de urgencia de 7160 millones a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera y el primer ministro Tsipras hace cambios en su gabinete, destituyendo a los ministros y viceministros que votaron contra el rescate. El 22 de julio, el parlamento griego aprueba el segundo paquete de reformas, en cumplimiento de las condiciones que permitieron que el 28 de julio se iniciara la negociación del tercer rescate entre Grecia y sus acreedores.
El 11 de agosto de 2015 en Atenas, el Gobierno griego y las instituciones acreedoras (FMI, Comisión Europea, BCE y Mecanismo de Estabilidad) alcanzaron un acuerdo técnico —con algunas reservas del ministerio de finanzas de Alemania— sobre el «plan de rescate» y el paquete de acciones que Grecia deberá cumplir a cambio de recibir el primer desembolso, que fueron aprobados tres días después en el Parlamento Helénico, con los votos de dos tercios de los legisladores de SYRIZA, de su socio de gobierno ANEL y de tres partidos de la oposición. El 14 de agosto, en una reunión del Eurogrupo fue autorizado el «tercer rescate» de Grecia, lo que supone un nuevo programa de asistencia financiera de hasta 86 000 millones de euros y tres años de duración, para evitar la quiebra del país y la salida del euro o Grexit. El Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) del nuevo «programa de rescate» incluye la creación de un fondo de privatizaciones de 50 mil millones de euros, así como la implementación de una variedad de reformas en recortes del gasto social, el mercado laboral y servicios públicos, con énfasis en educación, salud, pensiones, salarios, entre otros.
Durante las dos legislaturas del Gobierno conservador de Kostas Karamanlís, se realizaron falsificaciones de los datos macroeconómicos de la contabilidad nacional. Tras las siguientes elecciones en el año 2009, el candidato socialista Yorgos Papandreu obtuvo mayoría absoluta en el Parlamento Helénico. Su gobierno sacó a la luz que el anterior partido estuvo falseando las cifras. El partido conservador aseguraba que el déficit griego era del 3,7 %. Posteriormente, el Gobierno de Papandreu demostró que el déficit real era del 12,7 %, una cifra alarmante.
Dicha falsificación fue conseguida mediante el uso de derivados complejos, emitiendo la deuda en otras divisas diferentes al euro (como el yen). Como los países pertenecientes al euro no tienen obligación de reportar a Bruselas dichos derivados, nunca nadie pudo saber las cifras reales. El grupo de banca de inversión y valores Goldman Sachs estuvo involucrado en dicha falsificación y ayudó a esconder el déficit de las cuentas griegas. Concretamente, Mario Draghi ―actual presidente del Banco Central Europeo― era vicepresidente para Europa de Goldman Sachs, con cargo operativo, durante el período en que se practicó la ocultación del déficit. En junio de 2011, Draghi tuvo que responder ante el Comité Económico del Parlamento Europeo por sus actividades en Goldman Sachs, en relación al ocultamiento en Grecia.
En general se sostiene que la crisis de la deuda fue provocada por la turbulencia generada por la gran recesión, pero que la causa raíz para su erupción fue una combinación de debilidades estructurales en la economía griega junto con la preexistencia por más de una década de elevados niveles de deuda y déficits estructurales a niveles del PIB con respecto a las cuentas públicas griegas. En octubre de 2009, el PASOK liderado por Yorgos Papandréu gana las elecciones legislativas anticipadas y el nuevo gobierno revisa al alza dos indicadores: el déficit público acumulado en 2009 pasa a ser de un 12,7 % y la deuda pública se eleva hasta el 113,4 % del PIB. El gobierno del socialdemócrata Papandréu contribuyó a presentar los elementos de una crisis bancaria como una crisis de la deuda soberana griega, haciendo hincapié en el aumento del déficit público y la deuda.
A finales de 2009, los temores de impago de la deuda soberana se esparcieron entre los inversores que veían difícil la capacidad de que el Gobierno griego cumpliera con sus obligaciones de deuda, debido a un aumento considerable en niveles de deuda junto con la existencia continuada de déficits estructurales altos. Esto llevó a una crisis de confianza, indicada por un spread de los diferenciales de rendimiento de los bonos y el costo del seguro de riesgo de los swaps de incumplimiento crediticio en comparación a los otros países de la zona euro. El 8 de diciembre de 2009, la Bolsa de Atenas se desploma un 6 % y la prima de riesgo sobre los bonos a diez años emitidos por Grecia aumenta su diferencial con el bono alemán de referencia; la Comisión Europea llama la atención al Gobierno griego por la potencial repercusión de estos hechos en la eurozona, y el BCE insta al primer ministro Papandréu a tomar medidas.
En enero de 2010, un informe de la Comisión Europea acusa a Grecia de «irregularidades sistemáticas» en el envío de datos fiscales a Bruselas. El gobierno de Papandréu presenta un programa de austeridad para reducir el déficit público del 12,7 % del PIB hasta el 2 % en 2013. En febrero, la Comisión Europea aprueba el plan de austeridad griego, pero le recomienda recortar los salarios, lo que genera una jornada de huelga convocada por los sindicatos. El 14 de febrero de 2010, se hace público que el banco Goldman Sachs promovió transacciones que permitieron al anterior Gobierno griego ocultar miles de millones de euros en deuda a las autoridades europeas. En marzo, el Gobierno griego aprueba nuevas medidas para ahorrar 4800 millones de euros, mediante recortes en el gasto público y aumento de impuestos, y se producen huelgas en el sector público. El 25 de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona acuerdan el mecanismo para proceder, si fuera necesario, al rescate de Grecia.
En abril de 2010, sumándose a las noticias adversas sobre el déficit y deuda registrados durante 2008 y 2009, los datos de las cuentas nacionales revelaron que la economía griega también había sido sacudida por tres recesiones distintas (tercer y cuarto trimestre de 2007, hasta el segundo trimestre de 2008, primer trimestre de 2009 y una tercera comenzando en el tercer trimestre de 2009), que conllevó a perspectivas para una nueva subida de la relación entre deuda y PIB del 109 % en 2008 al 146 % en 2010. Las agencias de calificación crediticia respondieron rebajando la deuda del Gobierno griego a la calificación de «bono basura» —por debajo del grado de inversión—, ya que hallaron indicadores de un riesgo creciente de incumplimiento de las deudas del Gobierno. El rendimiento del bono del Gobierno respondió con un aumento a áreas insostenibles, haciendo inaccesible al mercado de préstamos de capital privado como una fuente de financiamiento para Grecia.
El 21 de abril de 2010 inician oficialmente las negociaciones entre el Gobierno griego, la Comisión Europea, el BCE y el FMI para el mecanismo de ayuda. Un día después, la Eurostat eleva el déficit público de Grecia en 2009 desde el 12,7 % del PIB al 13,6 %, al mismo tiempo que el euro cae a su nivel más bajo del último año. El 30 de abril, el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Trichet, convoca de urgencia una reunión en Bruselas para el 2 de mayo, con la finalidad de aprobar el paquete de ayudas.
El 2 de mayo de 2010, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, más tarde apodados como la Troika, respondieron a la crisis con el lanzamiento de un préstamo de rescate de 110 000 millones de euros para sacar a Grecia del default soberano y cubrir sus necesidades financieras a lo largo de mayo de 2010 hasta junio de 2013, supeditada a la ejecución de medidas de austeridad, reformas estructurales y la privatización de activos del Gobierno. La reacción popular en contra del plan de austeridad generó ocho huelgas generales durante el año, con miles de manifestantes en las calles. El 14 de julio de 2010, el Parlamento Helénico aprobó la reforma de las pensiones para los empleados públicos, que produce protestas de funcionarios.
Un año más tarde, el empeoramiento de la recesión, conjuntamente con la aplicación retrasada por el Gobierno griego de las condiciones acordadas en el programa de rescate, reveló la necesidad de que Grecia recibiera un segundo rescate valorado en 130 000 millones de euros —incluyendo un paquete de recapitalización de los bancos por valor de 48 000 millones de euros—, mientras que a todos los acreedores privados que tenían bonos del Gobierno griego se les solicitó que firmaran un acuerdo de aceptación de vencimientos largos, menores tasas de interés y una pérdida de valor nominal de 53,5 %. El segundo programa de rescate fue aprobado por el Eurogrupo el 21 de julio de 2011 pero con dificultades para concretarse, por ello fue finalmente ratificado por todas las partes en febrero de 2012, y consecuentemente extendió el primer programa, lo que significó el desembolso de un total de 240 000 millones de euros, que serían transferidos en tramos regulares durante el período que iba de mayo de 2010 hasta diciembre de 2014. Debido al continuo deterioro de la recesión y el retraso de la aplicación de las condiciones en el programa de rescate, en diciembre de 2012 la Troika acordó proporcionar a Grecia una última ronda de medidas significativas para el alivio de la deuda, mientras que el FMI amplió su apoyo con un desembolso adicional de un préstamo por 8200 millones de euros a transferir durante el período de enero de 2015 a marzo de 2016.
La cuarta revisión del programa de rescate reveló una leve mejoría en la economía griega. Debido a un superávit primario de las cuentas del Gobierno tanto en 2013 y 2014 conjuntamente con una disminución de la tasa de desempleo y el retorno de un crecimiento económico positivo en 2014, por lo cual fue posible que el Gobierno griego recuperara el acceso al mercado de crédito privado por primera vez desde el estallido de la crisis de la deuda y pudiera realizar una venta de bonos a acreedores privados para financiar la totalidad del déficit para el 2014.
La leve mejoría económica resultó ser un espejismo y fue reemplazada por una nueva recesión —la cuarta desde el comienzo de la crisis— a partir del cuarto trimestre del año 2014, y se aduce como una de sus causas la prematura elección parlamentaria convocada por el Parlamento griego en diciembre de 2014 y la consiguiente formación de un Gobierno liderado por Syriza, cuya plataforma política se negaba a respetar los términos del rescate acordado. El aumento de la incertidumbre política por lo que sucedería después de la elección desencadenó que la Troika suspendiera toda la ayuda restante programada a Grecia bajo su esquema actual, hasta el momento en que el Gobierno griego hubiera aceptado las condiciones de pago condicional previamente negociadas o, alternativamente, se llegara a un acuerdo mutuamente aceptado con la actualización de algunos términos con sus acreedores públicos. Esta coyuntura provocó una renovada y cada vez más creciente crisis de liquidez, tanto para el Gobierno griego como para el sistema financiero griego, dando lugar a la caída de precios de las acciones en la Bolsa de Atenas, mientras que las tasas de interés para el Gobierno griego en el mercado de préstamos privado se disparó, por lo que una vez más este se hizo inaccesible como fuente de financiación alternativa.
Después de la elección, el Eurogrupo concedió un período de cuatro meses de extensión técnica adicional al programa de rescate a Grecia; aceptando las condiciones de pago vinculados a que el último tramo del rescate seria renegociado con el nuevo Gobierno griego antes de finales de abril, para que la revisión y la última transferencia financiera pudiera ser completada antes de finales de junio de 2015.
Ante la amenaza de cesación de pagos, lo que inevitablemente implicaría la aplicación de controles de capital para evitar un colapso del sector bancario, y podría suponer la salida de la zona euro debido a las crecientes restricciones de liquidez para realizar el pago continuado de pensiones públicas y salarios en euros, algunos intentos finales para llegar a un acuerdo de rescate renegociado fueron realizados por el Gobierno griego en la primera y la segunda quincena de junio de 2015.
De acuerdo a una declaración oficial del Eurogrupo, a excepción de Grecia, el Gobierno griego dio por finalizadas unilateralmente las negociaciones que se llevaban a cabo sobre el programa de rescate con la Troika el 26 de junio, descaminándose de un acuerdo previo de continuar negociando hasta alcanzar un mutuo compromiso aceptable que podía ser presentado al Eurogrupo en la tarde del 27 de junio. Pocas horas más tarde el primer ministro griego Alexis Tsipras, anunció en la televisión local la realización de un referéndum que se celebrará el 5 de julio de 2015 para aprobar o rechazar el resultado alcanzado de la negociación preliminar —la última contrapropuesta presentada y ofrecida por la Troika el 25 de junio— para un nuevo conjunto de términos actualizados que garanticen el cumplimiento del segundo acuerdo de rescate. El Gobierno griego señaló que haría campaña para el rechazo de las nuevas condiciones ofrecidas en dicho referéndum, mientras que cuatro partidos de la oposición (PASOK, To Potami, KIDISO y Nueva Democracia) objetaron la convocatoria para el referéndum propuesto porque sería inconstitucional, y abogaron a que el Parlamento o el presidente griego rechazara la propuesta de referéndum sobre estas causas. Mientras tanto, el Eurogrupo notificó que el segundo acuerdo de rescate existente técnicamente expirará el 30 de junio, según lo regulado por su «declaración de 20 de febrero», por lo que si no se actualizan los términos dentro de este plazo o se acuerdan nuevos términos de mutuo acuerdo, sería demasiado tarde para Grecia organizar un referéndum sobre términos actualizados cinco días después de su expiración.
En estas circunstancias, el primer ministro griego Alexis Tsipras anunció la aplicación de un corralito bancario y otras medidas de control de capitales para evitar el pánico bancario o retirada masiva de depósitos. La convocatoria a referéndum fue aprobada el 27 de junio por el Parlamento Helénico. La consulta se realizó el 5 de julio de 2015, dando como resultado un rotundo rechazo popular a las condiciones del rescate propuesto por la Comisión Europea, el FMI y el BCE.
Luego del referéndum, el Gobierno griego solicitó el tercer rescate al Mecanismo Europeo de Estabilidad y presentó una propuesta de reformas tributarias y ajustes al gasto gubernamental, que fue aprobado el 11 de julio de 2015 en el Parlamento Helénico. El 13 de julio, los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro acordaron la puesta en marcha de la negociación del tercer rescate, recurriendo a la amenaza de una salida de Grecia del euro e imponiendo condiciones de recortes y reformas mucho más exigentes que las rechazadas en la consulta del 5 de julio. El primer paquete de reformas fue aprobado el 15 de julio en el parlamento griego, con el respaldo de la oposición y el voto en contra de varios diputados disidentes de SYRIZA, en medio de protestas en Atenas convocadas por los sindicatos.
El 16 de julio de 2015, el Eurogrupo da su visto bueno a la negociación del tercer rescate a Grecia, un día después los Estados miembros de la Unión Europea aprueban una financiación de urgencia de 7160 millones a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera y el primer ministro Tsipras hace cambios en su gabinete, destituyendo a los ministros y viceministros que votaron contra el rescate. El 22 de julio, el parlamento griego aprueba el segundo paquete de reformas, en cumplimiento de las condiciones que permitieron que el 28 de julio se iniciara la negociación del tercer rescate entre Grecia y sus acreedores.
El 11 de agosto de 2015 en Atenas, el Gobierno griego y las instituciones acreedoras (FMI, Comisión Europea, BCE y Mecanismo de Estabilidad) alcanzaron un acuerdo técnico —con algunas reservas del ministerio de finanzas de Alemania— sobre el plan de rescate y el paquete de acciones que Grecia deberá cumplir a cambio de recibir el primer desembolso, que fueron aprobados tres días después en el Parlamento Helénico, con los votos de dos tercios de los legisladores de SYRIZA, de su socio de gobierno ANEL y de tres partidos de la oposición. El 14 de agosto, en una reunión del Eurogrupo fue autorizado el tercer rescate de Grecia, lo que supone un nuevo programa de asistencia financiera de hasta 86 000 millones de euros y tres años de duración, para evitar la quiebra del país y la salida del euro o Grexit.
El 20 de agosto de 2015 Tsipras renunció al cargo de primer ministro y convocó a nuevas elecciones para el 20 de septiembre de 2015. Una semana después Vasilikí Thanou asumió su cargo de forma interina. Los resultados de las elecciones significaron una nueva victoria para SYRIZA, lo cual permitió a Tsipras asumir nuevamente el cargo, formando gobierno nuevamente con el ANEL.
Yorgos Papandreu y su gabinete, tomaron medidas de ajuste fiscal. Las medidas más destacadas fueron la disminución salarial del funcionariado público (en total más de 600 000 trabajadores) en un 10 %, un recorte del 30 % del salario navideño y un aumento de la edad de jubilación desde los 61 a los 63 años. También el IVA fue aumentado entre un 0,5 % y un 2,0 % a productos seleccionados, así como el impuesto de hidrocarburos y el impuesto del tabaco y del alcohol. Dada la dificultad de emisión de la deuda helena, el Gobierno decidió ascender la rentabilidad de los bonos hasta superar el 6 %. Dichas medidas no fueron muy bien recibidas por la población, y los sindicatos decidieron convocar una huelga general que tuvo lugar el 11 de febrero de 2010.[cita requerida]
En abril de 2011 el Gobierno de Papandreu se comprometió a aplicar un nuevo plan de ajuste por valor de 23 000 millones de euros y a poner en marcha un plan de privatizaciones de 50 000 millones de euros adicionales. La exdiputada del PASOK y exatleta Sofía Sakorafa (Trikala, 1957) lideró el Comité por la Auditoría de la Deuda Pública.
En septiembre de 2011, Grecia presiona para que la Unión Europea desembolse un segundo programa de rescate. El nuevo plan de ajuste asociado a este segundo rescate se da a conocer el 21 de septiembre de 2011 y se toman las siguientes medidas, 30 000 funcionarios son mandados a una "reserva" previa al despido o la jubilación, Los jubilados menores de 55 años perderán un 40 % del importe de sus pensiones, reducción de los salarios públicos en un 15 %, impuesto a la propiedad inmobiliaria (de 0,50 € a 16 € por metro cuadrado) y se obligará a pagar impuesto a las ganancias a quienes cobren más de 5000 € anuales (frente a los 8000 € anuales antes de la reforma)
El 1 de noviembre de 2011 se cesa a la cúpula militar por temor a un Golpe de Estado. Además el 11 de noviembre tras la petición fallida del anuncio de un referendum sobre la refinanciación de la deuda griega, dimite Yorgos Papandreu y se pone en su lugar el tecnócrata Lukás Papadimos.
El domingo 12 de febrero de 2012 se reunió el parlamento griego para aprobar el plan de ajuste que supondría un enorme recorte en los salarios públicos y en las cuentas del Estado para pagar la enorme deuda contraída. La decisión se tomó bajo una enorme presión ciudadana y extranjera. La negativa a aplicar el acuerdo implicaría la salida de Grecia del euro. Entre las medidas más polémicas se encontraban el ahorro del gasto público de 3300 millones de euros, reducir el salario mínimo un 22 % y el despido de 15 000 funcionarios.
Sumidos en la crisis y en negociaciones continuas con la Unión Europea para renegociar la deuda, los griegos acuden a votar un nuevo Gobierno. El resultado de las elecciones es que ningún partido obtiene los escaños suficientes para poder gobernar, y resulta imposible ningún pacto entre partidos, por lo que se convocan de nuevo elecciones para junio de 2012. Ante el temor de una posible salida del euro y una crisis bancaria los ciudadanos griegos empiezan a retirar su dinero de los bancos. Para mediados de mayo algunos medios económicos ya consideraban que la salida de Grecia del euro sería inmediata, un escenario que el economista Tyler Cowen ya había considerado como posible en septiembre de 2011. Pero hubo un fuerte rechazo político por parte de todos los países y líderes europeos, que no llegaron a plantear la salida del euro como una posibilidad, debido a que en ese momento las consecuencias de una salida del euro hubieran sido desastrosas para toda la zona euro.
El 17 de junio de 2012 los griegos vuelven a ser convocados a las elecciones parlamentarias, ante la imposibilidad de formar un Gobierno. Son las elecciones griegas que más expectación han despertado en Europa debido a que el Gobierno que salga de las elecciones decidirá previsiblemente la nueva política económica de Grecia y, en caso de ser necesario, la salida del euro de Grecia lo que podría generar un efecto en cadena en toda la Unión.
Según las cifras del gobierno griego, la economía se contrajo por primera vez en el último trimestre de 2008 y se ha ido reduciendo desde entonces. La recesión ha achicado el tamaño de la economía griega en alrededor de un cuarto, la mayor contracción de una economía avanzada desde la década de 1950. Entre 2008 y 2013, los primeros años de la crisis, los griegos se volvieron en promedio 40 % más pobres. En 2014, el ingreso disponible de los hogares se hundió por debajo de los niveles de 2003.
Tras las elecciones parlamentarias de Grecia de enero de 2015, las negociaciones entre el nuevo Gobierno griego y las instituciones económicas europeas e internacionales ante los siguientes vencimientos de pagos y la necesidad de nuevas ayudas a la economía griega llevaron a plantear en abril de 2015 la idea de una consulta. La propuesta fue planteada por el primer ministro Alexis Tsipras, siendo inmediatamente criticada por el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, entre otros. A pesar de ello, finalmente el Gobierno griego anunció el 27 de junio de 2015 la realización del referéndum, inicialmente previsto para principios de julio de 2015, y en el que se consultaría la decisión de aceptar o no la continuación del plan de rescate propuesto por la Cumbre de la Unión Europea, el BCE y el FMI, afirmando también Tsipras, el primer ministro griego, que haría campaña por el «NO».
Ante el propuesto referéndum, algunas voces políticas griegas desde el PASOK, el partido To Potami y Nueva Democracia rechazaron la consulta, considerándola inconstitucional. También el KKE, por otros motivos, se mostró crítico con el anuncio. Poco después del anuncio de la consulta, los partidos Nueva Democracia y PASOK respondieron preparando una moción de censura contra el Gobierno. En el ámbito internacional también produjo diversas reacciones, en general no muy positivas.
Al día siguiente, 28 de junio, la convocatoria del referéndum fue aprobada por el parlamento griego, con los votos a favor de SYRIZA, ANEL y Amanecer Dorado, anunciando el Gobierno griego a continuación un "corralito" bancario, incluyendo la puesta en marcha de un fuerte control de capitales, lo que obligó a los bancos a permanecer cerrados, mientras que el gobierno impuso límites a la retirada de efectivo en cajeros de 60 euros diarios por persona.
El referéndum convocado se realizó el 5 de julio con una participación del 62,50%, dando como resultado un rotundo rechazo popular a las condiciones del rescate propuesto por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, luego que el 61,31% de los electores votaran por el «NO».
Tras la celebración del referéndum, los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro acordaron la puesta en marcha de un tercer rescate para Grecia, que impone condiciones de recortes y reformas mucho más exigentes que las rechazadas en la consulta al pueblo griego.
El 10 de mayo de 2010 frente a la inminente quiebra de Grecia la Unión Europea acordó dos medidas importantes; un plan de apoyo a Grecia consistiendo de préstamos bilaterales de los países de la zona-euro por valor de 80 000 millones de euros y otros 30 000 millones de préstamos del Fondo Monetario Internacional. Hasta finales de 2011 se había pagado 73 000 millones de euros bajo este concepto, la puesta en marcha del Mecanismo Europeo de Estabilidad con una capacidad de 750 000 millones de euros (60 000 millones del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera de la comisión europea, 440 000 millones de garantías de los estados miembros y 250 000 millones aportado por el Fondo Monetario Internacional).
El plan de rescate otorgado estipulaba que en 2012 Grecia debía captar en los mercados la mitad de los recursos que necesitaba y el 100 % para 2013, pero la Unión Europea asumió que Grecia no estaría en condiciones de captar recursos en los mercados internacionales a inicios de 2012 y que por tanto habrá que llevar a cabo un segundo plan de austeridad.
Generalmente, cuando un país tiene problemas económicos internos, suele llevar a cabo una devaluación de la moneda, pero en el caso de Grecia esto no era posible, pues pertenecía al euro. En varios medios de comunicación apareció información sobre un posible abandono de Grecia de la moneda única, y desde entonces se hizo referencia a esta hipótesis a través del acrónimo Grexit, palabra compuesta del inglés Greece (Grecia) y exit (salida).
Una hipótesis que fue negada por activa y por pasiva por las autoridades griegas, europeas y el BCE. Volver al dracma permitiría a Atenas hacer devaluaciones competitivas para impulsar sus exportaciones que suponen el 10 % del PIB, pero el golpe a la credibilidad del área de la moneda única podría desintegrar el euro. Los mercados interpretarían que se trata de un proceso reversible del que se puede entrar y salir, sin embargo, para 2011 la Unión Monetaria Europea no preveía ningún mecanismo de abandono.
Frente a los efectos imprevisibles que tendría la eventual salida de Grecia de la unión monetaria europea, tanto la UE como el Gobierno de Antonis Samarás optaron desde el principio por la permanencia de Grecia dentro de dicha unión. El posible pánico financiero a una inestabilidad "contagiada" a España o Italia, podrían generar un costo mayor que el que se incurriría en sacar a Grecia de la eurozona. Es posible que los costes que enfrentarían países como Alemania, en el financiamiento de Grecia, son menores que el posible costo que afectaría a toda la eurozona por la salida de Grecia. Estas conjeturas sobre la salida de Grecia, hacen que muchos políticos sean partidarios de la permanencia del país en el "sistema euro". También la salida de Grecia supondría la suspensión de pago y un gran riesgo de quiebra de numerosas entidades financieras alemanas y francesas acreedoras de préstamos en Grecia, razón por la cual políticamente algunos conservadores se oponen a la salida de Grecia.
El 3 de octubre de 2011 se reunieron en Bruselas los miembros del Eurogrupo y empezó a asumir como hipótesis de trabajo que Grecia podría no controlar el déficit a final de año. El control de déficit había sido el objetivo fijado hasta el momento por los países europeos para decidir si aumentar el plan de rescate.
Las consecuencias sociales de la crisis de la deuda, además del debilitamiento democrático institucional y el aumento de la emigración económica, se tradujeron en un deterioro generalizado de los niveles de salud (empeoramiento de la atención sanitaria, aumento de los problemas psicosociales, incremento de los suicidios), disminución de la esperanza de vida, aumento de la corrupción y aumento de los niveles de violencia y delincuencia.
El 5 de abril de 2012, Dimitris Christoulas, un jubilado griego de 77 años que se encontraba acosado por las deudas se quitó la vida delante del Parlamento griego y dejó una nota de suicidio:
Para 2013, a raíz del derrumbe de los servicios públicos, los profesionales médicos griegos alertan de que un 10% de los niños del país padecen lo que denominan «inseguridad alimentaria» y de que el número de niños que acuden al colegio desnutridos va en aumento.
Para finales de 2014, a causa de la austeridad y la recesión en Grecia, su tasa de desempleo del 26% es la más alta de toda la Unión Europea y el 51,2% de los jóvenes entre 15 y 24 años están desempleados. Aproximadamente 2,5 millones de griegos viven por debajo del umbral de la pobreza —situación que afecta al 40% de los niños griegos y al 45% de los jubilados y pensionistas— y 3,8 millones de personas están en riesgo de caer por debajo de ese umbral.
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